Justicia Archivos - Revista el Congreso

Estado colombiano ofrecerá disculpas públicas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Actualidad, Asesinatos, Justicia, Posconflicto, Presidencia, Victimas / Erika Baute

En un acto solemne encabezado por el presidente Gustavo Petro, el Estado colombiano ofrecerá disculpas públicas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como parte del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa firmado el 18 de diciembre de 2024 entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Comunidad de Paz. Este reconocimiento de responsabilidad internacional se da en el marco del Caso 12.325 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionado con graves violaciones a los derechos humanos sufridas por miembros de la Comunidad entre 1997 y 2007. Estos hechos incluyeron masacres, ejecuciones extrajudiciales y amenazas perpetradas por grupos armados ilegales, con complicidad o aquiescencia de integrantes de la fuerza pública. Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre 1997 y 2007 se recibieron 54 denuncias de violaciones a los derechos humanos en esta comunidad. Fue precisamente en 1997, en respuesta a este contexto de violencia, que nació la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como una expresión de resistencia civil no armada que proclamó su neutralidad frente al conflicto armado y su derecho a vivir en paz. Uno de los hitos clave en este proceso fue la Sentencia T-1025 de 2007, mediante la cual la Corte Constitucional reconoció la impunidad de los crímenes cometidos contra la Comunidad y ordenó medidas para garantizar su acceso a la justicia y a la reparación integral. Sin embargo, el incumplimiento de estas órdenes llevó a la conformación de una Comisión de Evaluación de la Justicia en 2012. Tras años de persistencia, en diciembre de 2024 se logró un acuerdo de solución amistosa entre la Comunidad y el Estado, en el cual se reconoce la responsabilidad estatal y se establecen medidas concretas de reparación, como la creación de una nueva Comisión de Evaluación de la Justicia. Este acto simbólico busca honrar a las víctimas, reconocer el daño causado y sentar las bases para que hechos tan dolorosos no se repitan. En paralelo, se vienen adelantando otros compromisos del acuerdo, como la formalización de tierras y la ejecución de obras concertadas con la comunidad, incluyendo la adecuación de caminos rurales, la mejora de instituciones educativas y la construcción de un centro de salud. También se desarrollan iniciativas en materia de memoria histórica. El acto de reconocimiento tendrá lugar en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y contará con la presencia de la Comunidad de Paz, miembros del gabinete ministerial, funcionarios públicos, embajadores, alcaldes de ciudades europeas, líderes internacionales reconocidos por su labor en favor de la paz, así como organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y religiosas que han acompañado a la comunidad durante más de veinte años. Con este gesto, el Estado colombiano reitera su compromiso con la construcción de un nuevo camino, cimentado en la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.

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Presidente del Senado, denunció ante la ONU, la Cidh y la OEA que la consulta popular viola separación de poderes

Actualidad, Colombia, Congreso de la República, Gobierno, Justicia / Erika Baute

Efraín Cepeda Sarabia, presidente del Senado de la República denunció ante la ONU, la Cidh y la OEA, que la consulta popular impuesta mediante decreto, es violatoria de la separación de poderes en el país. Cepeda, elevó una alerta ante los referidos organismos internacionales en respuesta a la decisión del presidente Gustavo Petro Urrego de establecer por decreto la consulta popular propuesta por su administración y que fue rechazada por el Congreso de la nación. Los argumentos esgrimidos en la denuncia de Cepeda, darían cuenta de que la acción presidencial contraviene los procedimientos legales establecidos en la Constitución Nacional. El documento fue introducido por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados y la Fundación Derechos y Justicia Asociados. Cabe destacar que esta respuesta por parte del Congreso ocurre tras el anuncio del Mandatario Nacional de avanzar con la consulta popular, pese a que la iniciativa fue rechazada por el parlamento el pasado 14 de mayo. En el documento se establece que esta acción representa una amenaza al equilibrio de poderes y por tanto reflejaría un intento de concentrar el poder en la figura presidencial, asimismo relata algunos episodios que, según la denuncia reflejan un patrón de deslegitimación institucional. “La conducta anunciada por el Presidente de la República no es un acto aislado de política pública: es un intento deliberado de reconfigurar el orden constitucional mediante mecanismos extrainstitucionales, vulnerando el principio de legalidad y el sistema de representación política”, se lee en el documento.

