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El Comité de Escogencia para la nueva dirección de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció que a partir del 1 de febrero se abre oficialmente la convocatoria para elegir al director o directora de la entidad, y reveló que el 4 de marzo se dará a conocer el nombre de la persona elegida.

Se abren las inscripciones para elegir la nueva dirección de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas

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El Comité de Escogencia para la nueva dirección de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció que a partir del 1 de febrero se abre oficialmente la convocatoria para elegir al director o directora de la entidad, y reveló que el 4 de marzo se dará a conocer el nombre de la persona elegida. Adicionalmente, informó que la secretaria General de la Unidad, Claudia Victoria Niño Izquierdo, asumirá la dirección de la entidad de manera temporal, una vez culmine el periodo de la actual directora, el próximo 19 de febrero. En rueda de prensa el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Eduardo Umaña Hernández, ratificó el compromiso indeclinable del Gobierno nacional por el cumplimiento pleno y efectivo del Acuerdo de Paz y destacó el empeño del Ministerio de Justicia y del Derecho en elegir los mejores perfiles para conformar del comité que se encargará de elegir de forma autónoma e independiente al nuevo director de la UPBD. Por su parte María Camila Moreno, miembro de la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional y vocera del Comité de Escogencia, dio a conocer los pormenores del proceso de selección. Explicó que el 1 de febrero entrará en funcionamiento la página web a través de la cual los interesados podrán conocer las características de la convocatoria y postularse hasta el 10 del mismo mes. El 18 de febrero se publicará la lista de los postulantes que cumplen con los requisitos mínimos. Los ciudadanos que quieran hacer observaciones podrán presentarlas hasta el miércoles 22 de febrero. El 1 de marzo se dará a conocer la lista de las personas seleccionadas para las entrevistas presenciales, que se llevarán a cabo el 2 y 3 de marzo; y el 4 de marzo se entregará a la cartera de Justicia el resultado del proceso con el nombre de la persona escogida. La vocera del comité recordó que desde el 4 de enero del presente año el Comité de Escogencia se ha reunido para establecer los detalles del proceso, el cronograma y los criterios de selección. Al tiempo, indicó que las fechas podrían variar de acuerdo con el número de postulados. El Comité -cuya creación se pactó en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera- se encuentra integrado por cinco expertos en temas relacionados con justicia transicional, paz y derechos humanos: la magistrada Myriam Ávila Roldán, delegada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; Marcie Mersky, delegado del Secretario General de Naciones Unidas; María Clemencia Castro, delegada de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado; Álvaro Gil Robles, delegado de la presidencia de la Corte Europea de Derechos Humanos; y María Camila Moreno, miembro de la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ). Tomado de MinJusticia

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El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, designó a los miembros de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado, que estará integrada por 10 académicos de reconocida idoneidad y experiencia en materia de política criminal, criminología, derecho constitucional, derecho penal y ciencias afines.

MinJusticia designa miembros de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado

