febrero 7, 2025

Ejército Nacional

JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 exintegrantes de LAS Farc – EP

La Sala de Reconocimiento de Verdad los halló máximos responsables de crímenes de lesa humanidad como asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos. También les imputó crímenes de guerra como homicidio, atentados contra la vida y la integridad corporal, ejecuciones sin previo juicio, desplazamiento, y destrucción del medio ambiente. Los imputados, incluido un exintegrante del secretariado, pertenecieron al Bloque Occidental, al Bloque Móvil Arturo Ruíz, al Frente 6º, a la Columna Móvil Miller Perdomo y a las Compañías Móviles Alonso Cortés, Ambrosio González y Simón Rodríguez. Se trata del segundo Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 05, que investiga crímenes perpetrados en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Todos los imputados vienen compareciendo ante la JEP y a la fecha han cumplido con el Acuerdo Final de Paz. Los comparecientes, las víctimas y la Procuraduría tienen un plazo de 30 días hábiles para pronunciarse sobre esta decisión, contados después de la notificación con pertinencia étnica. La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 antiguos miembros del Comando Conjunto de Occidente (también conocido como Bloque Occidental desde 2012), al Bloque Móvil Arturo Ruiz, al Frente 6º, a la Columna Móvil Miller Perdomo, y a las Compañías Móviles Alonso Cortés, Ambrosio González y Simón Rodríguez de las extintas Farc-EP dentro del Caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, el cual tiene el mayor número de víctimas acreditadas ante la JEP con más de 200.000 personas y 138 organizaciones. Los imputados fueron llamados a reconocer responsabilidad por 14 crímenes identificados en más de 5.000 hechos violentos investigados en Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Guachené, Villa Rica y Puerto Tejada, en el norte del Cauca, así como en Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria, en el sur del Valle del Cauca. La JEP los encontró responsables de los crímenes de lesa humanidad de: asesinato,  traslado forzoso de población, persecución y otros actos inhumanos y los crímenes de guerra de homicidio, ejecuciones sin previo juicio, desplazamiento forzado, utilización, reclutamiento o alistamiento de niños y niñas; empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal; atentados contra la vida y la integridad corporal; por dirigir ataques contra la población civil a través de las llamadas “tomas guerrilleras” y los crímenes de guerra de destrucción del medio ambiente y de destrucción de bienes culturales y de lugares de culto. Proceso dialógico La sala llegó a esta decisión luego de una contrastación judicial que incluyó, entre otros, el análisis de 20 informes de organizaciones de víctimas, 7 versiones colectivas, 50 versiones individuales y los informes de la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, así como decisiones de la Corte Constitucional. Asimismo, analizó 130 observaciones de víctimas y de la Procuraduría General de la Nación a lo dicho por los comparecientes ante la JEP. Como parte de la investigación, se incluyeron versiones interjurisdiccionales con la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Propia Afrocolombiana. En estas audiencias, 31 comparecientes con pertenencia étnica fueron escuchados. En el marco del Caso 05, se ha desarrollado una ruta dialógica presencial en Territorios indígenas, afrocolombianos y campesinos para garantizar la participación de víctimas y comparecientes. Además, se ha verificado la persistente situación de inseguridad en la zona priorizada. Estas acciones son clave para superar las discriminaciones y negaciones históricas que han afectado a estos colectivos desde la colonia hasta la actualidad. Para el esclarecimiento de los hechos mencionados en esta investigación la Sala de Reconocimiento llevó a cabo versiones voluntarias colectivas y de construcción dialógica de la verdad que fueron desarrolladas con el apoyo de los comparecientes y sus equipos de defensa, en las cuales participaron activamente los miembros de las comandancias de las estructuras de las antiguas Farc – EP. En cada una de estas diligencias los firmantes entregaron a la JEP y a las víctimas documentos de aporte temprano a la verdad y realizaron actos restaurativos en los que reconocieron afectaciones causadas frente a delegados de las víctimas indígenas, afrocolombianas y campesinas.

