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El propósito del #GobiernoDelCambio es que en 2026 esté superado el estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria: MinJusticia

Actualidad, Bogotá D.C., Justicia, Minjusticia / revistacg

El ministro Néstor Osuna dijo que es una meta ambiciosa, “pero es lo mínimo que puede hacer un gobierno comprometido con una situación que ciertamente es heredada”. El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, afirmó que el #GobiernoDelCambio se fijó como propósito para el 2026 superar el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, que declaró la Corte Constitucional hace más de 25 años. “Parece muy ambicioso dada la situación en la que estamos, pero creo que es lo mínimo que puede hacer un gobierno comprometido con una situación que ciertamente es heredada”, aseguró Osuna Patiño durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes sobre la infraestructura carcelaria. En la sesión, en la que también intervinieron los directores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Ludwing Joel Valero Sáenz, el ministro insistió en que tener miembros de la policía custodiando en estaciones de la institución a personas privadas de la libertad, dificulta que los uniformados desarrollen o participen en acciones de seguridad ciudadana. “¿Qué más sensato que ampliar la planta del INPEC para que pueda asumir esa función y descargar de ese cuidado a la policía?” preguntó el ministro, quien estuvo acompañado por el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández. El jefe de la cartera de justicia enfatizó en que construir cárceles y administrar el sistema penitenciario no es algo que reporte réditos políticos, pero reconoció que es una carga que tiene que asumir el Estado. “Probablemente es más propicio que lo haga la Nación que una alcaldía o una gobernación, pero eso implicaría aumentar los presupuestos del INPEC y la USPEC. He dicho que es necesaria una reestructuración para acomodar las cifras y hacer un presupuesto completo con metas y responsabilidades para la administración penitenciaria”, señaló. Osuna Patiño planteó como solución nacionalizar el servicio penitenciario y quitarle ese compromiso a los municipios y departamentos. “Necesitamos trabajar de la mano con el Ministerio de Hacienda porque esto implica asumir partidas presupuestales a mediano plazo y proyectarlo en el presupuesto de 2025. Puede ser la solución para un problema que lleva 25 años”. En cuanto al proyecto de ley que busca humanizar el sistema penitenciario y carcelario, el ministro Osuna confirmó que la iniciativa volverá a ponerse a consideración del Congreso. “Creemos que es parte de la solución y permite tomarnos en serio la resocialización. Mi ideal es que todas las personas privadas de la libertad estén trabajando o estudiando. Hoy eso apenas lo logramos muy parcialmente, solo unos pocos pueden realizar una de estas actividades. Sé que es un proyecto largo, técnico y controvertible, pero vendremos aquí a defenderlo”, puntualizó. Tomado por el Ministerio de Justicia y del Derecho

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Más de 100 mujeres del centro penitenciario El Buen Pastor se certifican en ideas de negocio, mercadeo y educación financiera

