Victimas Archivos - Revista el Congreso

Criminales usaron escudos humanos para frenar el avance de las tropas durante rescate de militares en el Cauca

Actualidad, Colombia, Ejército Nacional, Norte de Santander, Policía Nacional, Popayán, Presidencia, Victimas, Violencia / Erika Baute

En una operación conjunta entre el Ejército y la Policía Nacional, el Gobierno nacional confirmó este lunes el rescate, sanos y salvos, de 57 militares que habían sido secuestrados en zona rural de El Tambo, Cauca. Según informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, los uniformados estaban en poder de personas “instrumentalizadas e infiltradas” por la estructura criminal ‘Carlos Patiño’, del cartel de alias ‘Mordisco’. La acción fue anunciada tras una reunión extraordinaria de seguridad celebrada hoy en Popayán, encabezada por los ministros de Defensa e Interior, junto con los altos mandos de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y autoridades locales, incluido el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán. “Señor presidente, buenas tardes. En acción coordinada entre Ejército y Policía fueron rescatados nuestros 57 hombres en la vereda Fondas del municipio de El Tambo”, informó el ministro Sánchez a través de su cuenta en la red social X, mensaje que fue repostado por el presidente Gustavo Petro. Los militares están siendo trasladados por vía terrestre hacia Popayán. Junto con ellos, las autoridades reportaron la captura en flagrancia de más de veinte personas señaladas de participar en el secuestro. Sánchez denunció que la estructura criminal ‘Carlos Patiño’ ha utilizado métodos de intimidación sobre las comunidades de la región para obstaculizar el ingreso de inversión social promovida por el Gobierno. “Desde el presidente Petro hasta todos los organismos humanitarios hemos insistido en el diálogo, pero esta estructura persiste en su accionar violento”, afirmó. Fuerza Pública actuó con prudencia Durante la operación, la Fuerza Pública actuó con “prudencia y respeto por la vida civil”, según detalló el jefe de la cartera de Defensa. No obstante, indicó que los criminales usaron escudos humanos para frenar el avance de las tropas y evitar el despliegue institucional en el territorio. El ministro anunció también una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias ‘Kevin’, y de hasta 100 millones por los alias ‘Yovany’, ‘Zamora’ y ‘Tabares’, presuntos integrantes de la estructura armada ilegal. “O se someten a la justicia o serán capturados. El Estado es permanente; alias ‘Mordisco’ y sus secuaces, pasajeros”, advirtió. Sánchez reiteró el compromiso del Gobierno nacional con la vida y el desarrollo de las comunidades del Cañón del Micay. “No vamos a claudicar. Seguiremos invitando a los líderes sociales a sumarse a los programas de gobierno. La principal amenaza al narcotráfico es la inversión social”, subrayó. Fotos de capturados? Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, compartió imágenes en su cuenta de X que muestran a algunos de los capturados, señalando que todos serán presentados ante las autoridades competentes. “Los 57 militares rescatados están en camino a la sede de la Tercera División en Popayán, donde ya los estamos esperando”, añadió. El presidente Gustavo Petro, por su parte, había instado horas antes a las comunidades campesinas del Cauca a no dejarse manipular por actores armados. “El diálogo está abierto para transitar a economías lícitas. Los violentos quieren que golpeemos al pueblo para tener una excusa y generalizar el conflicto; nosotros queremos generalizar la paz”, escribió el jefe de Estado.

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La infancia no debe pagar el precio del cambio climático: Colombia actualiza sus compromisos ante el calentamiento global