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Gobierno nacional habilita 200 nuevas plazas para que mujeres condenadas conmuten penas de prisión por prestación de servicios comunitarios

Actualidad, Colombia, Justicia, Minjusticia, Presidencia, Regiones / Erika Baute

El Gobierno nacional habilitó 200 nuevas plazas para que mujeres cabeza de familia y en condiciones de marginalidad, condenadas por delitos de hurto o estupefacientes y cuya pena no supere los ocho años, sustituyan la pena de prisión por la prestación de servicios comunitarios, tras la firma de un convenio con la Defensoría del Pueblo. El compromiso entre ambas entidades para implementar esta herramienta jurídica que brinda oportunidades de resocialización a la mujer, conocida como Ley de Utilidad Pública, fue refrendado por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En la ceremonia también se lanzó la plataforma digital María (Módulo de Apoyo para la Restauración, Integración y Acompañamiento), mediante la cual se facilitará la presentación y seguimiento de solicitudes del beneficio de utilidad. Mediante este instrumento, los defensores públicos contarán con herramientas para analizar casos de utilidad pública que presentarán posteriormente ante los jueces competentes, permitiendo la identificación de cuellos de botella, retos y oportunidades de mejora. Mujeres beneficiadas Con base en las decisiones de los jueces, en dos años de vigencia de la Ley de Utilidad Pública se han proferido 133 sentencias que han beneficiado a 130 mujeres, quienes han recuperado su libertad en 11 departamentos. El programa, apoyado por el Gobierno, cuenta con 27 convenios suscritos con entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro u organizaciones no gubernamentales, que han habilitado 2.492 plazas a nivel nacional. El Ministerio de Justicia habilitó 50 plazas más, y mediante orden judicial los jueces de la República han ordenado abrir siete adicionales en entidades territoriales, para un total de 2.549 en todo el país. Durante su intervención, la ministra Ángela María Buitrago aseguró que “con la Ley de Utilidad Pública confirmamos la necesidad de que las instituciones caminemos de manera conjunta, para que podamos realizar la finalidad de una justicia restaurativa con visión de vulnerabilidad y con perspectiva de género”. Por su parte, la defensora del Pueblo aseguró que hoy se toma una nueva medida que aporta a la implementación de la Ley de Utilidad Pública “pues con la firma del documento habilitaremos plazas para que estas mujeres tengan la posibilidad de cumplir con el servicio social, uno de los requisitos que exige la Ley 2292 de 2023”.

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Ángela Buitrago, ministra de Justicia resalta la importancia de una justicia transicional

Justicia, PAZ / Juanita Aldana Sanabria

Durante el “Encuentro sobre justicia transicional: avances, retos y perspectivas”, que se llevó a cabo en la Universidad Nacional, Ángela María Buitrago Ruiz, ministra de Justicia y del Derecho reitero en el papel de la justicia transicional en la reparación de las víctimas y las decisiones que son tomadas frente a los conflictos. Este evento tuvo lugar en el auditorio Camilo Torres de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Teniendo las puertas abiertas a expertos en justicia transicional provenientes de la academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organismos internacionales y entidades del Estado. La ministra destacó, además, la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la búsqueda de un equilibrio entre la restauración, reparación y los acuerdos para la paz en Colombia. Anexó que dentro de la justicia transicional existen diversas complejidades y desafíos en favor de las víctimas del conflicto armado. “La JEP es un modelo de justicia que apunta a conocer la verdad del pasado para que no se repita en el presente. Debemos actuar de la mano, y a pesar de que tenemos un trabajo conjunto, debemos entender que abordamos temas complejos que debemos profundizar”, afirmó la ministra Buitrago. Por su parte, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción, señaló que el contexto global recuerda constantemente la importancia de aprender del pasado para orientar las decisiones hacia la paz y la justicia. “En la JEP, a lo largo de siete años, hemos dado cuenta de una nueva perspectiva a la hora de abordar hechos graves en contextos y circunstancias muy particulares. La multiplicidad de actores, las distintas dinámicas del conflicto, los patrones y modalidades de los hechos, los factores territoriales, étnicos, culturales y de acceso a la institucionalidad son retos que hemos abordado y tratado de superar paso a paso”, concluyó. Tomado de: MinJusticia.

