julio 16, 2026

MinHacienda

Piden la renuncia de MinHacienda tras escándalo por declaraciones de su exasesora

Luego de las explosivas declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, en donde vincula a uno de los alfiles más poderosos de la administración Petro con el escándalo de la UNGRD, las reacciones en el ámbito político no se hicieron esperar, algunos ya están exigiendo la renuncia del alto funcionario . Contexto Como parte de las diligencias que se siguen para esclarecer los hechos de corrupción ocurridos con los dineros destinados a la compra de unos carrotanques para La Guajira, la Fiscalía citó a Benavides, quien envuelta en llantos  reveló que presuntamente Ricardo Bonilla estaba en conocimiento de las ‘triquiñuelas’ administrativas que desataron el escándalo que le costó el puesto y la libertad a Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirector de la polémica Unidad, por los dineros correspondientes a la adjudicación de contratos por montos superiores a los 92.000 millones de pesos, a cambio del apoyo de varios congresistas de la Comisión de Crédito Público. ¿Qué dijo? María Alejandra Benavides señaló que, al parecer Bonilla la habría utilizado para facilitar la aprobación de los mencionados contratos, además de gestionar con los seis congresistas implicados y para estar en comunicación con el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla. Como era de esperarse, al hacerse públicas estas explosivas declaraciones se han levantado algunas voces ligadas a la política nacional, exigiendo la renuncia al cargo de Ricardo Bonilla, entre ellos Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático, quien escribió en sus redes sociales “El señor Ricardo Bonilla debería renunciar inmediatamente”. El senador Miguel Uribe, quien aseveró “El ministro Bonilla debe renunciar de inmediato”. Por su parte la congresista María Fernanda Cabal dijo en su cuenta x “¿En qué convirtió Petro este país? Ya venía mal, pero ahora está peor. Este reporte revela cómo movieron coimas para comprar votos de congresistas. Este es un gobierno inmoral”. Jota Pe Hernández, también se pronunció y recordó que en algún momento él quiso sacar del cargo a Bonilla, pero que sus colegas no le apoyaron. “Le hice moción de censura a Bonilla por estar salpicado en este escándalo de corrupción. Me tocó frentearla solo, y el día de la votación, más del 80 % de los senadores decidieron mantenerlo en su cargo”.

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$28,4 billones se recortarán al presupuesto de la nación, acá le decimos cómo se hará

El Gobierno Nacional determinó la cifra que recortará del presupuesto nacional de 2024, es así como $28,4 billones, equivalentes a un 5,6 % del total del presupuesto aprobado para esta vigencia, serán suprimidos de la lista de gastos del país en lo que queda del 2024. Este recorte que habría sido discutido en el Consejo de Ministros, incluye los $20 billones del aplazamiento presupuestal anunciado en junio pasado, así como los $8,4 billones adicionales producto del análisis de la situación económica actual de la Nación, y que a juicio de MinHacienda, no deberían impactar las cuentas públicas. ¿Qué dijo el ministro Bonilla? Al respecto el titular de la cartera de Hacienda Ricardo Bonilla expresó “El decreto debe oficializarse en los próximos días. La autorización del Consejo de Ministros, ya está dada y la Dirección de Presupuesto está examinando con qué complementa, por lo que es probable que el decreto salga por algo más”. En detalle el ajuste a los recursos de la Nación será de $18,2 billones en funcionamiento y de $10,1 billones en inversión. Los sectores más afectados con el recorte serán Hacienda ($11,8 billones), Trabajo ($3,9 billones), Defensa ($606.000 millones), Rama Judicial ($452.000 millones) y Fiscalía con ($347.000 millones). Sector de Inversión también fue alcanzado por el recorte La inversión experimentará un recorte de $10,1 billones, Distribuidos de la siguiente manera al sector de Inclusión Social y Reconciliación ($1,8 billones), seguido de Hacienda ($1,7 billones), Transporte ($1,4 billones), Agricultura ($1,2 billones) y Vivienda ($647.000 millones). Educación y Salud salieron ilesos Cabe destacar que por indicación del Gobierno Nacional, y al ser prioridad de la administración actual, los sectores de Salud y Educación, no fueron alcanzados por la ‘tijera presupuestal’, asimismo, el ministro Bonilla indicó que la mayoría de los ajustes se hicieron sobre montos que los ministerios “no están en condiciones de ejecutar totalmente”, de acuerdo con Bonilla, mientras que los de hacienda corresponden a las cuentas de conceptos previos “que fueron reducidas a su mínima expresión”.

