Justicia Archivos - Revista el Congreso

Presos en los calabozos de la estación de Policía de Maicao en huelga de hambre

Actualidad, Colombia, Derechos, Fuerza Pública, Gobierno, Judicial, Justicia, La Guajira, Minjusticia, REGIONALES, Regiones / Erika Baute

Con intención de llamar la atención de las autoridades, los privados de libertad que se encuentran en los calabozos de la estación de Policía de Maicao emprendieron una huelga de hambre, argumentando que no reciben atención del Estado. Los presos indican que se muchos de ellos están enfermos, golpeados y a la espera de ser atendidos por los servicios médicos. “Estamos peleando nuestros derechos como personas. Tenemos personas aquí desde hace cinco años que están esperando la libertad, no tienen abogados que los representen. La otra problemática es que hay desnutrición, no hay comida, gente que tiene tuberculosis, que los han golpeados”, afirmaron los privados de la libertad. Asimismo expresaron que, esperan con estas acciones que las autoridades competentes de enteren de que “Hay compañeros que ya se están cociendo la boca por la huelga de hambre. Estamos peleando nuestros derechos. Queremos respuestas, queremos que nos trasladen”. Esto ocurre como llamado de atención de esta población, quienes recuerdan que en el pasado las autoridades de Maicao llevaban a cabo jornadas y brigadas de salud carcelaria, mismas que, al parecer desde hace algún tiempo dejaron de hacerse. Se espera el pronunciamiento de las autoridades municipales y departamentales, defensoras de Derechos Humanos y el Ministerio Público, al respecto.

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Amenazan al secretario de Transparencia del Gobierno Petro, Andrés Idárraga

Actualidad, Bogotá, Bogotá D.C., Colombia, DDHH, Gobierno, Justicia, MinDefensa, Presidencia, Seguridad / Erika Baute

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), públicó fotografías de coronas fúnebres y mensajes alusivos a amenazas de muerte hacia el secretario de Transparencia Andrés Idárraga Franco y su familia. Denuncia que ocurrió, tras llegar a la residencia de Idárraga una corona de flores con el mensaje “descansa en paz Andrés Idárraga”, acompañada de la factura de compra fúnebre cuyo remitente es aún desconocido, por lo anterior, se encienden las alarmas sobre la seguridad del secretario y la de su familia, a raíz de esto la entidad realizó denuncia pública al respecto. Por medio de un comunicado de prensa, la DAPRE enfatizó que no detendrán su labor de seguir denunciando actos de corrupción. “El Gobierno Nacional subraya con determinación que este tipo de amenazas no detendrán la misión de descubrir actos de corrupción que están alejados de este gobierno. Confía plenamente en el respaldo de las instituciones, que están llevando a cabo todas las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los responsables de las amenazas” señaló la entidad. Asimismo, hicieron un llamado a los colombianos para que respalden las labores contra la corrupción. “Se hace un llamado a la ciudadanía para que se sume a esta lucha, denunciando y proporcionando cualquier información que pueda ayudar a esclarecer estos hechos o cualquier otro relacionado con las amenazas recibidas”, comunicó la DAPRE. Como es de conocimiento público al secretario, ya había tenido actos intimidatorios el año pasado, en el cual el mismo Idárraga había denunciado amenazas a través de mensajes de texto, donde también se hacía alusión a actos de muerte. Sin embargo, estos fueron expuestos a la Fiscalía General de la Nación, para conocer a los responsables de estos hechos, los cuales hoy en día no han podido esclarecerse. Ante la reciente amenaza el secretario de Transparencia, se pronunció al respecto agradeciendo por la fraternidad y apoyo de las entidades, “rechazo las amenazas y confió en que las autoridades no solo continúen protegiendo mi vida y la de mi familia, sino que también, logren dar con los responsables de esta nueva amenaza. Agradezco cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos, sea reportada a las autoridades” enfatizó Idárraga. Finalmente, en el comunicado emitido a la opinión publica la DAPRE dio claridad a la labor que ejerce la Secretaría de Transparencia de denunciar actos de corrupción en todas sus facetas, así como la labor que seguirá realizando “La corrupción será perseguida de manera implacable, sin tregua ni descanso, y este compromiso se mantendrá” notifico la entidad.

