Minjusticia Archivos - Revista el Congreso

¿Quién es César Julio Valencia Copete? el nuevo ministro de Justicia del Gobierno Petro

Actualidad, Corte Suprema de Justicia, Ejecutivo, Gabinete ministerial, Gobierno, Minjusticia, Política / Juan Leonardo Ticora Giraldo

El abogado, egresado de la Universidad Externado de Colombia, entra en remplazo de remplazo de Eduardo Montealegre, luego de que el mandatario le pidiera la renuncia protocolaria Este 13 de noviembre de 2025 se dio a conocer que el abogado César Julio Valencia Copete, jurista egresado de la Universidad Externado de Colombia, fue nombrado por el presidente Gustavo Petro como el nuevo ministro de Justicia, luego de que su antesesor, Eduardo Montealegre, renunciara por petición del jefe de estado, debido a las sentencias en segunda instancia con las que el expresidente Álvaro Uribe salió inocente. Siendo la cuarta persona en dirigir el Ministerio de Justicia durante la administración Petro, Valencia Copete tendrá a su cargo el avance de algunos de los proyectos más importantes del Gobierno actual, como la aprovación de la asamblea Nacional Constituyente, el manejo de la crisis carcelaria, y la defensa de la Ley de Sometimiento de grupos criminales, fundamental para la continuación de la “Paz Total”. ¿Quién es César Julio Valencia Copete? Originario de Cali, Valle del Cauca, Valencia Copete fue magistrado de la Sala de Casación Civil y Agraria en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, de la cual también fue presidente entre el 2007 y el 2008, así como juez municipal, juez Civil del Circuito de Bogotá y procurador delegado para la contratación estatal, por mencionar algunos de sus cargos, trabajando con la rama judicial cerca de 36 años. Valencia Copete y las chuzadas del DAS El ahora ministro de Justica tuvo enfrentamientos en reiteradas ocaciones con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ya que fue uno de los magistrados que se pronunció públicamente en contra las interceptaciones ilegales realizadas por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), donde se le hizo seguimiento a los opositores de Uribe durante su gobierno, incluidos políticos, periodistas y magistrados. Ante esto, Uribe denunció a Valencia Copete penalmente alegando una presunta filtración de información reservada, investigación que terminó por ser archivada. El exmandatario también denunció ante la Comisión de acusaciones en otra ocación, al en ese entonces magistrado, por decir en una entrevista que Uribe lo llamó para investigar a un familiar suyo, el senador Mario Uribe, por participar en parapolítica, hecho que el expresidente negó. Por lo anterior, el presidente Petro condecoró, en diciembre de 2024, a varios exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia con la Cruz de Boyacá, entre los cuales se encontraba Valencia Copete, por investigar a los senadores que tenían vinculos con la parapolítica y el narcotráfico.

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‘A nombre del Estado…le pido perdón a la Unión Patriótica porque este Estado fue corresponsable del genocidio político’: presidente Petro

