junio 16, 2026

regiones

Consejo de Estado tumba nombramiento de 48 profesores de la Universidad del Quindío

Por decisión del Consejo de Estado quedó sin efecto el concurso y posterior nombramiento de al menos 48 profesores de la Universidad del Quindío, que habrían sido vinculados desde el 2023, este dictamen revoca una decisión del Tribunal Administrativo del Quindío que se dio sin tomar en cuenta la demanda interpuesta por el abogado Sabel Reinero Arévalo Arévalo contra el acto administrativo que convocó a concurso de méritos para nombrar a los profesionales de la docencia de tiempo completo, así como a otros de medio tiempo. Con la decisión  el Consejo de Estado accedió a declarar la nulidad parcial del Acuerdo 396 del 10 de octubre de 2022 «Por medio de la cual se convoca a concurso público de méritos para la vinculación de profesores de carrera de tiempo completo y medio tiempo de la Universidad del Quindío», contemplado en el artículo 1 «ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a concurso público de méritos de 48 plazas de tiempos completos equivalentes, para la vinculación de profesores de carrera de tiempo completo y medio tiempo de la Universidad del Quindío, de conformidad con el contenido de la parte considerativa del presente acto administrativo, que quedaron distribuidas en cuarenta y siete (47) plazas de Tiempo Completo y dos (2) plazas de medio tiempo […]». Con base en lo anterior se deja sin efecto el concurso y posterior nombramiento de los docentes vinculados a la referida institución desde 2023.

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Mujeres rurales enfrentan tasas de interés más altas, especialmente en créditos rurales productivos

Las mujeres rurales pagaron $30.5 mil millones más, anualmente en intereses que los hombres. Las mujeres rurales de Colombia enfrentan tasas de interés más altas que los hombres, particularmente cuando solicitan créditos rurales productivos. Según datos del último año, las mujeres pidieron un monto cerca a los $929 mil millones en créditos con una tasa de interés anual promedio de 27,76 %, comparado con las tasas de los hombres rurales de 24,48 %. Esto indica que, en la ruralidad las mujeres pagaron $30,5 mil millones más en intereses que los hombres anualmente, una cifra que equivale al salario mínimo anual de 1.953 colombianos. Este hallazgo es posible gracias al naciente Observatorio Financiero Rural (OFR), que pondrá a disposición información financiera para entender mejor las dinámicas del acceso al crédito en Colombia. De acuerdo con Jairo Andrés Rendón Gamboa, profesor asociado de la Universidad Javeriana y codirector del OFR, “en un ejercicio de segmentación, el observatorio identificó distintas zonas en Colombia con características contrastantes en el acceso al crédito. Si bien, algunas zonas rurales cuentan con buen acceso al crédito — particularmente en las que hemos llamado áreas rurales con garantías productivas—, otras áreas —zonas desatendidas con necesidad de inclusión financiera y las zonas rurales con necesidad de atención intermedia—, enfrentan condiciones financieras desafiantes con tasas de interés más altas y una mayor disparidad de género para acceder al crédito”. En este sentido, David Andrés Londoño Bedoya, profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana y codirector del observatorio, destacó que el potencial de las comunidades rurales es enorme “en las zonas rurales la brecha de inclusión financiera empresarial es más amplia y, paradójicamente, las pocas empresas que adquieren productos financieros no hacen uso de estos”, afirmó Londoño. Lanzamiento del Observatorio Financiero Rural  El OFR será lanzado oficialmente el 13 de noviembre de 2024, gracias a la alianza entre la Pontificia Universidad Javeriana, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de su Actividad Finanzas para la Equidad, y Banca de las Oportunidades. La iniciativa tiene como objetivo recopilar y analizar información financiera detallada para facilitar la toma de decisiones en materia de inclusión financiera rural. El evento se realizará, a las 8:00 am, en el Auditorio Alfonso Quintana, S.J. de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, y contará con la presencia de destacadas figuras de diferentes sectores, entre ellas: Anupama Rajamaran, directora de la Misión de USAID en Colombia; Paola Andrea Arias Gómez, directora de Banca de las Oportunidades; y Luz Karime Abadía Alvarado, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana. Durante el acto, se presentará un panel de expertos que discutirá los desafíos y las oportunidades que ofrece la información financiera para la inclusión rural, subrayando la importancia de esta nueva herramienta para el desarrollo del sector. Este panel será moderado por Germán Guerrero, director de financiamiento y riesgos agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Asimismo, en el panel participarán Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC); Luz Magdalena Salas, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF); Juan Pablo García, director de desarrollo de negocios de Mastercard Center for Inclusive Growth; y Camila Aguilar, directora ejecutiva de la Fundación Alpina.

