marzo 12, 2026

regiones

Gobierno nacional inicia giro de $1,3 billones para personas mayores con nuevos operadores

Prosperidad Social iniciará la dispersión de las transferencias monetarias correspondientes a los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor, con una inversión de 1,3 billones de pesos que beneficiará a más de 2,8 millones de personas mayores en todo el país. El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció que la operación de entrega de transferencias monetarias fue adjudicada a la Unión Temporal de Pago Postal conformada por Matrix-Sured y Supergiros, que tendrá a su cargo la dispersión de los recursos a través de servicios postales de pago. “Con esta adjudicación fortalecemos la transparencia, la competencia y la eficiencia en la entrega de los recursos públicos. Nuestro objetivo es que cada peso llegue de manera oportuna y segura a quienes más lo necesitan”, dijo Rodríguez Amaya. La unión temporal ganó la licitación tiene como objeto la “Prestación de servicios de dispersión y entrega de transferencias monetarias a través de servicios postales de pago a los beneficiarios de los programas que adelanta la dirección de transferencias monetarias de Prosperidad Social”. Colombia May​or Colombia Mayor será el primer programa que iniciará la dispersión bajo esta modalidad. En los departamentos de Córdoba y Sucre, fuertemente afectados por la temporada de lluvias, las transferencias comenzarán a entregarse a partir del 28 de febrero con esquema de pico y cédula. En el resto del país, el proceso iniciará el 2 de marzo. En Córdoba y Sucre, 270 mil personas mayores son beneficiarias en estos ciclos y podrán acercarse a los puntos de pago habilitados para retirar los recursos. A nivel nacional, la dispersión cubrirá 1.108 municipios en los 32 departamentos del país. “Garantizamos que millones de personas mayores en condición de vulnerabilidad reciban el apoyo económico que contribuye a mejorar su bienestar y calidad de vida. Este esfuerzo reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la protección social de la población mayor del país”, afirmó Rodríguez Amaya. Con esta entrega, la entidad avanza en la meta del gobierno del presidente Gustavo Petro de ampliar la cobertura del programa hasta llegar a 3 millones de personas mayores beneficiarias en todo el país, de acuerdo con la Resolución 0460 del 24 de febrero de 2025, que establece la distribución de cupos por territorio. En estos ciclos, la población indígena beneficiaria del programa pasó de 69.000 a 148.000 personas, lo que representa un aumento del 114 %. En Bogotá, el número de beneficiarios con liquidación aumentó de 51.000 a 108.000 personas mayores, un incremento del 111 %. La modalidad de giro opera como mecanismo complementario que garantiza cobertura nacional, especialmente para la población no bancarizada o con limitaciones de acceso a servicios financieros, mientras Prosperidad Social avanza en la implementación del Sistema de Pagos ordenado por el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de los programas Colombia Mayor, Renta Joven, Renta Ciudadana y Devolución del IVA se entregarán a través de más de 31.000 puntos de pago directos dispuestos por los nuevos operadores en todo el territorio nacional. “Estamos avanzando hacia un modelo que promueve la inclusión financiera, permite a los beneficiarios elegir el canal de pago y reduce costos operativos para el Estado. Esto significa más eficiencia y mayor cobertura social”, dijo Rodríguez. El artículo 68 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo establece que el Gobierno nacional podrá definir las condiciones, productos y canales para la entrega de transferencias monetarias, y que los beneficiarios podrán elegir el canal o producto financiero digital a través del cual recibirán los recursos, atendiendo los lineamientos establecidos por el Gobierno. En 2024, Prosperidad Social inició la construcción del Sistema de Pagos con Jóvenes en Paz, que entrega transferencias mensuales a más de 16.000 participantes. En 2025, el esquema se extendió al programa Renta Joven, con más de 500.000 transacciones y un ahorro superior a 2.270 millones de pesos en comisiones financieras para la entidad. Para 2026, la expansión del modelo incluirá a los programas Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Devolución del IVA, permitiendo que los beneficiarios accedan a su transferencia monetaria directamente en el producto financiero de su elección o a través del operador de giro habilitado, sin necesidad de intermediarios.

