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“Misión Tumaco”, una nueva estrategia del Gobierno Nacional

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, lanzó una Misión Territorial de la Política Nacional de Drogas con el objetivo de transitar de economías ilícitas a lícitas; arrebatar a los jóvenes de las redes de tráfico de drogas; prevenir y atender el consumo de estas sustancias y promover la seguridad rural y afectación de las estructuras del narcotráfico. El lanzamiento de esta misión tuvo lugar en el marco de la estrategia de política pública ‘Gobierno con el Pueblo’, que se desarrolla en el Litoral Pacífico, para escuchar la voz de los habitantes y desarrollar acciones que promuevan el cambio en la región. El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, explicó que esta estrategia surge como una respuesta a las problemáticas que ha traído el fracaso de las anteriores políticas de drogas. “Representa la unión del Gobierno para la implementación de una política de drogas que genere un cambio real y sostenible en las comunidades que históricamente han dependido de las drogas ilícitas. Reiteramos que solo con desarrollo y transformación lograremos transitar hacia la paz y la confianza y la libertad de los territorios”, aseguró. Los centros de convergencia para el desarrollo integral de estos ecosistemas serán los Centros de Reindustrialización ZASCAS de Pesca, de Cacao, de Turismo y el Cultural. Por su parte, el ministro de Comercio, Germán Umaña, se comprometió a presentar la estructuración de estos proyectos en febrero. Estas acciones conjuntas reflejan el compromiso del Gobierno del Cambio para abordar efectivamente las problemáticas a las que busca responder la Política Nacional de Drogas. Este es un paso significativo hacia la construcción de comunidades más seguras, prósperas y resilientes. Tomado de MinJusticia

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Esto ocurrió en la primera sesión de la Comisión para la Reforma Judicial

Minjusticia, Paz / revistacg

En la reunión, se establecieron procedimientos y un cronograma para desarrollar textos incluyentes que serán presentados al Congreso de la República para discusión y aprobación. Hasta el próximo 2 de febrero cada miembro de la delegación podrá aportar sus ideas, críticas, iniciativas, comentarios y proyectos. El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, como cabeza del proceso, informó que cada uno de los integrantes de la comisión tuvo la oportunidad de expresar sus inquietudes de cómo debe desarrollarse la construcción de la reforma. Fueron enumerados algunos temas durante esta primera jornada, cumplida en el Club de Banqueros de la capital del país, que se prolongó hasta las 2:30 de la tarde: potenciales reformas al sistema penal; mecanismos alternativos de solución de conflictos; justicia civil; enfoque racial y étnico a la justicia actual, entre otros. Entre el 2 y 7 de febrero se sistematizarán y organizarán los aportes, que serán enviados a los miembros de la comisión, los que tendrán hasta el 16 de febrero, para hacer comentarios a los textos, fruto de las iniciativas ciudadanas y de los mismos integrantes del selecto grupo de especialistas. “En conclusión, el Gobierno nacional busca una reforma a la justicia que le dé mayores respuestas a la ciudadanía, que sea más eficaz en la lucha contra la corrupción, la impunidad, mucho más rápida, más accesible, más tecnológica, más parecida a la sociedad del siglo XXI”, puntualizó Néstor Osuna. Tomado de Ministerio de Justicia

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Así será la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos

Minjusticia, PóliticaDrogas / revistacg

En cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el Protocolo para la aplicación de artículos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, relacionados con la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en parques y zonas del espacio público. El documento plantea pautas a los entes territoriales y sus autoridades de policía, teniendo como base la protección y prevalencia de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, señala que las autoridades están facultadas para regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas dentro de la autonomía territorial y sus competencias legales. El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño asegura que “dentro de esa posibilidad de restringir el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, que les da la ley a los alcaldes, el protocolo detalla la hoja de ruta”. Los criterios prácticos para el ejercicio de la actividad policial frente a esa conducta en la aplicación de la normatividad tienen que ver con el lugar en el que se realiza, el momento del día, el modo o las circunstancias, siempre buscando la aplicación de medidas preventivas o pedagógicas. Igualmente, el propósito es activar la ruta integral de atención para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones. Tomado de Ministerio de Justicia y del Derecho

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No habrá IVA para productos fabricados en cárceles

Actualidad, Minjusticia / revistacg

El Gobierno nacional reglamentó uno de los artículos del Estatuto Tributario o ley 633 de 2000 que excluye del IVA a productos fabricados por personas privadas de la libertad dentro de procesos de resocialización y que incluye además todo lo que se comercializa en los expendios dentro de las cárceles. El decreto 2277 del 2023 firmado por los ministros de justicia, Néstor Osuna, de hacienda, Ricardo Bonilla y de Comercio, German Umaña está destinado a la exclusión del impuesto en la adquisición e importación de equipos, elementos e insumos destinados a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del Sistema Nacional Carcelario, así como para productos que se elaboren, preparen, confeccionen y produzcan al interior de los establecimientos de reclusión. La norma El aclara que los equipos, elementos e insumos nacionales o importados sobre los cuales recae la exclusión del IVA y aranceles de importación, son bienes muebles que se adquieran o se importen con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva, y se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario. El beneficio también contempla todos aquellos productos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de los establecimientos carcelarios y penitenciarios y para el desarrollo de las actividades educativas, laborales, culturales, recreativas, así como los artículos de primera necesidad para las personas privadas de la libertad. El decreto hace referencia al Estatuto Tributario o ley 633 de 2000 y a la ley 2277 de 2022, donde se establecce que la operación del sistema carcelario nacional, comprende las actividades para el cumplimiento de las finalidades propias del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, de manera que el suministro de bienes para atender los estándares mínimos de la vida en reclusión, coadyuve a garantizar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad, así como el acceso a actividades educativas, laborales, culturales, deportivas, recreativas u otras similares que sirvan para su proceso de reinserción social. Es de aclarar que la exclusión del IVA en asuntos peitenciarios que existe desde hace 20 años, ahora cobijará con este decreto los productos para la resocialización en el sistema carcelario y penitenciario. ¿Qué cambia? Las dos excusiones de IVA que se reglamentaron son: Lo que se comercializa a través de expendios con destino a los privados de la libertad, es decir lo que elllos compran en los expendios de las cárceles. Los productos que se elaboran en las cárceles o penitemciarias como artesanias y todo lo que hacen las personas privadas de la libertad en el merco de sus procesos de resocialización. ¿Dónde aplica la exclusión del IVA? Cárceles de detención preventiva. Penitenciarías. Casas para la detención y cumplimiento de pena por conductas punibles culposas cometidas en accidente de tránsito o en ejercicio de toda profesión u oficio. Centros de arraigo transitorio. Establecimientos de reclusión para inimputables por trastorno mental permanente o transitorio con base patológica y personas con trastorno mental sobreviniente. Cárceles y penitenciarías de alta seguridad. Cárceles y penitenciarías para mujeres. Cárceles y penitenciarías para miembros de la Fuerza Pública. Colonias. Tomado de Min Justicia