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Ministro de Justicia chileno visita Colombia para conocer el sistema carcelario local

Actualidad, Colombia, Estado, Judicial, Justicia, Minjusticia, Política / Erika Baute

La ministra Ángela María Buitrago, acompañada por los directores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), coronel Daniel Gutiérrez, y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Ludwing Valero, recorrerá con la delegación chilena las cárceles La Picota y El Buen Pastor, y la Escuela Penitenciaria Nacional en Funza. • Durante la estadía en Bogotá del MinJusticia chileno se discutirán aspectos relacionados con cooperación judicial y los avances en la incorporación en las respectivas legislaciones del Tratado de Extradición suscrito en 2021 por los dos países. Con el fin de abordar desafíos comunes de su gestión liderando el sistema penitenciario y carcelario e intercambiar experiencias y posibles soluciones a las problemáticas del sector, la ministra Angela María Buitrago Ruiz recibe este lunes y martes en visita oficial a su homólogo de Chile, Jaime Eduardo Gajardo Falcón y su delegación. La visita del alto funcionario chileno se produce en el marco de la iniciativa ´Bien Público Regional´ (BPR) para mejorar la gestión integral penitenciaria en América Latina y el Caribe del Banco Interamericana de Desarrollo (BID), destinada a brindar herramientas innovadoras a los países de la región y así abordar desafíos similares. En contacto con medios de comunicación, la ministra Buitrago indicó que “estos serán dos días de intercambio frente a los conocimientos que tiene Colombia en particular a la forma como el sistema carcelario está siendo manejado, pero, sobre todo, por los retos y desafíos que significa también entender que parte de la criminalidad de la sociedad se traslada a un núcleo pequeño como el sistema carcelario”. Por su parte, el ministro Gajardo aseguró que “es importante señalar que en la región tenemos desafíos comunes, entre esos el sistema penitenciario. Lastimosamente nuestro sistema ha estado olvidado y eso ha generado problemas para nuestras sociedades, porque hemos visto que se han anidado bandas del crimen de carácter trasnacional en nuestras cárceles que desde allí han surgido y se han fortalecido. Por eso, para enfrentar ese desafío es necesario compartir experiencias y fortalecer nuestras alianzas y por ende nuestras democracias”. Durante su permanencia en el país, el ministro Gajardo Falcón escuchará una amplia exposición de la ministra Buitrago sobre el panorama actual del país en materia carcelaria, manejo del hacinamiento, seguridad en los establecimientos de reclusión y programas de resocialización como Zasca Renacer, Ley de Utilidad Pública, Cultura para la Libertad, etc. Gajardo Falcón, por su parte, compartirá detalles de su gestión en el diseño, implementación y evaluación de las políticas penitenciarias tales como el modelo institucional y de gestión del subsistema postpenitenciario, así como el sistema de supervisión y control en medio abierto a través del monitoreo telemático, entre otras, los cuales fueron conocidos por la ministra Ángela María Buitrago en septiembre pasado durante la visita que hizo al sistema carcelario en Chile. En el encuentro de los ministros, se discutirán también aspectos relacionados con cooperación judicial para verificar los avances en la incorporación en las respectivas legislaciones del Tratado de Extradición suscrito entre Colombia y Chile en 2021 y la posibilidad de negociar un instrumento bilateral relacionado con el Traslado de Personas Condenadas. Este 3 y 4 de febrero, la delegación chilena, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y del Ministerio de Justicia de Colombia, encabezadas por la ministra Buitrago, visitarán las cárceles la Picota y El Buen Pastor, así como la Escuela Penitenciaria Nacional ubicada en Funza para conocer en sitio la aplicación de programas que le aportan capacitación, distracción y otras competencias a la población privada de la libertad. Jaime Eduardo Gajardo Falcón, es abogado de la Universidad de Chile, magister en Gobernanza y Derechos Humanos, máster en Derecho Constitucional y doctor en derecho de la Universidad de Madrid. En el ámbito profesional ha sido fiscal del Ministerio de Desarrollo Social entre los años 2015 a 2018, ha ejercido la docencia como profesor de derecho público de la Universidad Diego Portales y ha integrado, como especialista en participación política, diversas misiones de observación electoral realizadas por la OEA en países como Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Guatemala. La delegación chilena que visitará Colombia está conformada también por Macarena Cortés Camus, jefa de la División de Reinserción Social Ministerio de Justicia y DDHH de Chile; Hugo Espinoza, asesor ministerial sobre materias carcelarias; coronel Helen Leal González, jefa del Departamento de Inteligencia Penitenciaria de la Gendarmería, y por el teniente segundo Cristian Morales, oficial de Gendarmería del país suramericano.

