junio 3, 2026

Victimas

“No hay espacio para la delincuencia”, gob de Antioquia tras operativo en Amalfi

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció tras operativo contra banda delincuencial ‘Los Libertadores’, en Amalfi. En un operativo conjunto la Policía Nacional, la Fiscalía General y las Fuerzas Militares dieron de baja a alias ‘El Enano’ y dos integrantes más de la banda criminal ‘Los Libertadores’, en zona rural de Amalfi, Antioquia, dedicada a la extorsión, homicidios y secuestros en el nordeste antioqueño. “Gracias al esfuerzo y a la capacidad de nuestra Fuerza Pública se logra neutralizar a este criminal que estaba atemorizando el nordeste del departamento. Con esto demostramos que no hay espacio para la delincuencia, criminal que pretenda desafiar al Estado, las libertades y la vida de nuestros antioqueños”, dijo el gobernador.  De acuerdo con las autoridades, en el operativo también fue abatido alias ‘Alonso’ otro cabecilla de la organización. Ambos delincuentes tenían órdenes de captura por concierto para delinquir agravado, homicidio, porte ilegal de armas de fuego, secuestro y tortura. Una de las prioridades del gobernador Rendón ha sido recuperar la seguridad en el departamento. En ese propósito, la administración desplegó más de 1100 uniformados de la Policía y el Ejército en los perímetros urbanos y zonas rurales de la región. Asimismo, se dio inicio al Plan Cosecha, que se extenderá hasta el 31 de diciembre para proteger a los caficultores en 94 municipios antioqueños.  “Priorizamos 281 fincas que albergarán cerca de 100.000 recolectores, de los cuales 60.000 seguramente son foráneos. Con base en el nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas y los territorios, hemos focalizado las capacidades institucionales a través de los ejes de prevención, disuasión, control y desarrollo operacional, generando condiciones de seguridad durante la temporada cafetera”, anunció el director de la Policía Nacional, William Salamanca.   “Me gusta mucho que buena parte de los componentes que activa la Policía para este Plan Cosecha estén presentados por mujeres, porque tenemos que darle un enfoque de cuidado a esta estrategia. Muchas familias se desplazan en esta cosecha mientras los adultos están en la recolección, por eso tenemos que activar unas tareas de cuidado para evitar no sólo alteraciones del orden público, sino violencias de tipo doméstico y sexual”, manifestó el gobernador.

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Contraloría General exige mejoras en la ejecución de recursos para la Ley de Víctimas

“Ha disminuido significativamente la participación de las víctimas en los subsidios de vivienda, pasando de 73,4% en 2013 a 11,9% en 2023.” La Contraloría General solicitó al Gobierno Nacional intensificar sus esfuerzos fiscales para la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En un reciente informe, el organismo de control, subrayó la insuficiencia de recursos y medidas destinadas a atender a las víctimas, evidenciando la necesidad urgente de reformas para garantizar una atención efectiva y equitativa. De acuerdo con el análisis del organismo, “entre 2024 y 2031 se requerirían aproximadamente $303,9 billones de pesos para implementar plenamente la Ley de Víctimas. Esto implica una necesidad anual de $37,9 billones. El desglose de estas necesidades incluye $118 billones para vivienda, $83,6 billones para indemnizaciones, $36,8 billones para generación de ingresos, $12,9 billones para subsistencia mínima y $7,1 billones para educación superior”. Problemáticas y sus posibles soluciones Uno de los problemas más críticos identificados, es el déficit habitacional que enfrentan más del 77% de las víctimas, que requieren el mejoramiento y ampliación de sus viviendas. Además, ha disminuido significativamente la participación de las víctimas en los subsidios de vivienda, pasando de 73,4% en 2013 a 11,9% en 2023. La contralora delegada para el posconflicto, Luz Amparo Echeverry, presentó estos hallazgos en el undécimo informe de monitoreo y seguimiento a la Ley de Víctimas, elaborado en colaboración con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de víctimas. Echeverry subrayó: “Continuaremos con la labor de seguimiento y control fiscal sobre los recursos destinados a la política pública de víctimas, asegurándonos de que cumplan con su finalidad e impacto en la mejora de las condiciones y estabilización socioeconómica de las víctimas”.

