julio 8, 2025

Presidencia

Gobierno Nacional destaca récord histórico de ingreso de alimentos a centrales mayoristas

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente destacó un informe de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) según el cual el abastecimiento de alimentos en las centrales mayoristas del país marcó un récord histórico en mayo de 2025. De acuerdo con la UPRA, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, en dicho mes ingresaron 654.252 toneladas de alimentos a las principales centrales mayoristas del país, volumen más alto registrado desde que se realiza esta medición de forma sistemática (enero de 2013). El aumento fue del 6,8 % respecto al mismo mes de 2024, lo cual consolida una tendencia de crecimiento en la oferta de alimentos frescos y procesados en las ciudades del país. Este comportamiento positivo se reflejó en 16 de las 23 ciudades con mercados mayoristas de referencia, con aumentos especialmente destacados en Tibasosa (67,8 %), Manizales (29,2 %), Villavicencio (15,3 %), Armenia (12,5 %), Medellín (11,3 %) y Bogotá (8,4 %). En este sentido, la directora de la UPRA, Dora Inés Rey, manifestó: “Estos datos confirman que el campo está respondiendo a la demanda alimentaria del país. Para planificar con eficiencia, necesitamos saber qué llega, desde dónde y en qué cantidades. El monitoreo técnico del abastecimiento es clave para garantizar la seguridad alimentaria y orientar la producción desde los territorios rurales”. Agroindustrializar El presidente Petro considera además que este buen resultado implica disminuir el precio de la comida que consumen millones de personas en Colombia, teniendo cuidado con los riesgos relacionados con la sobreoferta de alimentos. “Sé que llegan más alimentos a las centrales de abastos que nunca, y que esto implica bajar el precio de la comida de millones de personas, pero me llega el temor de la sobreoferta”, precisó. El jefe de Estado señaló que “es necesario que cooperativas urbanas transformen mucha de la producción agraria en agroindustria” y también que “el campesinado se cooperativice para agroindustrializar”. Llevar alimentos a zonas afectadas por desnutrición Indicó que es fundamental construir redes de fríos y abrir exportaciones marítimas al Caribe, y que el ministerio de Agricultura y Prosperidad Social lleven alimentos a las zonas con mayor tasa de desnutrición, incluidas las que existen en las grandes ciudades. “Findeter debe darme un pormenorizado informe sobre los centros de abastecimientos y su ubicación exacta en zonas del hambre”, instruyó el presidente Petro.

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‘Hay un golpe en flagrancia y hay que investigarlo, y solicitarle a la justicia de los EE. UU. que investigue’: presidente Petro sobre Álvaro Leyva