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El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, designó a los miembros de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado, que estará integrada por 10 académicos de reconocida idoneidad y experiencia en materia de política criminal, criminología, derecho constitucional, derecho penal y ciencias afines. Una de las primeras tareas que tendrá la Comisión Asesora será la revisión, formulación de comentarios y retroalimentación del proyecto de ley con el que el ministerio busca modernizar y humanizar la política criminal y penitenciaria, para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional, declarado inicialmente por la Corte Constitucional en 1998 y reiterado en los últimos años. A través de la Resolución 0014 de 2023, el ministro Osuna Patiño designó a los académicos: Marcela Gutiérrez Quevedo, directora del Centro de Investigación de Política Criminal y coordinadora de la Cátedra UNESCO; Mónica Cifuentes Osorio, abogada, exgerente Jurídica del Proceso de Paz con las FARC y exprocuradora Delegada con funciones de intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y María Victoria Llorente Sardi, politóloga, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y consultora de organismos multilaterales e instituciones públicas colombianas en proyectos sobre paz, diálogo, seguridad ciudadana, prevención del crimen, reforma policial y política de drogas. Asimismo, a Gloria Patricia Lopera Mesa, especialista en argumentación jurídica, magíster en antropología y doctora en Historia y Derecho; Luisa Fernanda Cano Blandón, máster en Gobierno y Asuntos Públicos y doctora en Derecho; Rodrigo Uprimny Yepes, abogado e investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad ‘Dejusticia’ y doctor en Economía; Iván Orozco Abad, especialista en Derecho Constitucional y Teoría del Estado y doctor en Ciencia Política; Miguel Emilio La Rota Uprimny, abogado, economista y máster en Políticas Públicas y Administración Pública; Daniel Gómez Mazo, abogado y máster en Derecho, y Mauricio Pava Lugo, especialista en Casación Penal y conjuez de la Corte Suprema Justicia. Los miembros de la comisión fueron designados ad honorem para un período de dos años, que podrá prorrogarse si así lo considera el ministro de Justicia. La comisión escogió como presidente a Rodrigo Uprimny Yepes y como vicepresidenta a Gloria Patricia Lopera Mesa. Funciones de la comisión De acuerdo con el artículo 20 del Decreto 2055 de 2014, son funciones de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado colombiano la revisión anual de “los contenidos de las medidas de política criminal y penitenciaria adoptadas por el Estado colombiano, para establecer su coherencia y razonabilidad, y sugerir las revisiones que resulten necesarias”. También puede “adelantar estudios e investigaciones sobre las causas, manifestaciones y consecuencias de la criminalidad en Colombia, con el fin de presentarlos al Consejo Superior de Política Criminal”, además de “impulsar con las universidades y centros de educación el adelantamiento de investigaciones y tesis de grado sobre temas relacionados con la política criminal y asesorar dichas investigaciones y tesis”. Finalmente, “compilar anualmente los principios de política criminal del Estado colombiano, en particular para la determinación de los criterios que deben considerarse al momento de la aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía General de la Nación”, y las demás que le asigne el Consejo Superior de Política Criminal. Tomado de MinJusticia

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El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, en su participación en la audiencia pública 'Crisis Penitenciaria: Retos y Soluciones', afirmó que los colombianos deben esperar del actual Gobierno políticas públicas novedosas, las cuales incluirán reformas legales y administrativas para hacer de las cárceles lugares de resocialización, reparación y creación de segundas oportunidades para las personas que han sido condenadas o que están detenidas a la espera de un juicio.

El Gobierno aplicará políticas novedosas para superar el hacinamiento carcelario: MinJusticia

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El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, en su participación en la audiencia pública ‘Crisis Penitenciaria: Retos y Soluciones’, afirmó que los colombianos deben esperar del actual Gobierno políticas públicas novedosas, las cuales incluirán reformas legales y administrativas para hacer de las cárceles lugares de resocialización, reparación y creación de segundas oportunidades para las personas que han sido condenadas o que están detenidas a la espera de un juicio. “Este gobierno fue elegido para cambiar las cosas en este país. Así que no esperen que diseñemos políticas iguales a las que se han diseñado en el pasado. Vamos a diseñar políticas públicas de cambio”, aseguró el ministro. Explicó que el compromiso del Gobierno es encontrar una solución duradera, cierta y no populista. “Queremos llevar los derechos humanos al mundo carcelario y hacer que estos establecimientos no sean un escenario de negación de la personalidad humana y de los derechos humanos más básicos, sino de resocialización, reparación y creación de segundas oportunidades”. El titular de la cartera de Justicia precisó que el propósito es superar el estado de cosas inconstitucional que declaró la Corte Constitucional desde hace más de 20 años. “Si solo lográramos eso, creo que sería una muy buena noticia para nuestro país” “El hacinamiento en las cárceles también tiene que ver con que las personas que son condenadas pasan demasiado tiempo en la cárcel. Es una reflexión que sé, no es popular y que no suscita adhesiones, pero la sociedad colombiana debería pensar si esas penas larguísimas, de 50 o 60 años tienen sentido cuando se trata de resocializar, crear segundas oportunidades y reparar a las víctimas”, anotó. Por último, el ministro Osuna insistió en el compromiso que tiene el Gobierno de “encontrar soluciones ciertas y eficaces, no mágicas. Acompañamos a la sociedad civil y queremos escuchar esas propuestas de solución en cuanto al diseño de políticas púbicas que nos permitan por fin salir de esa situación, que ha sido calamitosa”, puntualizó. Tomado al Ministerio de Justicia