AMBIENTAL, Colombia, Regiones, Victimas / Erika Baute

• Colombia se enfrenta a una paradoja: aporta apenas el 0,6% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero1, pero es el cuarto país más vulnerable a las consecuencias del cambio climático en el mundo y el primero en las Américas2. • En el centro de esta crisis están las niñas, niños y adolescentes, quienes, pese a ser el grupo que menos ha contribuido a la emergencia ambiental, sufren sus efectos con mayor intensidad. • Desde la toma de decisiones se pueden dar pasos importantes para mitigar los efectos que ponen en riesgo el bienestar de la niñez. La crisis climática pone en riesgo los derechos, bienestar e incluso la supervivencia de la infancia. Acuerdos globales buscan mitigar y prevenir algunos efectos, tales como el Acuerdo de París, firmado en 2015, un tratado internacional vinculante de obligatorio cumplimiento para los países que se han adherido, como Colombia. Para dar vida al acuerdo, los países firmantes presentaron en 2020 sus planes de acción climática, (primera actualización) conocidos como Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC’s, por sus siglas en inglés, y cuyas metas deben ser actualizadas cada cinco años. Actualización de obligaciones frente al cambio climático Este año, Colombia está actualizando, por segunda vez, sus obligaciones para hacer frente y adaptar su respuesta institucional y de otras entidades ante el cambio climático. La inclusión de niñas, los niños y los adolescentes en estas decisiones legales son temas que UNICEF acompaña para garantizar que su interés superior y prevalencia de derechos se vean reflejados en las medidas que se tomen. El Índice Mundial de Riesgo3 indica que Colombia es el cuarto país más vulnerable a las consecuencias del cambio climático en el mundo y el primero en las Américas. Este índice, además de hacer manifiesta una urgencia por hablar de cambio climático y de trabajar en unas medidas para contrarrestarlo, clasifica a los países según su exposición y capacidad de respuesta frente a desastres naturales y tiene como función orientar la implementación de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París en 2015, los cuales deben concretarse en cada país a través de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC’s). En Colombia, algunas cifras ponen de manifiesto la necesidad de trabajar en estas contribuciones de forma expedita, teniendo en cuenta que la supervivencia de la infancia se ve directamente amenazada: • En 2024, más de 9.000 eventos climáticos extremos: incendios, vendavales, inundaciones y avalanchas, dejaron más de un millón de personas afectadas. (UNGRD) • La inseguridad alimentaria golpea fuerte: el 40% de los hogares temen no tener suficiente comida, y en el 5,7% al menos un miembro pasó un día entero sin comer. (DANE)

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Alcalde de Cartago salió ileso de atentado, su guardaespaldas resultó herido

Actualidad, Colombia, Fuerza Pública, Gobernación, Policía Nacional, Valle del Cauca, Victimas / Erika Baute

El Alcalde del municipio de Cartago, Juan David Piedrahíta fue víctima de un ataque a balas, la mañana del domingo 15 de junio mientras transitaba por la zona rural del municipio con su equipo de colaboradores y su esquema de seguridad. Pocas horas después de que el país conociera del ataque sicarial contra el alcalde del municipio de Cartago, Juan David Piedrahíta, el mandatario local narró ante la opinión pública cómo ocurrieron los hechos. Piedrahíta, explicó que uno de los integrantes de su esquema de seguridad quedó herido tras el hecho y tuvo que ser remitido de urgencia a un centro asistencial del municipio. “En horas de la mañana, realicé un desplazamiento a la zona rural y sufrimos una afectación en el vehículo y una de las personas que me estaban acompañando se encuentra en el hospital, siendo atendido por los médicos del Hospital Universitario”, indicó el mandatario. Asimismo, el Alcalde, indicó que las autoridades competentes han prestado la debida atención tanto a su persona como a los miembros de seguridad que le acompañaban durante el ataque y que desde entonces se iniciaron las investigaciones para dar con los responsables del atentado. Además, expresó “Los hechos son materia de investigación por las autoridades, quienes desde el primer momento han brindado todo el apoyo para poder dar claridad a todo lo que ha acontecido”. Atención Policial Por su parte, Liliana Rodríguez, comandante de la Policía de Valle del Cauca, declaró que la entidad ha desplegado todos los recursos para avanzar en la investigación judicial del caso. “La Policía Nacional, frente a los hechos informados por parte del señor alcalde de Cartago, ha dispuesto todas las capacidades en materia de investigación judicial con el fin de determinar el modo, tiempo y lugar de estos hechos que se han presentado en el día de hoy en el municipio de Cartago”. Habló la Gobernadora Dilian Francisca Toro, al respecto ordenó el desplazamiento inmediato de la comandante de la Policía al municipio para atender personalmente el caso “Las capacidades de investigación y judicialización han sido activadas para esclarecer lo ocurrido y hacer justicia”.

