En el evento ‘Acordando y haciendo: Avances del Proceso de Paz Territorial en Nariño’, liderado este sábado por el presidente Gustavo Petro, se firmaron dos acuerdos históricos dentro de la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial, sellando un compromiso renovado entre el Gobierno nacional y los Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional (Eln). “En los 10 municipios donde había presencia del grupo Comuneros del Sur, se han invertido $45 mil millones y hay 109 equipos de médicos, enfermeras, 4 centros de salud y 6 ambulancias. Así se transforma el territorio, y no es que lo vamos a hacer, ya están”, indicó el mandatario. En presencia del jefe de Estado, el delegado del Gobierno para los diálogos, Andrei Gómez Suárez, dio lectura al Acuerdo número 6, titulado “Por la verdad, la memoria y la dignificación de las víctimas”. Este compromiso reconoce el papel fundamental de las comunidades afectadas por el conflicto y sienta las bases para un proceso de reparación simbólica y reconocimiento histórico en Nariño. El acuerdo plantea mecanismos para la recuperación de la memoria colectiva, la preservación de testimonios y la participación activa de las víctimas en los procesos de paz y reconciliación. Así mismo, promueve el fortalecimiento de las iniciativas comunitarias de memoria y la articulación con el Sistema Integral para la Paz, incluyendo la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. El segundo acuerdo, el número 7, fue el orientado a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en diez municipios priorizados del departamento. Este pacto, suscrito por Carlos Erazo y Roger Garzón como representantes de las partes, fue leído por la delegada del Gobierno para los Diálogos con Comuneros del Sur, Ángela María Robledo. Con un auditorio repleto de liderazgos comunitarios, mujeres defensoras de derechos y delegados institucionales, Robledo abrió su intervención con un potente mensaje de reconocimiento al papel de las mujeres en la construcción de paz: “Aquí estamos las mujeres que hemos soportado la paz y que queremos acabar con esta guerra que parecería eterna”. Durante su discurso, la delegada destacó que este nuevo acuerdo con los Comuneros se centra en la transformación de las economías ilegales que han predominado en varias zonas de Nariño, perpetuando la violencia y dificultando la implementación plena del Estado Social de Derecho. Según cifras presentadas en el evento, los municipios priorizados en esta etapa concentran el 11,07% del total de cultivos ilícitos del departamento. El acuerdo fija una meta concreta: sustituir, mediante una ruta voluntaria, 5.000 hectáreas de cultivos ilícitos en diez municipios priorizados: Samaniego, Santa Cruz de Guachavés, La Llanada, Los Andes, Sotomayor, Barbacoas, Ricaurte, Cumbal, Mayama, Providencia y Huachucal. La fase inicial de este proceso contempla declarar al municipio de Samaniego libre de cultivos ilícitos durante el año 2025. Posteriormente, la fase dos ampliará las acciones a los demás municipios priorizados, en un proceso gradual liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. “La planificación y la acción coordinada serán fundamentales para transformar estas economías en el territorio y garantizar un futuro más seguro y próspero con las comunidades”, enfatizó Robledo. También subrayó que la hoja de ruta será construida con enfoque territorial e interseccional, teniendo en cuenta la diversidad étnica, de género, generacional y cultural de las comunidades involucradas. Subcomisión técnica y seguimiento El acuerdo establece la creación de una subcomisión técnica encargada de elaborar los protocolos, documentos e insumos necesarios para poner en marcha el proceso de sustitución voluntaria. Esta instancia estará conformada por representantes del Gobierno nacional, los Comuneros del Sur, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos y otros actores regionales y nacionales que hayan aportado al proceso de paz territorial. Entre sus tareas también estará acompañar los procesos de divulgación, diálogo y concertación con las comunidades durante todas las fases del acuerdo y validar, con base en estudios técnicos, las líneas de producción alternativa que reemplacen de manera sostenible las economías ilícitas. Robledo expresó su agradecimiento a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes por su disposición a co-construir soluciones desde el territorio. También reconoció el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia, la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAP-OEA), cuyo respaldo técnico y político ha sido fundamental. Este esfuerzo estará acompañado por la creación de una subcomisión técnica encargada de construir la hoja de ruta para la implementación del proceso. Esta instancia se encargará de la planificación, el diseño de protocolos, el seguimiento técnico y la articulación institucional, con un enfoque interseccional que incluirá consideraciones de género, etnicidad, generación, ciclo de vida y diversidad territorial. Programa de sustitución Gloria Miranda Espitia, directora del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, dijo que “además de las 5.000 hectáreas acordadas en esta mesa, esta misma semana se lograron pactar 15.000 hectáreas más con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, también en Nariño, y otras 15.000 en Putumayo, como parte de la misma apuesta por la paz”. El programa de sustitución que se implementará, indicó Miranda, tiene tres componentes clave: 1. Pagos por erradicación, que sustituyen el ingreso derivado de los cultivos durante el primer año. 2. Cambio de economía, no solo de cultivo: implica transformar completamente la base productiva local. 3. Aseguramiento de la comercialización, para evitar que los productos campesinos se pierdan en las veredas. “No es cambiar una mata por otra mata, es cambiar toda la economía completa”, subrayó Miranda, al tiempo que destacó experiencias como la del resguardo La Montaña, que ya está apostando por la producción de ají agroindustrial, vijao y la creación de una empresa administrada por el propio resguardo indígena. “Esta es la propuesta que le traemos hoy a Nariño, una propuesta para la paz, porque el narcotráfico ha despojado a las comunidades de su derecho más básico, que es la paz. Y hoy damos un paso gigante en esa dirección para recuperar ese derecho”, concluyó. Destrucción de armamento Al final del evento, el mandatario dio la orden