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Cámara de Representantes propone 50 años de cárcel para reclutadores de menores de edad

Desde la Cámara de Representantes se pretende establecer penas ejemplarizantes para quienes sometan a reclutamiento forzoso a menores de edad en el territorio Nacional, la iniciativa es impulsada por el representante a la Cámara del Partido de la U, Julián López. Al respecto López expresó “este es un proyecto de ley que tiene la firma de 125 congresistas y básicamente lo que pretende es modificar el código penal, es decir, esa Ley 599 del 2.000 en tres artículos: 83, 162 y 188, para pasar de condenar a estas personas que reclutan menores −que hoy, máximo pueden tener cárcel por 23 años− hasta el máximo que son 50 años”. Grave instrumentalización de niños y adolescentes La grave denuncia hecha por el representante del Valle del Cauca refiere que estas estructuras criminales instrumentalizan a los niños y adolescentes para que incurran en otro tipo de delitos “aquí hemos ido un poco más allá y queremos que este delito sea imprescriptible. De 1996 al 2016 según la JEP, han sido reclutados más de 18.000 menores −y eso es lo que tenemos por encima de la mesa, porque el subregistro puede ser dos o tres veces más−. Nosotros creemos que con este proyecto se desincentiva que esos criminales terroristas cometan este delito, la verdad dejarlo taxativo”. Un NO rotundo Frente a este inquietante panorama que se ha incrementado en las diferentes regiones del país, los parlamentarios firmantes refieren que la intención es “por supuesto duplicarles las penas a estas personas, no solamente es que se roben a los niños o que les entreguen un arma, o les enseñen a asesinar, sino que eso tiene un costo social muy profundo. Nosotros estamos perdiendo a nuestros menores en esas selvas y queremos que en el Congreso de la República, a todo el país y sobre todo a esos bandidos, se les envíe ese mensaje de que aquí no vamos a permitir absolutamente nada”. Según el Representante por el partido de la U, se tiene registro de al menos 214 grupos al margen de la ley y cuatro grupos armados organizados (GAO) como el Clan del Golfo, el Eln, grupos paramilitares e incluso 14 grupos armados organizados residuales, como, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, pero 196 grupos armados… Yo soy el del Valle del Cauca”, estructuras que deberán responder ante las autoridades y la Fiscalía General de la Nación, por estos delitos que estarían penalizados por al menos 50 años de cárcel.

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Búsqueda sin fronteras: luego de 11 años desaparecido durante el conflicto en Colombia, Fabio Caicedo regresó a Ecuador

