enero 17, 2025

Gestión

César Manrique Soacha renuncia a la dirección de Función Pública

En las últimas horas se pudo conocer que por medio de una carta presentada al Gobierno Nacional el actual director de Función Pública César Manrique Soacha, presentó su renuncia al cargo. Ante estos graves señalamientos Manrique, prefirió dar un paso al costado y salir de la dirección, además se conoció que entre las razones que esgrime en la carta de renuncia, refirió presuntas amenazas contra su vida e integridad, así como quebrantos de salud. El alto funcionario ha sido uno de los directivos señalados por parte de la Fiscalía de participar en el entramado de corrupción de la UNGRD, entidad que lo acusa de haber acordado la facilitación de la devolución del dinero a cambio de coimas en los contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo. Como se recordará, la Fiscalía presentó un organigrama en el que ubicó a Manrique Soacha como presunto cabecilla de la red que perpetró el desvío de fondos de la entidad adscrita al Estado. Puntualmente el Ministerio Público expresó que César Manrique junto a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad, serían los responsables de la malversación de los recursos que debieron ser utilizados para atención de desastres, incluso el propio Olmedo López, señaló a Manrique de hacer parte de la organización criminal. Durante la diligencia judicial la fiscal delegada María Cristina Patiño indicó que Olmedo López, junto con Luis Carlos Barreto Gantiva y César Manrique Soacha, gestionaron el desvío de 100 mil millones de pesos que la UNGRD tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según la Fiscalía López habría facilitado la adjudicación de contratos a empresarios aliados, como proveedores de las plantas desalinizadoras, de almacenamiento, molinos, carrotanques y pozos subterráneos.

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UNA LABOR LEGISLATIVA CON LA MIRADA EN LOS TERRITORIOS

El trabajo mancomunado es uno de los ejes centrales de la congresista, quien promueve iniciativas de desarrollo sostenible, inclusión a comunidades con discapacidad, así como garantías a los consumidores, por lo cual desarrolla una política de trabajo dirigida al fortalecimiento de los territorios. En entrevista con la Revista el Congreso Siglo XXI, la senadora Laura Fortich se refirió a los proyectos que impulsa desde el Legislativo, incluida la Economía Azul y Economía Ecológica, iniciativa a través de la cual se plantea la generación de desarrollo mediante el aprovechamiento responsable y eficiente de los recursos naturales del país. La construcción de un país más inclusivo y libre de barreras a personas con discapacidad es otro de sus objetivos como congresista. Economía Azul y Economía Ecológica: propuesta transformadora Desde la presidencia de la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial, la congresista mantuvo un contacto directo con las comunidades, para sacar adelante uno de sus proyectos bandera, la “Ley de economía azul y ecológica”, cuyo objetivo principal es establecer un marco jurídico que impulse y promueva estas dos formas de economía basadas en los ecosistemas hídricos de Colombia, armonizando el desarrollo económico con la protección ambiental. En esencia, “se plantea una alternativa innovadora de generación de desarrollo a través del aprovechamiento eficiente, responsable y sostenible de los recursos naturales”, aseguró la senadora. La propuesta tiene como propósito dar valor e importancia a los ecosistemas acuáticos, en donde este recurso se convierte en una forma de progreso, sin comprometer la sostenibilidad ambiental, ni afectar al territorio. Colombia, un país rico Aunque reconoce que se han dado avances, la legisladora considera que la riqueza que posee Colombia, por su ubicación geográfica, no ha sido aprovechada. Precisamente esto es lo que pretende la ley de Economía Azul, comprometer al Estado colombiano en la ejecución de una verdadera política pública con visión de futuro, que centre sus esfuerzos en aprovechar de manera sostenible estos recursos para apalancar el desarrollo económico y productivo del país, y por ende, garantizar unas mejores condiciones de vida a la población, en especial la vulnerable, que “puede hacer de la protección de su entorno una fuente de ingresos y de dignificación de la vida personal y la de sus familias”. Empoderamiento a la comunidad El empoderamiento de las comunidades aledañas a los cuerpos de agua es un eje central de la iniciativa, por lo cual se involucra a estas en actividades sostenibles que además les aseguren la generación de ingresos, permitiéndoles a su vez dignificar sus condiciones de habitabilidad, contribuyendo al mismo tiempo a la protección de los ecosistemas. En esa línea, las diversas acciones propias de la economía azul y ecológica están orientadas a permitir el involucramiento de la población en la protección del medio ambiente, con proyectos como el fortalecimiento de la actividad pes quera y seguridad alimentaria de las comunidades, así como el fomento de un turismo inclusivo y sostenible. Inclusión de la comunidad con discapacidad La construcción de un país más inclusivo y libre de barreras a personas con discapacidad es un objetivo por el que lucha la congresista, por eso, en con junto con otros legisladores, se avanzó en la conformación de una comisión accidental, a través de la cual se prioriza el respeto por la autonomía, la dignidad humana y los derechos de las personas en esa condición, así como de sus cuidadores. Esta propuesta se concretó tras la expedición de la ley 2418 de 2024, ley de reserva de plazas para personas con discapacidad en el régimen general de carrera administrativa, donde se promueve el acceso al empleo público y la gratuidad de la inscripción para este importante sector de la población. En el marco de su labor legislativa, la senadora ha impulsado igualmente proyectos como el que promueve la participación política de personas con discapacidad a través de la creación de una circunscripción especial para las mismas en la Cámara de Representan tes. También la iniciativa “Colombia libre de Barreras”, como parte de su lucha por la inclusión de ese segmento de la población, en políticas públicas. Para leer más noticias como esta da click AQUI. 