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Procuraduría destituyó e inhabilitó por 11 años al exconcejal de Valledupar, Cesar, Julio Julio Peralta

Actualidad, Cesar, Corrupción, Justicia, Procuraduría, Regiones / Erika Baute

Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 11 años al concejal de Valledupar, Cesar, Julio Julio Peralta electo para el periodo 2020-2023, por haberse inscrito como candidato y posesionarse en el cargo a pesar de tener una inhabilidad en curso. ………………………………………………………………………………………………………………… El ente demostró que, dentro del año anterior a su elección, Peralta celebró cuatro contratos que debían ser ejecutados en el mismo municipio para el cual resultó electo, en representación de la Asociación Sindical de Ginecología y Obstetricia del Cesar (Asgoce), que operaba como contratista del Hospital Rosario Pumarejo de López. Para la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Atlántico, el concejal debió ceder el negocio jurídico o renunciar a la ejecución del mismo en el año anterior a la elección, por haber contratado con Asgoce, una entidad pública del orden departamental. Por lo anterior la entidad establece que Peralta “inobservó el adecuado comportamiento del servidor público respecto de las formalidades y finalidades que se derivan del principio de moralidad”, desconociendo los mandatos constitucionales y legales, y defraudando a la comunidad que lo eligió esperando de él una conducta responsable en el ejercicio de sus funciones, con apego a sus deberes y evitando incurrir en las prohibiciones propias del ejercicio del cargo. Asimismo, la Procuraduría indicó que falta del exconcejal es gravísima y que fue cometida a título de dolo por lo que señaló que en caso de que haya cesado en sus funciones o no fuera posible la ejecución de la sanción, el término de suspensión o el que faltare se convertirá en salarios, de acuerdo con el monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta.

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Procuraduría sanciona a oficiales de la Policía acusados por asesinato de menores de edad en Sucre

Colombia, Fuerza Pública, Justicia, Policía Nacional, Procuraduría, Seguridad, Sucre / Valentina García

La Procuraduría General de la Nación dictó fallos disciplinarios tras una investigación sobre el operativo realizado en la intersección La Garita, del corregimiento de Chochó, Sucre. El operativo, llevado a cabo por el Departamento de Policía de Sucre, resultó en la muerte de tres ciudadanos que estaban bajo custodia policial. El Teniente Coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo, en ese entonces comandante operativo de Seguridad Ciudadana, fue hallado responsable de una falta gravísima. Núñez Jaramillo disparó contra Carlos Alberto Ibáñez Mercado, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo Contreras mientras eran transportados en un vehículo institucional hacia la Clínica María Reina en Sincelejo para recibir atención médica. Los tres ciudadanos, quienes habían sido capturados por el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, murieron a consecuencia de los disparos. Otros responsables en el caso El dictamen también identificó y sancionó a otros miembros de la Policía involucrados en el operativo. Según el comunicado de la Procuraduría “El Mayor Cristian Alberto Betancur Salamanca y los patrulleros Eduar de Jesús de la Rosa Juez, Santiago Garavito Díaz, Rafael Paz Barboza, Uber Guillermo Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta Rodríguez y Leila Carolina Ávila Pestana fueron considerados responsables de faltas graves. Se les acusó de Prevaricato por Omisión y Abuso de Autoridad, conforme a los artículos 414 y 416 del Código Penal, por no proteger adecuadamente a los civiles bajo su custodia.” A estos oficiales se les impuso una sanción de destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por un período que varía entre 11 y 15 años.

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Contraloría General exige mejoras en la ejecución de recursos para la Ley de Víctimas