Actualidad, Cultura, Desarollo, Minjusticia / revistacg

La ‘Ruta emprendedora para personas privadas de la libertad’ es un programa liderado por la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, en conjunto con el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC y la Cámara de Comercio de Bogotá. Durante el primer ciclo de formación de la Ruta Emprendedora para personas privadas de la libertad, más de 100 mujeres del centro penitenciario El Buen Pastor de Bogotá se certificaron en ideas de negocio, mercadeo y educación financiera. Esta ruta es impulsada por la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, en articulación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y busca generar espacios de preparación personal y técnica para que las personas, una vez recuperen su libertad, cuenten con una formación idónea para iniciar sus emprendimientos, fortaleciendo así una inclusión productiva y poder cortar los círculos de violencia. La consejera presidencial para la Reconciliación Nacional, Eva Ferrer Galcerán, destacó que esta estrategia es fundamental porque empodera a la mujer y enseña a dar valor al trabajo que realizan. “Dar valor a nuestro trabajo es dar valor a nosotras mismas y ustedes hoy cuentan con herramientas para valorar todo ese conocimiento y ponerlo al servicio de los demás. Esta estrategia reafirma que el cambio es posible cuando todos y todas trabajamos por reconstruir el tejido social de Colombia”, precisó. La Ruta para generar empleo Este proyecto busca ser un enlace para generar empleo e impulsar iniciativas enfocadas en promocionar los centros penitenciarios como espacios productivos que fortalezcan el proceso de resocialización de las personas privadas de la libertad. En ese sentido, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, recordó que para el Ministerio de Justicia y del Derecho son muy importantes este tipo de iniciativas, pues “las pequeñas luces nos van mostrando grandes indicadores. Ustedes van a tener la oportunidad de trabajar y demostrar que pueden hacer mucho y de esto van a estar orgullosos la sociedad y sus hijos”, señaló. De igual manera, el coronel Rolando Ramírez, director de Custodia y Vigilancia del INPEC, afirmó que “desde la institución buscamos que las personas privadas de la libertad adquieran diferentes tipos de habilidades, y mejor aún si estas cuentan con certificaciones que respalden sus capacidades. Lo anterior, no sería posible sin el trabajo interinstitucional de quienes nos apoyan. Este es el resultado del trabajo comprometido de todos los que hoy están aquí demostrando que la resocialización en las cárceles ¡sí es posible!”. Durante esta primera fase de la Ruta Emprendedora, 75 mujeres se capacitaron en Emprendimiento, 10 en Belleza Integral y 21 en Educación Financiera, programas realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá, Prosalón y Asobancaria, respectivamente, que destaca la alianza público-privada para fortalecer la resocialización en los centros penitenciarios. Espacios productivos y de segundas oportunidades “Hoy cerramos la ruta de #FortalecimientoEmpresarial para mujeres emprendedoras en El Buen Pastor con la que estamos generando oportunidades de inclusión económica. Nos enorgullece poder acompañarlas para que sus emprendimientos puedan convertirse en negocios rentables y sostenibles una vez recuperen su libertad, sumando acciones para garantizar estas ‘segundas oportunidades’, con herramientas para desarrollar sus habilidades y competencias, sacar sus emprendimientos adelante, y brindar así mejores posibilidades y condiciones para ellas y sus familias”, dijo Ricardo Nates, presidente ejecutivo (e) Cámara de Comercio de Bogotá. Gracias al éxito de esta estrategia, se iniciará un nuevo ciclo de capacitaciones en la cárcel La Modelo, de Bogotá, con una formación enfocada en Emprendimiento, en las que se fortalecerán las habilidades, capacidades, sueños y metas de los aprendices, así como ser un enlace para promocionar los centros penitenciarios como espacios productivos y de segundas oportunidades. El evento contó con la participación de la directora del Centro de Reclusión El Buen Pastor, Miryam Helena Calle; el vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, Juan David Castaño; el gerente de Transformación Humana y Digital de Prosalón, Javier Baquero y cerca de 150 mujeres privadas de la libertad. Tomado por el Ministerio de Justicia y del Derecho

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Miles de unidades de licor y cigarrillo ilegal siguen circulando en Santander

Actualidad, Minjusticia, Santander / revistacg

A través de un operativo realizado por el Grupo Operativo de la Secretaría de Hacienda y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), se incautaron 1.000 productos ilegales en el centro de Bucaramanga que pretendían ser comercializados a los santandereanos. “Fueron 500 botellas de licor nacional y extranjero sin estampilla y presuntamente adulterado, y 500 cajetillas de cigarrillo de contrabando, por un avalúo equivalente a los 14 millones 800 mil pesos”, afirmó la directora de Ingresos, Ana Victoria Agón Pérez. El Grupo Operativo visita de manera exhaustiva los locales comerciales del departamento, para verificar que la mercancía no tenga estampilla falsa, las botellas y etiquetas estén en correcto estado y que el líquido de los envases no contenga ninguna partícula extraña que pueda perjudicar a los consumidores. De esta manera, durante el mes de julio se decomisaron 3.400 unidades entre cajetillas de cigarrillos, insumos secos y licores, avaluados en 21 millones 100 mil pesos. Del total de la mercancía recaudada se encuentran los elementos secos como tapas, sellos y etiquetas con un porcentaje del 44%, cigarrillos con un 39%, y licores con un 17%. Estas cifras corresponden al recaudo realizado durante 280 visitas a establecimientos comerciales en tres municipios de Santander: Rionegro, Socorro, Valle de San José y el área metropolitana de Bucaramanga. “Desde el Gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado le reiteramos a los santandereanos que compren en establecimientos confiables y revisen las tapas y etiquetas de los productos. Así evitaremos riesgos en la salud de los consumidores”, añadió Agón Pérez. Asimismo, para denunciar alguna irregularidad, los ciudadanos podrán llamar a la línea 159 anticontrabando dispuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) o escribir al correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co, estas herramientas tienen atención las 24 horas. Tomado de Gobernación de Santander