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MinHacienda solicitó a la Corte Constitucional pensionar indígenas y campesinos antes de tiempo

El Gobierno Nacional, solicitó ante la Corte Constitucional que grupos indígenas, campesinos y población negra al tener “menor esperanza de vida” puedan pensionarse con anticipación. La solicitud insta a la Corte a que apruebe el artículo 93 de la Reforma Pensional, el cual propone que campesinos, indígenas y la población negra y palenquera puedan acceder a la pensión con menos semanas cotizadas y a una edad menor que el resto de los colombianos. Polémica Esta intención expresa del Ejecutivo ha generado un debate significativo entre quienes están de acuerdo con la medida y quienes la consideran inviable. Se dice que el artículo no busca establecer un régimen especial de pensiones, sino que pretende consolidar la igualdad establecida en la Constitución Nacional, pero quienes adversan el documento, argumentan que la población negra e indígena ya cuenta con protección especial por ser minoría étnica, mientras que los campesinos, aunque no son considerados una minoría étnica, han sido históricamente marginados y afectados por la violencia. El cuestionado artículo fue propuesto por el senador Richard Fuelantala, según José Ignacio López, presidente de Anif, este podría afectar al 41% de la población colombiana, lo que implicaría una carga adicional para las finanzas públicas.

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Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia: El centralismo en Colombia es asfixiante

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, considera que en Colombia hay un centralismo asfixiante que impide a las regiones invertir en sus necesidades más apremiantes, por lo que le da la bienvenida a la propuesta que viene tomando fuerza en los territorios de promover un referendo sobre autonomía fiscal para que estos no dependan de los recursos de la Nación.   Según el mandatario, se tiene una deuda con los departamentos para que sus finanzas se vigoricen y se pueda seguir avanzando en el cierre de brechas sociales, sobre todo, en la zona rural. En entrevista con la Revista El Congreso Siglo XXI, el Gobernador habló sobre los beneficios que se tendrían, de prosperar el referendo, así como de la vaca por las vías de Antioquia que ha recibido más de 15 mil aportes voluntarios de 42 países, entre otros temas importantes.    ¿Cuál sería el impacto del referendo en los departamentos?   Esta es una iniciativa ciudadana que lidera un grupo de personas de varias regiones del país, quienes hacen parte del Comité Promotor conformado por Ana Lucía Villa, economista; Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta; Vanessa Mendoza, exrepresentante a la Cámara; Carlos  Gustavo Cano, exministro de Agricultura; Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá; Hilduara Barliza, exdirectora de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior; Diego Santos, consultor y periodista; Paola Rivera, abogada; Wilson Ruiz, exministro de Justicia; María del Rosario Guerra, exministra de Comunicaciones, y Juliana Castañeda, líder social en temas de mujeres. A título personal, me gusta mucho esta propuesta porque tenemos una deuda con los departamentos para que sus finanzas se vigoricen. Al no depender de los recursos de la Nación, las regiones tendrán mayor autonomía en la toma de decisiones en favor del bienestar de los ciudadanos: inversión social y cierre de brechas. ¿Cómo lograr que se devuelvan facultades a las regiones en la toma de decisiones? En Colombia hay un centralismo asfixian- te que impide a las regiones priorizar e invertir en sus necesidades más apremiantes. Hay inequidad porque los municipios tienen rentas propias como el impuesto predial, que fueron determinados por la Constitución de 1991, pero los Departamentos no. Los ingresos más importantes provienen de rentas antiguas, originadas en la Colonia, con incentivos