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“DESCARBONIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DEBE HACERSE EN TIEMPO RÉCORD”

En diciembre de 2023 la mesa directiva de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica anunció a Colombia como sede del evento en su decimosexta versión. Desde entonces, la ministra de Ambiente Susana Muhamad ha venido liderando los avances en la planeación de la cumbre en el país y posicionando a Colombia ante el mundo por su compromiso en la lucha por la defensa del planeta. Consolidó su liderazgo a nivel local, socializando los avances en la planeación de la cumbre, junto a las autoridades del Valle del Cauca, región anfitriona del encuentro y en lo internacional, posicionando al país ante el mundo por su compromiso en la lucha por la defensa del planeta. La responsable de la política ambiental en Colombia considera que se debe hacer un esfuerzo de descarbonización en tiempo récord y acudir a un nuevo sistema económico, lo que implica una transformación de las relaciones sociales y productivas. También está convencida de la importancia de establecer alianzas para avanzar hacia la sostenibilidad lo antes posible. Por eso, ha insistido en que todos los ministerios, sobre todo las carteras de Transporte, Minas y Agricultura, son claves para que la transición energética en el país sea rápida. En diálogo con la revista El Congreso Siglo XXI, la ministra dio detalles sobre la organización de la COP16, lo que se espera de la cumbre mundial, la financiación y la protección de la biodiversidad, entre otros temas. ¿Cuáles serán las apuestas que liderará en la COP16? Lo principal es que este portafolio lo vamos a llevar a una negociación internacional en un paquete de financiamiento mundial, porque el mundo debe valorar que nuestra re- solución de cuidar el territorio genera servicios ambientales estratégicos para el mundo en medio de la crisis que hoy enfrentamos a nivel global. ¿Por qué ha sido tan difícil un acuerdo mundial para reducir las emisiones de GEI? Hemos sido capaces de ver lo que está causando el modelo de desarrollo (en el mundo). El reloj lo marca la ciencia, que nos dice que debemos hacer un esfuerzo de descarbonización en tiempo récord. Cambiar el modelo económico implica una transformación de las relaciones sociales y pro- ductivas. Debemos aprovechar nuestra riqueza natural para generar un bienestar social no destructivo con el medio ambiente. ¿Qué tan viable es lograr un verdadero compromiso para cuidar el planeta? Hemos tenido un modelo económico extractivista causante de la crisis ambiental que estamos vi- viendo. Requerimos de tomar decisiones. Para que la transición sea justa debe haber un acuerdo sobre lo fundamental, pero que sea pragmático, claro y discutido con todos los segmentos de la sociedad. Es una transformación con dos pila- res: la generación de otros sectores que diversifiquen la economía y la reducción de la dependencia del petróleo. En 18 meses el Gobierno nacional ha construido un portafolio junto con los ministerios para la transición energética, que solo será exitoso si logramos articular a todos los actores de la sociedad. Generamos un portafolio de proyectos de inversiones reales y