Contraloría, Justicia, Paz, Victimas / Valentina García

“Ha disminuido significativamente la participación de las víctimas en los subsidios de vivienda, pasando de 73,4% en 2013 a 11,9% en 2023.” La Contraloría General solicitó al Gobierno Nacional intensificar sus esfuerzos fiscales para la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En un reciente informe, el organismo de control, subrayó la insuficiencia de recursos y medidas destinadas a atender a las víctimas, evidenciando la necesidad urgente de reformas para garantizar una atención efectiva y equitativa. De acuerdo con el análisis del organismo, “entre 2024 y 2031 se requerirían aproximadamente $303,9 billones de pesos para implementar plenamente la Ley de Víctimas. Esto implica una necesidad anual de $37,9 billones. El desglose de estas necesidades incluye $118 billones para vivienda, $83,6 billones para indemnizaciones, $36,8 billones para generación de ingresos, $12,9 billones para subsistencia mínima y $7,1 billones para educación superior”. Problemáticas y sus posibles soluciones Uno de los problemas más críticos identificados, es el déficit habitacional que enfrentan más del 77% de las víctimas, que requieren el mejoramiento y ampliación de sus viviendas. Además, ha disminuido significativamente la participación de las víctimas en los subsidios de vivienda, pasando de 73,4% en 2013 a 11,9% en 2023. La contralora delegada para el posconflicto, Luz Amparo Echeverry, presentó estos hallazgos en el undécimo informe de monitoreo y seguimiento a la Ley de Víctimas, elaborado en colaboración con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de víctimas. Echeverry subrayó: “Continuaremos con la labor de seguimiento y control fiscal sobre los recursos destinados a la política pública de víctimas, asegurándonos de que cumplan con su finalidad e impacto en la mejora de las condiciones y estabilización socioeconómica de las víctimas”.

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Ministerio de Justicia anuncia cupos para que mujeres privadas de la libertad hagan servicio comunitario

Justicia, Minjusticia / Michael Joseph Saportas Peláez

El Ministerio de Justicia dispondrá cupos para que mujeres jefas de hogar que fueron condenadas en contexto de marginalidad hagan servicio comunitario. En el marco de las estrategias de justicia restaurativa adelantadas por el Gobierno Nacional se habilitarán 2,479 cupos para mujeres privadas de la libertad con condenas inferiores a 8 años de cárcel, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Utilidad Pública (Ley 2292 de 2023). De acuerdo con el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, el objetivo es reintegrar a estas madres a sus hogares para que reconstruyan el tejido social y puedan aspirar a una nueva oportunidad de vida. “Este servicio busca que la sociedad reciba un beneficio a cambio del esfuerzo de estas mujeres, y que ellas, a su vez, puedan reintegrarse a sus hogares y reconstruir las relaciones con sus seres queridos para tener una mejor oportunidad de vida”, indicó. La iniciativa, con la que se beneficiarán por lo menos 17 mil mujeres, cuenta con el respaldo de aliados del sector público y privado, diversas fundaciones y entidades nacionales y de organismos multilaterales.

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Carlos Ramón González: los detalles de su renuncia

Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, Corrupción, Justicia, Legislativo / Michael Joseph Saportas Peláez

Este viernes 26 de julio renunció el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González. Continúan apareciendo presuntos implicados en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) renunció luego de las declaraciones de Olmedo López ante la Fiscalía. López declaró que González lo habría presionado para entregar millonarias coimas a congresistas cuando éste último era director del Departamento Administrativo de la Inteligencia (Dapre). De acuerdo con López, se habrían entregado $60 mil millones al presidente del Senado, Iván Name, y $10 mil millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle. Asimismo, González anunció que abandonará el cargo para no entorpecer la investigación y defenderá su inocencia ante la justicia. “Ante los recientes hechos relacionados con la UNGRD, me veo en la obligación de aclararle a la opinión pública que mi inocencia es irrefutable. Jamás he ordenado a alguien cometer delito alguno”, señaló en un comunicado. El ahora exdirector del DNI se suma a la lista de funcionarios salpicados en el escándalo de la UNGRD. El presidente Petro ha insistido en que ningún culpable, así sea o no de su gobierno, puede escaparse de la justicia.

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Asociación Colombiana de Salud Pública pide proteger salud mental de residentes médicos tras muerte de Catalina Gutiérrez

Actualidad, Bogotá D.C., DDHH, Derechos, Educación, Investigación, Judicial, Justicia, MinEducación / Erika Baute

