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GASNOVA alerta por el no pago de subsidios al GLP

Actualidad, Colombia, Minas y Energía, MinHacienda, Presidencia / Erika Baute

La Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA manifestó su preocupación ante el retraso en el giro de los recursos destinados al pago de subsidios del consumo de GLP en redes de distribución, cilindros y compensación de transporte, del servicio público esencial de Gas Licuado del Petróleo (GLP), situación que afecta a los usuarios más vulnerables del país. Con respecto a los subsidios al consumo en redes de distribución urbana, estos no se pagan a las distribuidoras desde el mes de marzo del año pasado, afectando directamente a 360.000 personas de escasos recursos, pertenecientes a los estratos 1 y 2, minorías étnicas y sector rural, que dependen de este energético para cocinar. “A pesar de que el Ministerio de Minas y Energía (MME) ya verificó los montos de los subsidios por redes pendientes de 2025, las resoluciones de pago aún no han sido expedidas porque el Ministerio de Hacienda no ha dado el visto bueno”, aclaró Alejandro Martínez Villegas, presidente de GASNOVA. A corte de febrero de 2026, la deuda acumulada asciende a $36 mil millones de pesos por concepto de subsidios en redes de distribución, y $7,1 mil millones de pesos por la compensación de transporte hacia el departamento de Nariño. En cuanto a la deuda por subsidios al consumo de GLP en cilindros, en el presente mes el MME expidió las resoluciones de octubre y noviembre de 2025, pero el sector permanece a la espera del desembolso de los recursos por parte del Minhacienda. El MME ya finalizó también las validaciones de diciembre de 2025 y enero de 2026 para este rubro y el llamado del sector es a que estos pagos se hagan con la mayor celeridad. El presidente de GASNOVA señaló: “Es imperativo que el Gobierno Nacional agilice los trámites administrativos y priorice el giro de estos recursos que ya están verificados y disponibles. Estos pagos garantizan el acceso al GLP para más de 1 millón de ciudadanos que lo usan para cocinar”, puntualizó Martínez V. La demora en los pagos genera un riesgo en la continuidad de este servicio público que es esencial para las familias más vulnerables del país.

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Por decreto, Gobierno busca repatriar $125 billones de recursos de pensiones invertidos por fondos privados en el exterior