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Gobernación de Arauca y la UIS fortalecen alianza para impulsar el desarrollo en el Departamento

Desde Bucaramanga, el gobernador Renson Martínez Prada, junto a su equipo de trabajo, sostuvo un importante itinerario institucional con el rector Hernán Porras y el Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander (UIS), con el objetivo de articular la capacidad científica y tecnológica de la institución con las necesidades reales del departamento de Arauca. Esta articulación busca convertir la formación de calidad y las alianzas estratégicas en desarrollo para la región, generando oportunidades a través del conocimiento, la innovación y la investigación aplicada al territorio. El gobernador destacó que, “avanzamos en una alianza entre la Universidad Industrial de Santander y el departamento de Arauca, en un proceso que permitirá la presencia de la universidad en el territorio araucano a través de programas presenciales, programas de investigación, innovación, ciencia y tecnología”. UIS fortalece su presencia en Saravena Durante la agenda también se firmó el acta de entrega y recepción del bien inmueble que permitirá consolidar la presencia de la UIS en Saravena. Este acto formaliza la entrega del predio por parte de la Gobernación, destinado a la oferta de programas académicos en el municipio, fortaleciendo la formación profesional de los jóvenes araucanos y apostándole al desarrollo del departamento desde el conocimiento y las oportunidades reales. Entre tanto, el arquitecto Christian Hernández explicó que se proyecta un sistema de aulas modulares que dará inicio a la apertura de las clases en Saravena. El proyecto contempla varios módulos distribuidos en:                   -Áreas administrativas -Aulas de clase -Aula de cómputo -Laboratorios -Biblioteca -Espacios de bienestar Esta primera etapa está diseñada para atender a una población cercana a los 1.900 estudiantes, consolidando así una infraestructura educativa con visión de crecimiento. Y finalizó su agenda con la visita a los laboratorios y la infraestructura tecnológica del Parque Tecnológico Guatiguará de la Universidad Industrial de Santander, en donde conoció de cerca la capacidad científica, la infraestructura de innovación y la planta piloto de chocolates, un entorno que articula la investigación aplicada con los territorios. Durante la jornada, el mandatario identificó oportunidades para llevar el conocimiento al departamento y convertirlo en soluciones con impacto regional y valor productivo.

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‘Con suministro de agua potable hemos salvado la vida de niños y niñas en La Guajira y el país’: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro resaltó este martes los indicadores de reducción de mortalidad de niños y niñas en La Guajira y el país, lo cual atribuyó a la política del Gobierno de suministrar agua potable a las comunidades más vulnerables, pero también al programa de prevención en salud. El mandatario destacó que el indicador de muertes por desnutrición en niños menores de 5 años en el país cayó de 404 casos en el año 2022 a 160 en el 2025, mientras que en La Guajira esa cifra bajó de 96 casos en el 2022 a 31 en el 2025. “Hemos hecho que el agua potable sea de verdad agua potable, pero no hay aplausos de la prensa para esto, además porque se necesita más, este número tiene que llegar a cero”, dijo el mandatario en referencia a los indicadores de muertes de niños en el país. “¿Queremos salvar a niños y niñas?, démosles agua potable, antes que nada”, recalcó el mandatario. Agregó que las madres de La Guajira tenían que enterrar más niños “simplemente porque no había agua potable, pero ahora sí hay, aunque esto debió hacerse más rápido y con más dinero”. El presidente hizo esta reflexión durante el acto de entrega de una nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en la comunidad de Yotojoroin, zona rural del municipio guajiro de Uribia, con la que se busca fortalecer el acceso a agua apta para el consumo humano en una de las regiones con mayores desafíos históricos en materia de abastecimiento. Asimismo, hizo énfasis en que para su Gobierno es fundamental salvar la vida de los niños y niñas de Colombia: “Hemos priorizado que menos niños y niñas mueran en el país”.     Además, el jefe de Estado trajo a colación lo ocurrido en el 2023 cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto por medio del cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira, que buscaba responder a la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la reducción de acceso a agua potable en la región. “La Corte Constitucional nos debería ayudar en vez de obstaculizar, pues hay que decir que fue un error lamentable haber levantado la emergencia económica y social de La Guajira, porque mucho se hubiera hecho mejor y las cifras serían aún mejores, estaríamos llegando a cero y eso se hace con ayuda de la comunidad, no contra la comunidad”, añadió. Inversi​ón de $6.800 millones ​La nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en la comunidad de Yotojoroin contó con una inversión de 6.800 millones de pesos, financiados en su totalidad por la nación, y hace parte de la estrategia del Gobierno del Cambio para ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento básico en La Guajira. La infraestructura beneficiará a más de 5.000 habitantes de Yotojoroin y de comunidades vecinas como Kapuchichon, Ouispa y Pirrulia. La PTAP opera mediante tecnología de ósmosis inversa y tendrá una capacidad de producción cercana a los 80.000 litros diarios. Durante el Gobierno del presidente Petro se han destinado aproximadamente 803.000 millones de pesos en 15 municipios del departamento, alcanzando el 100 % del territorio. De ese total, 632.000 millones de pesos han sido dirigidos a proyectos de acceso a agua potable y saneamiento básico.