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El pasado martes 23 de agosto el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, sostuvo una reunión exploratoria de acercamiento con una delegación del Gobierno de los Estados Unidos EE. UU., para abordar asuntos relacionados con la estrategia bilateral de lucha contra las drogas ilícitas y otras actividades criminales, enfocada en el desarrollo rural integral, el medio ambiente, y las líneas de cooperación en materia de justicia.

Primera reunión exploratoria entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos sobre cooperación en seguridad y justicia

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El pasado martes 23 de agosto el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, sostuvo una reunión exploratoria de acercamiento con una delegación del Gobierno de los Estados Unidos EE. UU., para abordar asuntos relacionados con la estrategia bilateral de lucha contra las drogas ilícitas y otras actividades criminales, enfocada en el desarrollo rural integral, el medio ambiente, y las líneas de cooperación en materia de justicia. El equipo de esta cartera ministerial estuvo liderado por el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna Patiño, y contó con la participación de la viceministra (e) de Promoción de la Justicia, Erika Patricia Rincón Remolina; el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Miguel Ángel González Chaves; entre otros directivos de la entidad. Por parte del Gobierno de EE. UU., se contó con la participación del secretario adjunto para la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por su sigla en inglés), Todd Robinson; el director de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP por su sigla en inglés), Rahul Gupta; y el subadministrador adjunto senior de USAID (subdirector para América Latina), Peter Natiello; entre otros representantes. En el marco de la reunión, como parte del desarrollo de la estrategia holística en contra del narcotráfico, se abordaron los siguientes asuntos: • Frente a la protección ambiental, se resaltó el trabajo colaborativo en torno a la deforestación, la minería ilegal, la protección de líderes sociales ambientalistas y la promoción de las energías limpias. • También se dialogó sobre la importancia del fortalecimiento de las acciones en seguridad, presencia estatal, justicia penal y desarrollo rural en los territorios afectados por la violencia y el narcotráfico en el país. • Puntualmente, respecto a la problemática del narcotráfico, se indicó que, para disminuir la oferta de drogas ilícitas, se debe continuar con la implementación de los programas de sustitución de cultivos con las comunidades. Y, para el caso del consumo, se debe avanzar hacia un enfoque de salud pública integral. Por último, los altos funcionarios de ambos países dialogaron sobre estrategias contra la corrupción en el Sistema Penitenciario y Carcelario, y, las posibles alternativas de privación de la libertad para las personas que cometen delitos como consecuencia del consumo de sustancias psicoactivas (SPA). A partir de esta alianza estratégica se reafirma el apoyo a la seguridad ciudadana y los derechos humanos, permitiendo así fortalecer la cooperación internacional alrededor de asuntos como: oportunidades económicas; desarrollo; seguridad y esfuerzos antinarcóticos; intercambios educativos; temas ambientales; democracia, buen gobierno, y salud, entre otros. Esta amplia agenda se fortalece gracias a la relevancia que estos asuntos tienen para ambos países y que se ejecuta con base en unas relaciones respetuosas y una visión de largo plazo. El Gobierno del presidente Gustavo Petro busca consolidar las relaciones con los Estados Unidos, mediante el fortalecimiento de un diálogo paritario que permita beneficios comunes para Colombia y el país norteamericano. Tomado del Ministerio de Justicia y del Derecho.

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En el aeropuerto militar de CATAM, y ante el presidente Gustavo Petro Urrego, se posesionó como Ministro de Justicia y del Derecho el jurista Néstor Iván Osuna Patiño.

