febrero 10, 2025

Judicial

Congresistas exigen transparencia en fondos para crisis en el Catatumbo

La región del Catatumbo se encuentra a la espera de la oficialización de los decretos que establecen la conmoción interior, un paso crucial para conocer los recursos que serán invertidos en la zona, por ende, falta de claridad sobre el monto de inversión es un tema de gran preocupación, ya que hasta el momento no se han emitido detalles al respecto. El senador Juan Carlos García, quien coordina la comisión accidental encargada de supervisar la conmoción interior, ha resaltado la importancia de obtener información precisa sobre las inversiones necesarias para abordar la crisis humanitaria que enfrenta el Catatumbo, que requiere más de 4.7 billones de pesos. Para ello, se ha programado un viaje a Bogotá donde una comisión integrada por alcaldes, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y congresistas de la región revisará los decretos y determinará el valor de la inversión. Asi, García mencionó: “Lo que creemos es que el gobierno debe tener congruencia e identificar cuáles son las fuentes de financiación que sean acordes para solventar el monto que hoy se exige con claridad. Cuando se firme el pacto, los colombianos sabremos exactamente cuál es el monto y cuáles son las líneas a intervenir en los próximos 10 o 15 años”. También ha instado al gobierno a pasar de los anuncios a acciones concretas, enfatizando que la región no puede esperar más y que las inversiones son deudas históricas del Estado. Se estima que el gobierno nacional tiene los recursos necesarios para implementar al menos 127 proyectos en la zona, lo que podría marcar un punto de inflexión en la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo. Por su parte, el representante Wilmer Carrillo ha expresado su preocupación sobre los decretos aprobados hasta el momento, señalando que no abordan las necesidades básicas de la región. Por ello, es fundamental obtener claridad sobre los montos de inversión y su aplicación. La próxima semana, se llevará a cabo una visita a Bogotá donde se espera que la comisión de alcaldes y autoridades del Catatumbo reciba informes detallados sobre los decretos que se implementarán en la zona.

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Procuraduría formuló cargos contra Luis Francisco Cante por posibles actos de acoso sexual

La investigación también cobijó a una oficial de Migración Colombia, para la época de los hechos. Recordó la obligación, especialmente de quienes ejercen funciones públicas, de propender por la guarda de los derechos de las mujeres.  La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra los entonces director y coordinadora regional Andina de Migración Colombia, Luis Francisco Cante Céspedes y Adriana Paola Cuervo Pulido, respectivamente, por posibles hechos relacionados con actos de acoso sexual contra una servidora de ese mismo organismo. Los hechos fueron denunciados por una oficial de Migración Colombia, quien manifestó que entre febrero y octubre de 2023, fue víctima de comportamientos que posiblemente configuraban acoso, hostigamiento o asedio físico y verbal con fines sexuales no consentidos por parte de Cante Céspedes. Al parecer, el exdirectivo habría hecho tocamientos no autorizados a la denunciante, además de comentarios con contenido sexual que afectaban la dignidad de la víctima, aprovechando su condición de directivo. Para el Ministerio Público sus posibles comportamientos, “configuran acoso, hostigamiento o asedio físico verbal con fines sexuales no consentidos”.     Entre tanto, la Procuraduría también formuló cargos a Adriana Cuervo, quien, a pesar de admitir que no estuvo presente en los momentos del presunto acoso sexual, señaló en un correo electrónico dirigido a los directivos de Migración Colombia, que la víctima habría distorsionando la realidad y se refirió a la supuesta manera de vestir de la víctima, al parecer, pretendiendo hacer entender que la vestimenta que usaba era justificación para que fuera objeto de los actos que estaba viviendo en su contra. A juicio del Ministerio Público, con su conducta, la investigada pudo haber incumplido el deber de protección de la honra y la dignidad de la víctima y restarle credibilidad a los hechos informados. La Procuraduría Delegada para la Moralidad y la Transparencia Pública citó parte del marco normativo, nacional el internacional, que obliga a todas las autoridades a proteger de manera particular a la mujer que ha sido víctima de violencia.  En ese sentido, se refirió a la denominada “violencia institucional”, que según sentencia de la Corte Constitucional “puede resultar aún más perjudicial que la perpetrada por un particular, en tanto estos actúan con legitimidad y legalidad que emana de la investidura como autoridad pública y que refuerza el discurso del agresor.”     En consecuencia, no es admisible ningún tipo de agresión sexual, que comprende entre otras acciones: tocamientos, expresiones sutiles que contienen doble sentido (lenguaje verbal – no verbal) que agreden sexualmente a las mujeres, puntualizó el ente disciplinario. Las conductas endilgadas a Cante Céspedes y Cuervo Pulido fueron calificadas como falta gravísima y grave, respectivamente, a título de dolo.