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Gobierno de Sucre protege derechos de estudiantes ante cierre de institución Carmelo Percy

El secretario de Educación Departamental, Jacobo Quessep Espinosa, ratificó el compromiso de la Gobernación de Sucre con la defensa y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del departamento, frente a las situaciones registradas en la Institución Educativa Carmelo Percy Vergara, en Corozal. El funcionario, en articulación con la administración departamental encabezada por la gobernadora Lucy García, rechazó de manera contundente el cierre de la institución educativa y aseguró que se están tomando medidas para garantizar que tanto estudiantes como docentes no vean vulnerados sus derechos. “Los derechos de nuestros niños no se negocian ni se vulneran. Estamos actuando con responsabilidad y firmeza para garantizar que la comunidad educativa del Carmelo Percy Vergara tenga tranquilidad, protección y condiciones adecuadas para el desarrollo normal de las clases”, señaló Quessep Espinosa. Asimismo, indicó que se adoptarán las acciones correctivas necesarias frente a cada uno de los casos que se han presentado, con el propósito de restablecer la normalidad académica y asegurar que las actividades escolares se desarrollen en ambientes seguros, acogedores y respetuosos. La Estrategia Sucre Escucha, con su equipo interdisciplinario, también hizo parte de la intervención hecha por el gobierno departamental para promover la sana convivencia escolar. La Gobernación de Sucre continuará trabajando para garantizar entornos escolares protectores en todo el departamento.

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Nariño consolida acuerdo de sustitución voluntaria con meta de 15.000 hectáreas de coca

Consolidar una transición real hacia economías legales fue el resultado del encuentro desarrollado en Tumaco entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), donde se ratificó la sustitución voluntaria de 30.000 hectáreas de coca, 15.000 de ellas en el Departamento de Nariño. • Nariño avanzará en la erradicación voluntaria de 15.000 hectáreas con seguimiento verificable. • Comunidades liderarán el proceso con autonomía y compromiso ambiental. • Gobernación respaldará la transformación territorial con inversión social. Durante la jornada del 11 y 12 de febrero, llevada a cabo en Inda Zabaleta, zona rural del Distrito Especial de Tumaco, se estableció que el proceso de erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito contará con verificación internacional y una fecha de seguimiento prevista para el 31 de marzo de 2026. La sustitución voluntaria será liderada por comunidades campesinas, pueblos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes, quienes avanzarán en asambleas territoriales para definir el alcance del proceso. El acuerdo incluye el compromiso de no resiembra y protección del medio ambiente como base de la transformación territorial. “Ratificamos nuestro respaldo a la sustitución voluntaria con las comunidades como protagonistas. Hemos asumido el compromiso de apoyar la protección del medio ambiente y evitar la resiembra. La transformación territorial solo será posible con inversión social, vías, educación, salud y comercialización de los nuevos productos”, señaló Walter Mendoza, vocero de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en la mesa de conversaciones. El proceso incluye el respaldo al ejercicio autónomo que desarrolla el resguardo indígena de Inda Zabaleta, donde se proyecta avanzar en nuevas hectáreas de erradicación voluntaria como parte de la organización comunitaria, compromiso que contará con el acompañamiento del gobierno departamental en la proyección de obras de infraestructura y la estrategia VIDA (Visión Integral de Desarrollo Alternativo). “El acuerdo ratifica la facilitación para que las comunidades erradiquen voluntariamente 30.000 hectáreas, 15.000 en Nariño. Se respeta la autonomía de campesinos, pueblos indígenas y consejos comunitarios, y se asume el compromiso de no permitir la resiembra. Desde la gobernación acompañaremos este proceso con inversión para garantizar transformación territorial”, afirmó Alex Javier González, Secretario de Paz, Convivencia y Seguridad Ciudadana de Nariño.