“Me siento profundamente comprometido con el pueblo de Colombia y con nuestra sociedad”: MinJusticia

Actualidad, Minjusticia / revistacg

En el aeropuerto militar de CATAM, y ante el presidente Gustavo Petro Urrego, se posesionó como Ministro de Justicia y del Derecho el jurista Néstor Iván Osuna Patiño. “Asumo el Ministerio de Justicia en este gobierno de cambio. Me siento absolutamente agradecido con el presidente Petro por el nombramiento, pero también me siento profundamente comprometido con el pueblo de Colombia y con nuestra sociedad”, dijo el alto funcionario oriundo de Bogotá, quien manifestó que su principal objetivo es mejorar el sistema de justicia. “Tal como lo he dicho en varias ocasiones, el principal compromiso es el de acercar la justicia a los ciudadanos. No se trata simplemente de facilitar la posibilidad de presentar una queja o una denuncia, sino de, sobre todo, ofrecerle a las personas una respuesta cercana y pronta de parte del Estado, para que les ayude a resolver los problemas que tienen”, aseguró. El ex magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura reiteró su compromiso con el programa de gobierno del presidente Petro, no solo en el tema de la lucha anticorrupción sino en los demás asuntos que el presidente mencionó en su discurso de posesión y que ha venido anunciando a lo largo de esta primera semana de mandato. “Quiero estar muy cerca de la sociedad, conocer todas las regiones y hablar con las personas. Tengo un especial interés en dignificar las cárceles y en cambiar el sistema penitenciario para que sea realmente rehabilitador. Ojalá podamos apuntarle a cambios culturales para que nuestra sociedad deje de ser tan punitiva, deje de pensar tanto en el castigo y piense más en la reparación, en la restauración y en otras formas de enfrentar los delitos y los errores que cometen los ciudadanos”, explicó. El Ministro Osuna finalizó diciendo que invita a todos los colombianos a ser partícipes de esta nueva era de cambio y de esperanza que viene para nuestra sociedad. “En lo personal, quedo a disposición de todos los ciudadanos”, puntualizó Tomado del Ministerio de Justicia

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La democracia colombiana galardonada con el World Peace & Liberty Award

25 años de Historia, Actualidad, Colombia, Columnistas, Judicial, MinCIT: Comercio, Turismo, Economía, Empresa, Fondo Nacional de Garantías, Mininterior, Ministerios, Minjusticia, Orden Púbico, Policía Nacional, Política / revistacg

