julio 22, 2024
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Victimas

Gobernadora de Sucre pide ayuda a MinEducación van más de 20 educadores amenazados

Luego de la trágica muerte del rector, locutor y gestor cultural de la Institución Educativa Gavaldá de Guaranda, Sucre, Armando Rivero Manjarrez, quien fue hallado sin vida el pasado 17 de julio. La gobernadora de Sucre, Lucy García, en medio de la consternación pública por este crimen, rechazó el hecho y expresó que este caso fue un atentado a la Educación. Lucy García, hizo un vehemente llamado al recién posesionado Ministro de Educación Daniel Rojas para garantizar la protección de los docentes departamentales, en donde al parecer hay un registro de 26 educadores amenazados, “a quienes es necesario brindar seguridad para evitar tragedias como la de hoy con Armando Rivero”. “Desde el gobierno departamental, en articulación con la Policía, la Armada y el Gaula, entre otros organismos de seguridad, se han atendido las amenazas denunciadas por los docentes, articulamos la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente, se activó el Comité de Docentes amenazados, y se han implementado acciones tendientes a proteger la vida de los educadores y determinar la procedencia de las intimidaciones”, enfatizó García. Asimismo, la primera autoridad de los sucrenses. explicó que “Ante este doloroso suceso, requerimos urgentemente al ministro de Educación, Daniel Rojas, para que, en coordinación con las autoridades se active un plan de protección a los docentes, no solo en Sucre sino en todo el país”. También solicitó apoyo de la fuerza pública “A la fuerza pública se le solicita no bajar la guardia en la búsqueda de los responsables del asesinato del directivo docente y gestor cultural, para que este crimen no quede impune y para dejar claro que en Sucre no hay cabida para los violentos” finalizó.

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Álvaro Uribe y Andrés Pastrana testificarán ante la JEP por ‘Falsos Positivos’

El coronel retirado, Hernán Mejía, solicitó la comparecencia de los expresidentes como testigos en los más de 70 crímenes de guerra y lesa humanidad. Empezó la primera audiencia preparatoria contra el coronel (r) retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez quién se presentó ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Durante el juicio no aceptó responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que le fueron imputados por el caso 3 de ‘Falsos Positivos’. Mejía Gutiérrez quien fue comandante del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa” de Valledupar entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004, fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por al menos 35 hechos en los cuales se habría victimizado a 72 personas por “conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en calidad de autor y coautor mediato”. Frente al caso (3) de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, Mejía Gutiérrez solicitó que los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango, fueran aceptados como testigos al juicio público que se llevará a cabo los días 16 al 19 de septiembre de 2024 en la Ciudad de Valledupar (Cesar), petición que fue aceptada por el mecanismo de justicia transicional. Según la defensa del acusado con los testigos se busca corroborar su teoría de que actuó como comandante del batallón en cumplimiento de órdenes y que sus operaciones militares fueron legítimas.  La UIA identificó tres diferentes formas de proceder: Víctimas retenidas y asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)​, cuyos cuerpos fueron entregados al IAOP liderado por el procesado, quien luego de simular un combate, los presentó como el resultado de una operación militar.     Víctimas retenidas y entregadas con vida por las AUC al IAOP del procesado, para que fueran asesinadas y sus cuerpos fueran presentados como bajas en combate.   Víctimas que fueron señaladas por las AUC de pertenecer o auxiliar a otros grupos armados ilegales, para que los integrantes del IAOP liderado por el procesado, les quitaran la vida y los presentaran como resultados de las operaciones militares. La magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra explicó cómo las víctimas participarán activamente en el juicio adversarial transicional en Cesar y Bogotá, destacando su papel central en este modelo. Además, se fijaron fechas para el juicio: octubre 17, 18, 28, 29; noviembre 12, 13, 25, 27; y diciembre 3, 4 de 2024, donde las víctimas podrán interrogar directamente al acusado.