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El adiós a la coca en Nariño

En dos veredas de distintos municipios, una en Roberto Payán y otra en Tumaco, los campesinos avanzan en la erradicación manual de cultivos de coca y en el inicio de una nueva vida que los aparte de las economías ilícitas. Entre la vereda Pumbí las Lajas, en el municipio de Roberto Payán, y la vereda Vuelta Larga, de Tumaco, ambos en Nariño, hay más distancia geográfica que social. Con suerte, un recorrido de 5 a 6 horas si el clima está a favor y un trayecto que se hace en su mayoría por río. En cambio, socialmente comparten bastantes similitudes: difícil acceso a servicios básicos, brechas sociales, pocas oportunidades; pero también identidad cultural, gastronómica, folclor y algo más. Algo que por décadas ha dominado estos territorios rurales: la siembra de mata de coca. Y allí están ellos, los protagonistas de esta historia. Evaristo y Yubán nacieron en Pumbí. El primero, un viejo de 62 años, Y el otro, con 30 menos. En Tumaco está Gustavo, 49 años, fortachón, agricultor por vocación y líder de su comunidad. Los tres comparten un largo camino detrás de la siembra de coca con los lastres que conlleva. “Nadie ha dicho que vivir de la coca sea fácil. Pero las oportunidades escasean y ante la ausencia de Estado y alternativas es lo que había’, asegura Evaristo al preguntarle por qué terminó sembrando coca. “No la queremos más’ Aquí todos cuentan su propia historia, con algunos matices, pero al final del día el mismo denominador: no hay mucho de donde escoger y hay que trabajar para poder comer. Yubán, por ejemplo, quería ser policía, pero rápido tuvo que renunciar a ese sueño porque condiciones en su salud se lo impidieron. Y sembrar coca fue una solución para llevar algo de plata a la casa.  “Hemos vivido muchos años de violencia, pero no es por la mata, es por el mal uso que la misma gente le da. Lo cierto es que no queremos tenerla más en el territorio’, dice Gustavo, convencido de que lo que acaba de decir es una verdad absoluta de principio a fin. Y es que estos tres hombres, de distintas generaciones pero con realidades similares, siguen coincidiendo quizá en algo que han esperado por años. Gustavo, Yubán y Evaristo, así como miles de campesinos de la región del Pacífico nariñense, le dicen adiós para siempre a la siembre de hoja de coca.   “No poder dormir por la intranquilidad, eso es duro. Más vale vivir en escasez, pero sin poner a la venta algo que es invaluable, la tranquilidad’, asegura Evaristo desde la experiencia que le dan más de 20 años sembrando coca. Tiempo suficiente para estar seguro de que quiere otra cosa, que está cansado y no quiere seguir más. Sustituir y erradicar Recientemente, el Gobierno nacional presentó dos programas enfocados en la sustitución de cultivos. De un lado, el pasado 19 de diciembre, en Pumbí, lanzó los grupos comunitarios de apoyo a la erradicación de cultivos