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Atentado con motocicleta bomba en El Plateado, Cauca cobró la vida de un militar

Nuevamente la violencia hace de las suyas en El Plateado Cauca, tras un ataque con moto bomba que dejó como saldo a un militar muerto y otro más en estado crítico. Se pudo conocer en las últimas horas que el atentado fue perpetrado horas antes de que el Gobierno Nacional realizara en la zona una actividad musical y cultural. Los transeúntes y habitantes de la zona quedaron alarmados luego de la fuerte explosión que al corregimiento de El Plateado. La información que al momento se maneja es que la moto bomba detonó al paso de una caravana de militares por el parque principal del conocido corregimiento, todo parece indicar que la carga explosiva habría sido instalada por las milicias urbanas de Iván Mordisco. Crudas imágenes fueron registradas tras la detonación dejan en evidencia el caos en que quedó el lugar donde yacía el cuerpo del militar fallecido y el resto de los efectivos castrenses trataban de trasladar al herido. Autoridades identificaron al soldado muerto como Pedro Fonseca Rojas, nacido en Boyacá quien pertenecía al Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.3, mientras que el soldado herido responde al nombre de Carlos Rangel y cuyo pronóstico es reservado “Este hecho criminal perpetrado por el grupo armado residual Carlos Patiño demuestra una vez más su continua violación a los DD. HH e infracciones al DIH poniendo en máximo riesgo a la población civil al hacer uso indiscriminado de estas prácticas terroristas”, expresa el comunicado  del Comando Conjunto de las Fuerzas Miliatres.

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Gobernación de Inyectará $36.000 millones a 10 hospitales públicos de Antioquia

Como respuesta a la aguda crisis que enfrentan los hospitales públicos del departamento de Antioquia, entre otras cosas por las deudas de las EPS, la Gobernación del Departamento tomó la decisión de aliviar la situación, es así como Andrés Julián Rendón anunció este miércoles 6 de noviembre la inyección de recursos para las instituciones que están en el estado más crítico, es decir, en riesgo financiero alto y medio. En números estas instituciones recibirán unos $36.000 millones que serán distribuidos entre las entidades de salud pública que se encuentran en estado más crítico, estos recursos serán usados para el pago de nómina a los empleados entre médicos, enfermeros, personal asistencial y administrativo y de ser posible al pago de proveedores. El desembolso que ejecutará la Secretaría de Salud de Antioquia se hará efectivo esta misma semana y estos son los hospitales beneficiados: El Hospital San Rafael, de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, es el que recibirá el monto más alto, con $10.000 millones. Además, se entregarán de a $5.500 millones al César Uribe Piedrahíta, de Caucasia, Bajo Cauca, y el Hospital Mental de Antioquia (Homo) y La María, de Medellín. Por su parte el gobernador Andrés Julián Rendón indicó que otros hospitales más pequeños, como Bellosalud de Bello o los municipales de Alejandría, Angelópolis, Andes, Armenia Mantequilla y Barbosa, tendrán recursos de a $500 millones, “para que tengan la capacidad de honrar las obligaciones que tienen, en especial, la remuneración del personal asistencial que trabaja en esas instituciones”.

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Comandos Conjuntos de las Fuerzas Militares serán suprimidos por decisión de Mindefensa

A partir de la decisión todas las operaciones ofensivas que ejecutaban estos entes, pasan a ser responsabilidad estricta de los comandantes de Ejército, Armada y Fuerza Aérea Colombiana Por medio de la expedición de la resolución 4760 del 1 de noviembre de 2024, el Ministerio de Defensa reafirmó decisión de acabar los Comandos Conjuntos tras 20 años de operaciones. Los comandos alcanzados por la medida serán aquellos que tenían potestad de llevar a cabo operaciones en el Cauca, Chocó, Antioquia, Atlántico, Arauca, Casanare, Caquetá, Putumayo, entre otros, en todos con el fin de repeler las acciones de los grupos armados ilegales asentados en estos territorios. Así las cosas, quedan fuera de operaciones las fuerzas de tarea conjuntas: Omega, Titán, Hércules, Marte y Quirón y los comandos específicos del Caguán, del Oriente y del Cauca. Dichas medidas obedecen a la nueva hoja de ruta implementada por el almirante Francisco Cubides comandante de las Fuerzas Militares, con intención de contrarrestar de una manera más efectiva las amenazas contra la paz en Colombia. La orden finalmente es cesar operaciones de las fuerzas de tareas conjuntas, que como se recordará fueron creadas durante la gestión al frente de la presidencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, para que las tres instituciones (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), se unieran para combatir la violencia en territorio nacional.