Actualidad, MinHacienda, Presidencia / Erika Baute

El Gobierno nacional publicó en la página web del ministerio de Hacienda y Crédito Público el borrador de decreto “mediante el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010, en lo relacionado con el régimen de inversión en activos en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias”. La norma en estudio, que estará disponible para comentarios hasta el próximo 4 de febrero de 2026 a las 12 de la noche, establece que los fondos privados de pensiones solo podrán invertir en el extranjero hasta el 30% de los recursos de pensiones de sus afiliados. El restante 70% deberá ser invertido en el país en sectores estratégicos de la producción nacional. Le puede interesar: Plan para repatriar recursos de pensiones debe ser gradual: presidente Petro Para ello, el borrador dice que el ministerio de Hacienda “podrá promover la creación de un banco de proyectos de inversión con enfoque productivo a través de cualquiera de los activos admisibles del régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias”. El documento señala que uno de los objetivos de la propuesta de decreto es “permitir nuevas oportunidades de inversión a nivel nacional, especialmente, aquellas destinadas al desarrollo de proyectos productivos en sectores con altos multiplicadores económicos, como el de infraestructura y construcción, los cuales, tienen potencial impacto positivo sobre el PIB, por encima del multiplicador promedio de la economía”. Otro de los considerandos del borrador señala que, de acuerdo con datos del Dane, los niveles de inversión en el tercer trimestre de 2025 representaban 19,7% del PIB y los niveles de ahorro 8% del PIB, “lo que evidencia la necesidad de promover el incremento del ahorro nacional para financiar eficientemente las necesidades de inversión del país. En este contexto, se hace necesario adoptar medidas para que el ahorro nacional se incremente y se invierta en el país”. El artículo primero del borrador de decreto pone un límite global del 30% de inversión en el exterior aplicable a la suma de los cuatro tipos de fondos de pensiones obligatorias: conservador, moderado, de mayor riesgo y especial de retiro programado. Sin embargo, para dar cumplimiento al decreto, se establece un régimen de transición: los fondos privados de pensiones obligatorias tendrán un plazo máximo de cinco años para dar cumplimiento al límite global de inversión en activos del exterior. No obstante, se prevé un esquema gradual de implementación de umbral intermedio: 35% al tercer año, y del 30% al quinto año. En la memoria justificativa del documento se asegura que, de acuerdo con información de la Superintendencia Financiera de Colombia, con corte al 30 de noviembre de 2025, “el total de recursos administrados por los fondos de pensiones obligatorias asciende a $527,3 billones, de los cuales $257,1 billones corresponden a inversiones en activos del exterior, lo que equivale a aproximadamente 48,8% del total del portafolio agregado”, y aclara que las administradoras de estos fondos cumplen con los límites individuales de inversión en el exterior “lo que evidencia que la propuesta no parte de un escenario de incumplimiento, sino de un ajuste prudencial de carácter agregado”. Es decir, que en un lapso de cinco años el ministerio de Hacienda y Crédito Público aspira a repatriar alrededor de $125 billones de los recursos de pensiones invertidos por los fondos privados en el exterior. El borrador de decreto concluye: “En síntesis, la propuesta regulatoria responde a una visión integral: proteger los intereses de los afiliados, garantizar la sostenibilidad del sistema pensional y promover el desarrollo del mercado de capitales colombiano. La implementación será gradual, técnica y transparente, asegurando que cada decisión esté respaldada por análisis de riesgo, estudios de mercado y criterios de rentabilidad ajustada. Con ello, se pretende consolidar un modelo de inversión que combine seguridad, rentabilidad y responsabilidad social, en beneficio de los afiliados y del país. La propuesta de repatriación de los recursos de pensiones fue planteada a finales del año pasado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, para “financiar buena parte de los proyectos estratégicos de infraestructura que tiene el país”.

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MinHacienda y Dian invitan a mesa de trabajo a los gobernadores del país para despejar dudas frente a la Emergencia Económica

Actualidad, Amazonía, Antioquia, Arauca, Atlántico, Atlántico, Bolívar, Boyacá: Andina, Bicentenario, Caldas, Caquetá, Caribe, Cartagena de Indias, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cúcuta, Cundinamarca, Gobernación, Guainía, Guaviare, Huila, Insular, La Guajira, Magdalena, Meta, MinHacienda, Montería, Nariño, Norte de Santander, Presidencia, Risaralda, San Andrés, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés / Erika Baute

El Gobierno del presidente Gustavo Petro invitó para el próximo lunes 19 de enero a los gobernadores del país para explicarles los alcances del Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025, expedido al amparo de la Emergencia Económica y Social, y que aumenta de 5% a 19% el Impuesto al Consumo de licores. La invitación está contenida en un comunicado conjunto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en la que aseguran que las medidas de emergencia económica no afectan negativamente las rentas territoriales. El comunicado se conoce tras el anuncio de 17 de los 32 mandatarios departamentales que asisten a la Cumbre extraordinaria de Gobernadores que sesiona en Bogotá, en donde plantearon “desacatar” la aplicación en sus regiones de los nuevos tributos establecidos al amparo de la Emergencia Económica y Social establecida mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. En el comunicado, el Ministerio de Hacienda y la Dian plantean varios argumentos para explicar que los nuevos tributos no afectan las finanzas territoriales: • El Decreto legislativo 1474 de 2025 respeta el recaudo y administración, por parte de los departamentos garantizando la sostenibilidad de sus finanzas y compromisos presupuestales, bajo los principios de colaboración armónica entre las entidades territoriales y el Gobierno nacional. • Las rentas mantienen las destinaciones específicas a los sectores esenciales de salud, educación y deporte. • Según estudio del Banco Mundial (Impuestos sanitarios en Colombia, septiembre 2025), un incremento del nivel previsto en el Decreto legislativo 1474 del 2025 no afecta las rentas de los departamentos. Además, las dos entidades sostienen que “la Emergencia Económica tiene por objeto obtener recursos extraordinarios, temporales y proporcionales para afrontar los impactos asociados a la emergencia sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales, ni la prestación de servicios esenciales”. La mesa de trabajo a la que fueron invitados los gobernadores y gobernadoras del país se realizará el próximo lunes a las 8:00 a.m. en la sala Antonio García Nossa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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FND y los 32 gobernadores de Colombia rechazan el Decreto que incrementa impuesto al consumo de licores y cigarrillos

