abril 19, 2026

Asesinatos

En Barranquilla estamos cansados de la extorsión: alcalde Char hace llamado a Mindefensa y Gobierno nacional

Rodeado de la comunidad del barrio La Chinita, en el suroriente de la ciudad, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo un enérgico llamado al Ministerio de Defensa Nacional a brindar garantías para erradicar la extorsión que ha afectado a decenas de comerciantes y emprendedores de las diferentes localidades. Durante una entrega de vías recuperadas, el alcalde Char señaló: “En Barranquilla estamos cansados de la extorsión. Esta alegría que se ve hoy en La Chinita se entristece todos los días, cada vez que a los papás de estos niños los extorsionan y le tiran hasta bala en sus negocios, pidiéndoles vacuna. No hay derecho que en cada esquina de Colombia haya una extorsión que quita la tranquilidad, que le quita el sueño a todos”. El mandatario distrital explicó que las familias crean sus emprendimientos con esfuerzo y la Nación no les brinda la suficiente seguridad para mantenerlo: “Las familias sacan plata de su bolsillo con mucho esfuerzo y hacen su negocio y al día siguiente los están extorsionando. No hay derecho que estén acabando con el sueño de nuestra gente. Desde aquí hacemos un llamado al Ministerio de Defensa, al Comandante de la Policía, al Ejército, que se pongan las pilas porque Barranquilla está hasta aquí de la extorsión”. El clamor del alcalde Alejandro Char es el de muchos ciudadanos que se han visto afectados los últimos meses, y que piden al Gobierno Nacional más seguridad para salir adelante y mejorar sus condiciones económicas.

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Estado colombiano ofrecerá disculpas públicas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

En un acto solemne encabezado por el presidente Gustavo Petro, el Estado colombiano ofrecerá disculpas públicas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como parte del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa firmado el 18 de diciembre de 2024 entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Comunidad de Paz. Este reconocimiento de responsabilidad internacional se da en el marco del Caso 12.325 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionado con graves violaciones a los derechos humanos sufridas por miembros de la Comunidad entre 1997 y 2007. Estos hechos incluyeron masacres, ejecuciones extrajudiciales y amenazas perpetradas por grupos armados ilegales, con complicidad o aquiescencia de integrantes de la fuerza pública. Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre 1997 y 2007 se recibieron 54 denuncias de violaciones a los derechos humanos en esta comunidad. Fue precisamente en 1997, en respuesta a este contexto de violencia, que nació la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como una expresión de resistencia civil no armada que proclamó su neutralidad frente al conflicto armado y su derecho a vivir en paz. Uno de los hitos clave en este proceso fue la Sentencia T-1025 de 2007, mediante la cual la Corte Constitucional reconoció la impunidad de los crímenes cometidos contra la Comunidad y ordenó medidas para garantizar su acceso a la justicia y a la reparación integral. Sin embargo, el incumplimiento de estas órdenes llevó a la conformación de una Comisión de Evaluación de la Justicia en 2012. Tras años de persistencia, en diciembre de 2024 se logró un acuerdo de solución amistosa entre la Comunidad y el Estado, en el cual se reconoce la responsabilidad estatal y se establecen medidas concretas de reparación, como la creación de una nueva Comisión de Evaluación de la Justicia. Este acto simbólico busca honrar a las víctimas, reconocer el daño causado y sentar las bases para que hechos tan dolorosos no se repitan. En paralelo, se vienen adelantando otros compromisos del acuerdo, como la formalización de tierras y la ejecución de obras concertadas con la comunidad, incluyendo la adecuación de caminos rurales, la mejora de instituciones educativas y la construcción de un centro de salud. También se desarrollan iniciativas en materia de memoria histórica. El acto de reconocimiento tendrá lugar en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y contará con la presencia de la Comunidad de Paz, miembros del gabinete ministerial, funcionarios públicos, embajadores, alcaldes de ciudades europeas, líderes internacionales reconocidos por su labor en favor de la paz, así como organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y religiosas que han acompañado a la comunidad durante más de veinte años. Con este gesto, el Estado colombiano reitera su compromiso con la construcción de un nuevo camino, cimentado en la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.  

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En Ricaurte, Nariño, fue asesinado a tiros líder indígena Awá

En la noche del domingo 2 febrero de 2025, en Ricaurte Nariño, fue asesinado Tomás Guanga Quelal, líder indígena de 25 años, originario del pueblo Awá. El joven líder social hacia parte del resguardo Pialapí Pueblo Viejo y el año pasado se encontraba trabajando en la alcaldía de Ricaurte. Además, estudiaba ingeniería mecánica en la Universidad Nacional sede Tumaco. Este domingo,  Guanga se estaba transportándose en su automóvil. Repentinamente, desconocidos atentaron contra su vehículo y su vida, con armas de fuego. Guanga se encontraba con su pareja sentimental, quien quedó herida y está siendo atendida de emergencia en un hospital de la zona. Por esta razón, el pueblo se encuentra con miedo ante la posible llegada de las disidencias de las Farc y el ELN. Después de este suceso, las autoridades decretaron el inicio del plan candado, con la finalidad de dar con los asesinos. De la misma forma, la alcaldía de Ricaurte rechazó lo sucedido y expresó en comunicado: “Su partida deja un vacío profundo en todos nosotros, pues más allá de ser un compañero y líder excepcional, fue una persona cuya dedicación, sabiduría y generosidad siempre nos inspiraron”. De la misma manera la organización Camawari del pueblo indígena Awá afirmó: “hacemos extensivas nuestras condolencias sinceras a sus padres, hermanos, familiares y amigos por la pronta partida de James Tomás Guanga Quelal” y recordó que la nueva víctima de la violencia se había desempeñado como coordinador de Etno-Salud en la asociación a la que pertenecía. En ese orden de ideas, la Asociación de Víctimas de Ricaurte emitió en las últimas horas un comunicado, en el que anunció su decisión de realizar un paro indefinido a partir del próximo 17 de febrero, que incluiría el cierre de la vía al mar en Nariño. Aún así, la asociación compartió “el objetivo de este paro es exigir la restitución y garantía de los derechos que han sido vulnerados a las víctimas afiliadas a la Asociación Abriendo Caminos por la Paz”. Para este evento, la organización hizo un llamado a las autoridades para supervisar, “mediante la disposición de mecanismos de diálogo para abordar las necesidades urgentes de las comunidades afectadas”, al igual que exigió el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los planes y programas de reparación para las víctimas.

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