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Regiones lanzan SOS por recorte presupuestal

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, DEBATE, Gobierno, Regiones / Erika Baute

Los gobernadores advirtieron sobre recortes en el Presupuesto de Regalías que podrían en riesgo, en su concepto, la financiación de programas y proyectos viales para el desarrollo de los departamentos, así como la atención a necesidades de las comunidades como alimentación, transporte escolar y vivienda, entre otros. Según los mandatarios, existen imprecisiones en la formulación del monto asignado para el bienio 2025-2026. En una reciente declaración, la Federación Nacional de Departamentos, FND, que agrupa a los 32 gobernadores del país, consideró que los ajustes anunciados suponen reducciones que son clave para la inversión de obras sociales en los territorios. Pidió además claridad y transparencia en los procesos de liquidación de los recursos respectivos. En esa línea, advirtió que el recorte “injustificado” del presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR), afecta “gravemente el cumplimiento de las metas establecidas en los planes de desarrollo departamentales y municipales, y los objetivos diseñados para el progreso socioeconómico de las regiones”. Acompañamiento a proceso La Federación exhortó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Minería para que develen las fórmulas con las que se proyectan dichos ingresos. También hizo un llamado a la Contraloría General de la República para que acompañe y sea un garante de este requerimiento. “Es prioritario que las regiones cuenten con una dinamización de recursos tendientes a la estabilidad de sus inversiones, para lo cual es fundamental una correcta articulación entre el Gobierno Nacional, los mandatarios departamentales y locales, y el Congreso de la República”, indicó la FND en un comunicado, donde anunció que los gobernadores pondrán a consideración del Legislativo sus observaciones al proyecto de ley, con el objetivo de lograr un presupuesto para el bienio 2025-2026 a la altura de los desafíos económicos y sociales de los territorios. Carácter centralista La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien ejerció como vocera de los mandatarios regionales de Colombia, dijo que tan solo su departamento dejaría de recibir 122 mil millones de pesos para programas sociales. “Esto es lo que hemos denominado los gobernadores, y en especial la gobernadora del Meta, un raponazo a las regalías de los departamentos, de los territorios donde tenemos esos recursos financiando proyectos importantes como la alimentación y el transporte escolar, las vías secundarias y las vías terciarias; que entran a beneficiar directamente a esos pequeños productores, a esos campesinos”. El proyecto, a su juicio, impone una serie de requisitos a los departamentos que solo reafirman el carácter centralista del Estado colombiano. “De ahí, la razón por la cual estamos hoy haciendo este llamado de parte de todos los gobernadores al Gobierno Nacional para que en ese proyecto de ley se tenga en cuenta lo que pensamos y, sobre todo, el impacto tan grave que se puede causar a estos sectores, además, desfinanciando también los planes de desarrollo que nos acabaron de aprobar en cada uno de los departamentos”, agregó. Modificaciones al proyecto Los mandatarios regionales presentarán proposiciones para eliminar del proyecto aquellos artículos que califican de lesivos para las finanzas departamentales. “Consideramos que deben eliminarse porque básicamente entra a cambiar las reglas de juego de los recursos de regalías del 40%; pero también queremos hacer unas modificaciones muy importantes que lleven a que los recursos que hay en estos momentos de regalías tengan menos obstáculos por parte del Gobierno Nacional”, precisó la gobernadora del Tolima. A su vez, el vicepresidente de la FND y gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, pidió que las reglas de juego que están vigentes en el tema de regalías no s e cambien y que “se sigan ejecutando” por el bien de los territorios. Anunció que durante el proceso de aprobación de la ley de presupuesto de regalías se creará una comisión para hacer acompañamiento tanto en las comisiones como en las plenarias de la Cámara y el Senado para que “seamos escuchados como regiones”. Por su parte, su colega del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, demandó un diálogo franco y honesto con el Gobierno Nacional para mirar cómo garantizar los recursos de inversión social de manera equitativa. Finalmente, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, aseguró que en el proyecto de ley se establecen unas reglas que harán “más grave la situación de la centralización, porque debemos someternos a unos lineamientos que va a establecer el Departamento Nacional de Planeación (DNP)”. Dejó claro que si no se hacen los ajustes que se están pidiendo, el impacto será “gravísimo” en los sectores de educación, salud, transporte escolar, alimentación e infraestructura vial. La descentralización, en primer orden Senadores y gobernadores se reunieron para analizar propuestas que garanticen el desarrollo de las regiones. En el encuentro, encabezado por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se habló sobre los proyectos a socializar, entre ellos la Reforma al Sistema General de Regalías (SGR), la Ley de Ordenamiento Territorial, la Regla Fiscal y las reformas al FONPET, entre otras iniciativas. “Creo que ambos sectores estamos en la misma orilla, nos duele lo que les duelen a la gente y vemos hoy a gobernadores sin herramientas para poder solucionar los principales problemas de la región. Algunos de ellos, incluso, han expresado que los recursos de las regalías no alcanzan para el Programa de Alimentación Escolar (PAE)”, sostuvo el jefe del Legislativo. Cepeda fue mucho más allá al afirmar que lo que ordena la Constitución del 91 es un proceso de descentralización, que no se está cumpliendo. “Todo lo contrario, se viene recentralizando más el país; el 80% de los recursos se manejan en la Nación y hoy hay renuencia de acudir a los alcaldes y gobernadores para la ejecución presupuestal: Al mes de agosto hay 79 billones de pesos del gobierno central parqueados en bancos y fiducias, si eso se les entrega a los alcaldes y gobernadores tendríamos una ejecución real y estaríamos cerca de las expectativas de los colombianos”, añadió. La queja de las regiones ante el Congreso Durante la mesa de trabajo, la gobernadora del departamento de Sucre, Lucy Inés García, expuso los