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“No me deje sola”, llamado desesperado de judoca Luz Adiela Álvarez a Gustavo Petro

La judoca Luz Adiela Álvarez hizo un llamado desesperado al Gobierno Nacional tras recibir amenazas de muerte. La joven quien pertenece a la Selección Colombia de Judo solicitó a las autoridades que la protejan. “Le pido a la alcaldesa Paola Andrea Castillo Gutiérrez, a la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro y al presidente Gustavo Petro que no me dejen sola. En Jamundí primero llega la amenaza y luego los titulares de lamento, no quiero ser una víctima más en esta absurda guerra. Nadie debería serlo”, indicó Luz Adiela. Álvarez, explicó que su papá fue quién recibió las amenazas contra su vida en Jamundí, sur del Valle del Cauca, en una carta indicándole que se despidiera de la judoca porque le iban a quitar la vida. Luz Adiela, expresó además que junto a su familia ya hicieron las respectivas denuncias ante las autoridades competentes, asimismo, aclaró que no tiene nexos dudosos que argumenten la amenaza y manifestó su profunda tristeza por lo que considera un trato injusto hacia ella y su familia, cuando su único deseo es dar triunfos a la nación. “Me da tristeza que en este momento esté en peligro mi familia y yo. No soy una persona de relaciones dudosas, no tengo enemigos, solo he dedicado mi vida al deporte para darle felicidad a mi gente. Es injusto que los violentos quieran amedrentar a quienes cada día nos levantamos con la ilusión de alegría, triunfos y progreso a nuestro país”, aseveró la deportista.

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El Gobierno del Cambio anunció este viernes la presentación de un proyecto para la reforma de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), a través del Congreso de la República, con el objetivo de entregar una mejor y mayor atención a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Gobierno anuncia proyecto de ley para mejorar la atención a las víctimas

El Gobierno del Cambio anunció este viernes la presentación de un proyecto para la reforma de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), a través del Congreso de la República, con el objetivo de entregar una mejor y mayor atención a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Esta iniciativa será presentada en la próxima legislatura, a partir del 20 de julio, y cuenta ya con un amplio proceso de participación ciudadana, como lo ratificó el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, en declaraciones a ‘Colombia Hoy Radio’, el informativo de la Presidencia de la República. “Con ocasión de los 12 años de la Ley 1448, vamos a iniciar la confección del proyecto de ley para su reforma. Para eso vamos a convocar a todas las instituciones del Gobierno Nacional que están interesadas en el tema, pero también a la sociedad civil, a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y a otras instituciones, como la Defensoría del Pueblo”, precisó el Ministro Osuna. Agregó que se trata de “redactar el mejor proyecto de ley, que se presentará el 20 de julio, y que propondrá una mejor atención a las víctimas, acceso más efectivo y una actualización de la Ley, que fue hecha antes del proceso de paz (con las Farc), para articularla con todos estos mecanismos transicionales de reparación a las víctimas y para darles una mejor solución a todas ellas”. Conv​ocatoria a un gran foro ​Por su parte, la Directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, explicó algunos de los objetivos que tiene esta reforma y cómo se adelantará dicho proceso. “Para este Gobierno es muy importante articular la política de víctimas con la política de paz y hacer efectivo el acceso y los derechos de las víctimas; también contribuir a la superación del ‘estado de cosas inconstitucionales’ que la Corte ha mencionado en diferentes fallos, y que requerimos trabajar, como Gobierno del Cambio, para que todas las instituciones puedan trabajar de una mejor manera para que las víctimas en los territorios puedan acceder a estos derechos”, destacó. Al respecto, la Directora de la Unidad anunció la realización de un gran foro sobre el tema, con participación de las víctimas, sociedad civil y entidades públicas. “Vamos también, en ocasión de estos 12 años de la política de víctimas, a citar a un gran foro público, para que las voces de las víctimas y de las diferentes instituciones de gobierno y de expertos se puedan pronunciar alrededor de estas transformaciones que lidera el Ministerio de Justicia, el Gobierno y la Unidad para las Víctimas”, puntualizó la Directora Patricia Tobón. Tomado de la Presidencia de la República

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El Centro Nacional de Memoria Histórica y las Fuerzas Militares de Colombia acordaron unir sus esfuerzos y promover un “Colaboratorio” o espacio de diálogo con mesas temáticas para estudiar proyectos para preservar la memoria.