El presidente de Colombia, Iván Duque, fue el encargado de clausurar esta edición del World Law Congress y recogió de manos del Rey Felipe VI el World Peace & Liberty Award, que otorga la World Jurist Association. Lo hizo en representación de la sociedad colombiana, reconocida con este galardón por ser la democracia más longeva de la región, y lo cual repercute en el fortalecimiento y promoción de la libertad y el Estado de Derecho por encima de las vicisitudes. Iván Duque aseguró que “la democracia colombiana ha sido sólida y será solida porque ha pasado las pruebas más arduas, ha enfrentado guerras civiles, el terrorismo, el narcotráfico, los avatares de los desastres naturales y ha tenido que someterse a pruebas exigentes, pero nos llena de alegría que sea una de las más antiguas de todo el continente”. En esta línea reconoció que “la democracia es un triunfo para regular las actividades humanas, renovar los liderazgos y dejar en la libertad del pueblo la toma de decisiones”. Para Duque, “es un deber moral levantar la voz contra la dictadura de Maduro, porque guardar silencio es ser cómplices. Actuar en el marco de la legalidad, del derecho internacional, denunciar ante la Corte Penal Internacional a ese régimen es lo que esperan nuestros pueblos de nosotros. Extender la mano amiga a quien quiere tener esperanza es un imperativo categórico”. Por su parte, el Rey Felipe VI, receptor del World Peace & Liberty Award 2019, destacó “el firme compromiso de España con Colombia en su papel como socio estratégico iberoamericano”, y reconoció que “nuestro gobierno, nuestras instituciones, nuestra cooperación y nuestra comunidad jurídica seguirán apostando por este país y sus ciudadanos”. De la democracia colombiana dijo que “se ha mantenido con firmeza frente a los riesgos y va a sentirse reconocida, confortada y alentada por esta importante distinción, porque está basada en la concordia, libertad e igualdad”. Añadió que “el Estado de Derecho no es solo garantía de la libertad, sino que es también un requisito esencial para lograr con estabilidad y justicia el desarrollo económico y social, porque el desarrollo debe construirse buscando la convivencia, garantizando la seguridad y favoreciendo el bienestar de todos los ciudadanos”. En el acto de entrega estuvo presente el presidente de la World Jurist Association, Javier Cremades, quien remarcó que “Colombia se ha convertido en el mejor país de la región, y es una de las pocas estrellas que brillan en el cielo de la libertad. Hoy los colombianos no se ven obligados a emigrar”. Subrayó, además, que “son una referencia y modelo para aquellos países que quieran cimentar sobre el derecho la paz y libertad de sus conciudadanos”. La expresidenta de la American Bar Association, Hilarie Bass, fue la encargada de leer el acta de concesión del premio World Peace & Liberty Award; y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, hizo la laudatio a la democracia colombiana. El director académico del World Law Congress y magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España, Manuel Aragón Reyes, puso voz a la lectura de la declaración de Barranquilla 2021. El acto de clausura, además, albergó la entrega de medallas de honor de la World Jurist Association que, en esta ocasión, se han entregado a Antonio Ramón Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles, Hilarie Bass, expresidenta de la American Bar Association, Patricie Lee Refo, expresidenta de la American Bar Association, a The World Justice Project, a los Constituyentes de la Constitución Política de Colombia 1991, a Cheol-Kyu Hwang, presidente de la Asociación Internacional de Fiscales Generales, a José Igreja Matos, presidente de la Unión Internacional de Magistrados, y a Reginald Turner, presidente de la American Bar Association. También se presentó el Rule of Law Index, de mano de Elizabeth Andersen, directora ejecutiva del World Justice Project. Viviane Reding, vicepresidenta de la World Law Foundation y ex vicepresidenta de la Comisión Europea, leyó el acta de concesión del premio World Peace & Liberty Award que se entregará en 2022 a Angela Merkel, excanciller de Alemania. La 27ª edición del World Law Congress en cifras El World Law Congress Colombia 2021, que coincide con el 30º aniversario de la Constitución Política de Colombia de 1991 y los 200 años de la Constitución de Cúcuta, congregó a más de 2.500 asistentes provenientes de más de 60 países y ha tenido un programa protagonizado por 52 mesas redondas y más de 300 ponentes de talla mundial. Esta edición dará paso a la que se celebrará en Ginebra (Suiza) en 2023.

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Gobierno Nacional entregó nuevo Centro Penitenciario y Carcelario de Girón (Santander)

