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AVANCE / Congreso aprobó la Reforma Laboral presentada por el Gobierno del Cambio que ahora pasa a sanción presidencial y será Ley de la Republica

Actualidad, congreso de la republica, DEBATE, Presidencia / Erika Baute

Las plenarias de Cámara y Senado de la República aprobaron este viernes el informe de conciliación de la Reforma Laboral presentada por el Gobierno nacional y que se convertirá en Ley una vez la sancione el presidente Gustavo Petro. Las dos cámaras legislativas fueron citadas este viernes, último día de la actual legislatura, para estudiar el informe de conciliación. En la plenaria del Senado el proyecto de Reforma Laboral se aprobó con 59 votos por el Sí contra 16 por el No, mientras en la Cámara de Representantes la votación fue 126 a favor de la Reforma y 2 en contra. “El Gobierno del presidente Gustavo Petro quiere agradecerle al Congreso de la República por la aprobación de esta reforma progresista, que les devuelve a los trabajadores los derechos que habían perdido e incorpora otros nuevos y ayuda a consolidar el aparato productivo del país”, aseguró el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tras aprobarse el informe de conciliación. Dijo el ministro que “de esta manera Colombia honra sus compromisos con la comunidad internacional y con organismos como la Organización Internacional del Trabajo”.

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Presidente Petro acata decisión del Consejo de Estado sobre decreto de Consulta Popular, pero advierte que no la comparte e interpondrá recursos de ley

Actualidad, Corte Constitucional, DEBATE, Presidencia / Erika Baute

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que acata la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado de suspender el decreto 0639 de 2025 que convoca la Consulta Popular, pero no la comparte, por lo que anunció que interpondrá los recursos de ley. En su la publicación, el jefe de Estado aseguró que “acato esa decisión, pero no la comparto, dado que, repetitivamente al presidente se le quita su poder constitucional, y al pueblo en sus derechos convencionales como elector, y ahora, transitoriamente, como el mayor poder legítimo de la nación, en la sección quinta’. Por esta razón, reiteró que respeta esta medida cautelar que definió la Sección Quinta del Consejo de Estado, que suspendió los efectos del decreto mientras analiza los alcances jurídicos de una demanda interpuesta, pero insistió en que “me siento irrespetado; interpondré los recursos de ley’. En su escrito, el mandatario enumeró las solicitudes que hizo a la célula del Alto Tribunal, para lo cual aseguró que, en primera medida la Corte Constitucional “es el Juez Natural para estudiar de manera exclusiva la constitucionalidad del Decreto 0639′; además, “que se resolviera en Sala Plena, pues ni más ni menos, se trata de una convocatoria al soberano popular, y se unificara jurisprudencia’. De la misma manera, denunció que la Sección Quinta “decidió frenar el trámite con Medida Cautelar, sin discusión de los argumentos del presidente. Considero que así se vulneran mis derechos constitucionales surgidos del voto popular mayoritario’. “Dicen que no había sido notificado, contradictorio, en otros casos de tutela aducen lo contrario’, enfatizó al insistir en que “sacrifican, lo sustancial’ privilegiando, de esta manera, la forma, por lo que recordó que la Constitución “dice que lo sustancial domina la forma’. Anotó que la demanda que instauró el senador Efraín Cepeda, “en su derecho, tuvo más peso que los argumentos’ que ha esgrimido el Presidente de la República en la Sección Quinta, de los cuales aseguró “que ni siquiera han sido tenidos en cuenta’, lo que, según denunció: “Ha resultado en una suspensión de un decreto’ emitido por el jefe de Estado que “clama por la voz del soberano popular’. Esta situación, de acuerdo con el presidente Petro, suspende la voz del soberano “supremo de la nación: el pueblo’.

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Presidente Petro confirmó que firmó acuerdo con la iglesia católica y representantes de instituciones del Estado para reducir ‘la violencia verbal’