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Estado colombiano ofrecerá disculpas públicas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Actualidad, Asesinatos, Justicia, Posconflicto, Presidencia, Victimas / Erika Baute

En un acto solemne encabezado por el presidente Gustavo Petro, el Estado colombiano ofrecerá disculpas públicas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como parte del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa firmado el 18 de diciembre de 2024 entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Comunidad de Paz. Este reconocimiento de responsabilidad internacional se da en el marco del Caso 12.325 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionado con graves violaciones a los derechos humanos sufridas por miembros de la Comunidad entre 1997 y 2007. Estos hechos incluyeron masacres, ejecuciones extrajudiciales y amenazas perpetradas por grupos armados ilegales, con complicidad o aquiescencia de integrantes de la fuerza pública. Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre 1997 y 2007 se recibieron 54 denuncias de violaciones a los derechos humanos en esta comunidad. Fue precisamente en 1997, en respuesta a este contexto de violencia, que nació la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como una expresión de resistencia civil no armada que proclamó su neutralidad frente al conflicto armado y su derecho a vivir en paz. Uno de los hitos clave en este proceso fue la Sentencia T-1025 de 2007, mediante la cual la Corte Constitucional reconoció la impunidad de los crímenes cometidos contra la Comunidad y ordenó medidas para garantizar su acceso a la justicia y a la reparación integral. Sin embargo, el incumplimiento de estas órdenes llevó a la conformación de una Comisión de Evaluación de la Justicia en 2012. Tras años de persistencia, en diciembre de 2024 se logró un acuerdo de solución amistosa entre la Comunidad y el Estado, en el cual se reconoce la responsabilidad estatal y se establecen medidas concretas de reparación, como la creación de una nueva Comisión de Evaluación de la Justicia. Este acto simbólico busca honrar a las víctimas, reconocer el daño causado y sentar las bases para que hechos tan dolorosos no se repitan. En paralelo, se vienen adelantando otros compromisos del acuerdo, como la formalización de tierras y la ejecución de obras concertadas con la comunidad, incluyendo la adecuación de caminos rurales, la mejora de instituciones educativas y la construcción de un centro de salud. También se desarrollan iniciativas en materia de memoria histórica. El acto de reconocimiento tendrá lugar en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y contará con la presencia de la Comunidad de Paz, miembros del gabinete ministerial, funcionarios públicos, embajadores, alcaldes de ciudades europeas, líderes internacionales reconocidos por su labor en favor de la paz, así como organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y religiosas que han acompañado a la comunidad durante más de veinte años. Con este gesto, el Estado colombiano reitera su compromiso con la construcción de un nuevo camino, cimentado en la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.

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Cocaleros critican anunció del Gobierno Nacional sobre compra de la hoja de Coca “una gran mentira”

Actualidad, Agricultura, AMBIENTAL, Estado, gobernacion, Gremios, MinAgricultura, MinAgricultura, MinAmbiente, Nariño, Paz, Victimas / Erika Baute

Miembros de la Asociación de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) en Nariño piden al Gobierno Nacional buscar soluciones para el gremio por medio de la inversión social en vez de la medida anunciada por el jefe de Estado Gustavo Petro. Mediante declaraciones a medios de comunicación locales los campesinos cocaleros del departamento de Nariño se manifestaron en contra del anuncio hecho por el Gobierno Nacional sobre la compra de la hoja de coca, expresaron que lo dicho por el mandatario es una “gran mentira” que pretende resolver problemas sin ofrecer soluciones reales. Richard Ortega, coordinador de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) en Nariño, indicó en reciente entrevista que dichas medidas no eran concretas y por el contrario eran producto de la improvisación. Asimismo, enfatizó que las conversaciones con el Ejecutivo Nacional no han resultado productivas para el gremio y que, en realidad, lo que se necesita es inversión social. Sobre la realidad de la región Ortega expresó que muchos de estos cultivos han sido abandonados, y que los agricultores ven la propuesta del Gobierno como ineficaz. Los cocaleros, cuestionaron además, los verdaderos intereses detrás de la medida, refirieron además la aguda situación que atraviesa el corredor del Micay argumentando que esto obedece a un abandono estatal generalizado. El llamado de la agremiación para el Gobierno es a encontrar desde el trabajo mancomunado una solución integral basada en la inversión social y no simplemente la compra de la producción cocalera.