Gran revuelo ha ocasionado en la opinión pública, las aparentes circunstancias que habrían originado el fallecimiento de la residente Catalina Gutiérrez, pues se trataría de un posible suicidio. Ante estos hechos organizaciones como la (ACSP) hicieron un llamado a la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) con la finalidad de que se pueda garantizar el bienestar y seguridad de los estudiantes de la institución. Como se recordará posterior a la muerte de la joven médica residente de la Universidad Javeriana, Catalina Gutiérrez, al parecer agobiada por presuntos actos de acoso y maltrato, hubo pronunciamientos de varios exestudiantes de la institución de alguna manera reforzando lo establecido en tormo a posibles hechos de acoso en contra de quienes están en el proceso de preparación para obtener el título de médicos. La situación degeneró en que la Asociación Colombiana de Salud Pública (ACSP) hiciera un llamado a la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) y demás entidades al frente de programas de formación profesional en salud, para que evalúen sus prácticas educativas. Entre otras cosas la Asociación requiere que los profesores y residentes senior que participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje de internos y residentes junior, así como a los estudiantes de pregrado de educación médica y profesional en salud, mejorar las relaciones y trato humanizado durante los lapsos de formación integral del talento humano en salud. “A las instituciones y servicios de salud que se constituyen en escenarios de práctica formativa en dar cabal cumplimiento a los compromisos asumidos como garantías de seguridad, protección y bienestar de las y los estudiantes, en el marco de la Relación Docencia Servicio, y de lo exigido en la Ley 1917 de 2018, por medio de la cual se implementa el Sistema de Residencias Médicas en Colombia”, indican en el texto.

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Bandas de colombianos y chinos traficaban migrantes por el Darién

Actualidad, Colombia, Ecuador, Fuerza Pública, Gobierno, Internacional, Justicia, MIGRATORIO / Erika Baute

Autoridades en territorio colombiano desarticularon una banda criminal, al parecer dedicada al tráfico de migrantes por los pasos clandestinos ubicados entre la selva del Darién y las islas caribeñas de San Andrés. Se conoció que los implicados habrían trasladado al menos unos 1.082 migrantes desde Colombia y Ecuador hasta Centroamérica, según explicó la Fiscalía. El Ministerio Público indicó al respecto que las pruebas obtenidas dejan en evidencia que la estructura criminal conocida como ‘Los Andariegos’ traficaba ilegalmente con migrantes, a los cuales les ofrecían gestionar transportes, hospedajes y la posterior salida del país, para tomar rumbo a los Estados Unidos. Cabe destacar que a la organización delictiva se le atribuyen unos 42 hechos que involucran el tráfico de migrantes, en donde ofrecían dos rutas: una que salía desde Ipiales, Nariño (frontera con Ecuador), y llevaba a los migrantes hasta Necoclí, Antioquia, para posteriormente conducirlos por la selva del Darién hasta Panamá. El otro trayecto corría por cuenta de ciudadanos chinos quienes recogían a estas personas en Tulcán (Ecuador) y los llamaban ‘paquete VIP’. Posteriormente movían a los grupos de migrantes por tierra hasta Medellín y desde allí les garantizaban el billete hasta las islas caribeñas de San Andrés para posteriormente embarcarlos en lanchas clandestinas hacia Centroamérica. Entre los capturados se encuentra el presunto líder, identificado como Cristian Camilo Rivera Pérez, quien aparentemente estaba a cargo de los alojamientos y traslados de los extranjeros. Otros detenidos Las otras personas capturadas serían los encargados de organizar hospedajes y alojamientos en Medellín y Cartago, municipio en el Valle del Cauca; dos empleados de una empresa de transportes intermunicipal y un taxista también de Medellín. A los efectos de los hechos señalados un fiscal de la dirección especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó a los sujetos los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes, aunque ninguno de los procesados aceptó los cargos.

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Corte Suprema llama a declarar a Gustavo Petro por investigación contra senadores del Congreso tras escándalo en la UNGRD

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, Corrupción, Corte Suprema de Justicia, Estado, Gobierno, Justicia, La Guajira, Mininterior, Política / Erika Baute

El entramado de corrupción que se habría gestado al interior de la UNGRD, pica y se extiende, ahora el magistrado Francisco Farfán solicita la declaración del Primer Mandatario Nacional, como parte importante en el marco de la investigación en contra de los expresidentes del Senado y Cámara respectivamente Iván Name y Andrés Calle, quienes como se recordará resultaron salpicados por Olmedo López exsubdirector de la UNGRD y su segundo de abordo Sneyder Pinilla. Se pudo conocer que Gustavo Petro deberá acudir ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para hacer sus aportes a la investigación que avanza contra Iván Name; y Andrés Calle por la presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD). Otro que también fue apuntado en la lista de declarantes es Guillermo Alfonso Jaramillo actual Ministro de Salud, así como también el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés ldárraga Franco. Asimismo, el magistrado Francisco Javier Farfán habría ordenado una inspección judicial a las oficinas de Presidencia, Secretaría del Senado y Cámara de Representantes para acceder a información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional en el Congreso.

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