Actualidad, Colombia, DEBATE, Presidencia / Erika Baute

“He firmado el acuerdo con la Iglesia católica y representantes de instituciones del estado, que versa sobre las formas, buscando reducir la violencia verbal. Nuestras manifestaciones siempre tienen un ambiente: la alegría y la esperanza y la afirmación de los derechos. No gritamos: ‘fuera’ a nadie, ni odiamos”. Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en la que enfatizó: “Somos firmes pero no odiamos, ni hablamos de echar balín, plomo o matar. No agredimos periodistas” y aclaró que “exigimos que se cumpla la constitución de 1991″. La muerte no genera seguridad El mandatario aseguró que “la paz es construir justicia social, y no consiste en matarnos entre nosotros. La muerte no genera seguridad”. Aseguró que “reducir violencia verbal no es apagar los argumentos. Diremos nuestros argumentos con máxima decencia, Al contrario, el debate es sobre argumentos”, de hecho, comentó que “le dije al Partido Conservador que vuelva a la encíclica ‘Rerum Novarum’ del Papa León XIII, donde se habla de dignificar la vida de las y los trabajadores”. Aclaró que “es falso completamente el argumento que los microempresarios se quiebran si suben los salarios de los trabajadores. El microempresario es un trabajador por cuenta propia o son sus hijos y familiares sus trabajadores. El microempresario no es afectado por la reforma laboral”. Por esta razón, aseguró que “lo que si hay que hacer es darle crédito barato, que se asocie libremente, brindar conocimiento y tecnología. Nada mejor que asociar microempresarios y aprendices del Sena en cooperativas rurales y urbanas”. “El microempresario crece si los trabajadores ganan más, porque aumentan sus ventas”, aclaró. En sus palabras escritas en la red social, el presidente Petro aclaró que “no es cierto que los atentados contra el senador Miguel Uribe, provengan de quienes pedimos justicia social para el pueblo campesino y el trabajador urbano, eso es una calumnia que rechazamos”. Bajar los ánimos desatados por el atentado “Hay quienes dicen que para bajar los ánimos desatados por el atentado debemos bajar la Consulta Popular. No señores, la Consulta Popular no tiene nada que ver con el atentado. No aceptamos esas insinuaciones bajas y morbosas”, enfatizó el mandatario. Ante esta circunstancia denunció que “quieren que yo no investigue. Tengo el derecho de investigar quién quiere matarme y denunciarlo, aquí actúo como víctima, y sí, lo digo, hay indicios no comprobados aún, que hemos entregado como información a la Fiscalía. Los asesinos quieren que nos matemos entre nosotros, acaban de asesinar, usando un niño, a un concejal de San Andrés de Cuerquia, Antioquia: Juan Camilo Espinoza Vanegas, indígena en silla de ruedas de Aico, uno de los movimientos políticos que me apoyó”. En su escrito, envió un sentido mensaje: “Yo quiero que el senador Uribe se vuelva a abrazar con sus hijos, y quiero que el pueblo trabajador recupere sus derechos y se haga la consulta popular”. “Si el Senado avanza respecto a lo aprobado ya por consenso en la Cámara de Representantes, firmaré la ley de Reforma laboral y se levanta la Consulta”, concluyó.

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Gustavo Petro defiende incremento de la UPC anunciado por MinSalud y responde críticas de Enrique Peñalosa

Actualidad, Colombia, DEBATE, MinSalud, Opinión, Política, Presidencia, Sucre, Tecnología / Erika Baute

Luego de que el Ministerio de Salud anunciara mediante la resolución 2718, que el aumento de la UPC para 2025, quedó en un 5.36 %, un 10 % por debajo de las expectativas del sector, han salido a luz fuertes críticas al respecto entre ellas la del exalcalde de la capital del país, Bogotá, Enrique Peñalosa, quien por medio de sus redes sociales escribió: “El incremento que hizo @petrogustavo de los recursos para la salud muy por debajo del incremento de los costos, y por debajo del incremento del salario mínimo decretado, es criminal. Miles de colombianos morirán por falta de atención. A Bogotá la revientan porque Capital Salud se termina de quebrar, no podrá pagarle a los hospitales distritales y la ciudad tendrá que cubrir buena parte de esto. Petro acabando con el país pero los izquierdistas y petristas felices (sobretodo los que tienen puestos, contratos y negociados con el gobierno)”. Respuesta presidencial Por supuesto la respuesta del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego no se hizo esperar y por medio de sus redes sociales le respondió de manera tajante al exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa de esta manera: “¿Por qué es criminal que la UPC para salud crezca 5,4% este año, si la inflación para este año será del 3%? ¿Quieren seguir hinchando los bolsillos de los dueños de las EPS con dineros públicos, igual que hacen con los dueños de buses de transmilenio? ¿Les pareció poquito que se hubieran robado 9 billones del dinero público de la salud en el año del Covid? ¿Les pareció poquito que luego que se transformaran en aseguradoras financieras, el exministro Gaviria les haya regalado otros billones de pesos que también se esfumaron porque no dejaron para las reservas técnicas que exige la ley y que suman otros 10 billones de pesos? ¿Les pareció poquito que Coosalud haya servido de fiador para los préstamos particulares del dueño de la EPS por 400.000 millones, que luego no pagó y que en la junta directiva de la EPS, los Santos y los Pastrana no hayan dicho ni pío? ¿Le pareció poquito que la Nueva EPS de los Vargas Lleras, haya escondido 5 billones de deudas en facturas para hacer aparecer falsamente que la EPS estaba bien, solo con el fin de seguir ordeñando al estado con decenas de billones de pesos? ¿Le pareció poquito a Peñalosa esto, y ahora quieren que el gobierno del cambio les de más? ¡Mamola! “ Sobre la UPC Cabe destacar que la UPC es la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que financiará los servicios y tecnologías en salud de los regímenes subsidiado y contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para la vigencia 2025, lo que le convierte en un elemento clave del sistema de salud nacional, pues se refiere a los dineros que deberá emitir el Gobierno Nacional a las EPS por cada afiliado para cubrir sus servicios médicos, medicamentos y tratamientos.