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Minera canadiense demanda a Colombia por presunta violación del TLC

Primeramente, la firma canadiense Continental Gold Inc manifiesta que las autoridades colombianas no están cumpliendo sus funciones respecto de seguridad de la mina, ubicada en el municipio de Buriticá, Antioquia uno de los yacimientos subterráneos a gran escala de oro más grandes del mundo. Además, defiende que se irrespetaron los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Más aún, se radicó el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, declarando que terceras personas se han adueñado de manera ilegal de sectores de la mina de oro. Ejemplo de esto es el túnel de Yaraguá, el 40 % del túnel Rampa Sur y el 30 % del túnel Higabra. Igualmente, rechazan actos violentos de expulsión de trabajadores de su labor en la mina. En ese orden de ideas, la minera canadiense asegura que es necesario “del estándar de nivel mínimo de trato, incluyendo la obligación de proveer protección y seguridades plenas y un trato justo y equitativo”. Por consiguiente, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado es responsable de llevar el caso y adelantar la respectiva investigación, con el fin de amparar los intereses de Colombia. De igual manera, se busca elegir el equipo de trabajo de asesorías, para alcanzar el éxito, que cuente con una tasa de éxito mínima de 75 % representando a estados latinoamericanos en arbitrajes internacionales en los últimos 15 años. En el momento en que se tenga seleccionada la firma asesora, que representará a Colombia a nivel internacional, se iniciará el proceso para gestionar la demanda y exponer el memorial de defensa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, garantizando el cumplimiento de los términos estipulados. Además, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado implementará una estrategia jurídica estará dirigida por el Grupo de Arbitrajes de Inversión, en función de la experiencia acumulada en este tipo de causas y su conocimiento directo de las medidas que serán objeto de discusión en la demanda.

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Ministro de Justicia chileno visita Colombia para conocer el sistema carcelario local