Actualidad, Minjusticia, Presidencia / Erika Baute

En un acto cargado de sentimiento y emotividad, el presidente Gustavo Petro, a nombre del Estado colombiano, les pidió a las miles de víctimas del partido político Unión Patriótica, por el genocidio de más de 6.200 de sus militantes entre los años 1984 y 2000. En el ‘Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica’, el mandatario expresó: “Como jefe del Estado, sin que el Estado esté aquí, sino nosotros, la cúpula militar y policial y el Gobierno civil, a nombre de ese Estado que no está aquí y el que está aquí, le pido perdón a la Unión Patriótica porque este Estado fue corresponsable del genocidio político, y le pido a la gente que está aquí y a quien me escucha y más allá”. Sin embargo, se preguntó “¿dónde están los presidentes de las Cortes judiciales que ayer nos criticaban? ¿Por qué no están hoy? ¿No son parte del Estado? ¿No es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es también Corte de Colombia? ¿No es que hay que cumplir las sentencias, y es una sentencia pedir perdón a la Unión Patriótica por catorce hechos a las víctimas de la Unión Patriótica?”, cuestionó. Se refirió a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado colombiano pedir perdón a las víctimas de la UP por 14 delitos: 1) Violación de la libertad de expresión, asociación y derechos políticos. 2) Violación del derecho a la vida. 3) Violación de personalidad jurídica, integridad personal y libertad y desaparición forzada. 4) Violación de derechos de niñas y niños. 5) Violación de la integridad personal, tentativa de homicidio, amenaza y hostigamiento. 6) Violación de la integridad personal, tortura. 7) Violación de la libertad personal. 8) Violación del derecho a la honra. 9) Violación del derecho de circulación y residencia, desplazamiento forzado. 10) Violación de la libertad personal y de las garantías y protección judiciales por procesamientos indebidos. 11) Violación de la integridad personal por torturas en procedimientos indebidos. 12) Violación de garantías y protección judiciales por falta de investigación de torturas. El jefe de Estado hizo alusión a las próximas elecciones, en las que no podrá participar, pero que tienen que servir para “defender la dignidad de la soberanía nacional”. “No aceptamos amenazas, si nos amenazan nos vamos a levantar por millones, porque es cierta la profecía: ‘si el águila dorada ataca al cóndor, el jaguar americano despierta’. Y somos jaguares, machos y hembras, somos jaguares, conciencia, estamos despertando y nos van a despertar, quizás a la fuerza, pero ese despertar será huracanado y tormentoso, pero feliz, alegre”. Haciendo una analogía, a los sobrevivientes de la UP, el presidente les pidió tener en cuenta la segunda ley de la termodinámica: la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. “Y la energía de estas miles de personas, que siendo militantes de la Unión Patriótica y teniendo sueños en los años 82 al año 2000, esas energías otra vez están aquí multiplicadas por miles. Ahora somos millones, no nos pueden asesinar, ahora somos el corazón, la esperanza del pueblo de Colombia. Ahora somos una bandera erguida y no vamos a dejar que la insulten, no vamos a dejar que la escupan en sangre, vamos a levantarnos en dignidad con las manos de millones y millones”, concluyó.

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Miembros de la Comisión Asesora del Ministerio de Justicia renuncian

Actualidad, Minjusticia / Manuel Alejandro Cañas

El día de hoy, 11 de Junio. salió a la luz una carta de la comisión asesora de política criminal del Ministerio de Justicia dirigida al recién asignado ministro de justicia Eduardo Montealegre. En la que los miembros de este grupo notificaron a esta entidad su renuncia, de acuerdo con este documento una de las razones de su salida es la nueva circunstancia política. En el documento, se encuentra un resumen sobre la participación de la comisión en el Ministerio de Justicia desde febrero de 2023, durante el periodo del exministro Néstor Osuna. Ante su renuncia Angela María Buitrago remplazó el cargo y le propuso al grupo asesor continuar como integrantes del comité, no obstante, la resolución no alcanzó a formalizarse, por lo cual, según el documento, es posible que requiera firma. Aunque, se anticipaba la permanencia de la comisión. Los integrantes expresaron en el comunicado que por las nuevas circunstancias de la política nacional actual consideran que es mejor no seguir cumpliendo los cargos y revocar la aceptación. De igual manera, mencionan que el actual ministro tiene libertad de escoger y conformar una nueva comisión que considere la más calificada para asesorar el Ministerio de Justicia en materia de Política Criminal Finalmente, la carta fue firmada por: El presidente de la comisión Rodrigo Uprimny Yepes, la vicepresidente Mónica Cifuentes junto a otros integrantes como: Iván Orozco Abad, Miguel La Rota Uprimny, María Victoria Llorente Sardi, Gloria Patricia Lopera Mesa, Luisa Fernanda Cano Blandón y Mauricio Pava

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Ángela María Buitrago renuncia a MinJusticia y denuncia presiones políticas