* Caicedo había nacido en Limones, una ciudad ecuatoriana, y fue un reconocido comerciante que desapareció en este lugar el 28 de agosto de 2013 en hechos vinculados al conflicto armado colombiano. —————————————————————————————————————– A la fecha, 269 personas dadas por desaparecidas en medio del conflicto armado colombiano son buscadas por alguien desde el exterior. Una de ellas es Fabio Caicedo Castillo, el cuarto entre cinco hijos de una madre afroecuatoriana que a sus 83 años lo recibe dignamente tras 11 años de ausencia. Fabio, quien había nacido en Limones, una ciudad ubicada en el cantón Eloy Alfaro, al norte de la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, fue un reconocido comerciante que desaparecieron en este lugar el 28 de agosto de 2013, en hechos vinculados al conflicto armado colombiano. “Fue una persona con aspiraciones políticas, con gran empatía y muy carismático. Fue, además, un pilar para la familia, la que estaba bajo su protección. Por tal motivo, su desaparición fue un golpe muy duro para nosotros”, así lo mencionó uno de sus familiares en medio de una entrega culturalmente pertinente que se realizó en el Puente Binacional sobre el Río Mataje. Es la primera vez que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) hace una entrega digna y culturalmente pertinente del cuerpo de un ciudadano extranjero víctima de desaparición en el marco del conflicto armado colombiano. Gracias a la investigación humanitaria y extrajudicial adelantada por la UBPD y a la información brindada por aportantes de información vinculados al Macrocaso 02 de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda adelantó en diciembre de 2021 la recuperación del cuerpo y realizó diferentes acciones con personas del territorio, con organizaciones ecuatorianas y con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para establecer contacto con los familiares de Fabio y, posteriormente, llevar a cabo la recepción de la solicitud de búsqueda por parte de un familiar en febrero de 2024. En abril de este mismo año, la Unidad de Búsqueda recibió la confirmación sobre la identificación plena de Fabio Caicedo Castillo por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Luego se organizó todo con la familia para realizar la entrega culturalmente pertinente en articulación con el CICR, la Alcaldía de San Lorenzo (en Ecuador) y la Alcaldía Municipal de San Andrés de Tumaco, en Nariño. “Esta es una forma de demostrar cómo para buscar a nuestros desaparecidos haremos hasta lo imposible”, expresó Luz Janeth Forero Martínez, directora general de la Unidad de Búsqueda. “Nunca paró su búsqueda, esta es una familia que siempre espero su retorno”. Después de muchos años de búsqueda, hoy al otro lado del Puente Binacional sobre el Río Mataje sus familiares y la comunidad ecuatoriana podrán darle a Fabio una sepultura digna y ponerle fin a una larga espera e incertidumbre de una desaparición transnacional en donde el camino de la búsqueda no tuvo fronteras. El Plan Regional de Búsqueda del Pacífico Nariñense comprende la búsqueda de al menos 1.671 personas desaparecidas por acciones relacionadas con el conflicto armado en la zona costera del departamento de Nariño.

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Violencia en el Cauca motivó la llegada de la Minga Indígena a la ciudad de Bogotá

Miembros de la Minga Indígena, arribaron a la ciudad capital de Colombia, motivados por el recrudecimiento de la violencia en el departamento del Cauca, así como también por su deseo de participación en los intentos de diálogo correspondientes a la Paz Total promovidos por el Gobierno Nacional. Se pudo conocer que al menos 4.200 personas provenientes de los pueblos indígenas llegaron al Parque El Renacimiento y solicitan conversaciones con Gustavo Petro, presidente de la República, con intención de hallar salidas a la creciente ola de violencia que agobia a la región. Indican los miembros de la Minga que “Por el territorio, la vida y la paz, los Pueblos Indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), llegan a Bogotá donde esperan al presidente Gustavo Petro para avanzar con las políticas del cambio. Un cambio que no desconozca los derechos ganados en más de 50 años de lucha y resistencia”. Hasta el momento se desconoce si por parte del Ejecutivo se resolvió agenda con estas personas, por ahora el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, será quien asuma los diálogos con la minga. Finalmente, el consejero mayor Jhoe Sauca, pidió al mandatario nacional frenar la violencia que se ha ensañado contra el Cauca. Refirió que los frentes de las disidencias de las FARC, bajo el mando de Iván Mordisco, han perpetrado en ese departamento una serie de atentados con motobombas, drones y se ha incrementado el número de secuestros y reclutamiento forzado. Cabe destacar que en las últimas tres semanas se han presentado por lo menos 15 asesinatos, según una denuncia de la ACIN. “En esta escalada violenta en el norte del Cauca no se están respetando ni el DIH ni ningún tipo de derecho individual o colectivo de las comunidades. La población civil sigue quedando en medio del fuego cruzado y la zozobra crece entre las veredas”, indicaron.