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Corte Suprema, envió a ‘Epa Colombia’ a la cárcel por daños al Transmilenio

Actualidad, Bogotá D.C., Colombia, Corte Suprema de Justicia, Justicia, Personajes / Erika Baute

Tras 5 años de los daños propinados a una estación de Transmilenio, en medio de las protestas que se escenificaban en 2019 en contra del Gobierno Nacional. El caso fue llevado a instancias de la Corte Suprema, misma que ratificó la condena impuesta por cinco años de prisión tras los ataques a estaciones de Transmilenio en medio de un “estallido social”. Se pudo conocer por medio de declaraciones de la propia Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, de su captura el día de ayer, Barrera expresó envuelta en llanto que fue sorprendida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía mientras trabajaba en su peluquería. “Ay amiga, estoy muy triste, me vine a trabajar en la peluquería todo el día e iba saliendo ya para mi casa y me cogieron los del CTI, que yo tengo una orden de captura y me iban a coger y yo les dije que esperaran a que mi abogado estuviera”. Asimismo, la ‘Epa’ agregó que su intención siempre fue arreglar los daños que infortunadamente generó al sistema de transporte, por lo que no entiende la decisión de la Corte Suprema. Como se recordará la ahora influenciadora al referirse a los hechos en algún momento expresó “Siempre miran lo malo mío, nunca miran lo bueno. Mientras algunos están saqueando los negocios que pueden ser de su mamá, de su papá o de algún familiar, yo estaba destruyendo lo que era del Estado. “Sé que tampoco está bien hecho, pero es una de las formas en las que el pueblo se puede manifestar sin pasar desapercibido” dijo mientras se grababa destrozando la estación de articulados ubicada en el centro de la capital del país. Cabe destacar que, en 2020, un juez la impuso pena de tres años y medio de prisión por los delitos de daño a bien ajeno y perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial, siendo esta apelada por los abogados de Daneidy, de esta manera en 2021 un magistrado le imputó los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, lo que aumento su condena de cinco años de prisión.

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Asesinaron al periodista y líder social Óscar Gómez Agudelo en Armenia

Actualidad, Colombia, Gobernación, Judicial, Justicia, Política, Quindío, Quindío / Erika Baute

Se pudo conocer que el comunicador fue abordado por un sujeto armado quien disparó en tres oportunidades sobre su humanidad A pocos metros de llegar a su lugar de trabajo, la emisora Rumba del Café, en donde emitía su programa ‘La Comunidad por la Comunidad’ fue acribillado el periodista Óscar Gómez Agudelo la mañana de este viernes 24 de enero. Acto sicarial Reportes judiciales señalan que el sicario interceptó a Gómez y le disparó en repetidas ocasiones, quedando la víctima sin vida en el sitio, ubicado sobre la Carrera 16 con Calle 10, sector de la clínica La Sagrada Familia de Armenia. La víctima fatal era conocido por denunciar hechos de corrupción por medio de su programa radial, lo que refuerza la hipótesis de la venganza como posible causa del crimen. Gómez Agudelo también había incursionado en la política pasó por la Cámara de Representantes en representación del Quindío durante el periodo 2006- 2010, y por el partido Cambio Radical, además fue excandidato a la Alcaldía de Armenia en las más recientes elecciones del 2023. Graduado de la Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano (INPAHU) en Bogotá con especialización en TV. Hizo parte del cuerpo docente de la Institución Universitaria EAM, específicamente en la facultad de Publicidad. Hasta ahora las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes, haciendo la verificación de las cámaras de seguridad de la zona para dar con los responsables de este crimen que conmociona a Armenia. El Gobierno departamental en Quindío rechazó enfáticamente este crimen y aseguraron que, en conjunto con la Policía, perseguirán a los sicarios que acabaron con la vida de Gómez Agudelo.