con- cretas, que tiene como objetivo orientar a Colombia hacia una economía baja en carbono, resiliente y biodiversa, alineado con los compromisos del país en reducir los gases de efecto invernadero (GEI) hacia el 2030. Tenemos que imprimirle a la actividad económica conocimiento, ciencia y tecnología. Tenemos 5 mil grupos de investigación en las universidades, los conocimientos de las comunidades indígenas y campesinas y la capacidad de emprendimiento e iniciativa de nosotros como colombianos. ¿Cuál es el papel de las comunidades en la realización de la COP16? Uno de los puntos claves para la realización de la COP es el plan de trabajo para comunidades indígenas; esto implica la posibilidad de que tengan acceso a recursos internacionales de forma directa y una corresponsabilidad de los Estados en trabajar junto a ellos. Por eso, hicimos eventos previos con pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas, actores fundamentales porque en sus manos está la biodiversidad y quienes tendrán una participación muy importante en todos los espacios de la COP16. ¿Qué impacto ha tenido la cumbre en la población? Es muy importante porque las comunidades se han preparado en cómo van a participar. También se incluyó a las mujeres y a las juventudes. Hay una gran apropiación social alrededor de la COP16 y esto es bien importante porque es la que nos permite avanzar. ¿Cómo se preparó el sector privado en Colombia? El sector privado se ha unido con mucho entusiasmo. Van a estar presentes en la Zona Verde exponiendo iniciativas de economía sostenible. También hemos tenido una interacción muy productiva con los gremios, quienes van a estar representados en el día financiero y el día de negocios. Además, viene sector privado de todo el planeta a buscar oportunidades. ¿Qué tanto se ha cumplido con los objetivos pactados en la Cumbre anterior? Hemos planteado unos objetivos estratégicos para el 2030. El primero de ellos tiene que ver con impulsar el crecimiento de la bioeconomía, generando empleos y oportunidades para la población. El segundo es restaurar cinco millones de hectáreas de la mano del Ministerio de Agricultura. El tercero consiste en establecer por lo menos 19 millones de hectáreas bajo planificación ambiental. El cuarto es aumentar a 34% los territorios terrestres y marítimos bajo estrategias de conservación y el quinto es impulsar la representación de los pueblos indígenas. Finalmente, tenemos una meta financiera que es movilizar 22 billones para la protección de la biodiversidad. ¿Cuál será el rol de la ciudadanía? El ciudadano tiene una voz importante. Es un pacto con los actores. Hay que buscar alternativas de di- versificación económica junto a la gente. Hay resistencias y el Gobierno tiene que buscar el equilibrio entre el interés general y particular, sin sacrificar las metas del cambio; lo que pasa es que no se pueden cumplir a rajatabla, tenemos que hacer procesos de concertación y garantizar que durante la transición haya las condiciones de confianza y seguridad para avanzar, sobre todo en temas como la minería, donde tenemos un conflicto entre

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Valledupar enfocado en brindar bienestar y soluciones a las comunidades