La ministra Ángela María Buitrago, acompañada por los directores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), coronel Daniel Gutiérrez, y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Ludwing Valero, recorrerá con la delegación chilena las cárceles La Picota y El Buen Pastor, y la Escuela Penitenciaria Nacional en Funza. • Durante la estadía en Bogotá del MinJusticia chileno se discutirán aspectos relacionados con cooperación judicial y los avances en la incorporación en las respectivas legislaciones del Tratado de Extradición suscrito en 2021 por los dos países.  Con el fin de abordar desafíos comunes de su gestión liderando el sistema penitenciario y carcelario e intercambiar experiencias y posibles soluciones a las problemáticas del sector, la ministra Angela María Buitrago Ruiz recibe este lunes y martes en visita oficial a su homólogo de Chile, Jaime Eduardo Gajardo Falcón y su delegación. La visita del alto funcionario chileno se produce en el marco de la iniciativa ´Bien Público Regional´ (BPR) para mejorar la gestión integral penitenciaria en América Latina y el Caribe del Banco Interamericana de Desarrollo (BID), destinada a brindar herramientas innovadoras a los países de la región y así abordar desafíos similares. En contacto con medios de comunicación, la ministra Buitrago indicó que “estos serán dos días de intercambio frente a los conocimientos que tiene Colombia en particular a la forma como el sistema carcelario está siendo manejado, pero, sobre todo, por los retos y desafíos que significa también entender que parte de la criminalidad de la sociedad se traslada a un núcleo pequeño como el sistema carcelario”. Por su parte, el ministro Gajardo aseguró que “es importante señalar que en la región tenemos desafíos comunes, entre esos el sistema penitenciario. Lastimosamente nuestro sistema ha estado olvidado y eso ha generado problemas para nuestras sociedades, porque hemos visto que se han anidado bandas del crimen de carácter trasnacional en nuestras cárceles que desde allí han surgido y se han fortalecido. Por eso, para enfrentar ese desafío es necesario compartir experiencias y fortalecer nuestras alianzas y por ende nuestras democracias”. Durante su permanencia en el país, el ministro Gajardo Falcón escuchará una amplia exposición de la ministra Buitrago sobre el panorama actual del país en materia carcelaria, manejo del hacinamiento, seguridad en los establecimientos de reclusión y programas de resocialización como Zasca Renacer, Ley de Utilidad Pública, Cultura para la Libertad, etc. Gajardo Falcón, por su parte, compartirá detalles de su gestión en el diseño, implementación y evaluación de las políticas penitenciarias tales como el modelo institucional y de gestión del subsistema postpenitenciario, así como el sistema de supervisión y control en medio abierto a través del monitoreo telemático, entre otras, los cuales fueron conocidos por la ministra Ángela María Buitrago en septiembre pasado durante la visita que hizo al sistema carcelario en Chile. En el encuentro de los ministros, se discutirán también aspectos relacionados con cooperación judicial para verificar los avances en la incorporación en las respectivas legislaciones del Tratado de Extradición suscrito entre Colombia y Chile en 2021 y la posibilidad de negociar un instrumento bilateral relacionado con el Traslado de Personas Condenadas. Este 3 y 4 de febrero, la delegación chilena, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y del Ministerio de Justicia de Colombia, encabezadas por la ministra Buitrago, visitarán las cárceles la Picota y El Buen Pastor, así como la Escuela Penitenciaria Nacional ubicada en Funza para conocer en sitio la aplicación de programas que le aportan capacitación, distracción y otras competencias a la población privada de la libertad. Jaime Eduardo Gajardo Falcón, es abogado de la Universidad de Chile, magister en Gobernanza y Derechos Humanos, máster en Derecho Constitucional y doctor en derecho de la Universidad de Madrid. En el ámbito profesional ha sido fiscal del Ministerio de Desarrollo Social entre los años 2015 a 2018, ha ejercido la docencia como profesor de derecho público de la Universidad Diego Portales y ha integrado, como especialista en participación política, diversas misiones de observación electoral realizadas por la OEA en países como Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Guatemala. La delegación chilena que visitará Colombia está conformada también por Macarena Cortés Camus, jefa de la División de Reinserción Social Ministerio de Justicia y DDHH de Chile; Hugo Espinoza, asesor ministerial sobre materias carcelarias; coronel Helen Leal González, jefa del Departamento de Inteligencia Penitenciaria de la Gendarmería, y por el teniente segundo Cristian Morales, oficial de Gendarmería del país suramericano.