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Gobernadora del Chocó fue víctima de ataque y la UNP reconoce deficiencias en su esquema de seguridad

Actualidad, Chocó, Colombia, DDHH, Gobierno, Judicial, Justicia, MinDefensa, Paz, Política, Regiones / Erika Baute

Tras la denuncia hecha por la gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba, luego de ser víctima de un ataque por parte de grupos armados, la Unidad Nacional de Protección salió al paso a estos hechos y reconoció falencias en el esquema de seguridad de la mandataria. Los hechos Se pudo conocer por cuenta de Córdoba que el pasado 12 de enero, su equipo de seguridad “fue hostigado por hombres de uniforme (no identificados) y fuertemente armados. Hubo intercambio de disparos y salimos ilesos del lugar”. La mandataria, también advirtió durante la denuncia pública que no cederá ante amedrentamiento de grupos armados de la región y que seguirá procurando la seguridad de sus ciudadanos “seguiré tomando las acciones por la seguridad de los chocoanos y denunciando las flagrantes violaciones a los derechos humanos contra nuestra población. Nuestro deber y nuestro trabajo seguirán su marcha. La paz como objetivo, la seguridad y el progreso como obligación”. UNP argumentó temas presupuestales Por su parte la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras las graves denuncias hechas por la Gobernadora del Chocó asumió la falla en el esquema de seguridad de Córdoba y argumentó que esta situación se da en medio del cumplimiento del decreto 1066, que establece que los convenios de la seguridad con alcaldías, gobernaciones y otras entidades públicas dependen de temas presupuestales propios de cada entidad. Asimismo, establecieron que el equipo de protección Nubia Carolina Córdoba “no se había implementado totalmente”, debido a que “la gobernación no contaba con recursos para tal fin”. Ante lo ocurrido la UNP indica que el director de la UNP, Augusto Rodríguez, “ordenó a las áreas competentes de la entidad que se priorice la implementación de los esquemas de protección y después surtan los trámites necesarios para la normalización de los convenios, en concordancia con las instrucciones del señor presidente, Gustavo Petro, de que prevalezca la protección de la vida, sobre cualquier trámite o proceso administrativo”.

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La Unidad de Búsqueda recuperó seis cuerpos en el cementerio de Frontino, en Antioquia