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Referendo de Autonomía Fiscal una necesidad de las regiones

Actualidad, Amazonía, Antioquia, Arauca, Atlántico, Atlántico, Bolívar, Boyacá: Andina, Bicentenario, Caldas, Caquetá, Caribe, Cartagena de Indias, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cúcuta, Cundinamarca, DEBATE, Democracia, Derechos, Gobernación, Gobierno, Guainía, Guaviare, Huila, Insular, La Guajira, Magdalena, Meta, Montería, Nariño, Norte de Santander, Presidencia, REGIONALES, Regiones, Risaralda, San Andrés, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés / Erika Baute

El referendo sobre autonomía fiscal busca que las administraciones departamentales puedan destinar hasta un 50% más de sus recursos a los sectores de educación, infraestructura, salud y seguridad, fundamentales en el propósito de los mandatarios regionales de mejorar las condiciones de vida de la población en sus territorios. Aunque los departamentos tienen autonomía para la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio, según lo establecido en la Constitución, la realidad es otra. En la práctica, según Ruiz, las regiones solo reciben entre un 5 y 10% del total del recaudo que le entregan al gobierno, lo que genera dificultades en la ejecución de proyectos. Esta situación llevó a los alcaldes y gobernadores a impulsar el referendo sobre autonomía fiscal, una iniciativa que podría significar un antes y un después en el progreso a nivel regional. En entrevista con la Revista El Congreso Siglo XXI, el exministro de Justicia y gerente del referendo Wilson Ruiz Orejuela, destacó los beneficios de la consulta que se promueve a lo largo y ancho del país, para la cual ya se han recogido más de un millón de firmas ciudadanas de las dos millones requeridas para su aprobación. ¿Qué lo llevó a impulsar esta iniciativa? Lo primero es que la Constitución establece que Colombia es un país descentralizado, pero esto no se cumple a cabalidad. Los entes territoriales tienen personería y autonomía administrativa, pero actualmente los tributos del impuesto a la renta, al patrimonio, lo recoge la Nación a través de la DIAN. Lo que se pretende, es que cada departamento recaude estos impuestos tributarios, que calculamos en unos $50 billones. Hoy, solo le regresan 5% a los departamentos y 10% a los municipios. Hay unos rubros claramente estipulados: educación, infraestructura, salud y seguridad; se busca que los recursos se destinen a estos sectores. Hay cinco departamentos que son los que más recaudan: Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Atlántico. Entonces, todo el dinero se recauda y se crea un fondo y se hace una redistribución desde la equidad y lo social. Ningún departamento recibirá menos, se calcula que recogerán hasta un 50% más. Así acabamos con el poder central sobre los recursos de los departamentos. ¿Cómo se le hará seguimiento a estos recursos? Creo en el principio universal de la buena fe. A mayor presupuesto, mayores controles. Las veedurías ciudadanas deben desarrollar un rol fundamental en el país. Hay que darle más dientes a las contralorías distritales y departamentales, a la Contraloría y a la Fiscalía. Tampoco debemos darles tantas prebendas a los políticos cuando cometen actos de corrupción. Al Congreso llegó otro proyecto de autonomía