Centro Nacional de Memoria Histórica y FF.MM. unen esfuerzos para preservar memoria

El Centro Nacional de Memoria Histórica y las Fuerzas Militares de Colombia acordaron unir sus esfuerzos y promover un “Colaboratorio” o espacio de diálogo con mesas temáticas para estudiar proyectos para preservar la memoria. Para ello la Directora General del CNMH, María Gaitán, y su equipo directivo, se reunieron con el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, almirante José Joaquín Amézquita, y otros mandos castrenses. El propósito del “Colaboratorio” es establecer las bases para trabajar en una propuesta de memoria histórica que deberá ser entregada al país. María Gaitán señaló que, “por más que tengamos profundas diferencias, la Paz Total del Gobierno del Cambio nos está encaminando a construir juntos”. Por su parte, el almirante Amézquita indicó que ha sido relevante hablar de un “Colaboratorio”, que es “un llamado a ir juntos y a escucharnos”. “Estoy convencido de que tenemos más puntos en común que puntos de diferencia”, señaló Amézquita, quien agregó que este es un espacio para que “nos miremos a los ojos, para que entendamos que hay afinidades”.  Finalmente, el equipo directivo del CNMH presentó en este espacio las metas y logros alcanzados por cada una de sus direcciones, cuyo objetivo es respaldar la construcción de un plan pedagógico centrado en dignificar a todas las víctimas del conflicto armado. (Con información del Centro Nacional de Memoria Histórica) Tomado de La Presidencia de la República

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El día de ayer, el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, presentó la ponencia del Proyecto de Ley 280 de 2022, el cual tiene como objetivo dotar de facultades jurisdiccionales a la Unidad de Restitución de Tierras. Esta reforma permitirá agilizar los procesos, brindar mayor seguridad jurídica y ayudar a las víctimas a obtener una reparación integral.

Colombia está en deuda con las metas de reparación integral de víctimas

El día de ayer, el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, presentó la ponencia del Proyecto de Ley 280 de 2022, el cual tiene como objetivo dotar de facultades jurisdiccionales a la Unidad de Restitución de Tierras. Esta reforma permitirá agilizar los procesos, brindar mayor seguridad jurídica y ayudar a las víctimas a obtener una reparación integral. Con esta iniciativa se busca agilizar y fortalecer el proceso de Restitución de Tierras por vía administrativa, reformando la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas. La Ley 1448 de 2011, que ha sido prorrogada hasta el año 2031, la cual establece metas ambiciosas para satisfacer y garantizar los derechos de las víctimas en Colombia, beneficiando a un total de 9.492.000 personas. Sin embargo, hasta la fecha, solo se ha logrado avanzar un 3.94% en el acceso y garantía de Restitución de Tierras a las víctimas, como parte integral del proceso de reparación. El proyecto busca convertirse en una herramienta que facilite la meta del gobierno y de su bancada legislativa, de la falta de tierras para las comunidades campesinas y para quienes han sido víctimas del despojo a raíz del conflicto armado. Tomado por Congreso de la República de Colombia

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Las victimas acreditadas ante la JEP, dentro del Subcaso Costa Caribe que investiga 'falsos positivos', se pronunciaron en Valledupar sobre las versiones que han entregado a la Sala de Reconocimiento 104 comparecientes de cuatro unidades militares de la Décim​a Brigada que estarían comprometidos con 152 nuevos hechos victimizantes en los cuales habrían sido asesinadas 235 personas.