El presidente de la República, Gustavo Petro, dijo este miércoles que la estrategia de desestabilización en su contra y del Gobierno no puede ser atribuida a acciones aisladas ni al proceder individual de una persona. “No es el plan de un loco, Leyva no está loco. Está lleno de odio y soberbia, y se juntó con otros y otras llenos de odio y soberbia”, afirmó.​ A través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de X, el mandatario calificó como un intento de golpe de Estado “en flagrancia”, que habría sido orquestado por el excanciller Álvaro Leyva Durán, en conexión con sectores políticos, medios de comunicación y estructuras del crimen organizado. Por esta razón, el mandatario solicitó formalmente que se investigue el caso tanto en Colombia como en el exterior. “Hay un golpe en flagrancia y hay que investigarlo y solicitarle a la justicia de los EE.UU. que investigue”, afirmó, al tiempo que reiteró que la actual Fiscalía General debe ser garante de transparencia y no estar sujeta a presiones políticas. “El intento de golpe de Estado parlamentario se ha evaporado, pero el mayor peligro puede venir ahora de las alianzas entre el narcotráfico y sectores armados”, advirtió el presidente. Según el jefe de Estado, basado en los audios revelad​os por el diario El País de España, lo más grave del caso no fueron las gestiones internacionales de Leyva, sino que “conectó dos grupos armados: el Clan del Golfo y el Eln”. Añadió que el Eln ya no confiaba plenamente en el excanciller, pero “el que sí copió fue el Clan, envió el tema a sus jefes: la Junta del Narcotráfico”. El presidente insistió en que la supuesta conspiración fue amplificada por sectores de prensa y líderes políticos que habrían actuado de forma coordinada. “Hay muchas coincidencias como para pensar que es un lunático hablando solo”, señaló. Cuestionó el papel de medios de comunicación nacionales “Todas las cartas de Leyva, injuriando al presidente, fueron replicadas por la prensa como si se trataran de joyas literarias. Ahora esa misma prensa o no publica, o encubre la gravedad del hecho develado, ‘en flagrancia’”. “Seguían al segundo las horas que dejo de escribir trinos, como prueba de lo escrito por Leyva. Simples coincidencias, dirán”. El presidente recordó que mientras tomaba forma el plan descrito, se impulsó un proceso en su contra ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, con base en las cartas de Leyva. Este procedimiento, según denunció, se basó en “acusaciones sobre supuesta drogadicción” sin evidencia probatoria, salvo las misivas del excanciller. “Como la drogadicción no constituye delito sino incapacidad, había que ordenar, por orden judicial, hacer prueba de la intimidad del consumo del presidente”, explicó, al tiempo que criticó el doble rasero judicial: “Sin exigirse para sí mismos la misma prueba ni para jueces, congresistas, magistrados, expresidentes ni candidatos presidenciales”. El mandatario advirtió que se le pretende juzgar por vías inconstitucionales y en violación del derecho internacional: “Cualquier estudiante de primer semestre de Derecho les diría que viola la Convención Americana de Derechos Humanos”. El presidente vinculó su situación con la de otros mandatarios progresistas de América Latina, quienes han enfrentado procesos judiciales o intentos de destitución. “Pero qué coincidencia que han querido apresar a Evo, Lula, Correa, Cristina, Castillo, Petro… hasta a Maduro le pusieron precio a su cabeza, un juez extranjero. Todos víctimas de golpes de estado parlamentarios, todos presidentes de izquierda”. En ese contexto, criticó lo que consideró una narrativa mediática sesgada: “Es pura coincidencia que mientras se publicaban profundamente las cartas que pedían defenestrarme, atentaban contra un senador de derechas, para echarle la culpa al presidente que es de izquierdas”. El mandatario también arremetió contra decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), que según él, han vulnerado sus derechos políticos y su fuero presidencial. “Los magistrados del Consejo Electoral, que contra la Constitución, me despojaron de mi fuero presidencial… impulsaron un proceso en mi contra”. Dijo que se han construido pruebas espurias en su contra con base en “actos que se hicieron después de terminada la campaña” o “con facturas en las que se equivocó un medio de comunicación”. El mandatario señaló que el objetivo de estas acciones era preparar el terreno para un golpe parlamentario disfrazado de proceso administrativo. “Querían abrir el golpe parlamentario, no solo por el camino inconstitucional y anticonvencional… me quitaron funciones constitucionales en servicios públicos”. “Qué garantía podemos tener en las próximas elecciones, si el exregistrador, registrador, y el consejo electoral han actuado contra nuestros derechos. El golpe de Estado se venía fraguando, Leyva no estaba solo”, reiteró. Respaldo popular y respuesta institucional  El jefe de Estado aseguró que el intento de​ golpe fue contenido gracias a la movilización ciudadana y la lealtad institucional de las Fuerzas Militares. “Al golpe de Estado lo derrotó la movilización general del pueblo colombiano”. Frente a la carta de nueve presidentes de partidos —que calificó como “sediciosa” y encabezada por el presidente del Congreso—, afirmó que la Fuerza Pública respondió con “disciplina constitucional”, al no asistir a una reunión que consideró como un intento de desconocer al jefe de Estado.​ Agregó que “varias bancadas de congresistas de los partidos firmantes” se deslindaron del contenido de la misiva y respaldaron el trámite de reformas sociales que, según el mandatario, “fueron aprobadas por mayoría”. El presidente aseguró que, mientras avanzaba el intento parlamentario, sectores armados ilegales ligados a la Junta del Narcotráfico ejecutaron acciones violentas en el occidente del país. Mencionó explosiones en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, asociadas a frentes de ‘Iván Mordisco’. Según dijo, el objetivo era sabotear una manifestación en Cali, “para que quedara solo” o suspendiera el evento. “No hubo soledad ni miedo. La multitud de Cali disparó el triunfo popular”, declaró el presidente Petro, quien luego encabezó otro acto público en Medellín. “Las juventudes, los trabajadores y las mujeres de Medellín le dieron la estocada final al complot de Leyva”.   Llamado a la justicia internacional Finalmente, el mandatario solicitó formalmente que se investigue

