Reforma a las transferencias a las regiones: ¿“un Estado menos obeso”?
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El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, considera que en Colombia hay un centralismo asfixiante que impide a las regiones invertir en sus necesidades más apremiantes, por lo que le da la bienvenida a la propuesta que viene tomando fuerza en los territorios de promover un referendo sobre autonomía fiscal para que estos no dependan de los recursos de la Nación. Según el mandatario, se tiene una deuda con los departamentos para que sus finanzas se vigoricen y se pueda seguir avanzando en el cierre de brechas sociales, sobre todo, en la zona rural. En entrevista con la Revista El Congreso Siglo XXI, el Gobernador habló sobre los beneficios que se tendrían, de prosperar el referendo, así como de la vaca por las vías de Antioquia que ha recibido más de 15 mil aportes voluntarios de 42 países, entre otros temas importantes. ¿Cuál sería el impacto del referendo en los departamentos? Esta es una iniciativa ciudadana que lidera un grupo de personas de varias regiones del país, quienes hacen parte del Comité Promotor conformado por Ana Lucía Villa, economista; Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta; Vanessa Mendoza, exrepresentante a la Cámara; Carlos Gustavo Cano, exministro de Agricultura; Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá; Hilduara Barliza, exdirectora de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior; Diego Santos, consultor y periodista; Paola Rivera, abogada; Wilson Ruiz, exministro de Justicia; María del Rosario Guerra, exministra de Comunicaciones, y Juliana Castañeda, líder social en temas de mujeres. A título personal, me gusta mucho esta propuesta porque tenemos una deuda con los departamentos para que sus finanzas se vigoricen. Al no depender de los recursos de la Nación, las regiones tendrán mayor autonomía en la toma de decisiones en favor del bienestar de los ciudadanos: inversión social y cierre de brechas. ¿Cómo lograr que se devuelvan facultades a las regiones en la toma de decisiones? En Colombia hay un centralismo asfixian- te que impide a las regiones priorizar e invertir en sus necesidades más apremiantes. Hay inequidad porque los municipios tienen rentas propias como el impuesto predial, que fueron determinados por la Constitución de 1991, pero los Departamentos no. Los ingresos más importantes provienen de rentas antiguas, originadas en la Colonia, con incentivos perversos para la gestión de su incremento, como los impuestos a los licores y al tabaco. Hay una alta dependencia en las regiones de las transferencias de la Nación. Yo fui alcalde del municipio de Rionegro, Antioquia, entre 2016 y 2019, y tenía más recursos de libre destinación anuales, que ahora como Gobernador de Antioquia. Las cifras son elocuentes: en Rionegro contaba con 400 mil millones de pesos para 150 mil habitantes. En Antioquia tenemos 190 mil millones de pesos para 7 millones de antioqueños. En resumen, esto se logra con una mejor distribución de los recursos en la estructura constitucional. Tras el recorte a las regiones, ¿cómo responderá a las necesidades del departamento? Antioquia es, al igual que la mayoría de los departamentos de Colombia, altamente dependiente de las transferencias de la Nación. Nosotros, de cada 100 pesos que proyectamos en nuestro presupuesto, cerca de 50 vienen del Sistema General de Participaciones -los cuales tienen una destinación específica, pero hay casos como Amazonas, donde es 90 de cada 100 pesos. Hay una estrecha relación entre esa alta dependencia a las transferencias de la Nación y una limitada capacidad de respuesta de los departamentos para atender las necesidades de la gente, las exigencias del territorio. La verdad es que compartimos los mismos dolores y carencias de otros departamentos. En subregiones como el Bajo Cauca y el Urabá uno encuentra situaciones abrumadoras. Tenemos dos millones de personas con inseguridad alimentaria; de 4.300 sedes educativas, la mayoría están en muy malas condiciones; 400 mil adultos mayores envejecieron sin una pensión y nuestras vías secundarias y terciarias están en muy malas condiciones. Tenemos que ser muy creativos y apelar a la austeridad en el gasto para no incurrir en excesos, para que nuestros coterráneos no sufran por esa inequidad injusta proveniente del centralismo, que tanto daño nos hace y que requiere una modificación. ¿Qué pasaría con los impuestos sobre la renta y el patrimonio? En ese escenario, serían los Departamentos los que administrarían estos dos impuestos para dejar de depender de las transferencias de la Nación. Los tributos existen para equiparar las cargas entre los ciudadanos y las regiones. No podemos pretender erradicar la pobreza y tener mejores niveles de equidad, haciendo siempre lo mismo. ¿Cuál es la mayor necesidad que aqueja a su