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El sector cultural tendrá el segundo presupuesto más alto de su historia, pese al hundimiento de la Ley de Financiamiento

Las dos principales apuestas en cultura durante 2025 serán la formación artística en los establecimientos educativos y la recuperación integral del Hospital San Juan de Dios. Asimismo, continuará la entrega de infraestructuras culturales y el apoyo al Salón Nacional de Artistas y el FIAV – Festival Internacional de Artes Vivas. Las entidades adscritas (Archivo General de la Nación, Instituto Colombiano de Antropología e Historia e Instituto Caro y Cuervo) presentarán aumentos del 19%, 17% y 8%, respectivamente, por lo que sus programas y proyectos continuarán durante esta vigencia. Pese al hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República, en diciembre del año anterior, el ministro de las Culturas, Juan David Correa, anunció que el sector cultura contará con un presupuesto de $1.09 billones. Si bien estos recursos representan una reducción del 18% frente al 2024 ($1.32 billones), el presupuesto de este año es el segundo más alto en la historia del sector en términos reales. De las cuatro entidades que componen al sector, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes es la única que presenta una disminución del 21% en su presupuesto, mientras que las tres entidades adscritas tendrán aumentos. El Archivo General de la Nación, 19%, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 17%, y el Instituto Caro y Cuervo, 8%. “Vamos a poder defender nuestros programas. En un momento de complejidades, el Gobierno nacional eligió la cultura como uno de los motores de cambio social para este país. El único interés es dejar un sector cultural fortalecido”, dijo el ministro de las Culturas. Uno de los proyectos es la renovación del Programa Artes para la Construcción de Paz, que llevará no solo música a las instituciones educativas, sino también artes plásticas, danza, poesía y comunicación. Además, mantendrá la meta de beneficiarios a 300.000 niños, niñas y adolescentes en más de 680 municipios del país, y se abrirán 1.153 plazas de docentes de aula en áreas de danza, música y literatura, en alianza con Mineducación. El Minculturas también será una de las vanguardias en el Servicio social para la Paz para que jóvenes puedan participar como vigías de patrimonio o como promotores de lectura en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Además, se garantizará el apoyo a proyectos como el Salón Nacional de Artistas y el Festival Internacional de Artes Vivas – FIAV. Asimismo, este presupuesto permitirá la entrega de nuevos espacios culturales como teatros, casas de la cultura y bibliotecas en diversas regiones del país. Una de las obras destacadas es el Teatro César Conto de Chocó. Sumada a la entrega del Edificio Mantenimiento del Hospital San Juan de Dios, en 2024, el ministerio continuará con 12 edificios adicionales, entre los que se destacan el Instituto Materno Infantil y los primeros auxilios del Edificio Central. Con respecto a las convocatorias, se mantienen los recursos para el desarrollo del Programa Nacional de Estímulos y se atenderán los compromisos con los grupos étnicos y acciones judiciales de reparación en el país. También, continuará el fortalecimiento de espacios de atención al público, como el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, el Museo Nacional de Colombia, la Biblioteca Nacional de Colombia y más de 2.300 bibliotecas públicas, rurales, itinerantes y comunitarias en el país. En esa misma línea de fortalecimiento se firmó un decreto que crea 323 cargos de planta que aumentará el número de funcionarios a 635 para 2025. Por otro lado, el Minculturas se prepara para presentar el fortalecimiento de la Ley General de Cultura en el Congreso de la República, un paso crucial para consolidar el sector cultural y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

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La millonaria reclamación de TransMilenio a ‘Epa Colombia’