La Oficina de Gestión Social resalta su compromiso con la comunidad, atendiendo a las necesidades de los grupos más vulnerables del municipio con diversas estrategias para cada uno de ellos. Liderando la oficina, José Gregorio Zuleta, junto con la gestora, Milena Serrano Loaiza han implementado una serie de programas enfocados en brindar bienestar y soluciones efectivas a los valduparenses. De la mano de instituciones educativas se preocupan por abrir espacios que brinden una experiencia distinta para los infantes; como el convenio que se logró realizar con Royal Films para llevar el cine a muchos jóvenes que nunca habían tenido la oportunidad de asistir a un teatro. Por otro lado, la gestora esta a la cabeza de una campaña en contra del abuso sexual de niños, niñas y jóvenes; en donde se les enseñan las rutas de atención para estos casos, con el fin de combatir esta terrible problemática y generar confianza y seguridad para ellos. Para las familias, por medio de visitas a algunos barrios se les ha brindado atención médica con el Hospital Eduardo Arredondo Daza (HEAD) y el Sisbén; así como programas para ampliar información y cupos en Renta Ciudadana y mejorar su situación económica. Por último, les interesa mantener a los adultos mayores física y emocionalmente bien, es por eso que, con estrategias como “Danzando con el corazón” se les ofrece espacios para esparcimiento y reconocimiento con sus raíces. Por medio de estas y muchas más estrategias la Alcaldía quiere llegar a toda la comunidad con el fin de garantizar e implementar una atención integral. El equipo de Gestión Social sabe que debe trabajar para y con su gente si quieren “construir una Valledupar más social y equitativa”. Tomado de: Alcaldía de Valledupar.

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Colombia anfitrión de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural +20

Durante la reunión del comité de seguridad alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) realizado en Roma, Italia. Se informó un hecho histórico para el pueblo colombiano, donde se confirmó que el país tendrá la responsabilidad de presidir la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural+ 20 que se desarrollará en el 2026. La ministra de Agricultura Martha Carvajalino, reveló la noticia donde celebró y agradeció el apoyo internacional para que Colombia fuera sede de este magno evento “¡Una iniciativa que sale de las voces campesinas del mundo! Con el pronunciamiento de apoyo de Brasil, Chile, Cuba, EUA, Unión Europea, Guatemala, Camerún, Congo, Reino Unido, India, Hungría e Indonesia y la sociedad civil, el Comité de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas en su 52a sesión aprobó por aclamación la propuesta de Colombia de hospedar en el 2026 la II conferencia internacional de reforma agraria y desarrollo rural +20” comunicó la ministra.   Colombia tiene el respaldo de más de 12 países Dada la postulación de Colombia en convertirse en anfitrión de este magno evento, esta tuvo el respaldo de países tales como: la Unión Europea, Brasil, Guatemala, Camerún, Congo, Reino Unido, Hungría, Chile, India, Cuba, Indonesia y Estados Unidos, los cueles apoyaron que el territorio nacional se convirtiera en sede de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural +20 en el 2026, donde será punto de enfoque el agro nacional e internacional, un espacio de escucha y propuesta para el mejoramiento de este sector. Un evento que surgió en el año 2006 en Brasil 20 años pasaron para que este evento nuevamente sea una realidad, su primera edición se llevó a cabo en el país vecino Brasil en el año 2006, durante este evento se llevaron a la mesa de diálogo temas de naturaleza y agronegocios, así mismo, la construcción de una agenda mancomunidad internacional en beneficio de este sector. Triunfo para los colombianos Dentro del epicentro coyuntural en el país, este se ha convertido en escenario de grandes eventos y congresos a nivel mundial, lo cual no solo fortalece la economía del país, si no que hace que este sobresalga ante los demás. Para el MinAgriculta, esta es una oportunidad de diálogo y de cooperación en el agro nacional e  internacional “Hoy podemos decirle a Colombia y al mundo tendremos en el primer trimestre del 2026, de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural +20, esperamos hacer la segunda edición la cual nos permita hacer el balance de estos 20 años de la implementación de las directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tierra, la pesca y los bosques y poder construir una agenda colectiva de acción global frente a la situación de la tenencia de la tierra” exaltó Carvajalino. Objetivos de esta segunda edición Para el Gobierno Nacional y el MinAgricultura es importante destacar los objetivos por los cuales expusieron al país como centro de discusión de esta conferencia, así como marcar el rumbo que este tomará en el 2026. Por lo anterior, Martha Carvajalino enfatizó aquellos puntos clave que se discutirán en este evento. Realizar un balance colectivo de cara a los retos que la humanidad vive, que permita poner de presente los logros de la primera Conferencia y de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, el seguimiento de las instancias multilaterales y sus decisiones para la protección y promoción de los derechos, y el esfuerzo permanente de nuestros gobiernos y de la sociedad civil. Asegurar el derecho a la alimentación. Proteger los sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes. Garantizar los derechos de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y comodidades negras. Ante esta noticia Colombia se prepara nuevamente, para asistir y ser anfitrión de un evento internacional, en este caso una conferencia que trae aspectos importantes para el agro nacional.