fiscal, ¿qué tanto podría beneficiar a las regiones? Me encanta que esta iniciativa surja del poder constituyente primario, que es el pueblo. La iniciativa del Congreso busca contrarrestar la nuestra y eso no está mal, por- que todas las propuestas son bienvenidas siempre y cuando pretendan el bienestar de las regiones. ¿Qué va a pasar con las regiones más empobrecidas? Hablamos de 32 departamentos. Hay unas regiones más pobres que otras y la idea es que les llegue hasta un 50% más del recaudo. Hablamos de una redistribución. Cada departamento designará un gerente que administrará sus recursos. ¿Cuál es el paso a seguir una vez aprobado el proyecto? Tenemos que elegir gobernadores transparentes en las próximas elecciones regionales. Las gobernaciones cuentan con un secretario de Hacienda que es el encargado de recaudar los re- cursos. Una vez se expida el acto constitucional debe salir una ley para designar una junta directiva. Además, la DIAN debe contar con un software lo suficientemente fuerte para que no se evadan los impuestos. ¿Cuál será el mayor desafío? El mayor desafío será el Congreso de la República. Una vez tengamos las firmas, calculamos que entre el 15 y 20 de diciembre las estamos radicando ante la Registraduría. Más o menos en febrero las certificarán y en marzo radicamos el proyecto de ley con mensaje de urgencia. A partir de ahí deberá cruzar cuatro debates y aprobarse en junio del 2025. Lo que más nos ánima es que no creemos que el Congreso se vaya a meter con el constituyente primario, es decir, el pueblo, que es el 5% del censo electoral. La ANIF advirtió sobre el riesgo de modificar el Presupuesto del SGP. ¿Usted que piensa? Hay que darles tranquilidad porque el sector central continuará recibiendo recursos a través de multas, sanciones, impuestos nacionales, entre otros. Hablamos de un reordenamiento económico para las regiones. Varios países nos han servido de modelo, como Canadá, Estados Unidos y España. Una de las mayores resistencias en este proceso es el Gobierno, ¿cómo lo enfrentarán? El presidente ha venido satanizando la figura de la autonomía fiscal para las regiones, pero mi interés no es cazar una pelea con el Gobierno, porque yo soy un demócrata. Lo que sí les quiero decir es que este proyecto va a enriquecer a los departamentos y los va a proyectar, generando competencia entre las regiones porque llegarán más empresas y la parte económica se va a disparar. ¿Cómo será el trabajo para con vencer a los congresistas? Vamos a meter a todas las regiones. Si nos torpedean el proyecto de ley tendrán que vérselas con las comunidades también. Usted es elegido congresista por voluntad del pueblo, pero cuando es este mismo el que pide autonomía para manejar los recursos, ahí es donde me parece que se van a chocar. ¿Los 32 gobernadores apoyan esta iniciativa? No, y yo los entiendo. Hay más de un gobernador que siente temor de que le bloqueen sus recursos. Diría que la gran mayoría están con nosotros. No me veo derrotado en esta iniciativa, me veo como un ganador. Si el referendo (sobre autonomía fiscal) no se da, estoy seguro que el mismo pueblo saldría a presentarla. ¿Estarían dispuestos a apoyar la iniciativa presentada por el Gobierno? Creo que uno no puede actuar con egoísmo. Si se trata del bienestar de Colombia estamos listos para apoyarlos.