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Petro le contestó a Uribe “La Fiscalía y el Das estaban en manos del paramilitarismo”

Actualidad, Antioquia, Colombia, DDHH, DEBATE, Democracia, Judicial, Medellín, Partidos Políticos, Personajes, Política, Presidencia, REGIONALES / Erika Baute

Luego de la rueda de prensa en la que el exmandatario nacional Álvaro Uribe Vélez, se refiriera a los hallazgos de La Escombrera y defendiera la famosa operación militar ‘Orión’ desplegada en la comuna 13 de Medellín durante hechos ocurridos en octubre del 2002 , como era de esperarse Gustavo Petro Urrego, actual mandatario de los colombianos salió al paso a las reflexiones y afirmaciones de Uribe diciendo “la Policía, el Ejército, Gaula, DAS, CTI, Fiscalía, Procuraduría y la Alcaldía de Medellín” Recordemos que Uribe indicó que, “Orión fue ejecutada por la Policía, el Ejército, Gaula, DAS, CTI, Fiscalía, Procuraduría y la Alcaldía de Medellín. Se capturaron 23 cabecillas y 243 integrantes de organizaciones criminales”. Gustavo Petro, no tardó en responder a las afirmaciones del líder del Centro Democrático y esto dijo “La Operación Orión, en la comuna XIII de Medellín, fue ejecutada por las entidades que dice el expresidente Uribe y está en lo cierto, solo que la Fiscalía, que dirige el CTI, y El DAS estaban en manos del paramilitarismo”. También indicó que estas entidades “actuaron en asocio con otros cabecillas y delincuentes: los paramilitares de Don Berna que se quedaron con el territorio y desaparecieron más de 500 personas y desplazaron miles fuera de la comuna”. Centro Democrático también le respondió al presidente Por su parte el Centro Democrático se hizo presente en la polémica y le respondió a Gustavo Petro “Deje de ver por la ideología, por la frustración, por su resentimiento. Usted no ve la realidad, y como dato mata relato, nosotros estamos en la obligación de contarle la verdad al país”, esto por medio de un comunicado que se emitió en la cuenta oficial de X de la colectividad. Al igual de Álvaro Uribe defendieron la operación Orión “el Estado de Derecho no puede permitir que grupos criminales empuñen las armas contra la población civil como ahora sucede en muchas regiones de Colombia”. “No podemos tolerar que asesinen niños porque se niegan a ser reclutados por los grupos armados. Es absolutamente inaceptable que el Estado renuncie a su obligación de proteger a la población civil como ocurría en la Comuna 13 y ahora sucede en cientos de poblaciones en Colombia”. Finalmente solicitaron a Petro que “reconozca que su paz total fracasó”.