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Diego Cancino exviceministro del Interior nuevo presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)

La Presidencia de la República de Colombia público a través de su página web, el curriculum de Diego Andrés Cancino, exviceministro del Interior. Quien asumirá un nuevo cargo y se convertirá en presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en reemplazo de José Daniel Rojas, el cual renunció a la entidad meses atrás para asumir el cargo de ministro de Educación. ¿Quién es Diego Cancino? Cancino es Filosofo egresado de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con estudios en políticas públicas de la Universidad de los Andes. El nuevo presidente de la (SAE) ha ejercido una carrera política y de trabajo con las comunidades que lo ha llevado a desempeñarse en diversos cargos públicos. A raíz de esto, formó parte de los equipos de trabajo de Antanas Mockus y de Ángela María Robledo respectivamente, ha sido un influyente en procesos de paz, así como pedagogo de varias universidades. Para el 2020 Cancino fue electo para ser concejal de la ciudad de Bogotá, donde se destacó por ser uno de los concejales más votados por el partido Verde. En marzo de este año se posicionó como viceministro del interior rol que asumió hasta septiembre, donde por medio de un comunicado expresó su renuncia al mismo. ¿Qué rol cumple la SAE? La Sociedad de Activos Especiales (SAE) es una sociedad de actividad económica mixta adscrita al ministerio de Hacienda. Se encarga de administrar y gestionar activos derivados de actividades ilícitas y convertirlos en recursos favorecedores para el pueblo colombiano, dentro de sus funciones se encuentra mantener actualizado el inventario de los bienes afectados con medida cautelares y con extinción de dominio, así como velar por la correcta disposición de estos. Ante este nombramiento, Cancino no ha dado declaraciones al respecto, sin embargo, queda a la espera del pueblo colombiano la gestión que realizará el exviceministro en esta entidad.

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MAS Bienestar, nuevo modelo de salud firmado por Bogotá con apoyo de EPS intervenidas

La Secretaría de Salud de Bogotá, firmó convenio con aseguradoras y prestadores de servicios de salud para garantizar que el vital servicio llegue a las zonas urbanas y rurales. Este importante proyecto promovido por la Alcaldía de Bogotá para fortalecer la salud local pretende mejorar de manera exponencial la cobertura integral mediante una atención que priorice la salud del paciente por sobre el hecho de a cuál entidad promotora de salud (EPS) esté afiliado el paciente. El plan lo bautizaron como “Modelo MAS Bienestar”. Esta estrategia, calificada por la Administración como pionera en la materia, fue presentada como un cambio de enfoque en la atención médica con un fuerte apoyo de diferentes actores del sector. El alcalde Carlos Fernando Galán, expresó al respecto que el convenio busca potenciar las acciones de la alcaldía frente al hecho de que “la Secretaría de Salud y la Administración Distrital tienen una responsabilidad con la salud de todos los bogotanos y en eso trabajar con todas las EPS es fundamental”, por lo que consideran fundamental establecer un modelo de atención en salud integral. Por su parte la Secretaría de Salud, refiere que este plan es el resultado de casi 50 mesas de trabajo en las que se contó con la participación de 234 representantes de las EPS y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas y privadas, quienes abordaron la creación de un modelo que se centrara en mejorar la calidad y el acceso a esta atención y fortalecer la red de prestadores. Asimismo, explicaron que ‘MAS Bienestar’ se implementará en cuatro fases. La primera está en ejecución desde el 17 de octubre pasado y terminará el 15 de abril de 2025 y se encargará de priorizar a 696 sectores considerados como de alto riesgo en salud, que se concentra en toda la población rural de la capital. Y las otras tres fases se enfocarán en las zonas urbanas que tienen distintas necesidades mediante el uso de herramientas digitales para la gestión del riesgo. De esta manera, el Distrito espera cubrir todas las zonas catastrales de Bogotá.