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Como resultado del esfuerzo que viene adelantando el Gobierno Nacional para ampliar la oferta de cupos y reducir los índices de hacinamiento en los centros de reclusión del país, este jueves el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, en compañía del Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, entregó el nuevo Centro Penitenciario y Carcelario de Girón (Santander), el cual podrá albergar a 752 privados de la libertad en sus 96 celdas. “Me place acompañar al Presidente Duque en el acto de entrega de una obra de suma importancia, que sin duda contribuirá al desarrollo de la región y dará mayor visibilidad al municipio de San Juan de Girón”, afirmó el Ministro Ruiz sobre el centro de reclusión que demandó una inversión cercana a los 96 mil millones de pesos. El alto funcionario recordó que desde que asumió su cargo ha venido trabajando con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y su equipo ministerial para buscar soluciones efectivas a la problemática de las cárceles. “Cada semana hemos recorrido diferentes establecimientos del país procurando mejorar la infraestructura penitenciaria y desarrollar una política de humanización de la pena, mejorando las condiciones de las personas privadas de la libertad, fortaleciendo los programas de resocialización y dando garantías en cuanto a sus derechos”, señaló. El establecimiento de mediana y máxima seguridad que hoy se puso en funcionamiento cumple con todas las características técnicas exigidas por la Asociación de Correccionales Americana (ACA) y consta de cinco pabellones, cuatro de ellos con capacidad para 152 privados de la libertad y un quinto que podrá recibir 144. La cárcel fue construida en un área de 24.885 metros cuadrados y su área de vigilancia y control posee 321 cámaras de seguridad, que fortalecerán el trabajo del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC. Además, cuenta con una biblioteca, cinco canchas deportivas, una ludoteca y aulas de enseñanza, así como con una panadería y talleres de textilería, marroquinería, tejidos, manualidades, confección, metalmecánica, carpintería, ebanistería y ornamentación, espacios que contribuirán al proceso de resocialización de los internos. Igualmente, tiene zona de lavandería, circuito cerrado de televisión, aulas virtuales, biblioteca y sitios de esparcimiento. Adicionalmente, el nuevo establecimiento de reclusión cuenta con salas de audiencias virtuales, áreas de reconocimiento y locutorios, zonas que garantizan el acceso a la justicia. Y en el último piso están las salas para visitas familiares y conyugales. Cabe anotar que hasta el año 2022 el Gobierno tiene previsto entregar 9.019 nuevos cupos, lo cual contribuirá a bajar el índice de hacinamiento en el país y a mejorar las condiciones de reclusión de los privados de la libertad. Cortesía del Ministerio de Justicia y del Derecho.

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“Es momento de avanzar y buscar las mejores soluciones contra la violencia intrafamiliar”: Ministra Cabello

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La Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, intervino en el Diálogo ‘Manos a la obra: soluciones colectivas para la toma de decisiones frente a la violencia intrafamiliar en la Región Andina’, que organizó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el fin de buscar soluciones para prevenir, detectar y proteger a las víctimas y procesar a los victimarios. En el marco de la emergencia mundial sanitaria originada por el COVID 19, la alta funcionaria se refirió al gran impacto jurídico, social y económico que la misma ha generado. “Esto nos ha llevado a actuar rápidamente y, aunque con muchas limitaciones, hemos enfrentado las circunstancias y nos hemos adaptado a ellas para seguir prestando los servicios de justicia”, indicó. Al referirse a la problemática mundial de violencia en el contexto familiar por causa de la pandemia, la titular de la cartera de Justicia recordó que su Ministerio ha estado comprometido con la implementación de estrategias interinstitucionales articuladas y transformacionistas. “Nos enfocamos en las rupturas estructurales que han limitado a mujeres y grupos vulnerables, y que les han impedido desarrollar sus proyectos de vida de manera equitativa, participativa y libre de violencia”, añadió. La Ministra Cabello aseguró que desde el sector Justicia se desarrollan acciones de fortalecimiento institucional para atender la problemática de la violencia de género con acciones puntuales. Una de ellas, la expedición de un amplio marco normativo que garantiza el acceso a la justicia para las víctimas y la protección en bioseguridad para los funcionarios y la misma ciudadanía. “Impulsamos la prestación de servicios mediante asesorías jurídicas y la recepción de denuncias en las comisarías de familia. A través de la Red ‘Tejiendo Justicia’, que lidera el Ministerio, los consultorios jurídicos de 117 facultades de derecho ofrecen acompañamiento legal y orientación a mujeres y demás grupos vulnerables víctimas de violencia intrafamiliar”, destacó. Y añadió que el apoyo de la academia y la articulación interinstitucional han resultado fundamentales para enfrentar la violencia en el contexto familiar. “Con este trabajo conjunto hemos combatido la crisis que representa el aumento exponencial de este fenómeno, para prevenirlo, atenderlo y mitigarlo”, señaló. La alta funcionaria también se refirió a los programas de fortalecimiento, los cuales se apoyan en capacitaciones a gestores de justicia, a funcionarios y a la misma comunidad para el empoderamiento en materia de género y de acceso a la justicia. Por su parte la Viceministra de Promoción de la Justicia, Juanita López Patrón, presentó un resumen de cómo se han desarrollado estas y otras estrategias para garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio colombiano. Finalmente, la Ministra Cabello afirmó que las experiencias de los países participantes en el diálogo organizado por el BID son de vital importancia para la región andina. “Es momento de avanzar y buscar las mejores soluciones contra la violencia intrafamiliar. Esta es una oportunidad para innovar y adecuar los servicios de justicia con el fin de responder efectivamente a la necesidad de ayuda que tienen las personas que están en riesgo de violencia en el contexto familiar”, puntualizó. Con información del ministerio de Justicia