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“Estamos transformando la movilidad en el campo”

El Ministerio del Transporte, en cabeza de María Constanza García, ha suscrito a la fecha un total de 1.035 convenios, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz, que cuenta con una inversión de al menos $233 mil millones, una ejecución de más de 600 proyectos finalizados y un avance ponderado del 76%. Además, la entidad espera intervenir unos 1.585 kilómetros de vías veredales, con influencia en 521 municipios, distribuidos en 29 departamentos. Cabe destacar que para 2024 fueron asignados importantes recursos para el mejoramiento y mantenimiento de vías regionales que ascienden a los $469.648 millones a ser ejecutados a través del programa Caminos Comunitarios de la Paz. Esta iniciativa nace a partir de un diálogo activo y la concertación con las comunidades rurales, para cerrar brechas sociales entre el campo y la ciudad. Se estima que más de 500.000 personas se benefician con los proyectos que ejecutan los Organismos de Acción Comunal, fortaleciendo el sentido de pertenencia e integrando a la población en las decisiones de sus propios municipios. “Hoy nuestro reconocimiento es para el poder de lo comunal, estamos ante unos socios estratégicos para el desarrollo de los territorios. La ejecución de estos proyectos nos va a permitir continuar con el mejoramiento de las vías en la ruralidad. Seguimos transitando hacia la paz, con 600 caminos culminados”, expresó la ministra de Transporte, María Constanza García. El programa busca garantizar la transitabilidad de carreteras y caminos en regiones con las que el Estado colombiano tiene deudas históricas. Dinamización de economías locales Con la ejecución de los convenios solidarios, la administración de Gustavo Petro promueve la dinamización de las economías locales con la generación de 15.000 empleos, que permitirán la recuperación económica del campo colombiano. La asignación de los recursos es producto de la estructuración y evaluación de los proyectos piloto que se adelantaron en 12 departamentos, en la vigencia 2023, donde además se dio paso a la celebración de los primeros 1.035 convenios solidarios de los cuales, actualmente 800 se encuentran en ejecución, en departamentos como Boyacá, Caldas, Antioquia, Valle del Cauca y Quindío, donde las comunidades ya disfrutan de los beneficios de la mejora en las condiciones de movilidad de sus corredores. Alianza con las regiones Según el director General del Invías, Juan Carlos Montenegro, se trata de un trabajo comunitario y mancomunado entre las gobernaciones, los municipios y el Gobierno Nacional, que les permite identificar las necesidades, establecer el alcance técnico que les facilite avanzar y a partir de allí, poder agenciar los recursos para hacer los proyectos posibles. En esa línea, resaltó que “Caminos Comunitarios de la Paz se desarrolla de manera significativa, registrando un avance del 91% correspondiente a los recursos comprometidos por el presupuesto nacional para la vigencia 2023, que alcanzan los $233.000 millones de inversión”. “Continuamos trabajando, llegando a los territorios más apartados con soluciones de movilidad y conectividad para las y los colombianos de las regiones”, afirmó el funcionario. Y es que para la vigencia 2024, se contemplan cerca de 700 convenios con Organismos de Acción Comunal, a los cuales se sumarán más de 100 convenios exclusivos con comunidades étnicas, labor que tiene como propósito mejorar las condiciones de movilidad segura en 2.000 kilómetros de vías regionales. De esta manera, el Gobierno pretende cumplir las promesas al campesinado colombiano, fortaleciendo la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, construyendo una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Participación comunitaria Durante el 2023 el programa Caminos Comunitarios de la Paz destinó 233.853 millones de pesos para obras que favorecieron 521 municipios. Los avances en los proyectos han sido posibles gracias a la participación comunitaria en obras de pequeña infraestructura vial, la cual ha sido aplicada a los convenios suscritos en las vigencias 2022, 2023 y 2024, que involucra a las comunidades rurales en su planificación, implementación, seguimiento, sostenibilidad y ejecución, empoderándolos cada vez más de sus territorios y abriendo las puertas a la conectividad y el progreso. En este 2024, el Invías avanza con la firma de otros 1.100 convenios en 379 municipios de 31 departamentos del país, que incluyen los primeros contratos de obra pública con las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras, que darán transitabilidad en 96 kilómetros de departamentos como Antioquia, Atlántico, Chocó y La Guajira, entre otros. A través de este programa bandera del Gobierno del Presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Transporte sigue transformando la movilidad del campo colombiano con obras viales que generan el empoderamiento de sus habitantes.  