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Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia: El centralismo en Colombia es asfixiante

Actualidad, Antioquia, Bello, Congreso de la República, DEBATE, Derechos, Desarollo, Gobernación, Inversión, MinHacienda, Presidencia, Regiones / Erika Baute

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, considera que en Colombia hay un centralismo asfixiante que impide a las regiones invertir en sus necesidades más apremiantes, por lo que le da la bienvenida a la propuesta que viene tomando fuerza en los territorios de promover un referendo sobre autonomía fiscal para que estos no dependan de los recursos de la Nación. Según el mandatario, se tiene una deuda con los departamentos para que sus finanzas se vigoricen y se pueda seguir avanzando en el cierre de brechas sociales, sobre todo, en la zona rural. En entrevista con la Revista El Congreso Siglo XXI, el Gobernador habló sobre los beneficios que se tendrían, de prosperar el referendo, así como de la vaca por las vías de Antioquia que ha recibido más de 15 mil aportes voluntarios de 42 países, entre otros temas importantes. ¿Cuál sería el impacto del referendo en los departamentos? Esta es una iniciativa ciudadana que lidera un grupo de personas de varias regiones del país, quienes hacen parte del Comité Promotor conformado por Ana Lucía Villa, economista; Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta; Vanessa Mendoza, exrepresentante a la Cámara; Carlos Gustavo Cano, exministro de Agricultura; Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá; Hilduara Barliza, exdirectora de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior; Diego Santos, consultor y periodista; Paola Rivera, abogada; Wilson Ruiz, exministro de Justicia; María del Rosario Guerra, exministra de Comunicaciones, y Juliana Castañeda, líder social en temas de mujeres. A título personal, me gusta mucho esta propuesta porque tenemos una deuda con los departamentos para que sus finanzas se vigoricen. Al no depender de los recursos de la Nación, las regiones tendrán mayor autonomía en la toma de decisiones en favor del bienestar de los ciudadanos: inversión social y cierre de brechas. ¿Cómo lograr que se devuelvan facultades a las regiones en la toma de decisiones? En Colombia hay un centralismo asfixian- te que impide a las regiones priorizar e invertir en sus necesidades más apremiantes. Hay inequidad porque los municipios tienen rentas propias como el impuesto predial, que fueron determinados por la Constitución de 1991, pero los Departamentos no. Los ingresos más importantes provienen de rentas antiguas, originadas en la Colonia, con incentivos perversos para la gestión de su incremento, como los impuestos a los licores y al tabaco. Hay una alta dependencia en las regiones de las transferencias de la Nación. Yo fui alcalde del municipio de Rionegro, Antioquia, entre 2016 y 2019, y tenía más recursos de libre destinación anuales, que ahora como Gobernador de Antioquia. Las cifras son elocuentes: en Rionegro contaba con 400 mil millones de pesos para 150 mil habitantes. En Antioquia tenemos 190 mil millones de pesos para 7 millones de antioqueños. En resumen, esto se logra con una mejor distribución de los recursos en la estructura constitucional. Tras el recorte a las regiones, ¿cómo responderá a las necesidades del departamento? Antioquia es, al igual que la mayoría de los departamentos de Colombia, altamente dependiente de las transferencias de la Nación. Nosotros, de cada 100 pesos que proyectamos en nuestro presupuesto, cerca de 50 vienen del Sistema General de Participaciones -los cuales tienen una destinación específica, pero hay casos como Amazonas, donde es 90 de cada 100 pesos. Hay una estrecha relación entre esa alta dependencia a las transferencias de la Nación y una limitada capacidad de respuesta de los departamentos para atender las necesidades de la gente, las exigencias del territorio. La verdad es que compartimos los mismos dolores y carencias de otros departamentos. En subregiones como el Bajo Cauca y el Urabá uno encuentra situaciones abrumadoras. Tenemos dos millones de personas con inseguridad alimentaria; de 4.300 sedes educativas, la mayoría están en muy malas condiciones; 400 mil adultos mayores envejecieron sin una pensión y nuestras vías secundarias y terciarias están en muy malas condiciones. Tenemos que ser muy creativos y apelar a la austeridad en el gasto para no incurrir en excesos, para que nuestros coterráneos no sufran por esa inequidad injusta proveniente del centralismo, que tanto daño nos hace y que requiere una modificación. ¿Qué pasaría con los impuestos sobre la renta y el patrimonio? En ese escenario, serían los Departamentos los que administrarían estos dos impuestos para dejar de depender de las transferencias de la Nación. Los tributos existen para equiparar las cargas entre los ciudadanos y las regiones. No podemos pretender erradicar la pobreza y tener mejores niveles de equidad, haciendo siempre lo mismo. ¿Cuál es la mayor necesidad que aqueja a su departamento? Antioquia es un territorio con muchas necesidades que estamos atendiendo gracias al compromiso de un equipo de Gobierno que nos acompaña en esta tarea. Nosotros necesitamos un estado austero, pequeño, pero que no desatienda las causas sociales y una de ellas es la inseguridad alimentaria. Por ejemplo, un tercio de la población de Antioquia hoy padece situaciones de inseguridad alimentaria. Viendo esta situación tan delicada, le pedimos a la Asamblea Departamental que nos aprobara destinar el impuesto vehicular para disminuir la situación de hambre que hoy tenemos en Antioquia y finalmente nos lo aprobaron. Pero también tenemos otras situaciones delicadas: debemos reforzar la seguridad en todos los rincones del Departamento y hay que darlo todo por la libertad y seguridad de los antioqueños. Seguridad es salir tranquilo a la calle, levantarse y despertarse sin miedo; es generar las condiciones para que aumente la inversión que hace crecer la economía. Además, tenemos instituciones educativas en muy malas condiciones en su infraestructura física o con falta de dotación. No somos un departamento rico, como muchos creen. Nuestras carencias son muchas y estamos concentrados en reducir estas dificultades. ¿Cómo va la vaca para obras de desarrollo en Antioquia? A la fecha, la vaca por las vías de Antioquia que conectan a Colombia ha recibido más de 15.000 aportes voluntarios de 42 países por cerca de 6 mil millones de pesos. Esto evidencia el respaldo que ha tenido la propuesta por parte de los antioqueños, de los colombianos. Después de

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Gobierno propone ampliar licencias de maternidad para mujeres en el SISBÉN

Actualidad, Congreso de la República, DEBATE, Gobierno, Reforma / Valentina García