Actualidad, Antioquia, Colombia, DDHH, Justicia, Paz, Política / Erika Baute

En 2025, la Unidad de Búsqueda realizará otras dos intervenciones a este camposanto, donde se estima un universo preliminar de 28 cuerpos que corresponderían a personas desaparecidas. Con la recuperación de seis cuerpos no identificados, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) concluyó la primera fase de intervención forense en el Cementerio Parroquial Nuestra Señora del Carmen en el municipio de Frontino, en el occidente de Antioquia. Los seis cuerpos recuperados habrían sido inhumados entre las décadas de 1990 y 2000. Su recuperación implicó la intervención de cuatro sitios de interés forense, ubicados en la zona posterior del cementerio, los cuales corresponden a sepulturas. Estaban a una profundidad de 1.50 metros, en promedio, y presentaban signos de disposición compatibles con sucesos violentos. Durante la intervención en el cementerio de Frontino, los profesionales de la Unidad de Búsqueda recibieron ocho solicitudes de búsqueda y tomaron siete muestras biológicas a personas buscadoras. También realizaron entrevistas con cuatro aportantes de información para avanzar en la ubicación de nuevos sitios de interés forense y acompañaron a dos familias buscadoras que tienen la hipótesis de que sus parientes desaparecidos habrían sido inhumados en este camposanto. Esta acción humanitaria y extrajudicial hace parte del Plan Regional de Búsqueda de la Cuenca del Río Sucio y Cauca Medio, que logró establecer un universo preliminar de 28 personas inhumadas como cuerpos no identificados en el cementerio de Frontino. Para recuperarlos, la entidad proyectó tres fases de intervención forense en un proceso articulado con la Fiscalía General de la Nación. Por eso, luego de esta primera acción humanitaria, la Unidad de Búsqueda espera realizar las otras dos intervenciones durante el 2025. La investigación humanitaria y extrajudicial para esta intervención forense implicó la consulta y revisión de diferentes fuentes de información: actas de levantamiento de cadáver realizadas por la Inspección de Policía, protocolos de necropsia y certificados de defunción emitidos por el Hospital María Antonia Toro de Elejalde, registros civiles de defunción realizados por la Notaría Única y la Registraduría Nacional del Estado Civil, licencias de inhumación autorizadas por la Secretaría de Gobierno del municipio y los libros de defunciones la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, administradora del cementerio de Frontino. Este proceso ha contado con el apoyo del equipo de trabajo de la parroquia, encabezado por el presbítero Jairo Alberto Montoya Jiménez, así como de autoridades locales y personas de la sociedad civil que en diferentes entrevistas han ampliado datos sobre el contexto de la desaparición en este cementerio. Igualmente, se destacan los aportes de información de los firmantes del Acuerdo de Paz. El Plan Regional de Búsqueda de la Cuenca del Río Sucio y Cauca Medio abarca 18 municipios del occidente antioqueño y tiene un universo de 789 personas dadas por desaparecidas. En Antioquia, el registro asciende a 25.725 personas desaparecidas; y en Colombia, a 124.734.

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Excabecillas de las Farc imputados por la JEP por al menos 18 mil casos de reclutamiento de niños y niñas y violencia sexual

Actualidad, Colombia, DDHH, Derechos, Estado, Justicia, Paz, PAZ, Regiones / Erika Baute

La Jurisdicción Especial de Paz, tras basamento recopilado entre 1971 y 2016 decide por primera vez imputar a miembros de las Farc implicados en los delitos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Los imputados son: Rodrigo Londoño Echeverry conocido como Timochenko, máximo jefe de las antiguas Farc y los excabecillas guerrilleros, miembros del último secretariado de la extinta guerrilla: Jaime Alberto Parra Rodríguez conocido como ‘El Médico’; Milton de Jesús Toncel Redondo más conocido como ‘Joaquín Gómez’, Pablo Catatumbo Torres; Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillos, conocido como ‘Antonio Lozada’. Los hechos que originaron esta histórica imputación se remontan al período comprendido entre 1971 y 2016, con mayor frecuencia entre 1996 y 2016. Se detalla en los documentos que al menos 18.677 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de reclutamiento forzado, así como de otros crímenes de guerra incluidos malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio. Así las cosas, los imputados habrían participado en la comisión de estos delitos por los cuales deberán responder ante la justicia, cabe destacar que algunos de ellos, a la fecha son funcionarios activos del Congreso de la República. Entre las víctimas se encontraban niños y niñas de comunidades indígenas, “Aunque la política formal y expresa de la organización armada prohibía el reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años, la evidencia indica que el reclutamiento, incluso de personas menores de 15 años, fue un fenómeno sistemático, no aislado ni esporádico. Sobre los factores que explican la ocurrencia de este patrón macrocriminal, la Sala encontró que se trata de un fenómeno complejo y multicausal, que incluye circunstancias de los contextos rurales, de pobreza y de ausencia estatal en donde se ejerció esta violencia, así como de la estructura y objetivos de la organización rebelde”, Expresa el documento contentivo de la decisión de la JEP. También aseguran que “Los malos tratos, torturas y homicidios se produjeron en el marco de la política de la regulación de la vida intrafilas de la antigua guerrilla”. Destaca la organización que los menores de edad fueron sometidos a largas jornadas de entrenamiento y situaciones que hasta para los adultos resultaban complejas o difíciles de ejecutar.

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