Actualidad, Colombia, Gobernación, MinHacienda / Erika Baute

La Federación Nacional de Departamentos (FND) y los 32 Gobernadores de Colombia rechazan la implementación del Decreto 1474 de 2025 que incrementa el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, cigarrillos y tabaco elaborado expedido en el marco de la emergencia económica, por vulnerar la autonomía fiscal territorial y poner en riesgo una de las rentas más importantes de los departamentos. En carta enviada al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, los mandatarios regionales aseguran que la búsqueda de recursos adicionales para financiar el presupuesto del estado central no puede ser a costa del debilitamiento de los fundamentos del estado descentralizado. “Desde las regiones reiteramos nuestro categórico rechazo a la implementación de las medidas establecidas en el decreto 1474 de 2025, por ser re-centralizadoras y atentar contra los escasos ingresos de las entidades territoriales, además de poner en riesgo la financiación de sectores estratégicos como la salud, la educación y el deporte en las regiones” señala la misiva. Los gobernadores también expresan su preocupación por el impacto que este incremento del impuesto al consumo tenga sobre el aumento del fenómeno del contrabando y la ilegalidad, el cual no solo afecta las rentas departamentales sino la salud pública y la seguridad del país, al ser fuente de financiación de estructuras criminales.

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Gobierno buscará acercar propuestas de trabajadores y gremios sobre aumento del salario mínimo

Actualidad, Colombia, MinHacienda, MinTrabajo / Erika Baute

Durante la sesión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, los representantes de los trabajadores plantearon un incremento del 16% de salario mínimo que regirá en 2026, en tanto que los gremios propusieron que el aumento sea del 7,21%. El próximo jueves volverá a reunirse la Comisión de Concertación en busca de un acercamiento entre las partes, con base en las propuestas presentadas. En la sesión, presidida por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, se recibieron los informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Banco de la República y los ministerios de Hacienda y Comercio, Industria y Turismo, así como los estudios y proyecciones de las centrales sindicales CUT (Central Unitaria de Trabajadores) y CGT (Confederación General del Trabajo) y las propuestas de las confederaciones de pensionados. Al respecto, el titular de la cartera laboral señaló: “Hemos escuchado las propuestas que están sustentadas en supuestos macroeconómicos y que recogen la información respecto a la productividad, a la inflación causada, a la inflación esperada y lo que ha sido el impacto de la misma sobre temas sensibles para el bolsillo de los trabajadores en gastos como educación, salud, vivienda y servicios públicos, entre otros”. Agregó que en las próximas sesiones el Gobierno nacional examinará la presentación de escenarios que permitan acercar estas dos propuestas, de tal suerte que se logre un consenso y se les presente el acuerdo a los trabajadores de Colombia. Respecto a cómo recibe el Gobierno nacional la propuesta presentada por los gremios, el ministro Sanguino precisó: “Me parece muy positivo. Ellos entregaron un documento por escrito y los trabajadores plantearon sus propuestas. Creo que eso da cuenta de un buen ambiente de discusión, respetuosa. Nada de tonos altos y la mejor disposición, lo que nos da la tranquilidad de que vamos a tener un escenario de discusión franco y leal por parte de empresarios, trabajadores y del gobierno en su papel de mediador”. Desde las centrales obreras CUT, CGT y CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia) y las confederaciones de pensionados se propuso un incremento en el salario mínimo y en el auxilio de transporte del 16%. Lo anterior corresponde, indicaron las centrales obreras, especialmente a la manera de ver aspectos como el estudio del salario vital y móvil presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la brecha que existe entre los ingresos de los trabajadores y la canasta básica familiar. La directora de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) y vocera de los gremios, María Elena Ospina, anotó que se tuvieron en cuenta aspectos como la inflación que presentó el DANE, la productividad total de los factores y cifras como los 23 millones de ocupados en Colombia, de los cuales hoy 11,3 millones ganan menos de un salario mínimo y 2,4 ganan un salario mínimo. Culminada la sesión de la Comisión, el ministro del Trabajo reafirmó que “el Gobierno del Cambio mantiene su vocación de un incremento real de los ingresos de los trabajadores, que impactaría a 12 millones de colombianos y colombianas que ganan hasta un salario mínimo”.