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Campesinos recibirán subsidio por dejar que la selva recupere su frontera natural, explicó el Ministro de Justicia

Actualidad, agricultura, Minjusticia / revistacg

El Ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna, se refirió a las estrategias que integran la nueva política de drogas de Colombia, y precisó que se calcula en 18 de billones de pesos el presupuesto que deberá invertirse en ese nuevo enfoque. “Vamos a llevar el Estado social de derecho, la democracia, la prosperidad, la economía legal, a todas esas zonas donde no ha habido oportunidad de hacer nada diferente a tener cultivos ilícitos”, manifestó Osuna. Los campesinos que abandonen los cultivos de uso ilícito recibirán un subsidio temporal por permitir que la selva recupere su frontera natural, informó este martes el Ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna. Ese reconocimiento hace parte de las estrategias que integran la nueva política de drogas de Colombia, que demandará inversiones por alrededor de 18 billones de pesos, declaró el funcionario al informativo Colombia Hoy Radio. “Es un giro muy importante el que estamos dando en esa política de drogas, porque para resolver este problema vamos a llevar el Estado social de derecho, la democracia, la prosperidad, la economía legal, a todas esas zonas donde no ha habido oportunidad de hacer nada diferente a tener cultivos ilícitos”, señaló el Ministro. Agricultura, educación e infraesctrura Explicó que ese nuevo enfoque demanda el concurso de los organismos de agricultura, educación e infraestructura, “porque se trata de sustituir la economía cocalera por una economía dentro de la ley”. Agregó que el presupuesto requerido para ello “es una cifra muy considerable, pero cabe en las posibilidades del Estado colombiano”. Osuna indicó que “esas personas dejarían de cultivar. Entonces, mientras encuentran otra actividad lícita, en otra parte, la oferta del Gobierno es que les otorgará un subsidio económico por dejar que la selva recupere su frontera natural”. Esa política contempla concentrar el esfuerzo policial y judicial en la persecución del narcotráfico y ser más efectivos. El funcionario manifestó que “se trata de una política de oxígeno y asfixia. Oxígeno para esas comunidades siempre marginadas, para la naturaleza, y asfixia para el narcotráfico, para el lavado de activos, para el comercio internacional de las drogas”. Y, en tercer lugar, el enfoque incluye la atención a consumidores problemáticos, con políticas de salud pública. Tomado de Presidencia

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El año entrante debemos tener los primeros fallos de la Jurisdicción Agraria y Rural: MinJusticia