El Gobierno Nacional propuso extender la cobertura de la licencia de maternidad dentro de la reforma a la salud. La propuesta contempla que las mujeres beneficiarias del SISBÉN puedan recibir “medio salario mínimo durante tres meses”, lo que les permitiría dedicar tiempo fundamental a la lactancia y a proporcionar los cuidados esenciales que necesitan los bebés en sus primeras etapas de vida. Esta iniciativa, que será discutida en el Congreso, tiene como objetivo visibilizar y abordar la situación de cientos de colombianas que, tras dar a luz, se ven obligadas a regresar al trabajo en cuestión de días, muchas veces sin los recursos necesarios para cuidar adecuadamente a sus recién nacidos. “La propuesta beneficiará a un 75% de mujeres” De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al año se registran aproximadamente “510,000 nacimientos”, pero según datos del la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) solo “130,000 mujeres pueden acceder a la licencia de maternidad”. La propuesta del Gobierno buscaría beneficiar a “un 75% de mujeres en el país”, lo que contribuiría a cerrar las brechas existentes en términos de cuidado y remuneración durante la maternidad. Es importante mencionar que esta iniciativa “no afectaría a la licencia de maternidad para las mujeres cotizantes”, quienes actualmente disfrutan de cuatro meses y medio con remuneración. El Gobierno asegura que “la ampliación de derechos laborales en maternidad no compromete los beneficios ya establecidos para las mujeres que aportan al sistema”. Las organizaciones de mujeres y defensores de los derechos laborales, han insistido a los legisladores para que actúen rápidamente con el fin de transformar esta propuesta en una realidad.

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Buscan crear Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social

Actualidad, Colombia, Congreso de la República, DEBATE, Democracia, Gestión, Política, Trabajo / Angie Paola Algarra Rodríguez

Este proyecto, que ya hizo tránsito en Comisión Primera de la Cámara y en Plenaria de Senado, debe pasar por dos debates más para convertirse en ley de la República. Además, requiere la aprobación de 329 artículos para su consolidación. Al respecto la representante Astrid Sánchez, del Partido de la U, expresó “Es un código con más de 75 años de vida, creemos que necesita una jubilación porque no responde a las necesidades actuales de los trabajadores” Los representantes garantes de crear y expedir el articulado de este proyecto son: Astrid Sánchez Montes de Occa, Karyme Adriana Cotes Martínez Dentro de los representantes que tienen proposiciones al respecto se encuentran: Juan Daniel Peñuela Calvache, Hernán Darío Cadavid, Diógenes Quintero, Pedro José Suárez Vacca, Julio César Triana Quintero, Juan Sebastián Gómez Gonzáles, Marelen Castillo y Luis Alberto Albán. Esta iniciativa cuenta además con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, Defensoría del Pueblo, Universidad Libre, Externado, Ministerio de Justicia, Magistrados y juristas de la Universidad del Rosario. Dentro de sus objetivos se promueve: Adaptación a la actualidad por medio del uso de las TIC Brindar seguridad jurídica en procesos laborales Agilidad en los procesos Enfoque diferencial de género Implementación de una justicia retributiva, compensatoria, restaurativa Quitar vacíos y ambigüedades de la normativa Posibilidad de unificar la Jurisprudencia ¿Qué pasa si se aprueba? Su vigencia empezará seis (6) meses después de su publicación. Asimismo, el Consejo Superior de la Judicatura implementará un plan de formación para funcionarios, empleados judiciales y abogados litigantes. Por otro lado, todos los procesos iniciados con anterioridad a la vigencia de este Código se continuarán tramitando por las normas procesales anteriores, con el fin de no interrumpir en el proceso de los mismos.

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Cámara de Representantes aprueba ponencia de la Reforma Laboral

Actualidad, Bogotá D.C., Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, DEBATE / Valentina García