de uso ilícito. Son cuadrillas de hasta cien personas que tienen como misión apoyar a las familias inscritas en el programa de sustitución RenHacemos en la eliminación de raíz de los cultivos de uso ilícito, acelerando el proceso de sustitución. Dicho de otra forma, mientras una persona puede tardar hasta un mes en erradicar manualmente una hectárea, el trabajo colectivo permite reducir ese tiempo a un solo día, haciéndolo más eficaz. Mientras tanto, el 23 de enero, en Tumaco, fue presentada la estrategia ‘Erradicar para la Paz’. Básicamente, formalizar las tierras a los campesinos y comunidades indígenas que voluntariamente decidan arrancar de raíz las matas de coca sembradas en sus territorios. Solo en Tumaco, 2.225 familias ya se han beneficiado de ese programa. Se han invertido 157.794 millones de pesos buscando sustituir ingresos, transformar economías ilegales en legales y acompañando a quienes decidan dar el paso. Eso se traduce en 7 mil hectáreas en las que antes se sembraba coca y ahora se cultivan, entre otros, cacao, limón y ají. “No es fácil desacostumbrarse a la siembra de coca, pero tampoco será imposible porque aquí no nacimos con esta mata’, dice Gustavo, mientras agrega que, “en un tiempo si fue negocio para el campesino. Pero ya hoy no es rentable, no solo porque el precio está caído, sino porque vemos que no es la solución seguir sembrando cultivos de uso ilícito’. Aquí se respira felicidad y paz. El tono de voz, la mirada de un soñador y un rostro apacible dejan en evidencia a los tres hombres que han contado esta historia. Están felices y esperanzados. Al final de cuentas no se trata de la coca, sino de la tierra; no se trata de erradicar, sino de hacerlo pacíficamente. Gustavo lanza una frase contundente: “después de Dios y la vida, la tierra. Porque es donde usted va a poner una mata de plátano. En el campo si una persona no tiene 2 o 3 hectáreas de tierra, no tiene nada’. Y Yubán, a kilómetros de distancia, lo secunda diciendo: “hace como unos 25 años venía la fumigación aérea que, además de afectar el medio ambiente, nos afectó a nosotros que no encontrábamos la forma de sustentar a nuestros familiares’. Mientras a toda marcha erradica junto a grupo de vecinos una hectárea más de coca, agrega que “es algo voluntario, porque somos nosotros los que queremos cambiar de producto. Algo que le sirva a la sociedad para avanzar’. Así es como en Nariño están pasando cosas. No ha sido ni será fácil, porque han sido años bajo un mismo paradigma del que cuesta zafarse, costumbres que se vuelven ley y todo mientras se lucha por resistir a los prejuicios sociales y señalamientos. Al final, Gustavo lanza una frase poderosa que lo dice todo, que permite entenderlo todo: “una cosa es sacarle la coca del territorio al campesino a la fuerza y otra sacársela de la mente. Cuando usted logra sacarla de su mente, está razonando para no volver a los cultivos’. Es la sentencia de