Víctimas de ‘falsos positivos’ en Valledupar relatan a la JEP los duelos inacabados, las rupturas familiares y los daños intergeneracionales causados por los crímenes​​​

Las victimas acreditadas ante la JEP, dentro del Subcaso Costa Caribe que investiga ‘falsos positivos’, se pronunciaron en Valledupar sobre las versiones que han entregado a la Sala de Reconocimiento 104 comparecientes de cuatro unidades militares de la Décim​a Brigada que estarían comprometidos con 152 nuevos hechos victimizantes en los cuales habrían sido asesinadas 235 personas. Luego de emitir la resolución de conclusiones frente a 12 máximos responsables del Batallón de Artillería No. 2 La Popa (BAPOP), imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad, en esta segunda fase de la investigación la magistratura investiga el fenómeno criminal desde una perspectiva más amplia que permitirá entender qué pasó en las otras unidades militares que operaron en Cesar y La Guajira entre 2004 y 2008.  A partir de los relatos entregados por las 20 víctimas que participaron de esta primera jornada de observaciones, las cuales también se desarrollarán el 23 de marzo en San Juan del Cesar y el 27 y 28 en Barranquilla, ha sido posible reconstruir el duelo inacabado de la desaparición forzada que en muchos casos acompaña a las familias y les debate prolongadamente entre la incertidumbre y la esperanza.  “Son 15 años de búsqueda que no han terminado”, detalló Darío Alfonso Morales Rodríguez, padre de Óscar Alexánder, asesinado el 16 de enero de 2008, y añadió: “La verdad sí repara porque la verdad; aunque duela, calma la tempestad de impotencia y dolor”. A su turno, otra de las víctimas, Paola Manjarrés, hermana de Jair Antonio, sentenció: “No necesitamos que nos pidan perdón, mi hermano sigue desaparecido. Aún no tenemos sus restos”. En la diligencia las víctimas se refirieron a las múltiples rupturas personales y familiares que derivaron en desplazamientos, mayores angustias, precariedad económica para los familiares de hijos, padres y esposos asesinados. Dirigiéndose a más de 100 comparecientes, y sus representantes que siguieron la diligencia vía Teams en un trabajo de escucha empática, Florentina Maestre aseguró: “Diciendo la verdad es que uno se cura. Ellos son culpables de nuestro sufrimiento y de la vida que hemos tenido (…). Estoy dispuesta a perdonar al rey y al que no es rey pero que digan la verdad. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué nos hicieron ese daño?”. Las afectaciones que documentó la Sala de Reconocimiento también dieron cuenta de daños intergeneracionales que significaron la distorsión de la memoria paternal al impedirles crecer junto a sus padres, y del esfuerzo de las mujeres por buscar la justicia y la verdad. “Lo mataron y lo hicieron pasar por cuatrero. Quedamos como los hijos del ladrón, del que robaba ganado, del que descuartizaba ganado. Mi hermano creció pensando que mi papá era un ladrón”, les dijo Yinna Marcela Sandoval quien solicitó, como todas las víctimas, que se limpie la memoria y nombre de sus seres queridos. Frente a las versiones puntuales de los comparecientes, las víctimas les reclamaron más verdad. “Yo le pido a (el general en retiro) Jorge Enrique Navarrete que si usted no va a decir la verdad por lo menos sea sincero y diga que no quiere hablar”, le dijo Ana Bolaños. Una orilla en la que también se paró Florentina Maestre: “Es la mera verdad y no pido más. La verdad, la verdad. Si uno está pidiendo la verdad ellos tendrán que decirla”; y Exavier Castro: “Los protagonistas no solo van a ser las víctimas, sino también quienes digan la verdad”. Cada una de las exigencias iba dirigida a los exintegrantes de cuatro unidades militares de la Primera División del Ejército: el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2, el Batallón Especial Energético y Vial No. 2 y la Fuerza de Reacción Divisionaria No. 1, unidades que, para el periodo priorizado, habrían tenido jurisdicción sobre algunos municipios de los departamentos de Cesar, Atlántico, La Guajira y el sur de Bolívar. “Hablar en sí mismo no es dialogar, como tampoco es razonable forzar un diálogo entre quienes resultaron en orillas opuestas del conflicto. Por esto, uno de los principios más importantes de la justicia restaurativa es la progresividad. La experiencia nos ha enseñado que una de las modalidades más importantes de reconocimiento se da en la escucha, permitiendo que identidades otrora violentadas, truncadas, sean restablecidas; que la marginalización que permitió y que produjo el crimen se rectifique al darle centralidad en la escucha; que se dignifique retumbando su voz luego del silenciamiento del crimen”, advirtió el magistrado Óscar Parra. Cada uno de los testimonios entregados por las víctimas será contrastado por la sala e incluido en el expediente judicial con el fin de determinar los hechos y conductas de los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate atribuidas a miembros y exmiembros de las cuatro unidades de la Décima Brigada. Tomado de la Jurisdicción Especial Para la Paz