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó con 91 votos a favor y 4 en contra la ponencia de la Reforma Laboral, presentada por el Gobierno Nacional. La propuesta que busca formalizar al menos un millón de trabajadores, fue defendida por María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara, como una medida para cerrar las brechas de inequidad entre trabajadores y contratistas, así como para recuperar derechos laborales perdidos. “Es el momento económico perfecto para esta reforma. Tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) más alto del previsto y una inflación en descenso”, aseguró Carrascal, quien también destacó que las empresas solo destinarían el 0,8 % de sus ingresos a los costos que traería la reforma, dejando una utilidad del 25,7 %. Asimismo, rechazó las proyecciones del Banco de la República sobre la posible pérdida de 400.000 empleos, argumentando que el análisis está desactualizado. La oposición no cedió en su posición El debate, tuvo una fuerte resistencia desde la oposición. Piedad Correal Rubiano, del Partido Liberal, expresó su desacuerdo con la narrativa de precarización laboral, señalando que “la microempresa genera empleo y es fundamental protegerla”. Por su parte, Luz Pastrana del partido Cambio Radical criticó que “esta reforma no responde a las necesidades del campo ni protege al empresario”, advirtiendo sobre un posible aumento en la informalidad laboral. El representante del Centro Democrático, Christian Munir Garcés, también se pronunció en contra. “Los invito a votar negativo. Esta reforma encarece los costos de producción, y eso es preocupante para las pequeñas y medianas empresas”, afirmó. Katherine Miranda, de la Alianza Verde, cuestionó la falta de concertación real entre las partes. “Nos dicen que habrá diálogo nacional, pero en la práctica no hemos visto una verdadera conversación entre gobierno, trabajadores y empresarios”, aseguró. La concertación final A pesar de estas objeciones, y de riesgos en el quórum, la Reforma avanzó hacia la votación positiva del documento, que está compuesto por 80 artículos, todos con proposiciones ya radicadas. La representante Olga Lucía Velázquez celebró la aprobación de la ponencia, resaltando la recuperación de los recargos nocturnos y dominicales, y la creación del Programa de Empleos Nocturnos (PEN) para reglamentar estas jornadas. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien estuvo presente en la sesión, lamentó la retirada de algunas bancadas del debate y expresó su esperanza de que se unan en la discusión de los artículos. “Es fundamental que trabajemos juntos para lograr una reforma que beneficie a todos”, declaró. Con la aprobación de la ponencia, el Congreso continúa con el debate del articulado, y se espera que pronto se pueda concretar su implementación.

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Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación enfrentó críticas y polémica por su gestión

Actualidad, Bogotá D.C., Congreso de la República, DEBATE, Gobierno, MinCiencia: Ciencia / Valentina García

En la sesión de control político de la Comisión Sexta, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, recibió fuertes críticas por su manejo de la cartera y los escasos avances en materia de tecnológica durante el año, durante debate de control político. La diligencia, que inicialmente se centraba en la gestión del ministerio, se desvió hacia una intensa discusión personal de posiciones políticas y presunta discriminación racial. De las primeras en intervenir fue la representante Jennifer Pedraza quien fue la más contundente en su crítica. “El hecho de que se haya decretado un recorte del 25% al presupuesto, significa que, al final de este gobierno, el Ministerio podría no existir. Esta fue una lucha del sector científico, y estamos frente a la peor gestión de esta cartera”, afirmó. Pedraza también denunció problemas laborales dentro de la entidad, mencionando que 35 personas han renunciado en los últimos 10 meses desde la llegada de Olaya. Soledad Tamayo, en contraste, hizo un llamado a la calma, reconociendo algunos avances de la ministra a pesar de los problemas presupuestales. “Es importante que en este último periodo del año se avance a pasos más grandes”. El inicio de la polémica La intervención de la ministra Olaya, sin embargo, avivó aún más las tensiones. Durante su respuesta, acusó al senador Guido Echeverri de promover “tesis del siglo XIX” basadas en jerarquías de la “blanquitud”, lo que generó incomodidad entre varios de los presentes. Adicional a ello, defendió su administración “No prestan atención a las investigaciones que estamos realizando. Mi administración se caracteriza por la transparencia”, al tiempo que destacó un crecimiento presupuestal del 7% para 2025 y nuevas inversiones internacionales, incluyendo el primer Data Center de IA gestionado en colaboración con Emiratos Árabes. El Senador Guido Echeverri, de la Alianza Verde no dejó pasar los comentarios sobre las “jerarquias de blanquitud” y exigió a Olaya que respondiera a las críticas sobre su gestión sin recurrir a la “victimización”. Y advirtió “Aunque no le guste, haremos un seguimiento a su administración”. Al finalizar el debate, la mayoría de los representantes y senadores no quedaron satisfechos con las respuestas de parte del Ministerio, y señalaron que continuarán exigiendo resultados más concretos en la gestión de la cartera de ciencia y tecnología, citando a un nuevo debate de control, dónde se pueda hablar desde lo político y no desde lo personal.

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Presidente del Senado afirma tener los votos necesarios para frenar la reforma tributaria de Petro