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Arrancó la reposición de buses del MIO: Cali tendrá por primera vez flota pública

La primera fase de renovación del sistema inició con la formalización de la compra de 47 nuevos buses: 35 eléctricos y 12 diésel Euro VI, todos de propiedad del Distrito. Por primera vez Cali tendrá flota pública de buses, en más de cien años de historia del transporte público local. Los nuevos vehículos mejorarán la confiabilidad del servicio y la experiencia de los usuarios. Con la firma de una orden de compra para adquirir 47 buses modernos y sostenibles, Metro Cali dio inicio al proceso de renovación de la flota del Masivo Integrado de Occidente MIO. Estos vehículos representan el primer paso de la actual Administración Distrital, en cabeza de Alejandro Eder, para modernizar el sistema de transporte de la ciudad. Esta primera adquisición está compuesta por 35 buses eléctricos marca BYD y 12 buses diésel Euro VI, marca Mercedes-Benz, todos de tipología complementaria. Los vehículos reemplazarán buses que están llegando al final de su vida útil y serán destinados, principalmente, a fortalecer la operación alimentadora en los barrios de Cali. “Cali tendrá flota pública por primera vez en cien años de historia del transporte público en nuestra ciudad. Comenzamos una nueva etapa del MIO, con buses que son de los caleños y para los caleños, de propiedad del Distrito. Esta decisión nos permite recuperar el control del activo más importante del sistema y garantizar un servicio más confiable, moderno y sostenible para la ciudad”, afirmó el alcalde Alejandro Eder. Mejor tecnología al servicio de los caleños Los nuevos buses cuentan con características que los hacen más versátiles y acordes con las necesidades actuales del sistema. Tendrán puertas en ambos costados, lo que permitirá el ascenso y descenso de pasajeros, tanto a nivel de calle como en plataformas de estaciones y terminales, facilitando su operación en rutas alimentadoras, pre-troncales y troncales. Además, son vehículos automáticos, lo que ofrece una marcha más suave y mayor confort para los usuarios. La flota estará equipada en su totalidad con aire acondicionado y dispondrá de puertos USB para la carga de dispositivos móviles. Adicionalmente, incorpora tecnología de última generación, que permitirá un mejor seguimiento de la operación, una mayor recolección de datos y una programación más eficiente del servicio. Desde el punto de vista ambiental, los buses eléctricos y los diésel Euro VI reemplazarán vehículos Euro II, III y IV, generando una reducción significativa de emisiones y alineándose con los estándares nacionales de cero y bajas emisiones. “Desde que llegamos hemos estado trabajando en mejorar la prestación del servicio y, para eso, hemos venido renovando la plataforma tecnológica, integrando el transporte tradicional y, lo que nos faltaba, empezar la reposición de la flota. Ya pusimos la primera orden de compra por 47 vehículos, 35 de ellos eléctricos y 12 diésel Euro VI. Estos son los primeros de los que nos hemos comprometido en nuestro plan de desarrollo. La meta es llegar a 400 buses públicos para reponer al sistema MIO”, señaló Álvaro José Rengifo, presidente de Metro Cali. La llegada de estos buses impactará de forma directa en la confiabilidad del servicio, especialmente en la operación alimentadora, que actualmente presenta mayores retos operativos. La flota nueva tendrá una menor tasa de fallas, lo cual se traduce en una mejoría significativa para los usuarios. Los buses que sean reemplazados y aún cuenten con vida útil, pasarán a conformar la flota de reserva del sistema, con el fin de atender contingencias. Participación nacional en el ensamblaje El proceso de producción de los vehículos combina importación, ensamblaje y fabricación nacional. Los chasis de los buses eléctricos BYD se ensamblan en Bogotá: los de los buses diésel Mercedes-Benz son ensamblados en Brasil y, posteriormente, se nacionalizan en Colombia. Todos los vehículos contarán con carrocería nacional, fabricada por Marcopolo en Bogotá y Busscar en Pereira, fortaleciendo la industria y el empleo en el país. El tiempo estimado para la fabricación, alistamiento y entrega de los buses es de aproximadamente ocho meses. La inversión para la compra de estos 47 vehículos, que está por el orden de los 45 mil millones de pesos, se financia con recursos provenientes de la sobretasa a la gasolina, asignados mediante el Acuerdo 05-63 de 2023 para iniciativas orientadas al fortalecimiento del sistema de transporte masivo. Esta compra hace parte de la meta del Plan Distrital de Desarrollo que contempla el inicio de la reposición de la flota. Nuevo esquema de flota pública Los nuevos buses no serán de propiedad de los concesionarios de transporte sino del Distrito: serán matriculados a nombre de Metro Cali, entidad que ejecuta la compra. Los vehículos serán operados por los concesionarios de transporte del sistema mediante contratos de comodato, dado que los operadores cuentan con la infraestructura, los talleres y el personal necesarios para la operación. En este nuevo esquema, los concesionarios serán responsables del mantenimiento, la operación y la adquisición de repuestos, conforme con las condiciones contractuales. Metro Cali ejercerá la vigilancia y el control para el adecuado uso y cuidado de los vehículos. Con esta decisión, Cali avanza hacia un sistema de transporte más moderno, confiable y sostenible, con activos públicos bajo control distrital, mayor seguridad jurídica y mejores condiciones para garantizar la continuidad del servicio. La nueva flota del MIO es, desde ya, la flota de los caleños.