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Se aplazó primer debate del proyecto de ley para modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de Educación Superior

Actualidad, Bogotá D.C., Congreso de la República, DEBATE, Educación, Partidos Políticos, Política / Erika Baute

Presidente de la Comisión Sexta de Senado, Pedro Flórez, manifestó su respaldo a la iniciativa y anunció audiencias públicas en el primer periodo legislativo de 2025. Se aplazó hoy, en la Comisión Sexta del Senado, el primer debate de la iniciativa legislativa, que propone un Acuerdo Nacional por la Educación Superior para transformar inicialmente el sistema de financiación de la educación superior pública en Colombia mediante la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. En el marco de esta discusión, se anunciaron audiencias públicas para el primer periodo legislativo de 2025 y se reiteró el compromiso del Gobierno, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, de cerrar las brechas históricas de desfinanciamiento estructural que afectan a las instituciones de educación superior. El viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, reportó que pese a que el presupuesto asignado a la educación ha alcanzado su nivel más alto en la historia, muchas universidades públicas, como la Universidad de Antioquia, enfrentan dificultades para cubrir sus gastos operativos. “Este es un momento crucial para trazar un punto de inflexión en la educación pública. No solo buscamos ampliar la cobertura, sino también garantizar mejores condiciones para estudiantes, docentes y comunidades universitarias en todo el país”, expresó el viceministro de Educación Superior. El proyecto presentado por el Ministerio de Educación al Congreso propone una reforma estructural a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que permitirá una distribución más equitativa de los recursos para las instituciones de educación superior. Además, incluirá a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, que representan más del 20% de la matrícula nacional, dentro de un esquema de financiamiento sostenible. “Este proyecto de ley representa una oportunidad histórica para cumplirle a la educación pública en Colombia. La reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 busca garantizar que la educación superior sea un derecho accesible para todos los colombianos, ajustándose a las necesidades actuales del sector”, señaló Pedro Flórez, presidente Comisión Sexta de Senado. “Las 33 instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias públicas han trabajado en mesas de concertación con estudiantes, docentes y congresistas, pero el gobierno nacional no ha asignado recursos para su funcionamiento, lo que ha llevado a la precarización de su desarrollo”, indicó Óscar Porras, rector de Unipaz, quien agregó que es fundamental conseguir recursos para financiar el sistema de educación superior público, que actualmente se sostiene principalmente por las matrículas de los estudiantes. “La educación superior debe ser gratuita, es el derecho a educarse de la juventud. Debemos fortalecer la obligatoriedad de la educación y avanzar hacia la universalidad, reconociendo la autonomía de las instituciones de educación superior y garantizando la permanencia y el bienestar universitario, así como escenarios libres de violencia. Es hora de pensar en un tránsito hacia la universidad pública y no endeudar a más jóvenes”, expresó Sara Kingler representante de los estudiantes.

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Regiones lanzan SOS por recorte presupuestal

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, DEBATE, Gobierno, Regiones / Erika Baute