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AVANCE / Congreso aprobó la Reforma Laboral presentada por el Gobierno del Cambio que ahora pasa a sanción presidencial y será Ley de la Republica

Las plenarias de Cámara y Senado de la República aprobaron este viernes el informe de conciliación de la Reforma Laboral presentada por el Gobierno nacional  y que se convertirá en Ley una vez la sancione el presidente Gustavo Petro. Las dos cámaras legislativas fueron citadas este viernes, último día de la actual legislatura, para estudiar el informe de conciliación. En la plenaria del Senado el proyecto de Reforma Laboral se aprobó con 59 votos por el Sí contra 16 por el No, mientras en la Cámara de Representantes la votación fue 126 a favor de la Reforma y 2 en contra. “El Gobierno del presidente Gustavo Petro quiere agradecerle al Congreso de la República por la aprobación de esta reforma progresista, que les devuelve a los trabajadores los derechos que habían perdido e incorpora otros nuevos y ayuda a consolidar el aparato productivo del país”, aseguró el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tras aprobarse el informe de conciliación. Dijo el ministro que “de esta manera Colombia honra sus compromisos con la comunidad internacional y con organismos como la Organización Internacional del Trabajo”.  

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Abogado, Leonardo Huerta

Desde hace unas semanas se han inscrito por firmas seis candidatos presidenciales para las elecciones del 2026. La Revista El Congreso Siglo XXI perfila a estas figuras que aspiran ocupar a la Casa de Nariño. Leonardo Huerta el 31 de mayo inscribió su comité de recolección de firmas ‘Colombia: Una Nueva Historia’, que cuenta con un equipo que tiene presencia en los 32 departamentos en la estrategia y planificación de su campaña. Acá le contamos el perfil del postulante.   Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez es abogado de la Universidad Libre de Pereira. Cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, Derechos Humanos e Internacional de la Universidad Externado, Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, Derecho Aprobatorio de la Universidad Sergio Arboleda junto a un Magister en Derecho Tributario y Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha sido docente universitario por 20 años, impartiendo clases en más de 20 universidades en temas de derecho, administración pública, gobierno y derecho internacional.     El precandidato presidencial, fue contralor departamental y secretario general de la Asamblea de Risaralda, en donde promovió sesiones en los municipios, impulsó la remodelación de la sede y entregó los procesos de la duma departamental certificados en normas de gestión de calidad.  Además, hizo parte de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) como director de control interno disciplinario.     Así mismo, Huerta ha ocupado múltiples cargos en el sector público, en las áreas de: educación, TIC, justicia, defensa, trabajo y organismos de control. Pero el cargo en que más destacó fue como delegado para el derecho a la salud y seguridad social de la Defensoría del Pueblo, en el que solucionó más de 111.000 casos relacionados con la protección y prevención del derecho a la salud en los 32 departamentos, especialmente en las zonas más alejadas y vulnerables del territorio colombiano durante cuatro años.     Su campaña se ha caracterizado en buscar una solución a la falta de gobernabilidad efectiva que hay en las diferentes zonas del país, empoderando a los territorios a tomar sus propias decisiones. También, rechaza la polarización y la estigmatización de pensamientos que buscan encasillar algún espectro político; por el contrario, invita a los ciudadanos a evitar estas practicas y obtener otra percepción de la política.