Actualidad, Minjusticia / Juanita Aldana Sanabria

La ministra de Justicia y del Derecho de Colombia, Ángela María Buitrago, anunció su renuncia al cargo por tensiones internas con el Gobierno Nacional, la cual será efectiva a partir del 1 de junio de 2025. La decisión, comunicada a través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, se produce tras lo que calificó como una “profunda reflexión personal y profesional”. Dentro de su carta de denuncia, la ministra denunció presiones e intentos de interferencia política en su Ministerio, lo que pone en riesgo su compromiso con los principios de derecho y equidad. “Mis actuaciones no dependen de influencias, ni amenazas, persuasiones, ni interferencias o intereses políticos”, declaró la ministra en su carta de denuncia afirmando que han puesto en riesgo los principios de independencia y transparencia que guiaron su gestión. Durante su gestión, Buitrago lideró iniciativas como Entornos Seguros, Redes Justas, Casas de Justicia y programas en defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, reconoció que recortes presupuestales limitaron el impacto de estas políticas. Posteriormente, en declaraciones a medios como Caracol Radio y Noticias Caracol, la ministra reveló que las presiones provinieron del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del Dapre, Angie Rodríguez. Según su testimonio, ambos le exigieron el despido de un funcionario de la Unidad de Servicios Penitenciarios, entre otros. Benedetti negó categóricamente haber ejercido presión alguna. “Le juro que no tuve nada que ver con eso”, declaró a Blu Radio, desmintiendo cualquier intervención suya o de Rodríguez en los asuntos del Ministerio. La renuncia ha provocado una ola de reacciones. Con esta dimisión, Buitrago se convierte en la tercera persona en dejar el Ministerio de Justicia durante el actual Gobierno, en un nuevo capítulo que pone de relieve las tensiones dentro del gabinete y los desafíos de la administración Petro para mantener la cohesión interna.

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Gobierno nacional habilita 200 nuevas plazas para que mujeres condenadas conmuten penas de prisión por prestación de servicios comunitarios

Actualidad, Colombia, Justicia, Minjusticia, Presidencia, Regiones / Erika Baute

El Gobierno nacional habilitó 200 nuevas plazas para que mujeres cabeza de familia y en condiciones de marginalidad, condenadas por delitos de hurto o estupefacientes y cuya pena no supere los ocho años, sustituyan la pena de prisión por la prestación de servicios comunitarios, tras la firma de un convenio con la Defensoría del Pueblo. El compromiso entre ambas entidades para implementar esta herramienta jurídica que brinda oportunidades de resocialización a la mujer, conocida como Ley de Utilidad Pública, fue refrendado por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En la ceremonia también se lanzó la plataforma digital María (Módulo de Apoyo para la Restauración, Integración y Acompañamiento), mediante la cual se facilitará la presentación y seguimiento de solicitudes del beneficio de utilidad. Mediante este instrumento, los defensores públicos contarán con herramientas para analizar casos de utilidad pública que presentarán posteriormente ante los jueces competentes, permitiendo la identificación de cuellos de botella, retos y oportunidades de mejora. Mujeres beneficiadas Con base en las decisiones de los jueces, en dos años de vigencia de la Ley de Utilidad Pública se han proferido 133 sentencias que han beneficiado a 130 mujeres, quienes han recuperado su libertad en 11 departamentos. El programa, apoyado por el Gobierno, cuenta con 27 convenios suscritos con entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro u organizaciones no gubernamentales, que han habilitado 2.492 plazas a nivel nacional. El Ministerio de Justicia habilitó 50 plazas más, y mediante orden judicial los jueces de la República han ordenado abrir siete adicionales en entidades territoriales, para un total de 2.549 en todo el país. Durante su intervención, la ministra Ángela María Buitrago aseguró que “con la Ley de Utilidad Pública confirmamos la necesidad de que las instituciones caminemos de manera conjunta, para que podamos realizar la finalidad de una justicia restaurativa con visión de vulnerabilidad y con perspectiva de género”. Por su parte, la defensora del Pueblo aseguró que hoy se toma una nueva medida que aporta a la implementación de la Ley de Utilidad Pública “pues con la firma del documento habilitaremos plazas para que estas mujeres tengan la posibilidad de cumplir con el servicio social, uno de los requisitos que exige la Ley 2292 de 2023”.