perversos para la gestión de su incremento, como los impuestos a los licores y al tabaco. Hay una alta dependencia en las regiones de las transferencias de la Nación. Yo fui alcalde del municipio de Rionegro, Antioquia, entre 2016 y 2019, y tenía más recursos de libre destinación anuales, que ahora como Gobernador de Antioquia. Las cifras son elocuentes: en Rionegro contaba con 400 mil millones de pesos para 150 mil habitantes. En Antioquia tenemos 190 mil millones de pesos para 7 millones de antioqueños. En resumen, esto se logra con una mejor distribución de los recursos en la estructura constitucional.   Tras el recorte a las regiones, ¿cómo responderá a las necesidades del departamento? Antioquia es, al igual que la mayoría de los departamentos de Colombia, altamente dependiente de las transferencias de la Nación. Nosotros, de cada 100 pesos que proyectamos en nuestro presupuesto, cerca de 50 vienen del Sistema General de Participaciones -los cuales tienen una destinación específica, pero hay casos como Amazonas, donde es 90 de cada 100 pesos. Hay una estrecha relación entre esa alta dependencia a las transferencias de la Nación y una limitada capacidad de respuesta de los departamentos para atender las necesidades de la gente, las exigencias del territorio. La verdad es que compartimos los mismos dolores y carencias de otros departamentos. En subregiones como el Bajo Cauca y el Urabá uno encuentra situaciones abrumadoras. Tenemos dos millones de personas con inseguridad alimentaria; de 4.300 sedes educativas, la mayoría están en muy malas condiciones; 400 mil adultos mayores envejecieron sin una pensión y nuestras vías secundarias y terciarias están en muy malas condiciones. Tenemos que ser muy creativos y apelar a la austeridad en el gasto para no incurrir en excesos, para que nuestros coterráneos no sufran por esa inequidad injusta proveniente del centralismo, que tanto daño nos hace y que requiere una modificación. ¿Qué pasaría con los impuestos sobre la renta y el patrimonio? En ese escenario, serían los Departamentos los que administrarían estos dos impuestos para dejar de depender de las transferencias de la Nación. Los tributos existen para equiparar las cargas entre los ciudadanos y las regiones. No podemos pretender erradicar la pobreza y tener mejores niveles de equidad, haciendo siempre lo mismo. ¿Cuál es la mayor necesidad que aqueja a su departamento? Antioquia es un territorio con muchas necesidades que estamos atendiendo gracias al compromiso de un equipo de Gobierno que nos acompaña en esta tarea. Nosotros necesitamos un estado austero, pequeño, pero que no desatienda las causas sociales y una de ellas es la inseguridad alimentaria. Por ejemplo, un tercio de la población de Antioquia hoy padece situaciones de inseguridad alimentaria. Viendo esta situación tan delicada, le pedimos a la Asamblea Departamental que nos aprobara destinar el impuesto vehicular para disminuir la situación de hambre que hoy tenemos en Antioquia y finalmente nos lo aprobaron. Pero también tenemos otras situaciones delicadas: debemos reforzar la seguridad en todos los rincones del Departamento y hay que darlo todo por la libertad y seguridad de los antioqueños. Seguridad es salir tranquilo a la calle, levantarse y despertarse sin miedo; es generar las condiciones para que aumente la inversión que hace crecer la economía. Además, tenemos instituciones educativas en muy malas condiciones en su infraestructura física o con falta de dotación. No somos un departamento rico, como muchos creen. Nuestras carencias son muchas y estamos concentrados en reducir estas dificultades. ¿Cómo va la vaca para obras de desarrollo en Antioquia? A la fecha, la vaca por las vías de Antioquia que conectan a Colombia ha recibido más de 15.000 aportes voluntarios de 42 países por cerca de 6 mil millones de pesos. Esto evidencia el respaldo que ha tenido la propuesta por parte de los antioqueños, de los colombianos. Después de