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Cartas de indemnización a víctimas del conflicto llegaron a El Tigre en el bajo Putumayo

Actualidad, Colombia, Gestión, Gobierno, Putumayo, Regiones, Victimas / revistacg

La Directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, entregó este miércoles 457 cartas de indemnización a víctimas del conflicto en El Tigre, en el bajo Putumayo. ¿Qué es la indemnización? Es una forma de reparación que entrega el Estado Colombiano como forma de resarcimiento económico por los hechos sufridos, durante un acto de violencia o proceso forzado. ¿A quién se entrega? La indemnización económica se entrega a las víctimas que hayan sufrido los siguientes hechos: Homicidio Desaparición forzada Secuestro Lesiones personales que generaron incapacidad o alguna discapacidad Reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes Delitos contra la libertad e integridad sexual, incluidos niños, niñas y adolescentes nacidos como consecuencia de una violación sexual en el marco del conflicto armado Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes Desplazamiento forzado Más de 4.000 millones de pesos fueron entregados Tras encuentro con víctimas del conflicto armado realizado en El Tigre, la directora Lilia Solano, realizó entrega de cartas de indemnización a cada uno de los asistentes; cartas que superaron los 4.000 millones de pesos. Como un acto de reparación se priorizó a población mayor de 68 años, con discapacidad, que padezcan algún tipo de enfermedad o gravedad en su estado de salud. “Tenemos un Gobierno comprometido con la reparación de las víctimas”, refirió la directora, Lilia Solano. Dentro de este encuentro se realizó una jornada de dialogo, donde se escucharon las problemáticas y se socializaron los procesos que se están haciendo desde el Gobierno Nacional, en función de apropiar una política restauradora con la entrega de indemnización individual para las víctimas. «Nos hemos reunido con familias victimizadas para escuchar sus historias de primera mano y dignificar su lucha», afirmó Solano. Próximas jornadas de cartas de indemnización Estas jornadas ya se han realizado en Mocoa, Puerto Asís, Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Sibundoy, Puerto Guzmán, Córdoba, Montelíbano, Montería, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún, entre otros municipios del territorio colombiano. Por lo anterior, la Unidad para las Víctimas anunció que seguirá realizando estas jornadas en otras zonas del país, que fueron afectadas por esta problemática social.

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Una cruz guió a la UBPD en la recuperación de dos desaparecidos en Putumayo

Actualidad, Gestión, Posconflicto, Putumayo, Victimas / Erika Baute

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó dos cuerpos en zona rural del municipio de Valle del Guamuez, en el Putumayo, que pueden corresponder a personas desaparecidas en acciones relacionadas con el conflicto armado. Esta acción humanitaria es el resultado de una investigación que inició en abril de 2023 con la solicitud de búsqueda realizada por una mujer del municipio de Orito, en Putumayo, quien motivada por la incertidumbre y el dolor que sentía su hijo de 24 años, ante la ausencia de su padre, se acercó a la Unidad de Búsqueda para hablar de la desaparición de su antiguo compañero. Desde ese momento, la UBPD comenzó el proceso de búsqueda que permitió completar el relato entregado por la familia buscadora, el cual referenciaba que su ser querido había sido retenido por un grupo armado junto con dos vecinos mientras se encontraba en inmediaciones de su casa. Socialización de la UBPD Días previos a la intervención forense, los pobladores de la zona donde se recuperaron los cuerpos asistieron a una socialización de la UBPD que les permitió conocer a detalle las razones de la visita que se aproximaba a su vereda; y a su vez, entender el principio de confidencialidad, así como la extra judicialidad de la búsqueda. Como resultado de este encuentro, un poblador ayudó a encontrar el punto exacto de disposición de los cuerpos, el cual había sido marcado por él con una cruz décadas atrás. Esta marca, colocada hace 22 años, fue clave para la recuperación. «Los habitantes de las zonas rurales, en general, son quienes conservan las huellas del conflicto armado. Sin su colaboración, muchas búsquedas serían imposibles de resolver», mencionó David Narváez, coordinador de la Unidad de Búsqueda en el Putumayo. «Detrás de cada hallazgo hay una historia. En esta ocasión, la comunidad fue la verdadera protagonista, convirtiéndose en parte de nuestro equipo. Gracias a ese gesto sencillo pero poderoso de un habitante, y al interés de todas y todos tanto en la socialización como en el proceso de recuperación, hoy contamos con estos resultados. Nos indicaron el lugar, nos acompañaron y nos acogieron durante la búsqueda», concluyó. La excavación indicó que los cuerpos correspondían a Yon Jairo y Luis Aunque los datos recopilados por la UBPD y los hallazgos en la excavación indican que los cuerpos corresponderían a Yon Jairo y Luis, las estructuras óseas fueron entregadas al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ya que son la entidad encargada de comparar la información genética extraída de estos con la encontrada en las muestras de ADN entregadas por los familiares. Según el universo de personas dadas por desaparecidas que construye la Unidad de Búsqueda, cerca de 4.700 personas en el Putumayo están registradas como desaparecidas en el marco del conflicto armado. De esta cifra, 3.547 son buscadas por medio del Plan Regional de Búsqueda Bajo Putumayo, el cual cubre los municipios de Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Leguízamo. Para contribuir a la búsqueda de estas personas desaparecidas, la UBPD invita a quienes tengan información para que se acerquen a la sede de la entidad en Mocoa, ubicada en la calle 14 # 7 – 15 (barrio Olímpico); o se comuniquen a través de la línea telefónica 3162851395.