Actualidad, DEBATE, MinHacienda, Senado / Valentina García

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró tener el respaldo parlamentario suficiente para bloquear la reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro. Así lo hizo saber, durante el Congreso Empresarial Colombiano organizado por la Andi. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, dijo en representación del Gobierno que se busca recaudar $12 billones para cubrir el déficit fiscal del país. A pesar de que Bonilla ha afirmado que la reforma no afectará el IVA de la canasta familiar ni reducirá los umbrales de contribuyentes de personas jurídicas, la propuesta ha generado un intenso debate debido a la posibilidad de aumentar las rentas no laborales, incluyendo ganancias ocasionales derivadas de la venta de propiedades y vehículos. Bonilla ha intentado tranquilizar a los críticos, subrayando que “no estamos cruzando líneas rojas. Estamos buscando los huecos donde todavía podemos controlar la evasión, en eso se concentra el proyecto”. Sin embargo, estas declaraciones no han sido suficientes para mitigar las preocupaciones y objeciones de diversos actores económicos y políticos. Mientras tanto, el Congreso enfrenta la presión de aprobar el Presupuesto General antes del 15 de septiembre, en medio de un debate dividido sobre la mejor manera de integrar o separar las discusiones fiscales y presupuestarias. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, advirtió sobre los potenciales riesgos económicos que podría traer consigo una nueva reforma tributaria. Mac Master expresó que “una reforma que disminuya aún más el ingreso disponible de los hogares o que afecte la actividad económica podría conducir a una recesión económica”. “El Congreso ignoró nuestras advertencias y hoy todo el país enfrenta las consecuencias de esa falta de atención y de la falta de diálogo por parte del Ministerio de Hacienda, agregó el líder gremial”. Finalmente, enfatizó en la necesidad de considerar las repercusiones de las políticas fiscales en la estabilidad económica del país.

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Se abre debate sobre la “Expropiación Exprés”: Ministro del Interior habla sobre Proyecto de Ley Agraria en Colombia

Actualidad, Colombia, DEBATE, Mininterior / Valentina García

El Gobierno Nacional de Colombia, presentó este martes ante el Congreso, un proyecto de ley que busca reglamentar la Jurisdicción Agraria y Rural, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, subrayó que la propuesta tiene como objetivo implementar una “justicia especial para el campo” adaptada a las necesidades de las zonas rurales, abarcando temas como la posesión y tenencia de tierras, servidumbres agrarias, y el deslinde y amojonamiento de predios. Esta iniciativa, será sometida al primer debate en la Comisión Primera del Senado. Sin embargo, la inclusión de una cláusula en el artículo quinto del proyecto ha encendido un debate público sobre la posible introducción de ‘la expropiación exprés de tierras’. La Representante del partido Verde, Katherine Miranda, ha sido una de las primeras en expresar su preocupación, alegando que la declaración de “utilidad pública e interés social” para actividades de reforma agraria podría ser interpretada como una justificación para la expropiación de tierras fértiles, Miranda advirtió que esta disposición podría abrir la puerta a la adquisición forzosa de terrenos sin una compensación adecuada para los propietarios. En respuesta a estas críticas, Juan Fernando Cristo aclaró que el proyecto no tiene la intención de implementar una ‘expropiación exprés’. Explicó esta figura en función social de la propiedad ya está establecida en la legislación colombiana desde 1936 y que cualquier decisión relacionada con expropiar será tomada exclusivamente por jueces, con la posibilidad de apelación en segunda instancia. El ministro expresó que “El proyecto de ley surge del Acto Legislativo que creó la jurisdicción agraria y busca facilitar la resolución de conflictos agrarios que han sido una fuente de tensión durante los más de 60 años de conflicto armado en Colombia”. También enfatizó que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) solo evaluará la idoneidad de los terrenos para su adquisición, mientras que la decisión final sobre cualquier expropiación será competencia de los tribunales. El Ministro aseveró que “Vale la pena invitar a un debate sereno y tranquilo. Lo primero, explicarle a la gente sobre qué trata el proyecto de ley de jurisdicción agraria que es uno de los compromisos fundamentales establecidos en el Acuerdo de Paz del año 2016, o sea de hace 8 años, que no había cumplido el Estado colombiano” además Aseguró que el proyecto busca fortalecer la justicia agraria en las zonas rurales, especialmente en áreas históricamente desatendidas por el Estado.