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Así se vivió el encuentro Nacional de Alcaldes y Concejales 2025, un espacio de diálogo sobre la ley 2461

Bogotá D.C., Fedemunicipios, MinHacienda, Mininterior / revistacg

Los alcaldes y concejales del país expresaron sus preocupaciones ante Fedemunicipios y representantes del gobierno El encuentro Nacional de Alcaldes y Concejales 2025 fue el escenario para el dialogo sobre la ley 2461, la seguridad en sus territorios, la falta de recursos principalmente en municipios y otros temas que aquejan a los alcaldes y concejales del país. La reunión que se llevó a cabo en el Hotel Tequendama estuvo liderada por Fedemunicipios en cabeza del director Gilberto Toro, y su presidente, Julián Sánchez ‘Perico’ siendo el puente de concertación con representantes del gobierno como Armando Benedetti, ministro del Interior e Ismael Molina, subdirector de apoyo al saneamiento fiscal territorial. La jornada inició con las palabras del presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Julián Sánchez exponiendo la problemática entorno a la ley 2461 dado que el presupuesto fue definido por el gobierno nacional el año pasado y no hay recursos para hacer estos pagos extras. Sánchez quien también es el alcalde de Soacha manifestó: “Que este escenario de concertación permita que a través del diálogo logremos entre todos exhortar al gobierno nacional a poner los intereses fiscales y financieros en los más de mil 104 municipios de Colombia”. Gilberto Toro advirtió sobre amenazas en contra de alcaldes Por su parte, Gilberto Toro tomó la palabra dando a conocer algunos casos de amenazas en contra de algunos alcaldes como el de Medellín, Federico Gutiérrez, entre otros. La principal preocupación de los alcaldes y concejales fue la falta de recursos para cumplir con la ley 2461 que tiene como fin garantizar el pago de seguridad social y aumento en los honorarios a los concejales de quinta y sexta categoría. El alcalde de Pasto y Somondoco tomaron la palabra El alcalde de Pasto, Nicolás Toro manifestó: “Hay unos inconvenientes por resolver como los recursos para los concejales que se deben cumplir por ley, pero el gobierno debe ser concurrente con recursos para estos menesteres. Hay municipios que no tienen como y también la famosa ley de las pensiones del Fonpet que obliga a girar el 10 % de los ingresos de libre inversión a este fondo, pero que hará que los municipios se declaren insolventes porque no tenemos de dónde conseguir el dinero. Estamos pidiendo al gobierno nacional que resuelva estos inconvenientes para viabilizar a los municipios y no dejarlos arruinados”. El alcalde Germán Robayo de Somondoco del departamento de Boyacá también se mostró preocupado y señaló: “Los concejales del municipio no saben de dónde vamos a conseguir los recursos. La irresponsabilidad empezó desde el Congreso de la República y deberían explicarnos cómo aprobaron la ley sin recursos. Hay municipios que no tienen para pagar la nómina”. Por otra parte, el Ministro del Interior, Armando Benedetti quien estuvo presente en la parte final del evento llegó para conciliar con los alcaldes y concejales dando un aire de esperanza que se pueden conseguir los recursos desde el gobierno. ¿Qué dijo Armando Benedetti al cierre del encuentro de alcaldes y concejales 2025? Finalmente, Benedetti se comprometió a buscar los recursos que garanticen los pagos a los concejales respecto a la ley 2461 señalando: “Prometo que en la próxima ley del presupuesto vamos hacer que queden asignados esos recursos. La ley 2461 del 2025 es justicia y el estado le dice a los concejales de quinta y sexta categoría que su voz importa, su trabajo merece respeto y no puede ejercerse desde la precariedad. Les garantiza seguridad social y remuneración digna”.