Los gobernadores advirtieron sobre recortes en el Presupuesto de Regalías que podrían en riesgo, en su concepto, la financiación de programas y proyectos viales para el desarrollo de los departamentos, así como la atención a necesidades de las comunidades como alimentación, transporte escolar y vivienda, entre otros. Según los mandatarios, existen imprecisiones en la formulación del monto asignado para el bienio 2025-2026. En una reciente declaración, la Federación Nacional de Departamentos, FND, que agrupa a los 32 gobernadores del país, consideró que los ajustes anunciados suponen reducciones que son clave para la inversión de obras sociales en los territorios. Pidió además claridad y transparencia en los procesos de liquidación de los recursos respectivos. En esa línea, advirtió que el recorte “injustificado” del presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR), afecta “gravemente el cumplimiento de las metas establecidas en los planes de desarrollo departamentales y municipales, y los objetivos diseñados para el progreso socioeconómico de las regiones”. Acompañamiento a proceso La Federación exhortó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Minería para que develen las fórmulas con las que se proyectan dichos ingresos. También hizo un llamado a la Contraloría General de la República para que acompañe y sea un garante de este requerimiento. “Es prioritario que las regiones cuenten con una dinamización de recursos tendientes a la estabilidad de sus inversiones, para lo cual es fundamental una correcta articulación entre el Gobierno Nacional, los mandatarios departamentales y locales, y el Congreso de la República”, indicó la FND en un comunicado, donde anunció que los gobernadores pondrán a consideración del Legislativo sus observaciones al proyecto de ley, con el objetivo de lograr un presupuesto para el bienio 2025-2026 a la altura de los desafíos económicos y sociales de los territorios. Carácter centralista La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien ejerció como vocera de los mandatarios regionales de Colombia, dijo que tan solo su departamento dejaría de recibir 122 mil millones de pesos para programas sociales. “Esto es lo que hemos denominado los gobernadores, y en especial la gobernadora del Meta, un raponazo a las regalías de los departamentos, de los territorios donde tenemos esos recursos financiando proyectos importantes como la alimentación y el transporte escolar, las vías secundarias y las vías terciarias; que entran a beneficiar directamente a esos pequeños productores, a esos campesinos”. El proyecto, a su juicio, impone una serie de requisitos a los departamentos que solo reafirman el carácter centralista del Estado colombiano. “De ahí, la razón por la cual estamos hoy haciendo este llamado de parte de todos los gobernadores al Gobierno Nacional para que en ese proyecto de ley se tenga en cuenta lo que pensamos y, sobre todo, el impacto tan grave que se puede causar a estos sectores, además, desfinanciando también los planes de desarrollo que nos acabaron de aprobar en cada uno de los departamentos”, agregó. Modificaciones al proyecto Los mandatarios regionales presentarán proposiciones para eliminar del proyecto aquellos artículos que califican de lesivos para las finanzas departamentales. “Consideramos que deben eliminarse porque básicamente entra a cambiar las reglas de juego de los recursos de regalías del 40%; pero también queremos hacer unas modificaciones muy importantes que lleven a que los recursos que hay en estos momentos de regalías tengan menos obstáculos por parte del Gobierno Nacional”, precisó la gobernadora del Tolima. A su vez, el vicepresidente de la FND y gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, pidió que las reglas de juego que están vigentes en el tema de regalías no s e cambien y que “se sigan ejecutando” por el bien de los territorios. Anunció que durante el proceso de aprobación de la ley de presupuesto de regalías se creará una comisión para hacer acompañamiento tanto en las comisiones como en las plenarias de la Cámara y el Senado para que “seamos escuchados como regiones”. Por su parte, su colega del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, demandó un diálogo franco y honesto con el Gobierno Nacional para mirar cómo garantizar los recursos de inversión social de manera equitativa. Finalmente, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, aseguró que en el proyecto de ley se establecen unas reglas que harán “más grave la situación de la centralización, porque debemos someternos a unos lineamientos que va a establecer el Departamento Nacional de Planeación (DNP)”. Dejó claro que si no se hacen los ajustes que se están pidiendo, el impacto será “gravísimo” en los sectores de educación, salud, transporte escolar, alimentación e infraestructura vial. La descentralización, en primer orden Senadores y gobernadores se reunieron para analizar propuestas que garanticen el desarrollo de las regiones. En el encuentro, encabezado por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se habló sobre los proyectos a socializar, entre ellos la Reforma al Sistema General de Regalías (SGR), la Ley de Ordenamiento Territorial, la Regla Fiscal y las reformas al FONPET, entre otras iniciativas. “Creo que ambos sectores estamos en la misma orilla, nos duele lo que les duelen a la gente y vemos hoy a gobernadores sin herramientas para poder solucionar los principales problemas de la región. Algunos de ellos, incluso, han expresado que los recursos de las regalías no alcanzan para el Programa de Alimentación Escolar (PAE)”, sostuvo el jefe del Legislativo. Cepeda fue mucho más allá al afirmar que lo que ordena la Constitución del 91 es un proceso de descentralización, que no se está cumpliendo. “Todo lo contrario, se viene recentralizando más el país; el 80% de los recursos se manejan en la Nación y hoy hay renuencia de acudir a los alcaldes y gobernadores para la ejecución presupuestal: Al mes de agosto hay 79 billones de pesos del gobierno central parqueados en bancos y fiducias, si eso se les entrega a los alcaldes y gobernadores tendríamos una ejecución real y estaríamos cerca de las expectativas de los colombianos”, añadió. La queja de las regiones ante el Congreso Durante la mesa de trabajo, la gobernadora del departamento de Sucre, Lucy Inés García, expuso los

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Referendo de Autonomía Fiscal una necesidad de las regiones

Actualidad, Amazonía, Antioquia, Arauca, Atlántico, Atlántico, Bolívar, Boyacá: Andina, Bicentenario, Caldas, Caquetá, Caribe, Cartagena de Indias, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cúcuta, Cundinamarca, DEBATE, Democracia, Derechos, Gobernación, Gobierno, Guainía, Guaviare, Huila, Insular, La Guajira, Magdalena, Meta, Montería, Nariño, Norte de Santander, Presidencia, REGIONALES, Regiones, Risaralda, San Andrés, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés / Erika Baute