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El EMC le declara la guerra al ELN en Arauca y piden desalojar el territorio

Arauca enfrenta aguda crisis tras la guerra declarada entre el EMC y el ELN, esta semana el líder del frente 28 de este grupo guerrillero por medio de un video amenazó a la célula guerrillera, políticos y periodistas de la región. El anuncio lo hizo alias Antonio Medina, comandante del grupo subversivo quien además indicó que la sociedad civil colabora con esa guerrilla y acusó a los miembros del ELN de estar presuntamente cooperando con las Fuerzas Militares. “Hemos agotado todas las vías para hablar con el ELN, para evitar más derramamiento de sangre de personas culpables o inocentes. Es por eso que no nos queda otra salida, sino declararle la guerra por primera vez e irnos a una confrontación militar. Atacaremos su ala militar, los apoyos financieros, la parte política, organizativa y de masas”, expresó Medina. Pidieron a sus enemigos desalojar el departamento De igual forma el EMC expresó en palabras de alias Antonio Medina que “A partir del momento político, empresarios, transportadores, contratistas, periodistas, piratas, gremios de plataneros y todos los que de una u otra manera apoyen con información o favores al ELN por su bien y el de sus familias abandonen el departamento, no sea que cuando piensen hacerlo sea demasiado tarde”. Cabe destacar que en el video aparece el comandante acompañado de otros tres miembros de la organización al margen de la ley, todos con armas, tipo fusiles y municiones mientras medina lee el comunicado desde un computador. “Como organización político-militar sabemos que ustedes son personas de bien y el único delito es apoyar el ELN, así como cientos de araucanos que han sido asesinados por el ELN solo por no compartir sus ideales” dijo el protagonista de la inquietante pieza audiovisual.