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5.000 presos podrían ser excarcelados por coronavirus

Actualidad, Covid-19, Estado, Judicial, Ministerios, Minjusticia, Pandemia, Presidencia, Salud, Seguridad / revistacg

Este miércoles el Ministerio de Justicia, en cabeza de Margarita Cabello Blanco, emitió el decreto 546 de 2020, que especifica las medidas de detención y prisión domiciliaria que cobijarán a la población privada de la libertad con mayor vulnerabilidad ante el contagio del virus SARS-Cov2, que produce la enfermedad del Covid-19. Con respecto a este tema, el Presidente de la República, Iván Duque, aclaró que “estas medidas son necesarias para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación del virus, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) explicó que con respecto a los condenados se remitirán los listados a los juzgados, y para los sindicados, es decir, quienes tienen medida de aseguramiento de detención preventiva, “el Instituto enviará los listados al Consejo Superior de la Judicatura, que realizará el reparto ante el juez competente para que se proceda a hacer efectivo el beneficio sin necesidad de audiencias y a través de un auto escrito notificable. La defensa también podrá hacer la petición”, se lee en el documento. El decreto beneficiará a más de 5.000 internos que se encuentran bajo las siguientes condiciones: Personas de 60 años en adelante. Madres gestantes o con hijos menores de tres años. Personas que padezcan cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica, diabetes insulinodependiente, trastorno pulmonar, hipertensión, anticoagulación, hepatitis C, hemofilia, artritis reumatoide, enfermedades tratadas con medicamentos inmunosupresores, personas con trasplantes y enfermedades autoinmunes. En este punto se tendrá en cuenta la historia clínica del interno y la certificación del médico de la cárcel. Personas con movilidad reducida por discapacidad debidamente acreditada, de conformidad con la historia clínica del interno y la certificación expedida por el personal médico del establecimiento carcelario. Quienes estén condenados a penas de hasta cinco años de prisión. Quienes estén condenados o con medida de aseguramientos por delitos culposos. Quienes hayan cumplido el 40% de la pena privativa de la libertad. La estrategia que tendría una duración de seis meses, aún se encuentra bajo supervisión y está sujeta a cambios por parte de las entidades sanitarias y el progreso del plan de mitigación de la emergencia del nuevo coronavirus. Cuando se cumpla el térmico, “la persona deberá presentarse directamente en el establecimiento penitenciario en el que se encontraba antes de ser beneficiada por la medida”, afirmó el Inpec en un comunicado. Además, establece que los jueces, defensores públicos y delegados de la Procuraduría General de la Nación, de ser necesario, contarán con libre circulación para ir a los despachos judiciales. También aclara que si el privado de la libertad comete cualquier delito posterior o incumple las obligaciones del acta de compromiso, se le revocará el beneficio y volverá a detención intramural. Ya se realizaron las coordinaciones pertinentes entre el Consejo Superior de la Judicatura y el Inpec para dar un trámite ágil a las medidas anteriormente mencionadas. Preguntas y respuestas, Decreto 546 de 2020 aquí: [pdf-embedder url=”https://revistaelcongreso.com/wp-content/uploads/2020/04/Decreto546-V4.pdf” title=”Decreto546 V4″]

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