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Los requisitos y procedimientos rígidos dificultan la oportuna y eficiente reparación a las víctimas del conflicto armado, así lo aseguró Patricia Tobón, Directora de la Unidad Nacional de Víctimas.

Solo el 13 por ciento de las víctimas ha sido indemnizada

Los requisitos y procedimientos rígidos dificultan la oportuna y eficiente reparación a las víctimas del conflicto armado, así lo aseguró Patricia Tobón, Directora de la Unidad Nacional de Víctimas. Por iniciativa del senador David Luna, este miércoles sesionó la Comisión Accidental de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con la participación de delegados de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. De acuerdo con el senador de Cambio Radical, desde el congreso se está haciendo seguimiento a la aplicación de la ley, teniendo en cuenta la magnitud de la población afectada por la guerra y la necesidad de que la reparación de haga de manera efectiva y real, para superar las secuelas de la guerra. Al presentar el informe de los seis meses de gestión, la directora de la Unidad de Víctimas señaló que el control de las políticas públicas debe contribuir al mejoramiento de la atención y a garantizar los derechos de las víctimas, “esto requiere seguimiento, debates públicos, porque del avance de estos derechos depende también la reparación de las víctimas del conflicto”. Patricia Tobón dijo, además, que al llegar a la entidad encontró deudas y rezagos en el cumplimiento de la reparación a las víctimas por los obstáculos en que se han convertido muchos de los requisitos para acceder a las indemnizaciones. “Hallé muchos procedimiento y requisitos que, en su rigidez, se convierten en obstáculos para el acceso de los derechos de las víctimas, dificulta que nuestra atención sea oportuna y eficiente”, puntualizó la funcionaria. Asimismo, señaló que en la reparación administrativa durante todo el tiempo de implementación de la ley se han pagado 1´200.000 indemnizaciones, es decir, el 13 por ciento del universo de víctimas en todo el país, y que en el cuatrienio anterior, 2018 a 2022, las víctimas que recibieron algún pago por parte del estado ascendió a 325.442. La funcionaria anunció que se está trabajando con los entes de control en mesas técnicas y organizaciones sociales, en la consolidación de propuestas y rutas de acción que se le entregarán al Presidente de la República, para que se puedan reorientar las estrategias pata el cumplimiento de las políticas en favor de las víctimas. “Las víctimas han estado relegada de los procesos institucionales, para mí es un imperativo escucharlas, atender sus procesos de atención y reparación”, puntualizó. Tomado del Senado de la Repúblico.

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Por instrucciones del presidente del Senado, Roy Leonardo Berreras Montealegre, se convoca a sesión solemne de Congreso Pleno, para dar cumplimiento a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del día 27 de julio de 2022, comunicada el 30 de enero de 2023 “caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia”. Durante la sesión, el Pleno del Congreso, acatará el el fallo de la Corte-IDH. Asímismo, se sumará  al reconocimiento  que debe hacer el Estado a los integrantes de la UP, como victimas de exterminio.