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Exgeneral Carlos Ovidio Saavedra, citado por la JEP por Investigación de Falsos Positivos

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó al general en retiro Carlos Ovidio Saavedra para que declare los días 1, 2 y 3 de octubre, en el marco de una investigación sobre más de 100 casos de falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2003. Saavedra, quien era comandante de la Séptima Brigada en Villavicencio durante el lapso en el que ocurrieron los hechos. En 2020, el General ya había sido llamado a testificar por su supuesta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales en el Norte de Santander, aunque no aceptó culpabilidad en ese caso. La nueva citación está centrada en la presunta participación del excomandante en una serie de asesinatos que fueron falsamente presentados como bajas en combate. “La Sala ha encontrado que, el desarrollo de las operaciones militares en las que tuvieron lugar los hechos previamente referidos pudo involucrar las funciones de mando y control a cargo del señor Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, como comandante de la Séptima Brigada. Adicionalmente, en múltiples versiones voluntarias practicadas se hizo referencia al señor Saavedra Sáenz o al ejercicio de las competencias propias del cargo que desempeñó”, señaló la JEP. Saavedra, también fue mencionado en informes de organizaciones sociales como el ‘Colectivo Orlando Fals Borda’ que representa a las víctimas de estos crímenes. La JEP continúa su labor de esclarecer la verdad y garantizar justicia en casos de violaciones graves de Derechos Humanos ocurridos durante el conflicto armado en Colombia.

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Periodistas se sienten cada vez más amenazados, advierte Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo advirtió que los periodistas se sienten cada vez más amenazados ante las intimidaciones de grupos armados ilegales.  Una encuesta realizada por la entidad en todas las regiones del país reveló que las estructuras armadas ilegales, el crimen organizado y la delincuencia común han sido los principales responsables de las amenazas a periodistas en el 2024, una realidad preocupante en medio de la escalada de violencia que ha enfrentado el país en el último año.  De acuerdo con el informe de la Defensoría, el 47,7% de las amenazas reportadas a periodistas involucran a las organizaciones criminales y la delincuencia común. Además,  El 21,2 % denunció ataques de líderes políticos, 13,2% dijo sentirse atacado por miembros de las Fuerzas Militares y el 12% manifestó haber recibido comentarios agresivos de funcionarios públicos. Asimismo, el 36%  declaró haber recibido amenazas contra su integridad y el 17% indicó que su derecho a informar fue vulnerado  Asimismo, la entidad hizo un llamado a los actores armados a respetar el derecho de los periodistas a informar e invitó a funcionarios públicos y a la ciudadanía a respetar la libertad de prensa, medios de comunicación tradicionales, independientes, locales y nacionales.  “Los actores con responsabilidades políticas y la ciudadanía en general, incluidos los generadores de opinión, deben respetar el libre ejercicio de la prensa —medios de comunicación tradicionales, nacionales, regionales, locales, no tradicionales, comunitarios, digitales, en todos sus formatos— y a quienes forman parte de ella desde su rol como comunicadores. Es preciso respetarlos y promover su protección”, señala.   

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Gobernadora de Sucre pide ayuda a MinEducación van más de 20 educadores amenazados

Luego de la trágica muerte del rector, locutor y gestor cultural de la Institución Educativa Gavaldá de Guaranda, Sucre, Armando Rivero Manjarrez, quien fue hallado sin vida el pasado 17 de julio. La gobernadora de Sucre, Lucy García, en medio de la consternación pública por este crimen, rechazó el hecho y expresó que este caso fue un atentado a la Educación. Lucy García, hizo un vehemente llamado al recién posesionado Ministro de Educación Daniel Rojas para garantizar la protección de los docentes departamentales, en donde al parecer hay un registro de 26 educadores amenazados, “a quienes es necesario brindar seguridad para evitar tragedias como la de hoy con Armando Rivero”. “Desde el gobierno departamental, en articulación con la Policía, la Armada y el Gaula, entre otros organismos de seguridad, se han atendido las amenazas denunciadas por los docentes, articulamos la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente, se activó el Comité de Docentes amenazados, y se han implementado acciones tendientes a proteger la vida de los educadores y determinar la procedencia de las intimidaciones”, enfatizó García. Asimismo, la primera autoridad de los sucrenses. explicó que “Ante este doloroso suceso, requerimos urgentemente al ministro de Educación, Daniel Rojas, para que, en coordinación con las autoridades se active un plan de protección a los docentes, no solo en Sucre sino en todo el país”. También solicitó apoyo de la fuerza pública “A la fuerza pública se le solicita no bajar la guardia en la búsqueda de los responsables del asesinato del directivo docente y gestor cultural, para que este crimen no quede impune y para dejar claro que en Sucre no hay cabida para los violentos” finalizó.