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Congresistas exigen transparencia en fondos para crisis en el Catatumbo

La región del Catatumbo se encuentra a la espera de la oficialización de los decretos que establecen la conmoción interior, un paso crucial para conocer los recursos que serán invertidos en la zona, por ende, falta de claridad sobre el monto de inversión es un tema de gran preocupación, ya que hasta el momento no se han emitido detalles al respecto. El senador Juan Carlos García, quien coordina la comisión accidental encargada de supervisar la conmoción interior, ha resaltado la importancia de obtener información precisa sobre las inversiones necesarias para abordar la crisis humanitaria que enfrenta el Catatumbo, que requiere más de 4.7 billones de pesos. Para ello, se ha programado un viaje a Bogotá donde una comisión integrada por alcaldes, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y congresistas de la región revisará los decretos y determinará el valor de la inversión. Asi, García mencionó: “Lo que creemos es que el gobierno debe tener congruencia e identificar cuáles son las fuentes de financiación que sean acordes para solventar el monto que hoy se exige con claridad. Cuando se firme el pacto, los colombianos sabremos exactamente cuál es el monto y cuáles son las líneas a intervenir en los próximos 10 o 15 años”. También ha instado al gobierno a pasar de los anuncios a acciones concretas, enfatizando que la región no puede esperar más y que las inversiones son deudas históricas del Estado. Se estima que el gobierno nacional tiene los recursos necesarios para implementar al menos 127 proyectos en la zona, lo que podría marcar un punto de inflexión en la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo. Por su parte, el representante Wilmer Carrillo ha expresado su preocupación sobre los decretos aprobados hasta el momento, señalando que no abordan las necesidades básicas de la región. Por ello, es fundamental obtener claridad sobre los montos de inversión y su aplicación. La próxima semana, se llevará a cabo una visita a Bogotá donde se espera que la comisión de alcaldes y autoridades del Catatumbo reciba informes detallados sobre los decretos que se implementarán en la zona.

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MinDefensa destaca avances en seguridad para firmantes de paz y refuerza acciones en territorio

Durante el segundo día de audiencia ante la Comisión de Seguimiento de la Corte Constitucional, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, presentó las acciones adelantadas por el Sector Defensa para garantizar la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 y fortalecer la protección en los territorios. “La seguridad y la protección no dependen exclusivamente de la Policía Nacional. Es necesario que las alcaldías, la Unidad Nacional de Protección y otras entidades asuman también, una tarea más activa en la implementación de medidas y de protección a las comunidades”, enfatizó el Ministro. Velásquez detalló que, en cumplimiento de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, el Sector Defensa ha desarrollado operaciones conjuntas y coordinadas, expedido directivas y resoluciones, y desplegado efectivos en zonas de riesgo. Entre estas acciones, destacó la Operación THEMIS, que ha permitido la captura de 131 personas y la identificación de 78 objetivos estratégicos responsables de homicidios contra líderes sociales y firmantes de paz. Además, informó que la Secretaría de Gabinete del Ministerio de Defensa ha sido designada como la instancia responsable de coordinar las acciones relacionadas con el Acuerdo de Paz, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento de políticas y programas con otras entidades. El Ministro también resaltó el trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia para la Reincorporación en la identificación de riesgos y el intercambio de información estratégica. Adicionalmente, señaló que el Ejército Nacional ha desplegado 1.084 uniformados en 34 pelotones para garantizar la seguridad en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), mientras que unidades de Carabineros de la Policía Nacional refuerzan la vigilancia en estas zonas. En cuanto a la respuesta a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, Velásquez explicó que la Fuerza Pública diseña y ejecuta planes de acción focalizados, que incluyen patrullajes, capturas, registros y otras estrategias de seguridad. “Cada alerta activa un protocolo dentro del Sistema Integral de Derechos Humanos, permitiendo una respuesta inmediata en las regiones y departamentos de Policía”, afirmó. Ante cuestionamientos sobre la reducción de capacidades de la Fuerza Pública, el Ministro aclaró que se trata de ajustes presupuestales normales en todos los gobiernos y aseguró que se han previsto los traslados necesarios para garantizar la operatividad en el segundo semestre del año. Finalmente, Velásquez resaltó el papel de la Corte Constitucional en la supervisión de la respuesta institucional a esta crisis y reafirmó el compromiso del Sector Defensa con la protección de los firmantes del Acuerdo de Paz. “Bajo este seguimiento y estas recomendaciones, es fundamental seguir fortaleciendo nuestras acciones para garantizar la seguridad de quienes le apostaron a la paz”, concluyó el Ministro.