Congreso Pleno acatará el fallo de la Corte IDH sobre exterminio de la Unión Patriótica-UP

Por instrucciones del presidente del Senado, Roy Leonardo Berreras Montealegre, se convoca a sesión solemne de Congreso Pleno, para dar cumplimiento a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del día 27 de julio de 2022, comunicada el 30 de enero de 2023 “caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia”. Durante la sesión, el Pleno del Congreso, acatará el el fallo de la Corte-IDH. Asímismo, se sumará  al reconocimiento  que debe hacer el Estado a los integrantes de la UP, como victimas de exterminio. La Corte-IDH, condenó al Estado Colombiano por las violencias sufridas a más de 6.000 integrantes, militantes y simpatizantes de la UP, durante más de dos décadas. En la sentencia se ordena la reparación de la víctima, los hechos ocurrieron hace 29 años, en casi todo el territorio nacional. De la misma manera la sentencia asegura que la desaparición se dio mediante un plan de exterminio sistemático contra el partido Unión Patriótica-UP. También responsabiliza al Estado colombiano, por el exterminio de lideres políticos y militantes en general del Partido de izquierda Unión Patriótica y por las violaciones de derechos humanos, cometidas con las víctimas en las diferentes masacres ocurridas. Teniendo en cuenta los apartes que contempla la sentencia, el Estado hará acompañamiento y  asistencia las víctimas. Además, ordenará el restablecimiento de los derechos políticos de la UP. Al abordar a la senadora Aída Avella, militante del Partido UP y quien también fue víctima de las persecuciones, manifestó “con esta decisión de la Corte Interamericana, las victimas nos sentimos en parte reparadas. Aquí no existe ninguna posibilidad de interponer algún recurso, el Estado asesinó a la Unión Patriótica. Hoy, se nos ha dado la razón de todas las denuncias interpuestas, se seguirá conociendo la verdad, para que nadie en Colombia sea asesinado por sus convicciones políticas, independientemente de cuales sean”. La legisladora habló como víctima, “estamos muy emocionados de que al fin la justicia Internacional, nos haya dado este fallo, donde se condena al Estado, desde el principio sentíamos, que ellos eran los que estaban detrás de los asesinatos y las desapariciones de muchas víctimas” sostuvo la senadora Aída Avella. Tomado del Senado de la República

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En un encuentro interinstitucional, convocado por la Procuraduría General de la Nación, se le hizo seguimiento a la política pública de víctimas y se analizó la implementación de los PDET en los montes de María.

Administración de Sucre trabaja en articulación con las víctimas para garantizar sus derechos

En un encuentro interinstitucional, convocado por la Procuraduría General de la Nación, se le hizo seguimiento a la política pública de víctimas y se analizó la implementación de los PDET en los montes de María. Luis José Guerra Barrios, secretario del Interior departamental, destacó que en este espacio se enfocaron todos los esfuerzos en pro de los planes de acción respecto a la reparación integral de las víctimas y su seguridad. Además, indicó que desde la Gobernación de Sucre hay total disposición de seguir trabajando por hacer valer sus derechos. Esta actividad, la presidió Zeneida López Cuadrado, procuradora Delegada Preventiva y de Control de Gestión para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, y también participaron funcionarios de la Unidad para las Víctimas, Agencia de Renovación del Territorio y Defensoría del Pueblo. Guerra Barrios manifestó que se viene haciendo un trabajo especial en los montes de María, en especial en el corregimiento de Chinulito, en Colosó, en aras de fortalecer el tejido social en el territorio. Por último, indicó que se debe seguir trabajando en armonía con la institucionalidad por las víctimas, ya que son el núcleo de los acuerdos de paz. Tomado de Gobernación de Sucre

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