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Familias afectadas por la ola invernal de 2025 reciben impulso para reactivar su capacidad productiva

Con ese propósito la Gobernación del Huila suscribió un contrato interadministrativo por más de $1,800 millones, con el que se impactará a 526 familias campesinas residentes en 9 municipios ribereños del Río Magdalena, afectadas por el incremento de lluvias. Neiva, 3 de febrero de 2026. Refrendando el compromiso con las familias campesinas del departamento, y teniendo en cuenta los desafíos que plantea la variabilidad climática en los sistemas productivos, la Gobernación del Huila suscribió el contrato interadministrativo 1054 de 2026 con la Fundación del Alto Magdalena, que tiene por objeto implementar actividades para la recuperación productiva, socioeconómica, y el fortalecimiento del desarrollo territorial sostenible, en los municipios afectados por fenómenos naturales y emergencias climáticas, en cumplimiento del convenio de cooperación 006 de 2025, suscrito con ENEL Colombia S.A.E.SP. Se trata de un convenio por 1.837.458.496 que tendrá un plazo de ejecución de 6 meses, y está direccionado a fortalecer las capacidades productivas de la población afectada por la ola invernal de 2025, y las crecientes súbitas del río Magdalena, mejorando sus unidades de producción y generación de ingresos. Igualmente está orientado a estimular el desarrollo de unidades productivas, promoviendo la recuperación y sus capacidades socioeconómicas, acompañar técnicamente los procesos de fortalecimiento y sostenimiento de las unidades y, brindar atención oportuna y eficiente a la población afectada por los fenómenos naturales para el restablecimiento de sus facultades productivas. Para el gobernador del Huila Rodrigo Villalba Mosquera, este convenio permitirá atender a un gran número de familias que se vieron afectadas no solo por el aumento de caudal del Río Magdalena, sino también por la apertura de las compuertas de la Represa de Betania. “Es un convenio con Enel para atender los afectados de las crecientes del río Magdalena, y especialmente cuando descargaron gran cantidad de agua de la represa de Betania, provocando inundaciones en las riberas del río aguas abajo del embalse, y hoy estamos ayudando con proyectos productivos a todas esas más de 500 familias afectadas por esta situación. Es un convenio muy importante, pues por primera vez esta empresa Enel, comprende la necesidad de adelantar compensaciones a los afectados y la gobernación ha concurrido en este proyecto”. Apoyo especializado para superar afectaciones Por su parte el secretario de agricultura y minería, Oscar Eduardo Trujillo Cuenca, sostuvo que además del impulso económico direccionado a la reactivación de las unidades productivas, lo importante de este contrato interadministrativo es que se va a brindar un apoyo con profesionales especializados para que las actividades propuestas alcances los objetivos esperados. Cabe recordar que esta emergencia se presentó debido al aumento del nivel de los embalses por la creciente súbita del rio Páez y del rio Magdalena lo cual produjo que los embalses de Betania y el Quimbo llegaron a su cota máxima 562.01 (m. s. n. m.) y 720.49 (m. s. n. m.) equivalente a 100% de sus capacidades respectivamente, lo que provoco ajustar mayores descargas (los caudales de ingreso a los embalses prácticamente fueron liberados) por apertura de compuertas de las represas desde el jueves 03 de julio de 2025. Debido a esta contingencia por descarga de grandes volúmenes de agua desde los embalses, fueron afectadas más de 1.525 hectáreas en cultivos de arroz, limón, plátano, papaya, yuca, mango, pasturas, entre otros desarrollos agrícolas, así como actividades pecuarias en líneas productivas como ganadería bovina, equinos, porcinos, caprinos, avícolas y piscicultura. Las mayores afectaciones se registraron en Aipe (veredas Piedra Marcada, Arenoso, Brigada, Rincón, Manga, Dindal, y La Isla), Campoalegre (veredas El Rincón, Llano Sur, y San Isidro), Gigante (vereda El Espinal), Hobo (Vilaco, Vueltas, El Centro), Neiva (Guacirco, Isla La Gaitana, Isla Trapichito, El Venado), Palermo (Amborco, Betania Lagos Del Rosario, Juncal-Horizonte, Juncal-Orquídea, Juncal-Opia), Rivera (El Albadán), Villavieja (Cusco, Cusco-Balsillas, Golondrinas, Hato Nuevo, Isla Polonia, La Calera, La Isla, La Manguita, La Victoria, Palmira, Polonia, Potosí, San Juanito, San Nicolás Gaviota), y Yaguará (Vilu, Bajo Mirador, Flandes, Jagual, Letrán, y Casco Urbano).