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Consideraciones para promover la inclusión financiera en la economía popular colombiana

Actualidad, Colombia, Economía, MinHacienda / Erika Baute

En septiembre de 2024, el sector privado y el Gobierno nacional suscribieron el Pacto por el Crédito, con el objetivo de movilizar $55 billones adicionales en financiamiento hacia sectores estratégicos, incluyendo $8,2 billones dirigidos a la economía popular (EP). Este esfuerzo busca ampliar el acceso al crédito y fortalecer el desarrollo productivo de este segmento.Entre 2023 y 2024, Asobancaria y Banca de las Oportunidades organizaron 10 ferias en ciudades con alta presencia de la EP, promoviendo la educación financiera, el acceso a servicios bancarios y la articulación institucional entre actores del sector financiero, público y privado.A partir de un sondeo realizado en siete ciudades a través de 218 encuestas, se identificó que la mayoría de las unidades productivas consultadas pertenecen al sector terciario (comercio y servicios), operan en condiciones de informalidad (2 de cada 3 negocios) y usan los créditos bancarios (28,6%) como la segunda fuente más importante para su financiamiento inicial. Si bien el 68% de las personas consultadas manifestó tener al menos un producto financiero, su acceso al crédito sigue siendo limitado. A pesar de preferir fuentes formales, el 25,7% de las unidades productivas ha recurrido a préstamos informales como el “gota a gota”, principalmente por desconocimiento de la oferta bancaria, barreras en los trámites o reportes en centrales de riesgo, entre otros. Hay un espacio de oportunidad para promover la inclusión financiera entre los actores que conforman la EP, que representa a su vez un potencial de mercado para el sector financiero formal, aunado a estrategias que faciliten su formalización y acceso al crédito.

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El recaudo tributario de la Dian llegó a $ 32,8 billones en enero de 2025

Actualidad, Economía, Gobierno, MinHacienda / Erika Baute

Una buena noticia para el Plan Financiero de 2025 definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público entregó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), al reportar que en enero de 2025 el recaudo por impuesto fue de $ 32,8 billones. El director (e) General de la Dian, Luis Eduardo Llinás Chica, explicó en un debate de control político en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes que esta cifra es superior a la meta fijada por la entidad que era de $29,6 billones en recaudo para el primer mes del año. Los tributos que más aportaron a ese total fueron: – Ventas con $ 12 billones (36,6 %). – Retención de la Renta: $ 11,6 billones (35,2 %). – Aduanas: $ 3,7 billones (11,4 %). – Otros impuestos con $ 5,5 billones (16,8 %). Así mismo, el director de la Dian explicó que los tributos asociados a la actividad económica interna en enero de 2025 fueron $29 billones con una participación de 88,6 %, y los asociados al comercio exterior llegaron a $3,7 billones con una participación de 11,4 %. Llinás Chica agregó que, en enero pasado, el total de pagos efectuados por los contribuyentes utilizando los Títulos de Devolución de Impuestos (Tidis), llegaron a $2,2 billones. En su intervención, el funcionario agregó que para 2025 la Dian tiene “una meta audaz” de recaudo de $ 298,8 billones. “Estamos trabajando en acciones concretas que nos permitan alcanzarla”, aseguró. Entre esas acciones están el fortalecimiento del Centro Nacional de Cobro, que consiste en llamar a los contribuyentes con procesos de cobro activos, también se está trabajando en mayores controles al comercio electrónico, visitas a establecimientos comerciales y el cruce de información con otras entidades del Estado. Según explicó el Director de la Dian, a enero de 2025 las acciones implementadas por sus dependencias misionales permitieron recaudar $ 4,2 billones, así: – Recaudo por gestión de expedientes de cobro: $ 1,3billones (31,8 %) – Recaudo por cobro persuasivo: $ 1,2 billones (30,1 %) – Gestión Masiva Acciones de Control: $ 563 mil millones (13,3 %). – Recaudo por declaraciones sugeridas: $ 814 mil millones (19,2 %). – Fiscalización: $ 161 mil millones (3,8 %). – Formalización tributaria: $ 74 mil millones (1,8 %). La meta de recaudo para febrero es de $ 14,9 billones en recaudo, meta que confió también se cumplirá pues con corte al 20 de febrero pasado el recaudo llegó a $ 11,3 billones. Aporte al Presupuesto de 2025 Llinás Chica también explicó de qué manera aporta el recaudo de enero de 2025 a los principales rubros del Presupuesto General de la Nación para la actual vigencia: – Servicio de la deuda: $ 7 billones – Educación: $ 4,9 billones – Salud y protección social: $ 4,2 billones – Trabajo: $ 3,3 billones. Concluyó que no se descarta la presentación de una nueva reforma tributaria “que iría encaminada, más que a poner impuestos, a sectores de la economía, como se había planteado en la Ley de Financiamiento del año pasado: bajar impuestos, que haya más competitividad, y una recomposición sobre el tema de beneficios que existen en el Estatuto Tributario”.