Actualidad, Minjusticia / revistacg

En el podcast ‘Contraplano’ del Ministerio de Justicia y del Derecho anunció que este semestre el #GobiernoDelCambio avanzará en la reglamentación de la nueva Jurisdicción Agraria y Rural para que cuente con asignación presupuestal, nombramiento de jueces, y adecuación y designación de las sedes. El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, reveló en ‘ContraPlano’, el podcast del MinJusticia, que los primeros fallos de la Jurisdicción Agraria y Rural se empezarán a conocer el próximo año, luego de que el #GobiernoDelCambio presente al Congreso la reglamentación para el funcionamiento y avance en la asignación presupuestal, el nombramiento de los jueces y la adecuación y designación de las sedes, en un trabajo conjunto con el Consejo Superior de la Judicatura. Sobre los lugares donde estarán los nuevos juzgados agrarios, Osuna Patiño explicó que con el Ministerio de Agricultura “tenemos un mapa de necesidades de Justicia Agraria y curiosamente coincide con buena parte de los territorios PDET, es decir, municipios que han sido víctimas del conflicto armado, lugares que están en franco proceso de recuperación y ciertamente todos bastante remotos de la capital de la república”. De acuerdo con el ministro, por primera vez el país podrá disponer de jueces en los territorios rurales para que allí, de modo ágil, gratuito y sin grandes formalidades, se puedan resolver problemas de propiedad, de linderos, de adjudicación de baldíos, de uso del suelo, entre particulares o, incluso, aquellos que involucran el Estado. “La aprobación de la Jurisdicción Agraria y Rural es histórica porque desde la creación de la república, uno de los problemas más graves que no se ha resuelto es el de la propiedad, la tenencia y la explotación de la tierra y la prosperidad, la tranquilidad, la buena vida de las campesinas y los campesinos. Era una deuda de ya más de dos siglos y detrás de la cual hay ríos de sangre, de dolor, de desplazamiento y de despojo”. Agregó que la aprobación “es también una reivindicación histórica para un sector de la población que, aunque lo merece todo, ha sido excluido de tantas oportunidades”. En ‘Contraplano’, el podcast del MinJusticia, el ministro Osuna Patiño explicó que para hacer más cercana esta justicia a la ruralidad, los procedimientos están pensados para que sean ágiles y gratuitos, para crear esa cercanía y confianza con las y los ciudadanos, como se tiene, por ejemplo, con la figura de la tutela. “Anteriormente se estimaba que un pleito por cuestiones agrarias podría tardar hasta más de 10 años en solucionarse. Con la creación de esta jurisdicción esperamos que se puedan resolver, en primera instancia, en tres o cuatro meses”, explicó y agregó que “esperamos que en unos años una especie de tutela agraria y rural sea tan famosa y tan usada como lo es la tutela hoy en todo el país”. El ministro resaltó el consenso logrado para la aprobación de la Jurisdicción Agraria y Rural. “Se alcanzó primero a partir de la puesta en evidencia de que no es un problema que tiene color político sino un tema social profundo en el que todos tenemos una deuda histórica. Reconozco que los consensos se logran por un esfuerzo de escucha, de inclusión, de tener en cuenta la voz del otro”. “Las altas cortes, gremios de abogados, otros cuerpos de jueces organizados, estaban también de acuerdo y claro esos consensos se construyen y son un esfuerzo de escuchar, de entender, de estar dispuesto a modificar los textos, como efectivamente ocurrió. Esto le otorga a la reforma constitucional una especial fuerza porque no puede ser vista como un triunfo del grupo ganador frente al perdedor, sino como construcción de país”, puntualizó. Tomado por el Ministerio de Justicia y del Derecho

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En el cumplimiento de las sanciones propias de la JEP nos vamos a jugar gran parte del Acuerdo de Paz: MinJusticia

Actualidad, Minjusticia, Paz / revistacg

Gobierno Del Cambio reafirma compromiso de garantizar las condiciones institucionales necesarias para el cumplimiento de las decisiones judiciales de la JEP. El Ministerio de Justicia y del Derecho, en la instalación de la Instancia de Articulación entre el Gobierno nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), manifestó su compromiso con generar las condiciones para ajustar la oferta institucional que garantice la implementación de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Debemos respetar la independencia judicial y la autonomía, las decisiones que tome la Jurisdicción Especial para la Paz y poderlas implementar de una buena forma desde el ejecutivo para que realmente tengan un potencial restaurativo”, viceministro Camilo Umaña. En esta instancia, en la que participan la JEP, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Justicia y Defensa, la Unidad para las Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y otras entidades que tendrán el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, el viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña, aseguró que el #GobiernoDelCambio busca garantizar las condiciones institucionales necesarias para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción. “Debemos respetar la independencia judicial y la autonomía, las decisiones que tome la Jurisdicción Especial para la Paz y poderlas implementar de una buena forma desde el ejecutivo para que realmente tengan un potencial restaurativo”, afirmó. Así mismo, pidió a las entidades estatales y territoriales utilizar las herramientas jurídicas disponibles para planificar, presupuestar y ejecutar recursos que permitan la implementación de proyectos restaurativos que contribuyan a la reconstrucción del tejido social y resaltó el papel de la comunidad internacional. El viceministro destacó la importancia de la justicia restaurativa, tanto en la justicia ordinaria como en la transicional. “El ministerio tiene como una de sus banderas la creación e implementación de mecanismos de justicia restaurativa. Lo que se haga en esta materia en el campo de la JEP contribuirá a los fines de la justicia transicional y se complementará con los esfuerzos para fortalecer el enfoque restaurativo en la justicia penal ordinaria”. Por su parte, la directora de Justicia Transicional, Mariana Ardila, aseguró que “no podemos hacer este trabajo solos y solas. Tenemos el reto de motivarlos y convencerlos para que todas las entidades pongan de su parte y las sanciones se cumplan. Que esta instancia les ofrezca la información suficiente para que puedan planear, presupuestar y ejecutar esos proyectos restaurativos para que los podamos llevar a la realidad”. La Instancia de Articulación tiene como objetivo facilitar el cumplimiento y el seguimiento a las medidas de contribución a la reparación y las sanciones propias que imponga la JEP a los comparecientes. Tomado por el Ministerio de Justicia y del Derecho