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UNA LABOR LEGISLATIVA CON LA MIRADA EN LOS TERRITORIOS

El trabajo mancomunado es uno de los ejes centrales de la congresista, quien promueve iniciativas de desarrollo sostenible, inclusión a comunidades con discapacidad, así como garantías a los consumidores, por lo cual desarrolla una política de trabajo dirigida al fortalecimiento de los territorios. En entrevista con la Revista el Congreso Siglo XXI, la senadora Laura Fortich se refirió a los proyectos que impulsa desde el Legislativo, incluida la Economía Azul y Economía Ecológica, iniciativa a través de la cual se plantea la generación de desarrollo mediante el aprovechamiento responsable y eficiente de los recursos naturales del país. La construcción de un país más inclusivo y libre de barreras a personas con discapacidad es otro de sus objetivos como congresista. Economía Azul y Economía Ecológica: propuesta transformadora Desde la presidencia de la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial, la congresista mantuvo un contacto directo con las comunidades, para sacar adelante uno de sus proyectos bandera, la “Ley de economía azul y ecológica”, cuyo objetivo principal es establecer un marco jurídico que impulse y promueva estas dos formas de economía basadas en los ecosistemas hídricos de Colombia, armonizando el desarrollo económico con la protección ambiental. En esencia, “se plantea una alternativa innovadora de generación de desarrollo a través del aprovechamiento eficiente, responsable y sostenible de los recursos naturales”, aseguró la senadora. La propuesta tiene como propósito dar valor e importancia a los ecosistemas acuáticos, en donde este recurso se convierte en una forma de progreso, sin comprometer la sostenibilidad ambiental, ni afectar al territorio. Colombia, un país rico Aunque reconoce que se han dado avances, la legisladora considera que la riqueza que posee Colombia, por su ubicación geográfica, no ha sido aprovechada. Precisamente esto es lo que pretende la ley de Economía Azul, comprometer al Estado colombiano en la ejecución de una verdadera política pública con visión de futuro, que centre sus esfuerzos en aprovechar de manera sostenible estos recursos para apalancar el desarrollo económico y productivo del país, y por ende, garantizar unas mejores condiciones de vida a la población, en especial la vulnerable, que “puede hacer de la protección de su entorno una fuente de ingresos y de dignificación de la vida personal y la de sus familias”. Empoderamiento a la comunidad El empoderamiento de las comunidades aledañas a los cuerpos de agua es un eje central de la iniciativa, por lo cual se involucra a estas en actividades sostenibles que además les aseguren la generación de ingresos, permitiéndoles a su vez dignificar sus condiciones de habitabilidad, contribuyendo al mismo tiempo a la protección de los ecosistemas. En esa línea, las diversas acciones propias de la economía azul y ecológica están orientadas a permitir el involucramiento de la población en la protección del medio ambiente, con proyectos como el fortalecimiento de la actividad pes quera y seguridad alimentaria de las comunidades, así como el fomento de un turismo inclusivo y sostenible. Inclusión de la comunidad con discapacidad La construcción de un país más inclusivo y libre de barreras a personas con discapacidad es un objetivo por el que lucha la congresista, por eso, en con junto con otros legisladores, se avanzó en la conformación de una comisión accidental, a través de la cual se prioriza el respeto por la autonomía, la dignidad humana y los derechos de las personas en esa condición, así como de sus cuidadores. Esta propuesta se concretó tras la expedición de la ley 2418 de 2024, ley de reserva de plazas para personas con discapacidad en el régimen general de carrera administrativa, donde se promueve el acceso al empleo público y la gratuidad de la inscripción para este importante sector de la población. En el marco de su labor legislativa, la senadora ha impulsado igualmente proyectos como el que promueve la participación política de personas con discapacidad a través de la creación de una circunscripción especial para las mismas en la Cámara de Representan tes. También la iniciativa “Colombia libre de Barreras”, como parte de su lucha por la inclusión de ese segmento de la población, en políticas públicas. Para leer más noticias como esta da click AQUI. 

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La minería responsable y sostenible sí es posible