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Operación Cordillera logró ingresar al Cerro de Nariño dominado por disidencias de las Farc

La Operación Cordillera ejecutada por las fuerzas armadas colombianas, busca combatir las disidencias de las Farc y enfrentar el tráfico de sustancias ilegales, en el departamento de Nariño, con la finalidad de llevar bienestar a la población civil de esta zona. Se conoció que gracias a esta operación las tropas del ejército pudieron ingresar a 3.600 metros en el municipio de La Llanada. Lo anterior, fue anunciado por la Tercera División del Ejército, quienes confirmaron que en esta ocasión intervención se dio en el Cerro Negro, ubicado en jurisdicción del municipio de La Llanada, al noroccidente de Nariño. En esta ubicación, solo podían acceder las disidencias de las Farc de la estructura Franco Benavides y sus miembros. Cabe destacar, que este lugar cuenta con privilegios geográficos, que permiten a los grupos al margen de la ley realizar actividades como el narcotráfico y la extracción de oro. Asimismo, permite la observación de la cordillera occidental, además de contar con el acceso a la Costa Pacífica Nariñense. Este lugar, era conocido por no ser accesible, debido a que se encontraba rodeada de campos minados. Sin embargo, el Ejercito Nacional contó con expertos en explosivos y binomios caninos, los cuales lograron desactivarlos. El acceso de las tropas al Cerro Negro ocurrió 48 horas más tarde de otro fuerte golpe contra la estructura Franco Benavides, del Bloque Occidental Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc. Allí, las tropas del Ejército Nacional lograron la desarticulación de la central de comunicaciones, instalada en zona rural del municipio de La Llanada, hasta donde habían llegado las tropas del Batallón de Despliegue Rápido No.5. También, hallaron nueve antenas de transmisión, seis paneles solares, un banco de baterías y un centro de conexiones con un alcance de 15 kilómetros. Se cree que estos iban a ser utilizados para acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en los departamentos de Nariño y Cauca. Por otra parte, uno de los miembros militares fue el encargado de dar el parte de victoria en la cima del mencionado cerro. Mientras, declaraba “En las cumbres más altas de Nariño, dónde el frío es nuestro aliado y el desafío nos llama a conquistar, la Operación Cordillera ha escrito una nueva página en la historia de la Tercera División del Ejército de Colombia”. Posteriormente, añadió “Después de años de lucha, hemos consolidado un área estratégica que era considerada impenetrable por la estructura Franco Benavides”. También, expresó: “Hoy podemos decir con orgullo que hemos conquistado el Cerro Negro en La Llanada, y que nuestra bandera ondea alta en la cima, como símbolo de nuestra victoria y nuestra unidad”.

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En la Costa Pacífica de Nariño se presentan enfrentamientos

Recientemente, se presenta la preocupación de que la costa Pacífica de Nariño llegue al mismo índice de violencia que en El Catatumbo.  Esto debido a que las disidencias de las Farc han ganado fuerza en este territorio, buscando abastecerse de actividades ilícitas como son el comercio de coca y la minería del oro. El Ejército Nacional se enfoca en la zona rural de municipio de Los Andes, llevando a cabo la Operación Cordillera para combatir al frente Franco Benavides. Pero, también, debe enfrentar a dos estructuras de las disidencias de las Farc, ubicadas en Magüí Payán, ubicado en el denominado triángulo del Telembí del departamento de Nariño. Por consiguiente, el general Federico Alberto Mejía de la Tercer División del Ejército reveló que a través de la Fuerza de Tarea Hércules y la Fuerza de Despliegue Rápido No. 2 en el marco del Plan Ayacucho, por tierra, mar y aire se han ejecutado operaciones militares para combatir a los grupos al margen de la ley que hacen presencia en el Litoral Pacífico nariñense. De la misma manera, se dio a conocer que se capturaron siete integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 30 Rafael Aguilera de las disidencias de las Farc, entre ellos alias ‘Topo’, líder de este grupo. Asimismo, se consiguió desarticular una subcomisión de alias ‘Meromacho’, perteneciente al mismo grupo armado ilegal que delinque en la vereda Merisalde del municipio de Magüí Payán. Lugar en el que se rescataron dos menores de edad que habían sido reclutados anteriormente por ese grupo. También, en el mismo municipio el Ejército entró a base del Grupo Armado Organizado Ariel Aldana, de la Segunda Marquetalia. Allí incautaron un arma corta, dos proveedores, cartuchos de diferentes calibres y 300 gramos de marihuana, además de varios elementos de uso privativo de la Fuerza Pública y equipos de comunicación. Por otro lado, Federico Mejía afirmó que “La presencia activa de nuestras tropas en áreas críticas donde la Fuerza Pública durante muchos años no tenía injerencia, en razón a que estos grupos ilegales instrumentalizaban a la población civil”. Además, añadió que “son confrontaciones que se vienen dando en un área de especial interés para las estructuras criminales, dónde hay confrontaciones entre los bloques Jacobo Arenas y la Daniel Aldana que se disputan el control de las economías ilícitas como es el narcotráfico y el oro y pretenden generar un poderío para poder quedarse con el botín”.

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