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“Atentado a Miguel Uribe es una venganza del narcotráfico”: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro Urrego atribuyó la escalada de actos de terrorismo de la última semana en el país, incluido el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, a una venganza de organizaciones del narcotráfico contra su Gobierno por los golpes que la Fuerza Pública les ha propinado. “Está pasando que este Gobierno, como nunca antes, está golpeando a la mafia del narcotráfico en el medio internacional”, enfatizó el jefe de Estado en entrevista a CNN en Español. En el mismo contexto el mandatario aseguró que el consumo de cocaína en el mundo ha crecido y que el narcotráfico se ha convertido en una multinacional con tentáculos en diferentes regiones del mundo. “Este Gobierno ha logrado los récords mundiales de incautación de cocaína de su propia historia. Ha logrado extraditar a un capo de narcotráfico cada día y ha logrado destruir 4,5 laboratorios de pasta de cocaína al día”, manifestó. De igual modo, manifestó que en respuesta a estas acciones del Gobierno contra los carteles de la mafia, estos están atacando al Estado colombiano. “Estamos bajo la persecución de capos de poder que se sitúan en Dubái. Lamentablemente no logramos el mayor protagonista del mundo que es Diego Marín, por eso lo dejaron en libertad. Se están vengando, tratando de destruir al Gobierno”, subrayó. Asimismo, el jefe de Estado explicó que hace mucho tiempo el poder del tráfico de cocaína dejó de estar en Colombia, aunque la mayor parte de la hoja de coca aún se cultiva aquí. “Nosotros producimos la cadena de menos valor, el mayor valor está en manos de poderes extranjeros, como los carteles albaneses, italianos, mexicanos y norteamericanos”, indicó. Una oficina de la mafia dio la orden del asesinato Con relación específica al atentado contra el senador Miguel Uribe, el presidente Petro afirmó que una oficina de la mafia, cuyo nombre se mantiene en reserva de las investigaciones, ordenó el asesinado del hoy precandidato presidencial. “Una oficina con su nombre, que no puedo ahora mencionar, con los nombres de sus jefes, alias de sus jefes, dio la orden, estando situada muy lejos de Bogotá”, dijo el mandatario a CNN en Español. Agregó que la orden de la oficina de la mafia fue “conseguir a dos muchachos, menores de edad, que pudieran y supieran manejar muy bien el arma con la que se le capturó”. Además el presidente reiteró que, según el rastreo de las autoridades al arma utilizada, esta fue comprada en Arizona (Estados Unidos) y que pasó por el Estado de la Florida, “lo cual implica que este tipo de asesinos tiene relaciones dentro de los Estados Unidos, de tipo mafioso”. Con base en esta información, el mandatario solicitó a la Embajada de Estados Unidos en Colombia gestionar la ayuda de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y del FBI (Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones) para “investigar a fondo a los autores intelectuales del crimen”. En el mismo contexto, el presidente dijo que el menor de edad aprehendido como autor material del atentado recibió la orden de parte del jefe de una ‘olla’ de expendio de drogas. “Sabemos que el niño dijo en su momento de opresión, que un man de la olla, ¿qué significa eso? Un dueño de un sitio donde se expenden drogas al consumidor, ilícitas. Pues fue el que le ordenó eso, porque él dice que es la mafia”, concluyó.

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Doctora en Ciencias Políticas Claudia López

Esta semana se han inscrito por firmas seis candidatos presidenciales para las elecciones del 2026. La Revista El Congreso Siglo XXI perfilará a estas figuras que aspiran ocupar la Casa de Nariño. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, formalizó este martes 3 de junio su aspiración presidencial para 2026. López llegó a la Registraduría para realizar la inscripción con su comité “Con Claudia Imparables”, con el que realizará la recolección de firmas en cara a las elecciones del próximo año. Aunque necesitan 672 mil firmas por ley, se siente confiada y aspira a conseguir 1’500.000 antes de 17 de noviembre, plazo final. En esta nota le contamos el perfil de la postulante. Claudia Nayibe López Hernández es una política y activista nacida en Bogotá. Inició sus estudios superiores en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la carrera de Biología, la cual no culminó. Pero aprovechó esos años para convertirse en líder estudiantil, formando parte de un grupo de estudiantes de instituciones públicas y privadas que impulsaron el movimiento de la “Séptima Papeleta”, que promovía procesos de democratización y la reforma constitucional en la Asamblea Constituyente. Finalmente se termina graduando en la Universidad Externado en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, extendiendo su trayectoria académica con una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia, y un doctorado en Ciencia Política en la Northwestern University. Su carrera profesional comenzó en el sector público, trabajó como asistente administrativo en la Contraloría de Bogotá y como directora del Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital. A nivel nacional,  estuvo en el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. En 2014, fue una de las senadoras más votadas, promoviendo una agenda anticorrupción, inclusión social, educación, medio ambiente y paz. Más allá de los cargos que ha ocupado, López se ha dado a conocer por ser una figura política comprometida con la transparencia; es verdaderamente activa en sus redes opinando frente al panorama distrital y nacional, así como en las columnas de opinión que ha escrito para diversos medios sobre grandes casos de corrupción e injusticias. Con 1,1 millones de votos fue elegida como la primera mujer alcaldesa de Bogotá, cargo que asumió en 2020. Su gestión se destacó por la continuación de la construcción del metro, su liderazgo durante la pandemia y la implementación de programas sociales para jóvenes, mujeres y familias.  En 2024, tras finalizar su mandato como alcaldesa, López fue seleccionada como becaria del programa de Liderazgo Avanzado de la Universidad de Harvard. Este año anunció su candidatura presidencial para las elecciones de 2026, liderando el movimiento ciudadano “Imparables”, su campaña se centra en la lucha contra la corrupción y la promoción de políticas públicas inclusivas y sostenibles. López aclaró que apoyó el proyecto de Petro porque creía en un cambio para el país, aunque expresó su decepción ante la gestión y decisiones del actual gobierno. Lo cual ha desencadenado su distanciamiento del presidente Gustavo Petro y su gobierno, que para ella es de desconfiar. Su candidatura presidencial busca consolidar estos ideales a nivel nacional, ofreciendo una alternativa basada en la integridad y el compromiso con el bienestar de todos los colombianos.