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Girados los primeros $ 200 mil millones para el pago de presupuestos máximos de 2022

Actualidad, MinHacienda, MinSalud, Salud / Erika Baute

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) atendió el pago de los primeros 200 mil millones de pesos, del total de los 819.000 millones de pesos correspondientes a los ajustes de presupuestos máximos de 2022. “El total de los recursos se pagarán en cuatro cuotas mensuales, de acuerdo con lo que indica la resolución que expidió el Ministerio de Hacienda”, explicó el director de la ADRES, Félix León Martínez. El director informó que ya se efectuaron los pagos correspondientes a los presupuestos máximos de los meses de noviembre y diciembre de 2024 a un total de 11 Entidades Promotoras de Salud (EPS), que alcanzan un valor de 300 mil millones de pesos. También reveló que la ADRES recibió las resoluciones del Ministerio de Salud para el pago de los presupuestos máximos de enero, febrero y marzo de 2025. “De esta manera, quedamos completamente al día”, dijo. Ahora las EPS deben realizar el trámite correspondiente para recibir estos recursos.

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Economía colombiana creció un 1,8% en 2024 para 2025, se proyecta un crecimiento del 2,6%

Actualidad, Economía, MinHacienda / Erika Baute

Tras su aprobación por parte del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), el ministro de Hacienda y Crédito Público, Diego Guevara, presentó hoy a la ciudadanía el cierre fiscal preliminar de 2024 y la actualización del Plan Financieropara 2025. Los resultados económicos de 2024 son positivos, y el país retorna a una senda de crecimiento sostenido. Según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, la economía colombiana habría crecido un 1,8% en 2024, superando en 0,1 puntos porcentuales (pp) la proyección del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2024 (MFMP) y siendo sustancialmente superior al crecimiento de 2023 (0,6%). Este hecho se explica por el desempeño favorable de las actividades agropecuarias, las actividades artísticas y de entretenimiento, así como de la administración pública. Además, la recuperación de la construcción de obras civiles también sustenta el buen desempeño económico. Por el lado del gasto, se evidencia un crecimiento sólido de las exportaciones y la inversión fija. De este modo, los desajustes macroeconómicos que el país experimentó en los últimos años comienzan a corregirse. Para 2025, se proyecta que la economía colombiana crecerá un 2,6%, consolidando el proceso de recuperación. Este resultado estaría impulsado principalmente por el fortalecimiento de la demanda interna y el dinamismo de las exportaciones no tradicionales. En particular, el consumo privado y la inversión se favorecerían por una política monetaria menos restrictiva y menores niveles de inflación, los cuales convergerían gradualmente hacia el rango meta. Asimismo, Colombia seguiría consolidando la recomposición de su canasta exportadora. Por otro lado, la reducción sostenida de la inflación y la estabilidad en la balanza de pagos son señales alentadoras. Según el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, la inflación al cierre de 2025 se ubicará dentro del rango meta fijado por el Banco de la República, consolidando la tendencia a la baja iniciada en 2023. La corrección del déficit en cuenta corriente y su financiamiento total mediante flujos de inversión extranjera directa desde 2023 reflejan la confianza de los inversionistas en el país y la superación de un riesgo externo latente por largo tiempo. Si bien en 2025 persistirán desafíos, principalmente derivados de factores globales que afectan los mercados financieros