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Zasca Renacer, la estrategia del Gobierno del Cambio que fortalece a más de 2.000 personas privadas de la libertad

Actualidad, Bogotá D.C., Minjusticia / revistacg

Esta iniciativa busca fortalecer y enlazar los sectores productivos en agroindustria, manufactura y confecciones, como motores de la economía popular, mejorando así las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y las de sus familias. El Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué (COIBA Picaleña) fue el escenario para el lanzamiento de Zasca Renacer, una estrategia del Gobierno del Cambio que busca impactar a más de 2.000 personas privadas de la libertad, a través del fortalecimiento de sus capacidades productivas y emprendedoras. Este programa fue promovido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia, en alianza con la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, el Ministerio de Justicia; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Surge como una apuesta de la política de reindustrialización, fundamentada en la resocialización, las condiciones especiales de trabajo, el enfoque de género y la contribución a la Paz Total, orientados a la población privada de la libertad y pospenada de Colombia. Durante el lanzamiento, el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, destacó que esta iniciativa “nos permite avanzar con el compromiso que tiene el Gobierno del Cambio para la humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario. Hemos visitado los talleres de madera y confecciones y son muy valiosos los productos que desarrollan allí. Piensen que un bolso o un artículo tallado en madera puede ser el inicio de su fábrica o taller de carpintería. Ustedes (personas privadas de la libertad) pueden ser empresarios y generar empleo”. A su vez, la Consejera Presidencial para la Reconciliación Nacional, Eva Ferrer, señaló que “renacer es nacer de nuevo, eso es lo que buscamos con esta estrategia: recuperar la importancia que todas y todos tenemos en la sociedad, así como la satisfacción y la dignidad que da el trabajo. El propósito es buscar la reconciliación con uno mismo, con las familias y con la sociedad, es brindar una segunda oportunidad”. Los Centros de Reindustrialización Zasca Renacer se implementarán por fases en 21 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), en los que las personas privadas de la libertad accederán a formación técnica, durante 10 meses, en actividades relacionadas con el fortalecimiento productivo en sectores como agroindustria, manufactura, tecnologías y confecciones, con el objetivo de impulsar la economía popular y mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. De igual forma, la ejecución de este programa promoverá la unión entre los establecimientos de reclusión del orden nacional y los municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) aledaños, para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental en las zonas del país más afectadas por el conflicto armado. En ese sentido, “los Zasca Renacer son un instrumento muy importante de la Política de Reindustrialización, que está orientada a promover el desarrollo y fortalecimiento productivo en los establecimientos de Reclusión de Colombia. Estos centros nos permitirán aportar a los procesos de resocialización de la población interna para que puedan impulsar su economía y las de sus familias”, dijo la Viceministra de Desarrollo Empresarial, Soraya Caro. Así mismo, el Gerente General de Innpulsa Colombia, Hernán Ceballos, subrayó que “estamos convencidos de que todos los colombianos pueden aportar a la reindustrialización de nuestro país y la población privada de la libertad no es una excepción. Ellos merecen oportunidades para aportar desde sus capacidades productivas a su resocialización y al desarrollo familiar, esto bajo la visión de la justicia económica y social promovida desde el Gobierno del Cambio”. Finalmente, la UNODC brindará un apoyo estratégico a este programa de desarrollo agroindustrial en el país, así lo expresó la Representante Regional para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch, quien afirmó que es una oportunidad única y valiosa para fortalecer la garantía de derechos de muchas de las personas que se encuentran privadas de la libertad. El evento contó con la asistencia del Director General (e) de la USPEC, Ludwing Joel Valero; el Director General (e) del INPEC, Teniente Coronel (r) José Hernando Medina; el Gerente General de la Corporación Industrial Minuto de Dios, José David Tovar; miembros del Gobierno Nacional; empresarios del sector, y cerca de 80 personas privadas de la libertad, entre otros. Tomado por el Ministerio de Justicia y del Derecho