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Gobierno rechaza actos de violencia contra niñas emberá y anuncia proyecto de ley para coordinar apoyo técnico y jurídico con la Jurisdicción Indígena

El Gobierno nacional rechaza la situación de violencia intrafamiliar de la que fue víctima una adolescente de 17 años en una comunidad del pueblo indígena emberá, en el municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda. Asimismo, articula acciones con organizaciones indígenas y entidades del orden nacional para garantizar la protección y salvaguardia de la vida, la integridad y los derechos de las mujeres en todos sus entornos. Las autoridades tuvieron conocimiento tuvo conocimiento de un degradante caso de maltrato infantil en el resguardo gitó dokabú, donde, al parecer, unas adolescentes fueron atadas y suspendidas de sus manos con el objeto de propinarles, por parte de unos adultos pertenecientes a la comunidad, azotes. La conducta es reprochable, trasciende el enfoque diferencial étnico y se debe evitar en cualquier ámbito. El Gobierno nacional reitera su profundo respeto por la diversidad cultural y los sistemas de justicia propios de los pueblos indígenas, y reconoce su autonomía y libre autodeterminación. Sin embargo, hace un llamado a seguir fortaleciendo la coordinación interjurisdiccional para garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas. Proyecto de ley La erradicación de las violencias basadas en género y las prácticas culturales nocivas son una prioridad en la medida en que son flagelos que afectan a todas las culturas y que requieren de la acción conjunta tanto del Sistema Judicial Nacional como de las autoridades indígenas, en el marco de la implementación de su Jurisdicción Especial Indígena. El Ministerio de Justicia radicó el proyecto de ley de Coordinación Interjurisdiccional (PL 287 de 2024S), que busca reglamentar el artículo 246 de la Constitución Política, estableciendo formas y mecanismos de coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena, siempre bajo las premisas del respeto al pluralismo jurídico, la libre autodeterminación de los pueblos y la colaboración armónica. La iniciativa incorpora jurisprudencia de las altas cortes para determinar el fuero indígena y –al promover el apoyo técnico y jurídico entre los sistemas de justicia– busca eliminar las barreras de acceso a la justicia de mujeres y niños indígenas. Esto incluye la garantía de mediación lingüística, la formación a autoridades indígenas y judiciales y el fortalecimiento de espacios de coordinación existentes y de escuelas de derecho propio, así como la promoción de la transformación de prácticas que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres. Actuación de Mininterior El Ministerio del Interior realizó el seguimiento a la atención y el restablecimiento de derechos de la menor de edad, por parte de las entidades competentes, e instó a las autoridades territoriales para que, conforme a las normas de gobierno propio de los pueblos indígenas y en concordancia con los derechos fundamentales, se investigue y sancione a los responsables de este hecho de violencia. Mediante la intervención de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, el Ministerio del Interior desarrolló reuniones con las representantes de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI), para avanzar en acciones, como los procesos de formación en derechos de la mujer, el acompañamiento en la activación de la ruta de acción para casos de violencias basadas en género y la construcción de la política pública de la mujer indígena; entre otras establecidas en el Auto 092 de 2010, emitido por la Corte Constitucional, para la protección y atención de las mujeres en situación de desplazamiento forzado.