TransMilenio demandará a Daneidy Barrera Rojas por más de $1.200 millones por los daños durante las protestas de 2019. El 29 de enero, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo condenatorio contra Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, por los daños causados durante las protestas de 2019 en la estación Molinos de TransMilenio. Durante las manifestaciones, ‘Epa Colombia’ utilizó un martillo para destruir las puertas de vidrio, el dispositivo de lectura de tarjetas y los equipos de recarga automática del sistema de transporte. Como resultado, la Corte la condenó a cinco años y dos meses de prisión, además de obligarla a pagar una reparación a la ciudad. Fue hallada culpable de los delitos de daño en bien ajeno, instigación al terrorismo y perturbación en el servicio público de transporte. Por su parte, la entidad está preparando una reclamación contra Barrera Rojas por los daños ocasionados en la estación Molinos. Además de la multa de 492 salarios mínimos, la empresa interpondrá un incidente de reparación integral para que la condenada asuma los costos de los daños. Fuentes jurídicas confirmaron que el monto podría superar los $1.200 millones, ya que, además de los daños materiales, la perturbación del servicio público también causó pérdidas económicas que deben ser compensadas. En 2019, el pasaje de TransMilenio costaba $2.400, lo que significa que cada usuario que no pudo ingresar ese día representó una pérdida directa para el sistema. Este impacto será considerado en el incidente de reparación integral, que no solo incluirá los daños en la estación Molinos, sino también las pérdidas por las validaciones de pasajes no realizadas debido a la interrupción del servicio. Además, la reclamación abarcará no solo esa estación, sino toda la troncal de la Avenida Caracas, ya que la afectación en una estación perjudicó el funcionamiento del sistema en todo el corredor vial. Por su parte, el comité jurídico de TransMilenio tiene un plazo de 30 días para evaluar los daños y pérdidas económicas causadas por la interrupción del servicio. Una vez concluido el análisis, se radicará el incidente de reparación integral ante el juzgado penal que condenó a ‘Epa Colombia’. Aunque la cifra preliminar de la reclamación es de $1.200 millones, el monto final dependerá de los resultados del análisis en los próximos días.

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Detonaron dos Motobombas contra las estaciones de policía de los corregimientos de Fenicia y Salónica en Riofrío, Valle del Cauca

La violencia en regiones sigue ocasionando estragos en territorio nacional, esta vez se trata de un atentado de dos Motobombas en zona rural de Riofrío, Valle del Cauca, contra las estaciones de policía de diferentes corregimientos. Se pudo conocer que los hechos que ocurrieron en los corregimientos de Fenicia y Salónica, afectaron gravemente la infraestructura de las estaciones de policía mencionadas, además de varias viviendas y establecimientos comerciales. Al parecer los explosivos iban dirigidos contra las estaciones de policía de los corregimientos, y de lo que se sabe no hay reportes de heridos. Cabe destacar que este atentado ocurre después de un atentado similar en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca, acaecido el día de ayer, donde un carrobomba fue detonado mientras se realizaba un concierto. Se espera el pronunciamiento de las autoridades departamentales y de Fuerza Pública para establecer si se manejan datos de posibles responsables de este hecho.

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Laura Sarabia asume oficialmente la Cancillería, a partir de hoy

Luego de haber solventado el impasse internacional con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, finalmente Luis Gilberto Murillo entregará el cargo que se tenía previsto para el primero de febrero a la exdirectora del Dapre, Laura Sarabia, el día de hoy. Cabe destacar que la salida del ahora excanciller Murillo, había sido anunciada hace ya algunos días, pero se había dicho que Sarabia asumiría desde el 1 de febrero, sin embargo, los planes se adelantaron y el día de hoy la exdirectora del Dapre tomará las riendas de la cartera de Relaciones Exteriores. Por otra parte, será Jorge Rojas, quien asumirá la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) como reemplazo de Laura Sarabia. Al parecer tras lo ocurrido con la administración Trump, se generó un quiebre en las relaciones entre el presidente Petro y Luis Gilberto Murillo, lo que habría contribuido a su salida del cargo anticipadamente. En referencia a la salida de Laura Sarabia de la dirección del Dapre, todo parece indicar que se dio en buenos términos y que incluso, ya se venía hablando con la funcionaria, desestimando así rumores de una presunta crisis entre Petro y quien ha sido ‘la mujer fuerte’ del llamado ‘Gobierno del Cambio’. Sobre la nueva canciller Laura Sarabia, es politóloga de la Universidad Militar Nueva Granada con posgrado de la Universidad Externado de Colombia, la nueva canciller de Colombia ingresó a la escena política como asesora del Partido de la U en 2017 . Posteriormente entre 2018 y 2020, hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Armando Benedetti, y en 2020 fue asesora de comunicaciones del Congreso de la República.​ Durante la campaña presidencial de 2022, del ahora primer mandatario nacional, Gustavo Petro, Benedetti ofreció su equipo de trabajo para colaborar en la misma, eso marcó el inicio de la relación de trabajo de Sarabia y Petro quien se enganchó con la diligencia de quien hoy en día es su mano derecha , por lo que una vez posesionado como Presidente le ofreció el cargo de jefe de Gabinete.​ Durante su desempeño en dicho cargo, se destacó como una de las personalidades más influyentes en las decisiones del mandatario, siendo calificada por algunos medios como «la mujer más poderosa dentro del Gobierno».