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MIT HARVARD COLOMBIA CELEBRÓ LA CUMBRE POR EL FUTURO DEL PAÍS

DEBATE, Desarollo, Empresa, Especiales, Internacional / Erika Baute

Desde los salones del Metropolitan Club de Bogotá, MIT Harvard Colombia congregó a más de 200 líderes de todo el país para debatir lo que le espera a la nación andina en los próximos años. Al evento acudieron personalidades colombianas destacadas por su trabajo en el sector público, el emprendimiento, la academia, la innovación y la inclusión social, entre ellos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el presidente de la CAF, Sergio Díaz-Granados y el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Con la mirada en la construcción de un futuro para el país, los asistentes al encuentro llegaron a varias conclusiones, por ejemplo, que Colombia está en una coyuntura en donde sus habitantes caminan hacia grandes cambios, incluida la apuesta por la transición energética, y la necesidad de ser más competitivos y atractivos para los inversionistas nacionales y extranjeros, de cara a los retos que se tienen en materia económica, social y ambiental. En su intervención, el alcalde Carlos Fernando Galán, reconoció que la ciudad de Bogotá tiene grandes retos para seguir avanzando en su desarrollo, pensando en los desafíos que se tienen, incluido el climático. Admitió que se han presentado atrasos en los proyectos de transmisión de energía eléctrica colectora y advirtió sobre los riesgos a los que se enfrentan para satisfacer las necesidades en materia de fluido eléctrico. En diferentes escenarios, el mandatario ha manifestado que los canales de transmisión de donde se genera la energía al Distrito Capital son insuficientes y que, si no se hace algo, Bogotá va a vivir una crisis energética en uno o dos años. Esta conferencia se realiza anualmente y busca identificar las tendencias hacia las que va el país y discutirlas desde la razón, según los organizadores. “En un ambiente tan polarizado donde se están llevando a cabo conversaciones sobre el país, se tiene esta prestigiosa plataforma como un lugar de espacio constructivo”, afirma el vicepresidente del MIT-Harvard Club de Colombia, Valentín Sierra Arias, al resaltar su realización. Panel de Transición Energética Los panelistas Alexandra Hernández, presidenta de la Asociación de Energías Renovables; Neil Woodyer, CEO de Aris Mining; Diego Pérez, VP de Soluciones Energéticas Promigas y Felipe Bayón, experto de Oil & Gas y Energía, coincidieron en que se debe tener una transición energética gradual y adecuada a las necesidades y realidades del país, diferenciándose de los modelos aplicados en otros países más desarrollados. También destacaron que el sector hidrocarburos no es el principal responsable de las emisiones de carbono en Colombia. Panel Startups En panel sobre los Start-Ups se reunieron Guillermo Jaime de hackU, José Vélez de Bold.co, Camila Salamanca de Endeavor Colombia, Juan Cristobal Constain de Quipu y Adriana Suarez Pardo de MatterScale Ventures. Juntos resaltaron el impacto de las start-ups en el crecimiento económico y la generación de empleo en Colombia, cada uno mencionando el camino de su propio negocio para abordar desafíos sociales y ambientales, promoviendo, al mismo tiempo, un desarrollo inclusivo y sostenible. Se discutió cómo estas empresas emergentes estan impulsando la innovación, diversificación económica y como están gestionando inversiones extranjeras – un reto en la era post-COVID. Los modelos de negocio innovadores son un tema de interés en inversiones de impacto, y seguirán siendo temas centrales en la discusión del desarrollo del país. Panel sobre economía En este panel se incluyeron figuras representativas de los diversos motores de desarrollo a nivel nacional, tales como Ángela Hernández, presidenta de J.P. Morgan; Javier Díaz Fajardo, presidente de Bancoldex; Mauricio Cárdenas Santamaría, director de MPA en Liderazgo Global en Columbia University y Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, entre otras. “Colombia es un país que tiene todos los recursos pero que debe aprovechar y avanzar de manera más expedita, vivimos en una nación con grandes activos y oportunidades pero el reto es anticipar las oportunidades de inversión y ejecutarlas”, coincidieron los participantes. Consideraron que la inversión extranjera directa sí está llegando al país y que a pesar de la incertidumbre siguen creyendo en Colombia. A los asistentes no les cabe duda de que el trabajo entre el sector privado y público, es la clave para avanzar y promover el desarrollo de comunidades en los territorios. Inteligencia artificial & educación Expertos en educación y tecnología se reunieron para explorar el impacto transformador de la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo. El panel, que contó con la participación de destacados profesionales como Nohora Mercado Caruso, Claudia Patricia Restrepo Montoya, Carlos Alarcón y Giovanni Stella de Google, subrayó la importancia de desarrollar habilidades para formular preguntas de alta calidad, integrar efectivamente la IA en los procesos de enseñanza-aprendizaje y fomentar el pensamiento algorítmico. Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la capacitación continua de la fuerza laboral para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado laboral. Los panelistas también abordaron la crucial importancia de impulsar la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) en Colombia como medio para potenciar la innovación y el progreso tecnológico. En este contexto, se destacó la iniciativa “Mompox Inteligente” del Departamento de Bolívar como un ejemplo vanguardista de promoción tecnológica a nivel regional. En conclusión, el panel dejó claro que la IA tiene un papel crucial en la formación del futuro de la educación. Sin embargo, también nos invita a reflexionar sobre los desafíos que esto implica. ¿Cómo garantizamos que la IA se utilice de manera ética y justa en la educación? ¿Cómo nos aseguramos de que todos tengan acceso a estas oportunidades? ¿Cómo hacemos para que Colombia lidere la revolución de IA en América Latina? Estas son preguntas que el país debe considerar a medida que avanzamos hacia este emocionante futuro.

MIT HARVARD COLOMBIA CELEBRÓ LA CUMBRE POR EL FUTURO DEL PAÍS Read More »