El referendo sobre autonomía fiscal busca que las administraciones departamentales puedan destinar hasta un 50% más de sus recursos a los sectores de educación, infraestructura, salud y seguridad, fundamentales en el propósito de los mandatarios regionales de mejorar las condiciones de vida de la población en sus territorios. Aunque los departamentos tienen autonomía para la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio, según lo establecido en la Constitución, la realidad es otra. En la práctica, según Ruiz, las regiones solo reciben entre un 5 y 10% del total del recaudo que le entregan al gobierno, lo que genera dificultades en la ejecución de proyectos. Esta situación llevó a los alcaldes y gobernadores a impulsar el referendo sobre autonomía fiscal, una iniciativa que podría significar un antes y un después en el progreso a nivel regional. En entrevista con la Revista El Congreso Siglo XXI, el exministro de Justicia y gerente del referendo Wilson Ruiz Orejuela, destacó los beneficios de la consulta que se promueve a lo largo y ancho del país, para la cual ya se han recogido más de un millón de firmas ciudadanas de las dos millones requeridas para su aprobación. ¿Qué lo llevó a impulsar esta iniciativa? Lo primero es que la Constitución establece que Colombia es un país descentralizado, pero esto no se cumple a cabalidad. Los entes territoriales tienen personería y autonomía administrativa, pero actualmente los tributos del impuesto a la renta, al patrimonio, lo recoge la Nación a través de la DIAN. Lo que se pretende, es que cada departamento recaude estos impuestos tributarios, que calculamos en unos $50 billones. Hoy, solo le regresan 5% a los departamentos y 10% a los municipios. Hay unos rubros claramente estipulados: educación, infraestructura, salud y seguridad; se busca que los recursos se destinen a estos sectores. Hay cinco departamentos que son los que más recaudan: Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Atlántico. Entonces, todo el dinero se recauda y se crea un fondo y se hace una redistribución desde la equidad y lo social. Ningún departamento recibirá menos, se calcula que recogerán hasta un 50% más. Así acabamos con el poder central sobre los recursos de los departamentos. ¿Cómo se le hará seguimiento a estos recursos? Creo en el principio universal de la buena fe. A mayor presupuesto, mayores controles. Las veedurías ciudadanas deben desarrollar un rol fundamental en el país. Hay que darle más dientes a las contralorías distritales y departamentales, a la Contraloría y a la Fiscalía. Tampoco debemos darles tantas prebendas a los políticos cuando cometen actos de corrupción. Al Congreso llegó otro proyecto de autonomía fiscal, ¿qué tanto podría beneficiar a las regiones? Me encanta que esta iniciativa surja del poder constituyente primario, que es el pueblo. La iniciativa del Congreso busca contrarrestar la nuestra y eso no está mal, por- que todas las propuestas son bienvenidas siempre y cuando pretendan el bienestar de las regiones. ¿Qué va a pasar con las regiones más empobrecidas? Hablamos de 32 departamentos. Hay unas regiones más pobres que otras y la idea es que les llegue hasta un 50% más del recaudo. Hablamos de una redistribución. Cada departamento designará un gerente que administrará sus recursos. ¿Cuál es el paso a seguir una vez aprobado el proyecto? Tenemos que elegir gobernadores transparentes en las próximas elecciones regionales. Las gobernaciones cuentan con un secretario de Hacienda que es el encargado de recaudar los re- cursos. Una vez se expida el acto constitucional debe salir una ley para designar una junta directiva. Además, la DIAN debe contar con un software lo suficientemente fuerte para que no se evadan los impuestos. ¿Cuál será el mayor desafío? El mayor desafío será el Congreso de la República. Una vez tengamos las firmas, calculamos que entre el 15 y 20 de diciembre las estamos radicando ante la Registraduría. Más o menos en febrero las certificarán y en marzo radicamos el proyecto de ley con mensaje de urgencia. A partir de ahí deberá cruzar cuatro debates y aprobarse en junio del 2025. Lo que más nos ánima es que no creemos que el Congreso se vaya a meter con el constituyente primario, es decir, el pueblo, que es el 5% del censo electoral. La ANIF advirtió sobre el riesgo de modificar el Presupuesto del SGP. ¿Usted que piensa? Hay que darles tranquilidad porque el sector central continuará recibiendo recursos a través de multas, sanciones, impuestos nacionales, entre otros. Hablamos de un reordenamiento económico para las regiones. Varios países nos han servido de modelo, como Canadá, Estados Unidos y España. Una de las mayores resistencias en este proceso es el Gobierno, ¿cómo lo enfrentarán? El presidente ha venido satanizando la figura de la autonomía fiscal para las regiones, pero mi interés no es cazar una pelea con el Gobierno, porque yo soy un demócrata. Lo que sí les quiero decir es que este proyecto va a enriquecer a los departamentos y los va a proyectar, generando competencia entre las regiones porque llegarán más empresas y la parte económica se va a disparar. ¿Cómo será el trabajo para con vencer a los congresistas? Vamos a meter a todas las regiones. Si nos torpedean el proyecto de ley tendrán que vérselas con las comunidades también. Usted es elegido congresista por voluntad del pueblo, pero cuando es este mismo el que pide autonomía para manejar los recursos, ahí es donde me parece que se van a chocar. ¿Los 32 gobernadores apoyan esta iniciativa? No, y yo los entiendo. Hay más de un gobernador que siente temor de que le bloqueen sus recursos. Diría que la gran mayoría están con nosotros. No me veo derrotado en esta iniciativa, me veo como un ganador. Si el referendo (sobre autonomía fiscal) no se da, estoy seguro que el mismo pueblo saldría a presentarla. ¿Estarían dispuestos a apoyar la iniciativa presentada por el Gobierno? Creo que uno no puede actuar con egoísmo. Si se trata del bienestar de Colombia estamos listos para apoyarlos.