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“No hay espacio para la delincuencia”, gob de Antioquia tras operativo en Amalfi

Antioquia, gobernacion, Gobernación, Judicial, Medellín, Orden Púbico, Orden Público, ORDEN PÚBLICO, Policía Nacional, Rama Judicial, Regiones, Victimas / revistacg

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció tras operativo contra banda delincuencial ‘Los Libertadores’, en Amalfi. En un operativo conjunto la Policía Nacional, la Fiscalía General y las Fuerzas Militares dieron de baja a alias ‘El Enano’ y dos integrantes más de la banda criminal ‘Los Libertadores’, en zona rural de Amalfi, Antioquia, dedicada a la extorsión, homicidios y secuestros en el nordeste antioqueño. “Gracias al esfuerzo y a la capacidad de nuestra Fuerza Pública se logra neutralizar a este criminal que estaba atemorizando el nordeste del departamento. Con esto demostramos que no hay espacio para la delincuencia, criminal que pretenda desafiar al Estado, las libertades y la vida de nuestros antioqueños”, dijo el gobernador. De acuerdo con las autoridades, en el operativo también fue abatido alias ‘Alonso’ otro cabecilla de la organización. Ambos delincuentes tenían órdenes de captura por concierto para delinquir agravado, homicidio, porte ilegal de armas de fuego, secuestro y tortura. Una de las prioridades del gobernador Rendón ha sido recuperar la seguridad en el departamento. En ese propósito, la administración desplegó más de 1100 uniformados de la Policía y el Ejército en los perímetros urbanos y zonas rurales de la región. Asimismo, se dio inicio al Plan Cosecha, que se extenderá hasta el 31 de diciembre para proteger a los caficultores en 94 municipios antioqueños. “Priorizamos 281 fincas que albergarán cerca de 100.000 recolectores, de los cuales 60.000 seguramente son foráneos. Con base en el nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas y los territorios, hemos focalizado las capacidades institucionales a través de los ejes de prevención, disuasión, control y desarrollo operacional, generando condiciones de seguridad durante la temporada cafetera”, anunció el director de la Policía Nacional, William Salamanca. “Me gusta mucho que buena parte de los componentes que activa la Policía para este Plan Cosecha estén presentados por mujeres, porque tenemos que darle un enfoque de cuidado a esta estrategia. Muchas familias se desplazan en esta cosecha mientras los adultos están en la recolección, por eso tenemos que activar unas tareas de cuidado para evitar no sólo alteraciones del orden público, sino violencias de tipo doméstico y sexual”, manifestó el gobernador.