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Colombia cierra presidencia pro tempore de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) con cooperación transformadora

Con una visión centrada en la transformación social, la integración regional y el protagonismo de los pueblos, Colombia culmina la presidencia pro tempore de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), en el marco de la Semana del Gran Caribe que tuvo lugar en Cartagena y continuó ayer en Montería. El país asumió su liderazgo con el objetivo de renovar el sentido de la cooperación en la región, proponiendo una agenda concreta, basada en resultados, inclusión y sostenibilidad. Concluyó la Semana del Gran Caribe con la 10ª Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la AEC, en Montería. Este evento marcó un punto de inflexión en la política exterior colombiana, que abandona el formalismo para proyectar una cooperación transformadora, centrada en las personas, en la justicia climática y en la construcción de un nuevo relato latinoamericano y caribeño desde los territorios. Durante la IX Conferencia Internacional de Cooperación de la AEC, la canciller Laura Sarabia reafirmó este enfoque al declarar: “La cooperación no se puede medir en cuántas fotos o cuántos cancilleres nos reunimos. La cooperación se debe medir en cuántas vidas hemos transformado en el Caribe, en el Pacífico y en cada uno de nuestros territorios”. Con esta frase, Colombia marcó un giro hacia una política exterior que valora la acción efectiva por encima de la retórica y el protocolo. Uno de los principales hitos de esta presidencia fue la formalización de la solicitud de Colombia para convertirse en miembro pleno de la Comunidad del Caribe (CARICOM), trascendiendo su estatus de país observador. Esta decisión refuerza el compromiso del país con una integración profunda, construida desde la confianza política, la cooperación técnica y el intercambio de saberes. Además, Colombia lideró la propuesta de una Confederación de Pueblos Étnicos del Caribe Occidental, con el propósito de fortalecer la diplomacia de los pueblos y visibilizar las voces históricamente excluidas. Este esfuerzo fue reconocido como una iniciativa pionera para incorporar a comunidades afrodescendientes, indígenas y raizales en la toma de decisiones regionales, abriendo nuevos espacios de representación y participación. En materia de desarrollo sostenible, el país promovió alianzas en economía circular, digitalización de territorios costeros, seguridad alimentaria y cooperación en salud pública. También se instalaron mecanismos de articulación Sur-Sur y Triangular con proyectos concretos, como el impulso de energías limpias en comunidades vulnerables, la implementación de sistemas de agua potable y programas de conectividad educativa en zonas rurales. Durante los encuentros, Colombia insistió en que los desafíos comunes —como la crisis climática, la pobreza estructural, los efectos de la pandemia y la migración— solo pueden abordarse desde una visión colectiva, sin intermediarios, con enfoque territorial y con acciones medibles. En esa línea, se reiteró el respaldo a la consolidación del Gran Caribe como una región de paz, biodiversa, resiliente y con una voz propia en los escenarios multilaterales.

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Mujeres cabeza de hogar sembrarán yuca y criarán gallinas en 313 hectáreas entregadas por el Gobierno