y de materias primas, el Gobierno nacional mantiene su compromiso con la sostenibilidad macroeconómica y fiscal, impulsando la inversión y la productividad como motores clave del crecimiento. Para ello, resulta fundamental profundizar los pactos económicos que viabilizan inversión y que han sido promovidos por esta administración en conjunto con el sector privado, tales como el Pacto por el Crédito, el Pacto por la Diversificación Exportadora y los planes de reindustrialización y reactivación, entre otros. Con información preliminar, el déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) en 2024 se ubicó en 6,8% del PIB, 2,6pp por encima del dato observado en 2023. Este resultado refleja los importantes retos fiscales, presupuestales y de liquidez que enfrentó el Gobierno tras una caída inédita en el recaudo tributario, lo que afectó el financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024. En respuesta, se implementaron una serie de ajustes que incluyeron un recorte presupuestal voluntario sin precedentes de $28,4 billones y un manejo riguroso de los recursos de la Tesorería, lo que permitió mitigar el crecimiento del déficit fiscal. Esta cifra cumple con la Ley de la Regla Fiscal e incorpora una serie de Transacciones de Única Vez (TUV) aprobadas por el CONFIS, las cuales fueron conocidas anticipadamente por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF)1. Para 2025, se estima que el déficit fiscal se reducirá a 5,1% del PIB, en pleno cumplimiento de la Regla Fiscal. El mayor déficit proyectado responde al incremento esperado en el gasto por intereses. El escenario de 2025 también contempla un aplazamiento de gasto primario por $12 billones, luego de que el Congreso decidiera no debatir la Ley de Financiamiento propuesta por el Gobierno para potenciar la reactivación económica mediante inversión pública. Asimismo, se prevé un crecimiento de los ingresos en línea con la recuperación inercial del recaudo tributario y un mayor recaudo por gestión. La deuda neta se ubicaría en torno al 60,6% del PIB, ligeramente superior al 60,0% estimado para 2024. El Ministerio de Hacienda reconoce la persistencia de riesgos fiscales y, por ello, monitorea de forma permanente la evolución de los ingresos, alineando su estrategia fiscal con la disponibilidad efectiva de recursos para proteger las finanzas públicas. Esta estrategia, cuya eficacia se demostró en el segundo semestre de 2024, ayudará a enfrentar las rigideces de la estructura presupuestal colombiana, las cuales limitan ajustes discrecionales del gasto, dificultan la implementación de la agenda de Gobierno y afectan principalmente los recursos destinados a la inversión pública, fundamentales para impulsar el crecimiento a largo plazo. El Gobierno nacional ratifica su compromiso con el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas y trabaja activamente en promover un crecimiento económico sostenido, al tiempo que busca recomponer el equilibrio fiscal, presupuestal y de caja. Finalmente, y de acuerdo con el Plan Financiero se contempla una estrategia de financiamiento para 2025 con los siguientes elementos: • La Nación contempla desembolsos por un total de $104,7 billones, 5,9% del PIB que corresponden a financiamiento de la vigencia 2025. • La Nación prevé desembolsos externos por US$8.186 millones ($31,9 billones, 1,8 % del PIB), lo cual le permitirá a la Nación financiar el déficit fiscal en complemento a los desembolsos internos. • De las fuentes externas se prevé que cerca del 56% provenga de préstamos con organismos multilaterales y bilaterales equivalente a (USD 4.559 millones) y el restante 44% del mercado internacional de capitales (USD 3.627 millones).

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