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Álvaro Uribe y Andrés Pastrana testificarán ante la JEP por ‘Falsos Positivos’

El coronel retirado, Hernán Mejía, solicitó la comparecencia de los expresidentes como testigos en los más de 70 crímenes de guerra y lesa humanidad. Empezó la primera audiencia preparatoria contra el coronel (r) retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez quién se presentó ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Durante el juicio no aceptó responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que le fueron imputados por el caso 3 de ‘Falsos Positivos’. Mejía Gutiérrez quien fue comandante del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa” de Valledupar entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004, fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por al menos 35 hechos en los cuales se habría victimizado a 72 personas por “conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en calidad de autor y coautor mediato”. Frente al caso (3) de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, Mejía Gutiérrez solicitó que los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango, fueran aceptados como testigos al juicio público que se llevará a cabo los días 16 al 19 de septiembre de 2024 en la Ciudad de Valledupar (Cesar), petición que fue aceptada por el mecanismo de justicia transicional. Según la defensa del acusado con los testigos se busca corroborar su teoría de que actuó como comandante del batallón en cumplimiento de órdenes y que sus operaciones militares fueron legítimas.  La UIA identificó tres diferentes formas de proceder: Víctimas retenidas y asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)​, cuyos cuerpos fueron entregados al IAOP liderado por el procesado, quien luego de simular un combate, los presentó como el resultado de una operación militar.     Víctimas retenidas y entregadas con vida por las AUC al IAOP del procesado, para que fueran asesinadas y sus cuerpos fueran presentados como bajas en combate.   Víctimas que fueron señaladas por las AUC de pertenecer o auxiliar a otros grupos armados ilegales, para que los integrantes del IAOP liderado por el procesado, les quitaran la vida y los presentaran como resultados de las operaciones militares. La magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra explicó cómo las víctimas participarán activamente en el juicio adversarial transicional en Cesar y Bogotá, destacando su papel central en este modelo. Además, se fijaron fechas para el juicio: octubre 17, 18, 28, 29; noviembre 12, 13, 25, 27; y diciembre 3, 4 de 2024, donde las víctimas podrán interrogar directamente al acusado.

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“No me deje sola”, llamado desesperado de judoca Luz Adiela Álvarez a Gustavo Petro

La judoca Luz Adiela Álvarez hizo un llamado desesperado al Gobierno Nacional tras recibir amenazas de muerte. La joven quien pertenece a la Selección Colombia de Judo solicitó a las autoridades que la protejan. “Le pido a la alcaldesa Paola Andrea Castillo Gutiérrez, a la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro y al presidente Gustavo Petro que no me dejen sola. En Jamundí primero llega la amenaza y luego los titulares de lamento, no quiero ser una víctima más en esta absurda guerra. Nadie debería serlo”, indicó Luz Adiela. Álvarez, explicó que su papá fue quién recibió las amenazas contra su vida en Jamundí, sur del Valle del Cauca, en una carta indicándole que se despidiera de la judoca porque le iban a quitar la vida. Luz Adiela, expresó además que junto a su familia ya hicieron las respectivas denuncias ante las autoridades competentes, asimismo, aclaró que no tiene nexos dudosos que argumenten la amenaza y manifestó su profunda tristeza por lo que considera un trato injusto hacia ella y su familia, cuando su único deseo es dar triunfos a la nación. “Me da tristeza que en este momento esté en peligro mi familia y yo. No soy una persona de relaciones dudosas, no tengo enemigos, solo he dedicado mi vida al deporte para darle felicidad a mi gente. Es injusto que los violentos quieran amedrentar a quienes cada día nos levantamos con la ilusión de alegría, triunfos y progreso a nuestro país”, aseveró la deportista.

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