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Ministro de Justicia chileno visita Colombia para conocer el sistema carcelario local

Actualidad, Colombia, Estado, Judicial, Justicia, Minjusticia, Política / Erika Baute

La ministra Ángela María Buitrago, acompañada por los directores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), coronel Daniel Gutiérrez, y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Ludwing Valero, recorrerá con la delegación chilena las cárceles La Picota y El Buen Pastor, y la Escuela Penitenciaria Nacional en Funza. • Durante la estadía en Bogotá del MinJusticia chileno se discutirán aspectos relacionados con cooperación judicial y los avances en la incorporación en las respectivas legislaciones del Tratado de Extradición suscrito en 2021 por los dos países. Con el fin de abordar desafíos comunes de su gestión liderando el sistema penitenciario y carcelario e intercambiar experiencias y posibles soluciones a las problemáticas del sector, la ministra Angela María Buitrago Ruiz recibe este lunes y martes en visita oficial a su homólogo de Chile, Jaime Eduardo Gajardo Falcón y su delegación. La visita del alto funcionario chileno se produce en el marco de la iniciativa ´Bien Público Regional´ (BPR) para mejorar la gestión integral penitenciaria en América Latina y el Caribe del Banco Interamericana de Desarrollo (BID), destinada a brindar herramientas innovadoras a los países de la región y así abordar desafíos similares. En contacto con medios de comunicación, la ministra Buitrago indicó que “estos serán dos días de intercambio frente a los conocimientos que tiene Colombia en particular a la forma como el sistema carcelario está siendo manejado, pero, sobre todo, por los retos y desafíos que significa también entender que parte de la criminalidad de la sociedad se traslada a un núcleo pequeño como el sistema carcelario”. Por su parte, el ministro Gajardo aseguró que “es importante señalar que en la región tenemos desafíos comunes, entre esos el sistema penitenciario. Lastimosamente nuestro sistema ha estado olvidado y eso ha generado problemas para nuestras sociedades, porque hemos visto que se han anidado bandas del crimen de carácter trasnacional en nuestras cárceles que desde allí han surgido y se han fortalecido. Por eso, para enfrentar ese desafío es necesario compartir experiencias y fortalecer nuestras alianzas y por ende nuestras democracias”. Durante su permanencia en el país, el ministro Gajardo Falcón escuchará una amplia exposición de la ministra Buitrago sobre el panorama actual del país en materia carcelaria, manejo del hacinamiento, seguridad en los establecimientos de reclusión y programas de resocialización como Zasca Renacer, Ley de Utilidad Pública, Cultura para la Libertad, etc. Gajardo Falcón, por su parte, compartirá detalles de su gestión en el diseño, implementación y evaluación de las políticas penitenciarias tales como el modelo institucional y de gestión del subsistema postpenitenciario, así como el sistema de supervisión y control en medio abierto a través del monitoreo telemático, entre otras, los cuales fueron conocidos por la ministra Ángela María Buitrago en septiembre pasado durante la visita que hizo al sistema carcelario en Chile. En el encuentro de los ministros, se discutirán también aspectos relacionados con cooperación judicial para verificar los avances en la incorporación en las respectivas legislaciones del Tratado de Extradición suscrito entre Colombia y Chile en 2021 y la posibilidad de negociar un instrumento bilateral relacionado con el Traslado de Personas Condenadas. Este 3 y 4 de febrero, la delegación chilena, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y del Ministerio de Justicia de Colombia, encabezadas por la ministra Buitrago, visitarán las cárceles la Picota y El Buen Pastor, así como la Escuela Penitenciaria Nacional ubicada en Funza para conocer en sitio la aplicación de programas que le aportan capacitación, distracción y otras competencias a la población privada de la libertad. Jaime Eduardo Gajardo Falcón, es abogado de la Universidad de Chile, magister en Gobernanza y Derechos Humanos, máster en Derecho Constitucional y doctor en derecho de la Universidad de Madrid. En el ámbito profesional ha sido fiscal del Ministerio de Desarrollo Social entre los años 2015 a 2018, ha ejercido la docencia como profesor de derecho público de la Universidad Diego Portales y ha integrado, como especialista en participación política, diversas misiones de observación electoral realizadas por la OEA en países como Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Guatemala. La delegación chilena que visitará Colombia está conformada también por Macarena Cortés Camus, jefa de la División de Reinserción Social Ministerio de Justicia y DDHH de Chile; Hugo Espinoza, asesor ministerial sobre materias carcelarias; coronel Helen Leal González, jefa del Departamento de Inteligencia Penitenciaria de la Gendarmería, y por el teniente segundo Cristian Morales, oficial de Gendarmería del país suramericano.