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En su primera directiva como órgano rector de las comisarías de familia del país, el ministerio exhortó a los mandatarios locales para que prioricen el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, la protección de los derechos laborales y la salud mental de los profesionales. "Cuando se protege la familia se está construyendo una sociedad pacífica, tranquila, preparada para prosperar y para ejercer la libertad, la democracia y la vida civil", ministro de Justicia, Néstor Osuna.

MinJusticia conmina a alcaldes y gobernadores a implementar acciones de prevención contra la violencia intrafamiliar

Actualidad, Justicia, Minjusticia / revistacg

En su primera directiva como órgano rector de las comisarías de familia del país, el ministerio exhortó a los mandatarios locales para que prioricen el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, la protección de los derechos laborales y la salud mental de los profesionales. “Cuando se protege la familia se está construyendo una sociedad pacífica, tranquila, preparada para prosperar y para ejercer la libertad, la democracia y la vida civil”, ministro de Justicia, Néstor Osuna. El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, conminó a alcaldes y gobernadores a implementar acciones de prevención contra la violencia intrafamiliar en sus territorios y a establecer bases sólidas para el funcionamiento de las comisarías de familia en todos los rincones del territorio nacional, a fin de garantizar la protección integral de las víctimas de violencia en el contexto familiar. En su primera directiva como órgano rector de las comisarías de familia del país, el ministerio exhortó a los mandatarios locales para que prioricen el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, la protección de los derechos laborales, la salud mental de los profesionales y el mejoramiento de la estructura y equipamiento de las comisarías. El ministerio hizo un llamado a implementar la Estampilla para la Justicia Familiar, una herramienta que permitirá recaudar recursos para mejorar la infraestructura, ampliar el personal de nómina, fortalecer los servicios de cerca de 1.500 comisarías de familia del país y trabajar por el acceso inclusivo de las personas con discapacidad. Destacó este tipo de justicia por su eficiencia. “La duración de un trámite en una comisaría de familia, comparado con los tiempos ante un juzgado de familia, nos indica que es mucho mejor para el Estado invertir recursos en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos“. Así mismo, resaltó que en el Plan Nacional de Desarrollo el Ministerio de Justicia, a partir de las peticiones de los y las comisarias, logró que se aprobara la estabilidad de estos funcionarios en el cargo. “Con la carrera administrativa ya no dependerán de las vicisitudes de la política“. Tomado por Ministerio de Justicia y del Derecho

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El Ministerio de Justicia y del Derecho efectuó este fin de semana en San Miguel, Putumayo, el primer ‘Encuentro Territorial para la Formulación Participativa e Incluyente de la Política Nacional de Drogas 2023 - 2033’, espacio acordado con los líderes y lideresas sociales, representantes de asociaciones y organizaciones de cultivadores de coca de siete departamentos.

MinJusticia arrancó en Putumayo los encuentros territoriales para la construcción de la nueva Política de Drogas