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Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia: El centralismo en Colombia es asfixiante

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El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, considera que en Colombia hay un centralismo asfixiante que impide a las regiones invertir en sus necesidades más apremiantes, por lo que le da la bienvenida a la propuesta que viene tomando fuerza en los territorios de promover un referendo sobre autonomía fiscal para que estos no dependan de los recursos de la Nación. Según el mandatario, se tiene una deuda con los departamentos para que sus finanzas se vigoricen y se pueda seguir avanzando en el cierre de brechas sociales, sobre todo, en la zona rural. En entrevista con la Revista El Congreso Siglo XXI, el Gobernador habló sobre los beneficios que se tendrían, de prosperar el referendo, así como de la vaca por las vías de Antioquia que ha recibido más de 15 mil aportes voluntarios de 42 países, entre otros temas importantes. ¿Cuál sería el impacto del referendo en los departamentos? Esta es una iniciativa ciudadana que lidera un grupo de personas de varias regiones del país, quienes hacen parte del Comité Promotor conformado por Ana Lucía Villa, economista; Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta; Vanessa Mendoza, exrepresentante a la Cámara; Carlos Gustavo Cano, exministro de Agricultura; Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá; Hilduara Barliza, exdirectora de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior; Diego Santos, consultor y periodista; Paola Rivera, abogada; Wilson Ruiz, exministro de Justicia; María del Rosario Guerra, exministra de Comunicaciones, y Juliana Castañeda, líder social en temas de mujeres. A título personal, me gusta mucho esta propuesta porque tenemos una deuda con los departamentos para que sus finanzas se vigoricen. Al no depender de los recursos de la Nación, las regiones tendrán mayor autonomía en la toma de decisiones en favor del bienestar de los ciudadanos: inversión social y cierre de brechas. ¿Cómo lograr que se devuelvan facultades a las regiones en la toma de decisiones? En Colombia hay un centralismo asfixian- te que impide a las regiones priorizar e invertir en sus necesidades más apremiantes. Hay inequidad porque los municipios tienen rentas propias como el impuesto predial, que fueron determinados por la Constitución de 1991, pero los Departamentos no. Los ingresos más importantes provienen de rentas antiguas, originadas en la Colonia, con incentivos perversos para la gestión de su incremento, como los impuestos a los licores y al tabaco. Hay una alta dependencia en las regiones de las transferencias de la Nación. Yo fui alcalde del municipio de Rionegro, Antioquia, entre 2016 y 2019, y tenía más recursos de libre destinación anuales, que ahora como Gobernador de Antioquia. Las cifras son elocuentes: en Rionegro contaba con 400 mil millones de pesos para 150 mil habitantes. En Antioquia tenemos 190 mil millones de pesos para 7 millones de antioqueños. En resumen, esto se logra con una mejor distribución de los recursos en la estructura constitucional. Tras el recorte a las regiones, ¿cómo responderá a las necesidades del departamento? Antioquia es, al igual que la mayoría de los departamentos de Colombia, altamente dependiente de las transferencias de la Nación. Nosotros, de cada 100 pesos que proyectamos en nuestro presupuesto, cerca de 50 vienen del Sistema General de Participaciones -los cuales tienen una destinación específica, pero hay casos como Amazonas, donde es 90 de cada 100 pesos. Hay una estrecha relación entre esa alta dependencia a las transferencias de la Nación y una limitada capacidad de respuesta de los departamentos para atender las necesidades de la gente, las exigencias del territorio. La verdad es que compartimos los mismos dolores y carencias de otros departamentos. En subregiones como el Bajo Cauca y el Urabá uno encuentra situaciones abrumadoras. Tenemos dos millones de personas con inseguridad alimentaria; de 4.300 sedes educativas, la mayoría están en muy malas condiciones; 400 mil adultos mayores envejecieron sin una pensión y nuestras vías secundarias y terciarias están en muy malas condiciones. Tenemos que ser muy creativos y apelar a la austeridad en el gasto para no incurrir en excesos, para que nuestros coterráneos no sufran por esa inequidad injusta proveniente del centralismo, que tanto daño nos hace y que requiere una modificación. ¿Qué pasaría con los impuestos sobre la renta y el patrimonio? En ese escenario, serían los Departamentos los que administrarían estos dos impuestos para dejar de depender de las transferencias de la Nación. Los tributos existen para equiparar las cargas entre los ciudadanos y las regiones. No podemos pretender erradicar la pobreza y tener mejores niveles de equidad, haciendo siempre lo mismo. ¿Cuál es la mayor necesidad que aqueja a su departamento? Antioquia es un territorio con muchas necesidades que estamos atendiendo gracias al compromiso de un equipo de Gobierno que nos acompaña en esta tarea. Nosotros necesitamos un estado austero, pequeño, pero que no desatienda las causas sociales y una de ellas es la inseguridad alimentaria. Por ejemplo, un tercio de la población de Antioquia hoy padece situaciones de inseguridad alimentaria. Viendo esta situación tan delicada, le pedimos a la Asamblea Departamental que nos aprobara destinar el impuesto vehicular para disminuir la situación de hambre que hoy tenemos en Antioquia y finalmente nos lo aprobaron. Pero también tenemos otras situaciones delicadas: debemos reforzar la seguridad en todos los rincones del Departamento y hay que darlo todo por la libertad y seguridad de los antioqueños. Seguridad es salir tranquilo a la calle, levantarse y despertarse sin miedo; es generar las condiciones para que aumente la inversión que hace crecer la economía. Además, tenemos instituciones educativas en muy malas condiciones en su infraestructura física o con falta de dotación. No somos un departamento rico, como muchos creen. Nuestras carencias son muchas y estamos concentrados en reducir estas dificultades. ¿Cómo va la vaca para obras de desarrollo en Antioquia? A la fecha, la vaca por las vías de Antioquia que conectan a Colombia ha recibido más de 15.000 aportes voluntarios de 42 países por cerca de 6 mil millones de pesos. Esto evidencia el respaldo que ha tenido la propuesta por parte de los antioqueños, de los colombianos. Después de