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Contraloría General exige mejoras en la ejecución de recursos para la Ley de Víctimas

Contraloría, Justicia, Paz, Victimas / revistacg

“Ha disminuido significativamente la participación de las víctimas en los subsidios de vivienda, pasando de 73,4% en 2013 a 11,9% en 2023.” La Contraloría General solicitó al Gobierno Nacional intensificar sus esfuerzos fiscales para la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En un reciente informe, el organismo de control, subrayó la insuficiencia de recursos y medidas destinadas a atender a las víctimas, evidenciando la necesidad urgente de reformas para garantizar una atención efectiva y equitativa. De acuerdo con el análisis del organismo, “entre 2024 y 2031 se requerirían aproximadamente $303,9 billones de pesos para implementar plenamente la Ley de Víctimas. Esto implica una necesidad anual de $37,9 billones. El desglose de estas necesidades incluye $118 billones para vivienda, $83,6 billones para indemnizaciones, $36,8 billones para generación de ingresos, $12,9 billones para subsistencia mínima y $7,1 billones para educación superior”. Problemáticas y sus posibles soluciones Uno de los problemas más críticos identificados, es el déficit habitacional que enfrentan más del 77% de las víctimas, que requieren el mejoramiento y ampliación de sus viviendas. Además, ha disminuido significativamente la participación de las víctimas en los subsidios de vivienda, pasando de 73,4% en 2013 a 11,9% en 2023. La contralora delegada para el posconflicto, Luz Amparo Echeverry, presentó estos hallazgos en el undécimo informe de monitoreo y seguimiento a la Ley de Víctimas, elaborado en colaboración con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de víctimas. Echeverry subrayó: “Continuaremos con la labor de seguimiento y control fiscal sobre los recursos destinados a la política pública de víctimas, asegurándonos de que cumplan con su finalidad e impacto en la mejora de las condiciones y estabilización socioeconómica de las víctimas”.

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Cámara de Representantes propone 50 años de cárcel para reclutadores de menores de edad

Actualidad, Bogotá, Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, PAZ, Victimas, Violencia / Erika Baute

Desde la Cámara de Representantes se pretende establecer penas ejemplarizantes para quienes sometan a reclutamiento forzoso a menores de edad en el territorio Nacional, la iniciativa es impulsada por el representante a la Cámara del Partido de la U, Julián López. Al respecto López expresó “este es un proyecto de ley que tiene la firma de 125 congresistas y básicamente lo que pretende es modificar el código penal, es decir, esa Ley 599 del 2.000 en tres artículos: 83, 162 y 188, para pasar de condenar a estas personas que reclutan menores −que hoy, máximo pueden tener cárcel por 23 años− hasta el máximo que son 50 años”. Grave instrumentalización de niños y adolescentes La grave denuncia hecha por el representante del Valle del Cauca refiere que estas estructuras criminales instrumentalizan a los niños y adolescentes para que incurran en otro tipo de delitos “aquí hemos ido un poco más allá y queremos que este delito sea imprescriptible. De 1996 al 2016 según la JEP, han sido reclutados más de 18.000 menores −y eso es lo que tenemos por encima de la mesa, porque el subregistro puede ser dos o tres veces más−. Nosotros creemos que con este proyecto se desincentiva que esos criminales terroristas cometan este delito, la verdad dejarlo taxativo”. Un NO rotundo Frente a este inquietante panorama que se ha incrementado en las diferentes regiones del país, los parlamentarios firmantes refieren que la intención es “por supuesto duplicarles las penas a estas personas, no solamente es que se roben a los niños o que les entreguen un arma, o les enseñen a asesinar, sino que eso tiene un costo social muy profundo. Nosotros estamos perdiendo a nuestros menores en esas selvas y queremos que en el Congreso de la República, a todo el país y sobre todo a esos bandidos, se les envíe ese mensaje de que aquí no vamos a permitir absolutamente nada”. Según el Representante por el partido de la U, se tiene registro de al menos 214 grupos al margen de la ley y cuatro grupos armados organizados (GAO) como el Clan del Golfo, el Eln, grupos paramilitares e incluso 14 grupos armados organizados residuales, como, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, pero 196 grupos armados… Yo soy el del Valle del Cauca”, estructuras que deberán responder ante las autoridades y la Fiscalía General de la Nación, por estos delitos que estarían penalizados por al menos 50 años de cárcel.

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