En la noche del domingo 2 febrero de 2025, en Ricaurte Nariño, fue asesinado Tomás Guanga Quelal, líder indígena de 25 años, originario del pueblo Awá. El joven líder social hacia parte del resguardo Pialapí Pueblo Viejo y el año pasado se encontraba trabajando en la alcaldía de Ricaurte. Además, estudiaba ingeniería mecánica en la Universidad Nacional sede Tumaco. Este domingo, Guanga se estaba transportándose en su automóvil. Repentinamente, desconocidos atentaron contra su vehículo y su vida, con armas de fuego. Guanga se encontraba con su pareja sentimental, quien quedó herida y está siendo atendida de emergencia en un hospital de la zona. Por esta razón, el pueblo se encuentra con miedo ante la posible llegada de las disidencias de las Farc y el ELN.
Después de este suceso, las autoridades decretaron el inicio del plan candado, con la finalidad de dar con los asesinos. De la misma forma, la alcaldía de Ricaurte rechazó lo sucedido y expresó en comunicado: “Su partida deja un vacío profundo en todos nosotros, pues más allá de ser un compañero y líder excepcional, fue una persona cuya dedicación, sabiduría y generosidad siempre nos inspiraron”. De la misma manera la organización Camawari del pueblo indígena Awá afirmó: “hacemos extensivas nuestras condolencias sinceras a sus padres, hermanos, familiares y amigos por la pronta partida de James Tomás Guanga Quelal” y recordó que la nueva víctima de la violencia se había desempeñado como coordinador de Etno-Salud en la asociación a la que pertenecía.
En ese orden de ideas, la Asociación de Víctimas de Ricaurte emitió en las últimas horas un comunicado, en el que anunció su decisión de realizar un paro indefinido a partir del próximo 17 de febrero, que incluiría el cierre de la vía al mar en Nariño. Aún así, la asociación compartió “el objetivo de este paro es exigir la restitución y garantía de los derechos que han sido vulnerados a las víctimas afiliadas a la Asociación Abriendo Caminos por la Paz”. Para este evento, la organización hizo un llamado a las autoridades para supervisar, “mediante la disposición de mecanismos de diálogo para abordar las necesidades urgentes de las comunidades afectadas”, al igual que exigió el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los planes y programas de reparación para las víctimas.