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El gabinete presidencial debatirá crisis humanitaria en el Catatumbo

Tras superar el impasse con el Gobierno de los Estados Unidos, ocurrido el fin de semana, el cuerpo ministerial retoma actividades para atender la crítica situación que en el Catatumbo enfrentan sus habitantes, así las cosas, habrá viaje de los altos funcionarios al Norte de Santander para reunirse y establecer los términos de la ejecución del decreto de Conmoción Interior con el que se pretende recuperar la paz y funcionalidad de la región. La cifra de personas desplazadas según el último balance del Puesto de Mando Unificado (PMU) alcanzó a 48.000 lo cual genera preocupación por el desarrollo de las comunidades y personas que han tenido que movilizarse en busca de resguardar sus vidas. Varios días de episodios bélicos han afectado grandemente la zona dejando más de 100 personas muertas y 48.004 desplazados. Por medio de su cuenta de x Gustavo Petro Urrego, confirmó que este lunes habrá una reunión de todo el gabinete ministerial en ese municipio con el fin de “expedir los decretos de conmoción interior que darán vida al pacto social en el Catatumbo”. De igual forma anunció que definirán la “financiación de la operación militar para consolidar el control del estado en la frontera”. Por su parte las Fuerzas Militares han hecho un despliegue de unidades ubicadas en Tibú, Norte de Santander. Allí se logró el sometimiento a la justicia de 84 guerrilleros, quienes, al parecer, de acuerdo con un video de las Fuerzas Militares, se habrían entregado de forma voluntaria.

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¡No habrá perdón! Para ‘Madres de Soacha’, Tribunal de Bogotá revocó fallo contra Miguel Polo Polo

Tras el incidente ocurrido el año pasado entre el Congresista Miguel Polo Polo y las llamadas ‘Madres de Soacha’, cuando Polo Polo, publicó un video desestimando la cifra de falsos positivos que defiende la agrupación de mujeres y lanzó a la basura las botas representativas de presuntas bajas de jóvenes a manos de las Fuerzas Militares nacionales, un Tribunal de Bogotá revocó el fallo de tutela que había ordenado al representante disculparse por desechar las llamadas ‘botas de la memoria’. Así las cosas, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá eximió a Polo Polo de tener que pedir disculpas públicas los hechos mencionados ocurridos en la Plaza de Núñez, en inmediaciones del Congreso de la República. Impugnación a favor Esta decisión se da luego de que defensores de Polo Polo, impugnaran la decisión emitida a comienzos del mes de diciembre del año pasado que ordenaba al representante pedir disculpas públicas por los actos de presunto odio en contra de los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, de las cuales ha expresado que no se tienen pruebas precisas. La improcedencia del amparo reclamado se dio por la ausencia de requisito de subsidiariedad y por falta de legitimación en la causa por pasiva. Es decir, según el tribunal, se presentaron posibles vicios en el procedimiento judicial. Por ejemplo, que los demandantes no acudieron a otros mecanismos establecidos antes de interponer la tutela. Daniel Martínez y Reymundo Marenco, las dos personas que interpusieron la tutela, no serían las personas a quienes les fueron vulnerados sus derechos directamente, por lo que no podía presentar una tutela a su nombre, según expresa la decisión.

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