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Ministro a poner la cara durante cónclave con el presidente Petro

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Los principales colaboradores del Gabinete presidencial, se reúnen a esta hora con su máxima autoridad el presidente de la República Gustavo Petro Urrego. Los altos funcionarios deberán defender su gestión frente al Ejecutivo Nacional, además de escuchar las inquietudes, reclamos y observaciones de su jefe, con intención de evaluar desempeños y definir estrategias para afrontar el 2025. Ante la inminencia de un remezón ministerial El ambiente político nacional permanece convulsionado tras las recurrentes denuncias de corrupción y baja ejecución presupuestal de las diferentes carteras ministeriales de allí que el presidente Petro, convocara al gabinete en pleno a un cónclave con el propósito establecer líneas estratégicas para rescatar las políticas propuestas por el Estado 2025. Se pudo conocer que el Presidente, se ha proyectado ofrecer al país menos palabrería y más resultados por lo tanto, quienes no quieran o no demuestren capacidades de subirse al barco, deberán poner su cargo a la orden de Gustavo Petro. Recordemos que al cierre del año pasado el mandatario expresó “no me gusta que para el tercer año de Gobierno el discurso sea vamos a, porque remite al futuro, remite a una promesa. Y un Gobierno que empieza el tercer año ya no promete, hace, cumple”. Los que se van Entre otros nombres y algunos por aspiraciones superiores, estos son los miembros del gabinete Petro que dejarían su cargo este año: Susana Muhamad, ministra de Ambiente; Juan Fernando Cristo, ministro del Interior: Luis Gilberto Murillo, ministro de Relaciones Exteriores; Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social. Nuevos nombramientos El cambio también se haría sentir a nivel de embajadas en donde Gustavo Petro ha recibido bastante resistencia por parte del Congreso al considerarse erradas varias de sus designaciones, así las cosas, se dice que el exdirector de Migración Colombia Fernando García podría ser nombrado como embajador de Colombia en México. Cabe destacar que durante el cónclave cada ministro o ministra expondrá sus resultados ante el presidente por medio de los informes y argumentos que cada cartera le hizo llegar al mandatario. También durante la importante reunión discutirán la agenda legislativa del semestre, y las estrategias necesarias para aliviar las diferencias bien marcadas entre el jefe de Estado y el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda.

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Asesinaron en La Picota a Francisco Luis Correa, testigo estrella del crimen del fiscal Pecci

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Francisco Luis Correa, señalado de ser el ‘ejecutor’ intelectual del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Correa y quien por su colaboración con la justicia en el esclarecimiento del hecho de sangre, había recibido beneficios, fue hallado muerto este viernes en una celda de la cárcel La Picota, de la ciudad de Bogotá. Sentenciado Como se recordará Correa, suscribió un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, había sido condenado a más de seis años de cárcel, por su participación aceptada en el crimen del fiscal, ocurrido el pasado 10 de mayo de 2022 en las playas de Barú, Cartagena. Correa, además colaboró con las autoridades de investigación en la identificación del resto de presuntos involucrados en el crimen, como los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, además de Margareth Chacón Zúñiga. En el documento de sentencia del hoy fallecido ‘cerebro’ del crimen de Pecci, se estableció que el hombre jugó un papel clave para idear la logística en el homicidio del infortunado fiscal. “Uno de los articuladores del homicidio, Francisco Luis Correa Galeano, concretó varios aspectos para materializar el asesinato del fiscal paraguayo”, indicó la Fiscalía en el texto. Tras su colaboración, la Fiscalía logró dar con la captura de varios de los implicados en el sonado crimen, incluyendo a Correa Galeano. Marcelo Pecci Pecci fue brutalmente asesinado en Colombia a los 45 años de edad, de dos disparos contundentes, según declaró su esposa, la periodista Claudia Aguilera. Ante los hechos Correa fue acusado por los delitos de homicidio agravado, porte de armas de fuego y amenazas.