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Si se impulsa la economía popular, aumentará la demanda de crédito, aseguró el Presidente

El mandatario dijo que el Pacto por el Crédito, suscrito con la banca privada, ha mostrado buenos resultados en el primer mes de ejecución,  pero falta un mayor impulso al crédito para la economía popular.   Un nuevo llamado a la asociatividad para impulsar la economía popular y la productividad a través del crédito, formuló el presidente Gustavo Petro durante la firma del Pacto por la Democratización del Crédito Solidario​, evento realizado en la Cámara de Comercio de Bogotá. En su intervención, el mandatario explicó que ya se cumplió el primer objetivo del Pacto por el Crédito que suscribió el Gobierno del Cambio con la banca privada del país, y que permitió en el primer mes desembolsar más de $10 billones en préstamos para la reactivación económica. Dijo que ese pacto “es de gran valía” porque “hemos convocado a los ejecutivos y a los dueños, hombres muy ricos de la banca colombiana”, a quienes se les pidió dedicar el ahorro del público “adonde más les sirva a los demás”, y no a las grandes obras de infraestructura “solo por el criterio faraónico y por la codicia de ganar más: usemos ese ahorro productivo en la producción y el trabajo, fue el primer criterio”. Sin embargo, el mandatario aseguró que en este primer mes “no ha cambiado la distribución del crédito, la economía popular sigue sin crédito”, pero agregó que “eso es una falla, no del banquero, sino del Estado y de la sociedad, porque no estamos generando la asociatividad suficiente en la economía popular y, entonces, no hay demanda del crédito”. Por ello, añadió, es que el crédito se va para los más grandes empresarios, productores, agrarios e industriales. “Entonces aquí hay un esfuerzo porque el Estado tiene que ser un organizador de la sociedad para darle alas, para dejarla libre”. Según el presidente Petro, si la mujer trabajadora no tiene el crédito, no hace empresa colectiva, pues la riqueza está en el trabajo y el trabajo es la agricultura, la agroindustria, la industria, los servicios que se mueven alrededor de la producción “y el turismo, en donde nos ha ido espectacularmente, porque simplemente había que mostrar el país de la belleza”. Dijo que el gobierno debe generar más asociatividad, más cooperativismo. “La juntanza que se ha construido en Colombia es la de la acción comunal, es la cooperativa del pueblo y de las mujeres o de los campesinos, de la minga indígena…es juntándose para que podamos ser ganadores colectivos”. “Si el Estado si logra potenciar la asociatividad y la economía popular logra progresar a partir del crédito, entonces, Colombia será diferente mentalmente, culturalmente y las verdaderas revoluciones son culturales, son cambios de manera de pensar las cosas”. Concluyó con un mensaje para potenciar el cooperativismo: “No hagan proyectos pobres para pobres, esa plata (el crédito) úsenla para organizar, contratar jóvenes, mujeres, viejos, hombres que sepan hacer cooperativismo, que aprendan a hacerlo, no es difícil. Y que vayan por los pueblos y los campos de Colombia organizando cooperativismo, que se enriquece con el crédito, porque ese dinero que es de todos y todas, para construir otras relaciones sociales de producción que permitan la paz, la prosperidad y la justicia en Colombia”.

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Gobierno advierte golpe a los valores democráticos tras fallo del Consejo Nacional Electoral

El Gobierno Nacional se pronunció tras polémica decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE).  A través de un comunicado oficial, ministros y altos funcionarios del Gobierno expresaron su preocupación por la decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral de formular cargos contra el presidente de la República y participantes de su campaña presidencial en 2022 por presunta violación de topes y financiación indebida.  “Nosotros, ministras, ministros y altos directivos del Gobierno de Colombia, ponemos en conocimiento de la comunidad nacional e internacional un hecho que puede traer graves consecuencias a los principios democráticos que protegen la función presidencial y el Estado de derecho”, indica el comunicado.  “La decisión es contraria a la jurisprudencia constitucional, lo que evidencia la pérdida de objetividad e imparcialidad por parte de los magistrados del CNE”, agrega.  El Gobierno ha cerrado filas en apoyo al presidente, quien ha advertido sobre un posible golpe de Estado y ha llamado a sus simpatizantes a manifestarse en las calles contra la medida. Como primera medida, se realizó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y  se radicó ante la Comisión de Acusación de la Cámara la solicitud para que se levante la reserva y sea público el expediente sobre la financiación de su campaña del 2022.

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Se hunde el Presupuesto General de la Nación: Gobierno lo expedirá por decreto

El Congreso de la República no alcanzó un acuerdo para aprobar el Presupuesto General de la Nación para 2025. La falta de quórum llevó a levantar el debate, lo que obliga al Gobierno Nacional a emitir el presupuesto por decreto, una situación que jamás se había dado en la historia del país. El presupuesto debía ser aprobado llegando a un consenso, pero las divisiones entre los legisladores impidieron cualquier avance. Finalmente, el monto establecido que sería decretado por el Gobierno asciende a 523 billones de pesos, según lo confirmado en las últimas sesiones. “De acuerdo con lo sucedido hoy, el presupuesto será expedido por decreto (…) dejen de especular con los recursos electorales, que siempre han permanecido en la bolsa del Ministerio de Hacienda hasta que el registrador los solicita”, expresó Ricardo Bonilla ministro de Hacienda. Bonilla, también agregó que este año por primera vez, los recursos se entregarán directamente a la Registraduría desde el presupuesto, y enfatizó, que se trata de una medida temporal. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que “los recursos de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) quedan intactos”, destacando la importancia de mantener la financiación de estos organismos para las próximas elecciones. Opiniones de oposición La senadora Angélica Lozano, desde la oposición, criticó el desenlace, señalando que “esto no es más que una reforma tributaria disfrazada con el nombre elegante de ley de financiamiento”. También, el representante Oscar Darío declaró “Pusimos a la Corte a llenar vacíos de una legislación muy gris. Y será está entidad la que decida quién tiene la razón, pero considero que esto es una derrota para el gobierno, ya que no se aceptaron sus propuestas”. El próximo 20 de octubre se confirmará el proceso por el cual el Gobierno asumirá la expedición del presupuesto por decreto. Este escenario deja elecciones importantes sobre la necesidad de consensos políticos y el manejo de los recursos públicos a tan solo dos años restantes de gobierno. Finalmente, el debate deja un ambiente de incertidumbre, y algunos sectores ya especulan sobre las implicaciones políticas que esta situación podría tener en el futuro.