departamento? Antioquia es un territorio con muchas necesidades que estamos atendiendo gracias al compromiso de un equipo de Gobierno que nos acompaña en esta tarea. Nosotros necesitamos un estado austero, pequeño, pero que no desatienda las causas sociales y una de ellas es la inseguridad alimentaria. Por ejemplo, un tercio de la población de Antioquia hoy padece situaciones de inseguridad alimentaria. Viendo esta situación tan delicada, le pedimos a la Asamblea Departamental que nos aprobara destinar el impuesto vehicular para disminuir la situación de hambre que hoy tenemos en Antioquia y finalmente nos lo aprobaron. Pero también tenemos otras situaciones delicadas: debemos reforzar la seguridad en todos los rincones del Departamento y hay que darlo todo por la libertad y seguridad de los antioqueños. Seguridad es salir tranquilo a la calle, levantarse y despertarse sin miedo; es generar las condiciones para que aumente la inversión que hace crecer la economía. Además, tenemos instituciones educativas en muy malas condiciones en su infraestructura física o con falta de dotación. No somos un departamento rico, como muchos creen. Nuestras carencias son muchas y estamos concentrados en reducir estas dificultades. ¿Cómo va la vaca para obras de desarrollo en Antioquia? A la fecha, la vaca por las vías de Antioquia que conectan a Colombia ha recibido más de 15.000 aportes voluntarios de 42 países por cerca de 6 mil millones de pesos. Esto evidencia el respaldo que ha tenido la propuesta por parte de los antioqueños, de los colombianos. Después de
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia: El centralismo en Colombia es asfixiante Read More »
El mandatario dijo que el Pacto por el Crédito, suscrito con la banca privada, ha mostrado buenos resultados en el primer mes de ejecución, pero falta un mayor impulso al crédito para la economía popular. Un nuevo llamado a la asociatividad para impulsar la economía popular y la productividad a través del crédito, formuló el presidente Gustavo Petro durante la firma del Pacto por la Democratización del Crédito Solidario, evento realizado en la Cámara de Comercio de Bogotá. En su intervención, el mandatario explicó que ya se cumplió el primer objetivo del Pacto por el Crédito que suscribió el Gobierno del Cambio con la banca privada del país, y que permitió en el primer mes desembolsar más de $10 billones en préstamos para la reactivación económica. Dijo que ese pacto “es de gran valía” porque “hemos convocado a los ejecutivos y a los dueños, hombres muy ricos de la banca colombiana”, a quienes se les pidió dedicar el ahorro del público “adonde más les sirva a los demás”, y no a las grandes obras de infraestructura “solo por el criterio faraónico y por la codicia de ganar más: usemos ese ahorro productivo en la producción y el trabajo, fue el primer criterio”. Sin embargo, el mandatario aseguró que en este primer mes “no ha cambiado la distribución del crédito, la economía popular sigue sin crédito”, pero agregó que “eso es una falla, no del banquero, sino del Estado y de la sociedad, porque no estamos generando la asociatividad suficiente en la economía popular y, entonces, no hay demanda del crédito”. Por ello, añadió, es que el crédito se va para los más grandes empresarios, productores, agrarios e industriales. “Entonces aquí hay un esfuerzo porque el Estado tiene que ser un organizador de la sociedad para darle alas, para dejarla libre”. Según el presidente Petro, si la mujer trabajadora no tiene el crédito, no hace empresa colectiva, pues la riqueza está en el trabajo y el trabajo es la agricultura, la agroindustria, la industria, los servicios que se mueven alrededor de la producción “y el turismo, en donde nos ha ido espectacularmente, porque simplemente había que mostrar el país de la belleza”. Dijo que el gobierno debe generar más asociatividad, más cooperativismo. “La juntanza que se ha construido en Colombia es la de la acción comunal, es la cooperativa del pueblo y de las mujeres o de los campesinos, de la minga indígena…es juntándose para que podamos ser ganadores colectivos”. “Si el Estado si logra potenciar la asociatividad y la economía popular logra progresar a partir del crédito, entonces, Colombia será diferente mentalmente, culturalmente y las verdaderas revoluciones son culturales, son cambios de manera de pensar las cosas”. Concluyó con un mensaje para potenciar el cooperativismo: “No hagan proyectos pobres para pobres, esa plata (el crédito) úsenla para organizar, contratar jóvenes, mujeres, viejos, hombres que sepan hacer cooperativismo, que aprendan a hacerlo, no es difícil. Y que vayan por los pueblos y los campos de Colombia organizando cooperativismo, que se enriquece con el crédito, porque ese dinero que es de todos y todas, para construir otras relaciones sociales de producción que permitan la paz, la prosperidad y la justicia en Colombia”.