En diálogo con la Revista El Congreso Siglo XXI, la representante de la Cooperativa de Mineros del San Juan, Luisa Fernanda Areiza, se refirió a los beneficios que ha traído a la comunidad el hacer una minería responsable y sostenible. Consideró necesario organizar y estructurar esta actividad para formalizarla como un gremio fuerte en ese importante territorio del Pacífico colombiano. En la entrevista, la gerente de COOMISANJUAN le dejó claro al mundo que Chocó es una población biodiversa, pero dentro de esa biodiversidad no es solamente fauna y flora, sino “eso que cargamos debajo de la tierra y que se llama oro”. ¿Qué es la Cooperativa? ¿Cómo nace? La cooperativa nace ante la necesidad que había de formalizar la actividad minera. Es así como en 2002 con la reunión de varios asociados y mineros, se levanta la primera solicitud ante la Cámara de Comercio, y se reúnen, así como nos reunimos en el Chocó a hacer un sancocho en la calle, pero solo hasta el 2021 se otorga el primer título minero. Fue un recorrido de 20 años, en el que, con la comunidad chocoana, empezamos este proceso y llevamos a cabo esta formalización de la cooperativa. Así mismo, recibimos colaboración de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) de Bogotá, la cual nos hace el PTO, así como el licenciamiento ambiental, además nos titulan como Cooperativa de Mineros del San Juan con cuatro placas mineras. ¿Qué significa la minería para la región? La minería es una actividad crucial para la economía de nuestro departamento, no sólo del San Juan. Además de ser autóctona de nuestra región, es una actividad ancestral. Hoy en día, es la minería la que llega a esos lugares donde quizás el Estado no ha llegado. Es la que ha conectado municipios como lo ha sido Sipí, Nóvita y el San Juan, con otras localidades, porque en medio de la actividad, el minero hace carreteras. Cuando un minero trabaja, hay economía para el lanchero y para las señoras que cocinan. También contribuye socialmente con la educación. Hay muchas comunidades que solamente se pueden transportar de forma acuática, pero el señor minero sí tiene un transporte y como apoyo a la comunidad, desplaza todos los días los niños a las seis de la mañana al lugar donde es su colegio. Pero no es solamente hacer minería, sino que debe haber conexión entre la tierra, medio ambiente y la comunidad. Yo puedo realizar minería, pero en esa zona que yo la realice, podemos implementar seguridad alimentaria para la comunidad, proyectos agros, proyectos piscícolas. Es ahí donde nosotros le damos la sostenibilidad a la minería. No es solo desarrollar una actividad y quedar sin nada. Es hacer una actividad que me dé sostenibilidad en el tiempo, tenemos un proyecto de árbol del pan, para que una vez no haya más extracción, pueda vivir del árbol del pan y utilizarlo como forma económica, contribuyendo además a devolverle un poco de oxígeno al planeta. ¿Cuál ha sido el impacto de la Cooperativa en la zona? Un logro muy importante fue hacernos conocer ante corporaciones internacionales. Actualmente estamos siendo apoyados por una corporación internacional que creyó en nosotros y en estos momentos estamos imple- mentando un proyecto de agentes de cambio climático por medio del monitoreo de mujeres para la siembra de plántulas en zonas para rehabilitación. ¿Cuáles han sido los retos que ha enfrentado como mujer en el medio? No fue fácil entrar en el mundo minero debido a que por generación había sido liderado por hombres y en cada una de las mesas que tuve no fui muy aceptada en su momento, pero saqué fuerzas para demostrar que sí se podía. Se trataba de enviar un mensaje de que nosotros bajo el liderazgo de una mujer si pudimos. Y eso fue lo que hizo acabar con esos estándares. ¿Cómo lograr un equilibrio con las comunidades? Se hizo un proceso de sensibilización con todas las personas, con todos los mineros, a quienes apoyamos en el tema social, porque la cooperativa tiene las puertas abiertas para quienes quieran recibir asesoría y conseguir una formalización minera. Yo, Puente San Juan en Istmina, Chocó como líder he notado confianza en los procesos mineros y no ha sido una confianza de sólo hablar, sino que ha sido una confianza de demostrar, de que puedan decir lo hemos logrado y lo estamos haciendo bien. Y eso es lo que le queremos mostrar a Colombia, que acá en el Chocó se puede hacer una minería empresarial y sostenible. ¿De qué forma garantizan el ejercicio de una minería sostenible? Nosotros hacemos mesas técnicas jun-tas, los profesionales hacen visitas a los entables mineros, levantan actas y así podemos hacer un plan de mejoramiento cuando las cosas no marchan bien, para lograr el 98% de una minería con buenas prácticas mineras. Hablemos de las proyecciones y rutas de trabajo actuales. En medio del trabajo que se está haciendo con la cooperativa, nos estamos proyectando a ser una cooperativa multiactiva de mineros, donde lo que queremos es atraer muchas asociaciones, demostrando modelos de la labor que hemos realizado y decirles, vengan vamos a hacerlo así. Istmina se llama Istmina por ser Istmo de minas y es aquí donde está la cooperativa de mineros del San Juan y donde se centra la mayoría de la trayectoria minera.  

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Referendo de Autonomía Fiscal una necesidad de las regiones