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MinJusticia propuso a la JEP, Zonas de Restauración para excombatientes Farc

Actualidad, Colombia, DDHH, Estado, Judicial, MinDefensa, Minjusticia, Paz, PAZ, Política, REGIONALES / Erika Baute

El Ministerio de Justicia en cabeza de Ángela María Buitrago, presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un borrador en el que propone la creación de unas zonas especiales llamadas Zonas de Restauración, a estos territorios irían los excombatientes de las Farc. La propuesta incluye a los excombatientes Farc como candidatos para ir a las zonas especiales tras ser sancionados por el alto tribunal, por acciones cometidas durante el conflicto armado. ¿Qué son las Zonas de Restauración? Las llamadas Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria (ZRRC) tendrían características similares a los llamados espacios rurales ETCR, que serían destinados a su proceso de reincorporación. Buitrago dio a conocer en una reunión que tuvo con representantes de los firmantes del Acuerdo de Paz, la propuesta y destacó que apenas es un borrador primario que está en construcción. Cabe destacar que el lapso de esas sanciones, que impondría la JEP estaría entre los cinco y ocho años, y se pagarán a través de trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador. Por su parte la Jurisdicción Especial de Paz dictaminó que cuando se trate de miembros de la comunidad indígena, se le deberá reconocer el arraigo ancestral al sancionado ubicándolo en su determinada zona.

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Ricardo Bonilla, habría denunciado a Ricardo Roa y a Nicolás Alcocer por presunta injerencia en hidroeléctrica de Urrá

Actualidad, Colombia, Estado, Fiscalía, Gobierno, MinHacienda, Minjusticia, Partidos Políticos, Política, Presidencia / Erika Baute

Ricardo Bonilla, al parecer habría denunciado ante la Fiscalía General de la Nación al presidente de la Estatal petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa, así como a Nicolás Alcocer, hijo de la primera dama Verónica Alcocer por presunta injerencia en las decisiones relacionadas tomadas con la hidroeléctrica de Urrá S.A. Se pudo conocer que Bonilla, supuestamente presentó dicha denuncia el pasado 28 de noviembre de 2024, luego de que, al parecer el alto funcionario recibiera mensajes anónimos en WhatsApp sobre supuestas irregularidades en contratos suscritos de la hidroeléctrica. Recordemos que la hidroeléctrica está ubicada entre de los municipios de Tierralta y Valencia, Córdoba, siendo el Estado colombiano su mayor accionista. El mensaje anónimo habría advertido a Bonilla sobre un posible conflicto de intereses y colusión en la contratación de Urrá S.A. ESP. Se dijo además en el anónimo que funcionarios y contratistas externos, como Juan David Díazgranados Garzón y William Tadeo Amín Burgos, “habrían participado presuntamente en procesos licitatorios con pleno conocimiento interno y acceso privilegiado a la información técnica”, lo que traería como resultado el haber “favorecido de manera indebida a las empresas Positive Energy SAS y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería SAS”. La denuncia estaría basada en la supuesta presión ejercida por Nicolás Alcocer y Ricardo Roa sobre la Junta Directiva de la hidroeléctrica con el propósito de tomar control de la compañía y favorecer a aliados cercanos en la adjudicación de contratos, especialmente en el proyecto Parque Solar URRÁ 19.9, que lleva más de dos años de retraso.

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