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Gobernación activa Punto de Orientación para familiares tras el siniestro aéreo en La Playa de Belén

Las autoridades departamentales coordinan la atención a las familias, los procesos de identificación de las víctimas y las acciones interinstitucionales derivadas del accidente ocurrido este miércoles 28 de enero en zona rural de ese municipio. La Gobernación de Norte de Santander informa a la opinión pública que, tras el lamentable accidente aéreo ocurrido este miércoles 28 de enero en el municipio de La Playa de Belén, se mantienen activas todas las acciones institucionales para atender la emergencia y acompañar a las familias de las personas fallecidas. En ese sentido, y con el fin de brindar orientación, información oficial y acompañamiento integral, se habilitó un Punto de Atención para familiares en el Palacio Nacional de Cúcuta, tercer piso – Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde personal autorizado atenderá a quienes deseen aportar información o recibir guía sobre el proceso de identificación de las víctimas, garantizando un trato respetuoso, digno y humano. De manera simultánea, se encuentra activo el Puesto de Mando Unificado (PMU) con la participación de autoridades departamentales y nacionales, desde donde se evalúan permanentemente las medidas adoptadas, el avance de las labores de recuperación de las personas fallecidas y la articulación interinstitucional necesaria para una atención coordinada frente a esta emergencia. La Gobernación de Norte de Santander expresa su solidaridad con las familias afectadas, reitera su compromiso de acompañarlas en este difícil momento y continuará informando oportunamente a la ciudadanía a través de los canales oficiales, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones correspondientes.  

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Gobernación de Antioquia rechaza los combates entre grupos armados ilegales en zona rural de Briceño

Estos hechos violan el Derecho Internacional Humanitario y vulneran los Derechos Humanos al afectarse el derecho a la salud de la población y el derecho a la educación de los niños. El Gobernador Andrés Julián solicitó al Ejército que retome cuanto antes el control de la zona rural del municipio. La Gobernación de Antioquia expresó su rechazo por los enfrentamientos armados que se vienen registrando desde el pasado sábado entre las disidencias de alias “Calarcá” y el Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Briceño, que ponen en riesgo la atención en salud y la educación de la comunidad y que representan una vulneración a los Derechos Humanos y una violación al Derecho Internacional Humanitario – DIH. El Gobernador Andrés Julián aseguró que el Ejército debe mantener su presencia en la zona rural de Briceño para garantizar la seguridad de la población. “¡Los campesinos de las zonas más lejanas de Antioquia merecen una vida segura! Desde octubre pasado el Ejército se comprometió a quedarse. Sin embargo, se retiró a cubrir posiciones en otro Departamento. Al Ejército le pedimos que no se vaya hasta que garantice la seguridad de los campesinos en esa zona”, aseguró el mandatario. Desde el primer momento en que se conocieron los hechos, el Gobierno Departamental realizó un Consejo de Seguridad para articular a la Fuerza Pública y a las autoridades competentes. Se pidió reforzar la seguridad en la zona y proteger a la población civil del municipio de Briceño. Estos combates han afectado de manera directa el normal funcionamiento del Centro de Salud de la vereda El Roblal, limitando la atención médica de la comunidad aledaña, pues el personal de la salud tuvo que salir de la zona. Así mismo, se vulneró el derecho fundamental a la educación en 28 sedes educativas, poniendo en riesgo la continuidad académica de 375 estudiantes, quienes tuvieron que suspender las clases presenciales y continuarán con educación semiescolarizada. La Gobernación de Antioquia reiteró que ningún actor ilegal puede arrogarse el control de los territorios ni someter a las comunidades al miedo, el confinamiento o el desplazamiento. La salud y la educación son derechos inviolables que deben ser respetados en todo momento, conforme a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario – DIH.

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