El referendo sobre autonomía fiscal busca que las administraciones departamentales puedan destinar hasta un 50% más de sus recursos a los sectores de educación, infraestructura, salud y seguridad, fundamentales en el propósito de los mandatarios regionales de mejorar las condiciones de vida de la población en sus territorios. Aunque los departamentos tienen autonomía para la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio, según lo establecido en la Constitución, la realidad es otra. En la práctica, según Ruiz, las regiones solo reciben entre un 5 y 10% del total del recaudo que le entregan al gobierno, lo que genera dificultades en la ejecución de proyectos. Esta situación llevó a los alcaldes y gobernadores a impulsar el referendo sobre autonomía fiscal, una iniciativa que podría significar un antes y un después en el progreso a nivel regional. En entrevista con la Revista El Congreso Siglo XXI, el exministro de Justicia y gerente del referendo Wilson Ruiz Orejuela, destacó los beneficios de la consulta que se promueve a lo largo y ancho del país, para la cual ya se han recogido más de un millón de firmas ciudadanas de las dos millones requeridas para su aprobación. ¿Qué lo llevó a impulsar esta iniciativa? Lo primero es que la Constitución establece que Colombia es un país descentralizado, pero esto no se cumple a cabalidad. Los entes territoriales tienen personería y autonomía administrativa, pero actualmente los tributos del impuesto a la renta, al patrimonio, lo recoge la Nación a través de la DIAN. Lo que se pretende, es que cada departamento recaude estos impuestos tributarios, que calculamos en unos $50 billones. Hoy, solo le regresan 5% a los departamentos y 10% a los municipios. Hay unos rubros claramente estipulados: educación, infraestructura, salud y seguridad; se busca que los recursos se destinen a estos sectores. Hay cinco departamentos que son los que más recaudan: Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Atlántico. Entonces, todo el dinero se recauda y se crea un fondo y se hace una redistribución desde la equidad y lo social. Ningún departamento recibirá menos, se calcula que recogerán hasta un 50% más. Así acabamos con el poder central sobre los recursos de los departamentos. ¿Cómo se le hará seguimiento a estos recursos? Creo en el principio universal de la buena fe. A mayor presupuesto, mayores controles. Las veedurías ciudadanas deben desarrollar un rol fundamental en el país. Hay que darle más dientes a las contralorías distritales y departamentales, a la Contraloría y a la Fiscalía. Tampoco debemos darles tantas prebendas a los políticos cuando cometen actos de corrupción. Al Congreso llegó otro proyecto de autonomía fiscal, ¿qué tanto podría beneficiar a las regiones? Me encanta que esta iniciativa surja del poder constituyente primario, que es el pueblo. La iniciativa del Congreso busca contrarrestar la nuestra y eso no está mal, por- que todas las propuestas son bienvenidas siempre y cuando pretendan el bienestar de las regiones.   ¿Qué va a pasar con las regiones más empobrecidas? Hablamos de 32 departamentos. Hay unas regiones más pobres que otras y la idea es que les llegue hasta un 50% más del recaudo. Hablamos de una redistribución. Cada departamento designará un gerente que administrará sus recursos. ¿Cuál es el paso a seguir una vez aprobado el proyecto? Tenemos que elegir gobernadores transparentes en las próximas elecciones regionales. Las gobernaciones cuentan con un secretario de Hacienda que es el encargado de recaudar los re- cursos. Una vez se expida el acto constitucional debe salir una ley para designar una junta directiva. Además, la DIAN debe contar con un software lo suficientemente fuerte para que no se evadan los impuestos. ¿Cuál será el mayor desafío? El mayor desafío será el Congreso de la República. Una vez tengamos las firmas, calculamos que entre el 15 y 20 de diciembre las estamos radicando ante la Registraduría. Más o menos en febrero las certificarán y en marzo radicamos el proyecto de ley con mensaje de urgencia. A partir de ahí deberá cruzar cuatro debates y aprobarse en junio del 2025. Lo que más nos ánima es que no creemos que el Congreso se vaya a meter con el constituyente primario, es decir, el pueblo, que es el 5% del censo electoral. La ANIF advirtió sobre el riesgo de modificar el Presupuesto del SGP. ¿Usted que piensa? Hay que darles tranquilidad porque el sector central continuará recibiendo recursos a través de multas, sanciones, impuestos nacionales, entre otros. Hablamos de un reordenamiento económico para las regiones. Varios países nos han servido de modelo, como Canadá, Estados Unidos y España. Una de las mayores resistencias en este proceso es el Gobierno, ¿cómo lo enfrentarán? El presidente ha venido satanizando la figura de la autonomía fiscal para las regiones, pero mi interés no es cazar una pelea con el Gobierno, porque yo soy un demócrata. Lo que sí les quiero decir es que este proyecto va a enriquecer a los departamentos y los va a proyectar, generando competencia entre las regiones porque llegarán más empresas y la parte económica se va a disparar. ¿Cómo será el trabajo para con vencer a los congresistas? Vamos a meter a todas las regiones. Si nos torpedean el proyecto de ley tendrán que vérselas con las comunidades también. Usted es elegido congresista por voluntad del pueblo, pero cuando es este mismo el que pide autonomía para manejar los recursos, ahí es donde me parece que se van a chocar. ¿Los 32 gobernadores apoyan esta iniciativa? No, y yo los entiendo. Hay más de un gobernador que siente temor de que le bloqueen sus recursos. Diría que la gran mayoría están con nosotros. No me veo derrotado en esta iniciativa, me veo como un ganador. Si el referendo (sobre autonomía fiscal) no se da, estoy seguro que el mismo pueblo saldría a presentarla. ¿Estarían dispuestos a apoyar la iniciativa presentada por el Gobierno? Creo que uno no puede actuar con egoísmo. Si se trata del bienestar de Colombia estamos listos para apoyarlos.  

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