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Reforma Política pasa primera prueba en Cámara de Representantes

En un álgido debate entre los congresistas Juan Carlos Lozada y Jorge Eliécer Tamayo durante la sesión de la Comisión I de la Cámara de Representantes fue aprobado el proyecto de acto legislativo no. 277 2024 radicado en Cámara, por el cual se adopta una Reforma Política, la cual continuará su tránsito en segundo debate en plenaria de la misma entidad. Una reforma más del Gobierno del Cambio Tras la aprobación del proyecto pensional y el recorrido a tercer debate de la Laboral, en esta ocasión el Gobierno Nacional, puso en discusión del Congreso de la República una Reforma Política, para el congresista Jorge Eliécer Tamayo Marulanda por el partido de la U este articulado “Busca en esencia resolver unos problemas reales y efectivos a los problemas que tenemos para el ejercicio de la actividad política” enfatizó Tamayo. Puntos claves de esta iniciativa Dentro de la propuesta se adoptan medidas para controlar y mejorar el funcionamiento de la política del país, tales como: Regulación de las consultas interpartidistas internas e interpartidistas de los partidos, reglas para el reconocimiento de personas jurídicas, financiación de las campañas políticas, modificación de la lista de los candidatos a corporaciones públicas, así mismo,  la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), y finalmente establecer los términos por renunciar al partido político o movimiento para aspirar a otro. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, celebró el paso que dio este documento en primer debate “Un paso clave para fortalecer la transparencia y consolidar una democracia que responda a las necesidades de todos los colombianos” manifestó el ministro. ¿Qué propone sobre la elección de magistrados? Este articulado pretende modificar la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) donde estos se consentirán por convocatoria pública y no por propuesta de los partidos políticos como se viene haciendo actualmente. Lo que propone este articulado es que continúe la elección de los magistrados en Congreso Pleno, tras una previa convocatoria, los miembros de esta entidad estarían conformados por nueve magistrados para períodos de seis años. Para Carlos Felipe Quintero, representante del partido Liberal es indispensable este acto legislativo con el fin de realizar un cambio estructural a la política “Si no cambiamos el sistema estamos condenados a repetir lo mismo año tras año, se necesita hacer una reforma estructural del sistema político”. Artículos aprobados Dentro de los apartados aprobados en primer debate se encuentran: Dar normatividad a consultas populares, su financiación y publicidad utilizada en campaña. Aquellas personas que pertenezcan a un partido o movimiento político deberán renunciar con al menos doce (12) meses anterioridad del primer día de la fecha de inscripción, si se pretende trasladarse a otro movimiento o partido ajeno al perteneciente. El voto preferente y la priorización de listas cerradas y bloqueadas, allí quedo establecido el hecho de que las elecciones primarias serán obligatorias y simultáneas entre los partidos. Se aprobó la financiación estatal del 100 por ciento en las campañas políticas. El documento también trae cambios frente a las condiciones para obtener la personería jurídica como mantener el umbral del 3 %, como está establecido actualmente. ¿Qué rumbo seguirá el articulado? Este documento con sus respectivas proposiciones y modificaciones continuará a segunda instancia, en esta ocasión será remitida a la agenda de la Cámara Plena, para que allí se discuta el seguimiento o rechazo de esta proposición. Este acto legislativo deberá de pasar por siete instancias más, un total de ocho debates. Antes de modificar los puntos clave de la constitución, así que su recorrido será extenso y llevará fuertes intervenciones dentro del Congreso de la República.