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Senadora Angélica Lozano calificó de “golpe a la democracia” el recorte al presupuesto de la Registraduría para 2025

La congresista del partido Verde, Angélica Lozano indicó en reciente entrevista que para 2025 el monto de recursos pasaría de 3,2 billones a 0,7 billones de pesos, cabe destacar que la parlamentaria se refiere a los dineros que llegarían a las entidades gubernamentales, y especialmente a una de las instituciones más importantes para el país, como lo es la Registraduría Nacional del Estado Civil, que enfrentaría una reducción del 77% en el venidero año. Inquietante panorama para la Registraduría Explicó Lozano que el presupuesto de la entidad pasaría de 3,2 billones a 0,7 billones de pesos, sin que se haya tomado en cuenta que en ese mismo año se debería adelantar la contratación de la logística electoral para los comicios de Congreso y Presidencia para 2026. Asegura que en la ponencia que presentó el Gobierno, le quitan recursos a una entidad que es completamente autónoma y en un año en el que necesita recursos para garantizar los comicios del 2026, ante lo expuesto la funcionaria indicó que es un “exabrupto inaceptable”. Asimismo, indicó la Senadora “Es muy grave porque el Ministerio de Hacienda le quitó recursos a la Registraduría, una autoridad independiente que tiene que organizar las elecciones el próximo año. Es realmente un golpe muy duro para la autonomía y la independencia de la entidad”. Para Angélica Lozano este planteamiento es un “golpe a la democracia”, e indicó que el país necesita una explicación para saber por qué la Registraduría tiene más presupuesto en 2024 que en 2025. La Registraduría advierte el riesgo Por su parte Hernán Penagos, registrador Nacional, indicó también al respecto que la falta de presupuesto pone en riesgo la independencia y autonomía que debe tener la autoridad electoral en Colombia. “En relación con los riesgos en los procesos electorales, uno de los principales riesgos en Latinoamérica está relacionado con la autonomía presupuestal de las autoridades electorales. Hoy en día, se ha ido perdiendo un poco de esta autonomía, principalmente por un factor: el presupuesto. La mayoría de los organismos electorales derivan sus presupuestos de exigencias o solicitudes al gobierno, lo que, de alguna manera, compromete su labor como árbitros de la democracia”, afirmó.

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Comisiones económicas de Cámara y Senado, aún no llegan a acuerdos sobre Ley de Financiamiento

En el Salón Elíptico del Congreso, las comisiones económicas de Cámara y Senado se reunieron para debatir sobre la nueva Reforma Tributaria o Ley de Financiamiento que propone el Gobierno Nacional. ………………………………………………………………………………………………………. El proyecto de ley que busca recaudar 12 billones de pesos, ha generado amplio rechazo, ya que gran parte de los legisladores se opone a la implementación de más impuestos y a la medida en general. Durante la sesión, se discutió la aprobación del monto del presupuesto, una tarea que, según el artículo 47, debe ser decidida antes del 15 de septiembre. Sin embargo, no se ha logrado un consenso sobre el tema. La propuesta actual asciende a 523 billones de pesos, pero existen diferencias importantes entre las proyecciones gubernamentales y la contrapropuesta de algunos sectores del Congreso que buscan un monto menor. Un debate que no termina A pesar de los llamados a la concertación, la incertidumbre sigue reinando. La oposición insiste en que ya se negó definitivamente lo planteado por el Gobierno, mientras que el ministro de hacienda Ricardo Bonilla dice “no se ha negado ni aprobado nada, no existe aún unanimidad ante ninguna propuesta”. Por otra parte, la representante Olga Lucía Velázquez, insistió “esto no es un juego, tiene que haber una responsabilidad fiscal”. El debate continuará el día de mañana, donde además se determinará, cuáles son los pasos a seguir, cuando no se llega a un acuerdo con el presupuesto.

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