El Gobierno Nacional se pronunció tras polémica decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE). A través de un comunicado oficial, ministros y altos funcionarios del Gobierno expresaron su preocupación por la decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral de formular cargos contra el presidente de la República y participantes de su campaña presidencial en 2022 por presunta violación de topes y financiación indebida. “Nosotros, ministras, ministros y altos directivos del Gobierno de Colombia, ponemos en conocimiento de la comunidad nacional e internacional un hecho que puede traer graves consecuencias a los principios democráticos que protegen la función presidencial y el Estado de derecho”, indica el comunicado. “La decisión es contraria a la jurisprudencia constitucional, lo que evidencia la pérdida de objetividad e imparcialidad por parte de los magistrados del CNE”, agrega. El Gobierno ha cerrado filas en apoyo al presidente, quien ha advertido sobre un posible golpe de Estado y ha llamado a sus simpatizantes a manifestarse en las calles contra la medida. Como primera medida, se realizó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y se radicó ante la Comisión de Acusación de la Cámara la solicitud para que se levante la reserva y sea público el expediente sobre la financiación de su campaña del 2022.
El Congreso de la República no alcanzó un acuerdo para aprobar el Presupuesto General de la Nación para 2025. La falta de quórum llevó a levantar el debate, lo que obliga al Gobierno Nacional a emitir el presupuesto por decreto, una situación que jamás se había dado en la historia del país. El presupuesto debía ser aprobado llegando a un consenso, pero las divisiones entre los legisladores impidieron cualquier avance. Finalmente, el monto establecido que sería decretado por el Gobierno asciende a 523 billones de pesos, según lo confirmado en las últimas sesiones. “De acuerdo con lo sucedido hoy, el presupuesto será expedido por decreto (…) dejen de especular con los recursos electorales, que siempre han permanecido en la bolsa del Ministerio de Hacienda hasta que el registrador los solicita”, expresó Ricardo Bonilla ministro de Hacienda. Bonilla, también agregó que este año por primera vez, los recursos se entregarán directamente a la Registraduría desde el presupuesto, y enfatizó, que se trata de una medida temporal. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que “los recursos de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) quedan intactos”, destacando la importancia de mantener la financiación de estos organismos para las próximas elecciones. Opiniones de oposición La senadora Angélica Lozano, desde la oposición, criticó el desenlace, señalando que “esto no es más que una reforma tributaria disfrazada con el nombre elegante de ley de financiamiento”. También, el representante Oscar Darío declaró “Pusimos a la Corte a llenar vacíos de una legislación muy gris. Y será está entidad la que decida quién tiene la razón, pero considero que esto es una derrota para el gobierno, ya que no se aceptaron sus propuestas”. El próximo 20 de octubre se confirmará el proceso por el cual el Gobierno asumirá la expedición del presupuesto por decreto. Este escenario deja elecciones importantes sobre la necesidad de consensos políticos y el manejo de los recursos públicos a tan solo dos años restantes de gobierno. Finalmente, el debate deja un ambiente de incertidumbre, y algunos sectores ya especulan sobre las implicaciones políticas que esta situación podría tener en el futuro.