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Gobierno propone ampliar licencias de maternidad para mujeres en el SISBÉN

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El Gobierno Nacional propuso extender la cobertura de la licencia de maternidad dentro de la reforma a la salud. La propuesta contempla que las mujeres beneficiarias del SISBÉN puedan recibir “medio salario mínimo durante tres meses”, lo que les permitiría dedicar tiempo fundamental a la lactancia y a proporcionar los cuidados esenciales que necesitan los bebés en sus primeras etapas de vida. Esta iniciativa, que será discutida en el Congreso, tiene como objetivo visibilizar y abordar la situación de cientos de colombianas que, tras dar a luz, se ven obligadas a regresar al trabajo en cuestión de días, muchas veces sin los recursos necesarios para cuidar adecuadamente a sus recién nacidos. “La propuesta beneficiará a un 75% de mujeres” De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al año se registran aproximadamente “510,000 nacimientos”, pero según datos del la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) solo “130,000 mujeres pueden acceder a la licencia de maternidad”. La propuesta del Gobierno buscaría beneficiar a “un 75% de mujeres en el país”, lo que contribuiría a cerrar las brechas existentes en términos de cuidado y remuneración durante la maternidad. Es importante mencionar que esta iniciativa “no afectaría a la licencia de maternidad para las mujeres cotizantes”, quienes actualmente disfrutan de cuatro meses y medio con remuneración. El Gobierno asegura que “la ampliación de derechos laborales en maternidad no compromete los beneficios ya establecidos para las mujeres que aportan al sistema”. Las organizaciones de mujeres y defensores de los derechos laborales, han insistido a los legisladores para que actúen rápidamente con el fin de transformar esta propuesta en una realidad.

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