Una asociación campesina conformada mayoritariamente por mujeres cabeza de hogar, víctimas de desplazamiento forzado, acaba de recibir el predio La Alsacia de 313 hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ubicado en la vereda La Armenia, del municipio de Tocaima (Cundinamarca). El predio será aprovechado por las beneficiarias para el desarrollo de proyectos agropecuarios enfocados en cultivos de maíz, yuca, caña de azúcar y criaderos de gallinas, iniciativas que buscan garantizar su autosostenibilidad, generar ingresos y fortalecer la economía rural familiar. Al respecto el director de la ANT, Felipe Harman, expresó: “las mujeres son el centro de esta Reforma Agraria del Gobierno del presidente Gustavo Petro’. A su turno, Jesús Bayro Muñoz, coordinador de la Unidad de Gestión Territorial de la ANT en Cundinamarca, destacó el enfoque de género en la adjudicación de tierras. “Son más de 313 hectáreas que hoy representan una oportunidad para reconstruir la vida en el campo, producir alimentos y garantizar el bienestar de sus familias.  Esta entrega es un avance en la Reforma Agraria, con enfoque de género, reparación y dignidad para mujeres que regresan a su tierra con esperanza’, aseveró. Esta adjudicación no solo representa el acceso legítimo a la tierra, sino también el regreso de estas mujeres a su territorio de origen, luego de años de desarraigo. Las mujeres que lideran este proceso no solo son campesinas, sino madres que tienen a sus hijos en edad escolar y ven en esta entrega una oportunidad para ofrecerles un futuro digno, en paz y en el campo. Tierra para mujeres en Córdoba y Sucre Harman manifestó que, así como en Tocaima, recientemente la ANT entregó un predio de 350 hectáreas en Córdoba. “Con la entrega de 350 hectáreas a la Asociación de Mujeres Campesinas Agroindustrial de la vereda Pajonal, en Ayapel (Córdoba), avanza el compromiso de la ANT para cerrar las brechas sociales que impiden el acceso a la tierra para esta población’, resaltó el director de la ANT. También recordó que este mes, en el municipio de San Pedro (Sucre), el Gobierno entregó 440 hectáreas de tierra a 42 mujeres campesinas de las organizaciones sociales, en el marco del programa especial de acceso a Tierra para las Mujeres. “El predio La Victoria pertenece a una familia de la mayor relevancia y de poder político en la región, una familia que hoy cree en la Reforma Agraria. San Pedro es cuna de las luchas campesinas por la tierra desde los años 60′, resaltó Harman. La entrega de predios a las mujeres forma parte de los compromisos de la Reforma Agraria del Gobierno del Cambio con enfoque de género, territorial y de reparación, promoviendo el retorno digno al campo y el cierre de brechas históricas de desigualdad.

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‘La ley permite zonas de concentración y suspender extradiciones’: presidente Gustavo Petro

“La ley permite zonas de concentración en los procesos más avanzados de paz y suspender extradiciones si se está en uno de ellos. Así se hizo en el pasado y se hará en el presente”. Así lo afirmó el presidente Gustavo Petro Urrego este lunes a través de su cuenta de X, al defender su decisión de no extraditar a Gabriel Yepes Mejía, ‘HH’, el comandante de Comuneros del Sur, el grupo armado disidente del Eln con el cual el Gobierno adelanta un proceso de paz territorial en Nariño. Asimismo, el mandatario defendió la creación de una zona de paz en la región del Catatumbo para avanzar en el proceso de dejación de la violencia de la disidencia del frente 33. “Hoy tenemos dos procesos que han llegado a la fase avanzada: el del frente 33 del EMC en el Catatumbo y el de Comuneros del Sur, en Nariño. Avanzan el de la Coordinadora Nacional Guerrillera y el proceso sociojurídico de las bandas de Medellín, de los cuales esperamos el equipo de la Fiscalía destinado a este fin”, escribió el mandatario sobre el particular. El jefe de Estado también enfatizó que “la paz es posible y es el destino nacional”, y destacó que en los procesos de paz lo fundamental es transformar la calidad de vida de las comunidades afectadas por la violencia. “Hemos utilizado una estrategia político-militar: ganar la población del territorio en conflicto, transformando sus condiciones de vida, defender procesos de negociación serios y atacar a quienes no quieren dejar la violencia y martirizan al pueblo, entregados a carteles extranjeros del narcotráfico y al oro ilícito”, escribió el presidente en X. Con relación a la suspensión de la extradición de Gabriel Yepes, el Gobierno nacional expidió la resolución 158 del 20 de mayo de 2025. En el artículo segundo de la resolución se afirma que la suspensión de la extradición de Yepes Mejía se hará mientras él contribuya “con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la Paz Total dentro del marco de la Ley 2272 de 2022, como negociador en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno nacional, y desarrolle acciones orientadas al logro de dicho objetivo”. En el mismo artículo se aclara que si se interrumpe la participación de Yepes Mejía o cesan sus aportes al proceso de Paz Total, “se hará efectiva la entrega” del comandante de Comuneros del Sur al Gobierno de Estados Unidos. “Sé que hay sectores de la sociedad colombiana que quieren desbaratar estos procesos para demostrar que la paz no es posible”, recalcó el presidente Petro en X.

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