Se hunde el Presupuesto General de la Nación: Gobierno lo expedirá por decreto Read More »
La congresista del partido Verde, Angélica Lozano indicó en reciente entrevista que para 2025 el monto de recursos pasaría de 3,2 billones a 0,7 billones de pesos, cabe destacar que la parlamentaria se refiere a los dineros que llegarían a las entidades gubernamentales, y especialmente a una de las instituciones más importantes para el país, como lo es la Registraduría Nacional del Estado Civil, que enfrentaría una reducción del 77% en el venidero año. Inquietante panorama para la Registraduría Explicó Lozano que el presupuesto de la entidad pasaría de 3,2 billones a 0,7 billones de pesos, sin que se haya tomado en cuenta que en ese mismo año se debería adelantar la contratación de la logística electoral para los comicios de Congreso y Presidencia para 2026. Asegura que en la ponencia que presentó el Gobierno, le quitan recursos a una entidad que es completamente autónoma y en un año en el que necesita recursos para garantizar los comicios del 2026, ante lo expuesto la funcionaria indicó que es un “exabrupto inaceptable”. Asimismo, indicó la Senadora “Es muy grave porque el Ministerio de Hacienda le quitó recursos a la Registraduría, una autoridad independiente que tiene que organizar las elecciones el próximo año. Es realmente un golpe muy duro para la autonomía y la independencia de la entidad”. Para Angélica Lozano este planteamiento es un “golpe a la democracia”, e indicó que el país necesita una explicación para saber por qué la Registraduría tiene más presupuesto en 2024 que en 2025. La Registraduría advierte el riesgo Por su parte Hernán Penagos, registrador Nacional, indicó también al respecto que la falta de presupuesto pone en riesgo la independencia y autonomía que debe tener la autoridad electoral en Colombia. “En relación con los riesgos en los procesos electorales, uno de los principales riesgos en Latinoamérica está relacionado con la autonomía presupuestal de las autoridades electorales. Hoy en día, se ha ido perdiendo un poco de esta autonomía, principalmente por un factor: el presupuesto. La mayoría de los organismos electorales derivan sus presupuestos de exigencias o solicitudes al gobierno, lo que, de alguna manera, compromete su labor como árbitros de la democracia”, afirmó.
En el Salón Elíptico del Congreso, las comisiones económicas de Cámara y Senado se reunieron para debatir sobre la nueva Reforma Tributaria o Ley de Financiamiento que propone el Gobierno Nacional. ………………………………………………………………………………………………………. El proyecto de ley que busca recaudar 12 billones de pesos, ha generado amplio rechazo, ya que gran parte de los legisladores se opone a la implementación de más impuestos y a la medida en general. Durante la sesión, se discutió la aprobación del monto del presupuesto, una tarea que, según el artículo 47, debe ser decidida antes del 15 de septiembre. Sin embargo, no se ha logrado un consenso sobre el tema. La propuesta actual asciende a 523 billones de pesos, pero existen diferencias importantes entre las proyecciones gubernamentales y la contrapropuesta de algunos sectores del Congreso que buscan un monto menor. Un debate que no termina A pesar de los llamados a la concertación, la incertidumbre sigue reinando. La oposición insiste en que ya se negó definitivamente lo planteado por el Gobierno, mientras que el ministro de hacienda Ricardo Bonilla dice “no se ha negado ni aprobado nada, no existe aún unanimidad ante ninguna propuesta”. Por otra parte, la representante Olga Lucía Velázquez, insistió “esto no es un juego, tiene que haber una responsabilidad fiscal”. El debate continuará el día de mañana, donde además se determinará, cuáles son los pasos a seguir, cuando no se llega a un acuerdo con el presupuesto.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró tener el respaldo parlamentario suficiente para bloquear la reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro. Así lo hizo saber, durante el Congreso Empresarial Colombiano organizado por la Andi. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, dijo en representación del Gobierno que se busca recaudar $12 billones para cubrir el déficit fiscal del país. A pesar de que Bonilla ha afirmado que la reforma no afectará el IVA de la canasta familiar ni reducirá los umbrales de contribuyentes de personas jurídicas, la propuesta ha generado un intenso debate debido a la posibilidad de aumentar las rentas no laborales, incluyendo ganancias ocasionales derivadas de la venta de propiedades y vehículos. Bonilla ha intentado tranquilizar a los críticos, subrayando que “no estamos cruzando líneas rojas. Estamos buscando los huecos donde todavía podemos controlar la evasión, en eso se concentra el proyecto”. Sin embargo, estas declaraciones no han sido suficientes para mitigar las preocupaciones y objeciones de diversos actores económicos y políticos. Mientras tanto, el Congreso enfrenta la presión de aprobar el Presupuesto General antes del 15 de septiembre, en medio de un debate dividido sobre la mejor manera de integrar o separar las discusiones fiscales y presupuestarias. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, advirtió sobre los potenciales riesgos económicos que podría traer consigo una nueva reforma tributaria. Mac Master expresó que “una reforma que disminuya aún más el ingreso disponible de los hogares o que afecte la actividad económica podría conducir a una recesión económica”. “El Congreso ignoró nuestras advertencias y hoy todo el país enfrenta las consecuencias de esa falta de atención y de la falta de diálogo por parte del Ministerio de Hacienda, agregó el líder gremial”. Finalmente, enfatizó en la necesidad de considerar las repercusiones de las políticas fiscales en la estabilidad económica del país.