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Cartas de indemnización a víctimas del conflicto llegaron a El Tigre en el bajo Putumayo

La Directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, entregó este miércoles 457 cartas de indemnización a víctimas del conflicto en El Tigre, en el bajo Putumayo. ¿Qué es la indemnización? Es una forma de reparación que entrega el Estado Colombiano como forma de resarcimiento económico por los hechos sufridos, durante un acto de violencia o proceso forzado. ¿A quién se entrega? La indemnización económica se entrega a las víctimas que hayan sufrido los siguientes hechos: Homicidio Desaparición forzada Secuestro Lesiones personales que generaron incapacidad o alguna discapacidad Reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes Delitos contra la libertad e integridad sexual, incluidos niños, niñas y adolescentes nacidos como consecuencia de una violación sexual en el marco del conflicto armado Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes Desplazamiento forzado Más de 4.000 millones de pesos fueron entregados Tras encuentro con víctimas del conflicto armado realizado en El Tigre, la directora Lilia Solano, realizó entrega de cartas de indemnización a cada uno de los asistentes; cartas que superaron los 4.000 millones de pesos. Como un acto de reparación se priorizó a población mayor de 68 años, con discapacidad, que padezcan algún tipo de enfermedad o gravedad en su estado de salud. “Tenemos un Gobierno comprometido con la reparación de las víctimas”, refirió la directora, Lilia Solano. Dentro de este encuentro se realizó una jornada de dialogo, donde se escucharon las problemáticas y se socializaron los procesos que se están haciendo desde el Gobierno Nacional, en función de apropiar una política restauradora con la entrega de indemnización individual para las víctimas. «Nos hemos reunido con familias victimizadas para escuchar sus historias de primera mano y dignificar su lucha», afirmó Solano. Próximas jornadas de cartas de indemnización Estas jornadas ya se han realizado en Mocoa, Puerto Asís, Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Sibundoy, Puerto Guzmán, Córdoba, Montelíbano, Montería, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún, entre otros municipios del territorio colombiano. Por lo anterior, la Unidad para las Víctimas anunció que seguirá realizando estas jornadas en otras zonas del país, que fueron afectadas por esta problemática social.

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Por primera vez, Colombia hará parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Colombia será miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un organismo clave en la promoción y protección de los derechos fundamentales a nivel mundial. La votación, que tuvo lugar durante una asamblea del organismo este miércoles en Nueva York, resultó en 185 votos a favor del país, marcando un momento significativo en la diplomacia colombiana. La Cancillería celebró este acontecimiento en un comunicado oficial, señalando que “en un hecho sin precedentes, el Gobierno Colombiano priorizó la pertenencia a este órgano clave para la agenda multilateral de DD.HH. de la ONU”. ¿Quién será el Embajador? Gustavo Gallón, destacado jurista y defensor de los derechos humanos, representará a Colombia en el Consejo, como embajador. Su experiencia y dedicación a la causa de los derechos humanos fueron resaltadas por diversas figuras y organizaciones del sector. Juliette de Rivero, representante de la ONU Derechos Humanos en Colombia, también se pronunció sobre la elección del país, afirmando: “El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene su sede en Ginebra (Suiza) y es el órgano que toma decisiones importantes sobre las situaciones de derechos humanos graves en el mundo. Es la primera vez que Colombia hace parte de este Consejo y saludo que esté representada por un defensor histórico, el embajador Gustavo Gallón”. Sus palabras reflejan el reconocimiento del papel de Colombia en la esfera internacional de derechos humanos. El mandato de Colombia en el Consejo comenzará el 25 de junio de 2025 y se extenderá hasta 2027. Esta será la primera vez que el país forme parte de este grupo de 47 estados miembros desde la creación del Consejo en 2006, lo que representa un paso adelante en su compromiso con los principios de derechos humanos y la justicia social. Cabe destacar que el país hará parte de la lista de los otros 17 países elegidos como: Benín, Bolivia, Chipre, Chequia, República Democrática del Congo, Etiopía, Gambia, Islandia, Kenia, Islas Marshall, México, Macedonia del Norte, Catar, República de Corea, España, Suiza y Tailandia.  

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