Actualidad, Minjusticia / revistacg

El Ministerio de Justicia y del Derecho efectuó este fin de semana en San Miguel, Putumayo, el primer ‘Encuentro Territorial para la Formulación Participativa e Incluyente de la Política Nacional de Drogas 2023 – 2033’, espacio acordado con los líderes y lideresas sociales, representantes de asociaciones y organizaciones de cultivadores de coca de siete departamentos. En la sesión, que contó con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se recibieron aportes de las autoridades de la región, de organizaciones sociales y cocaleras, desde los saberes del territorio. A la convocatoria hecha por la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho acudieron el líder del área de Estudios Territoriales de UNODC, Miguel Serrano; la asesora de la dirección del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), María Clara Torres; el representante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), Éder Sánchez, y el alcalde de San Miguel, Beyer Peña. Los encuentros continuarán este martes 14 de febrero en Puerto Asís, Putumayo. En total son 19 municipios donde se desarrollarán los espacios territoriales previstos para las ocho regiones priorizadas, que corresponden a 14 departamentos y Bogotá. El cronograma de trabajo contempla encuentros en Caquetá, Amazonas, Bajo Cauca antioqueño, Sur de Bolívar, Córdoba, Bogotá, Norte de Santander, Risaralda, Nariño, Meta, Guaviare, Valle del Cauca, Chocó, Atlántico y Arauca. Este es el primer espacio acordado con los representantes de organizaciones sociales de Cauca, Nariño, Caquetá, Valle del Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Risaralda, donde participan los líderes y lideresas de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (COCCAM); de los movimientos campesinos Cultivadores de Coca y Cocalero Agrario y Ambiental (MOVICCAAP), y de las asociaciones campesinas del Sur Oriente del Putumayo (ACSOMAYO), de Puerto Leguizamo, y de Puerto Asís Putumayo (ASOPUERTOASIS), entre otros. El Gobierno del Cambio trabaja de la mano de las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito en la construcción de una política incluyente, participativa, que proteja la vida y el medio ambiente.

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El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, instaló la mesa de trabajo que por primera vez permitirá a las comunidades afectadas por los cultivos ilícitos definir la hoja de ruta para la construcción de una Política Nacional de Drogas 2023-2033 incluyente, participativa, que proteja la vida y el medio ambiente.

Por primera vez organizaciones sociales de 14 departamentos construyen de manera conjunta con el MinJusticia la nueva política de drogas

Actualidad, Minjusticia, PóliticaDrogas / revistacg

El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, instaló la mesa de trabajo que por primera vez permitirá a las comunidades afectadas por los cultivos ilícitos definir la hoja de ruta para la construcción de una Política Nacional de Drogas 2023-2033 incluyente, participativa, que proteja la vida y el medio ambiente. En su intervención, el jefe de la cartera de Justicia enfatizó que “es la primera vez que las organizaciones sociales participan en la construcción de la política de drogas del Gobierno del Cambio, que reconocerá la afectación desproporcionada y la persecución y violencia que han sufrido los campesinos en los territorios”. Es la 1ra vez que las organizaciones sociales participan en la construcción de la política de drogas del #GobiernoDelCambio, que reconocerá la afectación desproporcionada, persecución y violencia que han han sufrido los campesinos en los territorios: @MinjusticiaCo @osunanestor pic.twitter.com/7rg3Z3NY0h En este escenario histórico, representantes de las organizaciones sociales de los departamentos de Cauca, Nariño, Caquetá, Valle del Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Risaralda, en compañía de entidades del Gobierno nacional y de la cooperación internacional, definieron los 19 municipios donde se realizarán, a partir del mes de febrero, los Espacios Consultivos Territoriales previstos para las ocho regiones priorizadas, que corresponden a 14 departamentos y Bogotá. El ministro enfatizó que en esta jornada comenzó un diálogo que va a ser permanente, en el que comunidades tradicionalmente afectadas por el fenómeno del narcotráfico y sus implicaciones políticas, económicas, sociales y ambientales podrán compartir los efectos de este flagelo desde sus saberes territoriales, con el fin de consolidar una política de seres humanos para seres humanos. Con este espacio se inicia una gran conversación que permitirá recolectar insumos para la formulación de un instrumento que empodere la vida de las personas con el concurso de la sociedad civil, la academia, la cooperación internacional y todos los actores que por años han sido afectados por este fenómeno. “Les agradecemos que, después de haber pasado por momentos de tanto dolor y sufrimiento, sigan confiando en el Gobierno para la construcción de una política de drogas y por eso el Estado se compromete a construir una Colombia más pacífica, con prosperidad y tranquilidad”, concluyó Osuna Patiño. En la mesa también estuvo la directora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch, quien destacó los esfuerzos del Gobierno nacional para consolidar una política sostenible, contundente e incluyente. “Las soluciones a los retos planteados por la problemática de drogas deben venir acompañadas de estrategias que se mantengan a largo plazo. Es necesario diseñar mecanismos específicos para cada territorio que promuevan el desarrollo rural“, agregó. La realización de los espacios territoriales será coordinada por la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia. Tomado de MinJusticia

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