El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló sobre las acusaciones que han surgido en torno a la Hidroeléctrica de Urrá. La investigación, se refiere a una posible adjudicación irregular de contratos de venta de energía y una concentración de negocios; donde se revelaría que tres empresas ubicadas en Villapinzón, Cundinamarca, habrían sido beneficiadas en el comercio de energía. Bonilla confirmó la denuncia y destacó que los miembros de la junta directiva de la hidroeléctrica no estaban al tanto de los contratos en cuestión. “Recibimos una alerta anónima sobre posibles irregularidades en las contrataciones, por lo que pedimos a la junta que investigara y obtuviera la información pertinente”. Además, el Ministro, abordó la situación política interna en la Hidroeléctrica de Urrá, señalando que existe un fuerte conflicto de poderes. “La junta directiva había solicitado el reemplazo del Presidente, quien logró una protección judicial temporal, pero la situación se resolvió con un nuevo nombramiento, mientras se busca una solución definitiva.” Explico el funcionario. En cuanto a la posible compra de la Hidroeléctrica por parte de Ecopetrol, Bonilla reveló que, aunque la empresa estatal está interesada, no puede proceder directamente debido a restricciones legales que le impiden adquirir generadores de energía. “La Ley 142 le impide comprar generadoras de energía porque ya es propietario de otra transmisora”. en ese caso, Ecopetrol tendría que buscar un socio para llevar a cabo la transacción. Sobre la reforma tributaria Por otra parte, el Ministro también discutió la estrategia del Gobierno en relación con una nueva reforma tributaria “Las finanzas de la Nación no están en su mejor momento porque el peso de la deuda es muy grande y cada vez hay que pagar más con los mismos ingresos corrientes, por lo que no hay espacio para hacer inversión”, aseguró A pesar de las críticas sobre el momento inapropiado para esta medida, Bonilla destacó la importancia de explorar alternativas para obtener recursos, en un contexto en el que se requiere reactivar la economía.
Camioneros dicen sentirse engañados con el Gobierno Petro y advierten que se irán a paro si sube el precio del ACPM. El presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores, Jorge Ignacio García González, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno Nacional decida aumentar el precio del combustible. De acuerdo con García, hay incertidumbre tras el anuncio del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, del incremento del valor del ACPM a partir del 2025; también se sienten defraudados porque consideran que el ministro faltó a su palabra, pues en la última mesa de diálogo se había comprometido a hablar con el presidente Petro para evitar el alza. “Los costos operativos de los transportadores se volverán insostenibles con estos aumentos, lo que haría inviable el servicio de transporte de carga en todo el país”, señaló a medios nacionales. “Estamos indignados con el pronunciamiento del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, porque incumplió su palabra. Después de una reunión el viernes de la semana pasada con los representantes del gremio transportador, se comprometió a hablar con el presidente Gustavo Petro y a comunicar lo acordado, pero no ocurrió así”, agregó. Según el ministro, el precio de ACPM subirá $6000 entre ajustes de $2000 durante todo el 2025. Actualmente el galón de diésel tiene un costo de $9,456 pero con el aumento quedará en $15,000. Esta medida podría traer consecuencias en el precio de los alimentos
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