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Bienes incautados del narcotráfico se destinarán a la Política Nacional de Drogas

Minjusticia, PóliticaDrogas / revistacg

El Consejo Nacional de Estupefacientes emitió una resolución en la que redefine la asignación de recursos procedentes del narcotráfico. La meta es robustecer la Política Nacional de Drogas del gobierno del presidente Gustavo Petro, que tiene como propósito impulsar el desarrollo rural en áreas dedicadas a la producción de coca. La resolución detalla una asignación presupuestal de $215.335 millones para el próximo año, distribuyendo fondos específicos a diversas entidades. Entre ellas, se destinan: $85.640 millones al Ministerio de Agricultura $44.350 millones al Ministerio de Defensa $30.393 millones al Ministerio de Justicia $24.391 millones al Ministerio de Salud $22.847 millones a la Policía Nacional $7.734 millones al Ministerio del Interior. El 69% de esos $215.335 millones provenientes de bienes incautados al narcotráfico se destinarán al componente “oxígeno” de la Política Nacional de Drogas. El restante 31% irá al componente “asfixia”. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural recibirá la mayor parte de los recursos, siendo esta la primera vez que se le asignan dineros del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), que son provenientes de ventas, alquileres y administración de bienes en extinción de dominio. El Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó la reasignación presupuestaria con el respaldo de ocho de sus nueve miembros. Emitieron votos a favor: la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía Nacional y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La Procuraduría optó por la abstención. Tomado de MinJusticia.

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Segundas oportunidades en la Expoartesanías 2023

Arte y Cultura, Minjusticia / revistacg

El arte y las expresiones artísticas de las personas privadas de la libertad llegan a los pabellones de Corferias, en Bogotá, con ‘Expotalentos, arte y cultura para la libertad’, una exposición nacional que busca reafirmar el mensaje de resocialización. La cuarta edición de la feria, impulsada por el Ministerio de Justicia, la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura, el INPEC y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, contará con expresiones artísticas y un stand en el pabellón 6 de la feria, con productos realizados en los talleres de los centros penitenciarios y carcelarios. “Instituciones del orden nacional y distrital que estamos interesadas en la resocialización y humanización del sistema penitenciario hemos facilitado esta experiencia para que todas las personas que asistan puedan ver la calidad y el talento de las personas que buscan una segunda oportunidad”, afirmó el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño. Los representantes de la población privada de la libertad del país expondrán en un stand del pabellón 6 de Corferias productos de marroquinería, madera, tejidos, bisutería, esculturas, pinturas sobre lienzo y madera, además de otras expresiones artísticas. ‘Expotalentos, arte y cultura para la libertad’ surge con el fin de materializar el proceso de tratamiento penitenciario, contribuyendo a la prevención del delito y evitando la reincidencia en conductas violatorias de la ley penal. Su principal objetivo es visibilizar las aptitudes que las personas privadas de la libertad han adquirido en prisión, transformando sus vidas y optando por nuevos proyectos de vida. “Este es un espacio en el que podemos apreciar, conocer y agradecer la creación artística de las personas privadas de la libertad, personas que están procurando una segunda oportunidad en sus vidas, intentando reconstruir sus familias, sus entornos”, expresó el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo. Tomado de MinJusticia

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Aprobada ley que garantiza alimentación hasta 2025 a privados de la libertad

Minjusticia / revistacg

La ley que otorga al Ministerio de Justicia, la capacidad de mantener el servicio de alimentación en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) hasta el 30 de junio de 2025, fue aprobada por unanimidad en la plenaria del Senado de la República. Posterior al 30 de junio de 2025, la responsabilidad de alimentar a los privados de la libertad en las URI y estaciones de policía recaerá en los municipios y departamentos, conforme a la orden de la Corte Constitucional en 2022. Actualmente, 17 mil personas privadas de la libertad reciben alimentación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en las URI y estaciones de policía. La asignación presupuestal para alimentación de personas privadas de la libertad tanto en centros de detención transitoria como en cárceles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en 2023 es de seiscientos cuarenta y siete mil millones de pesos ($647.000.000.000), destinando mas de noventa mil millones para centros de detención transitoria durante dicho año. Para 2024, se proyecta un presupuesto de aproximadamente seiscientos mil millones para el servicio de alimentación. La ley, compuesta por solo cuatro artículos, busca evitar un cese en la prestación del servicio, asegurando los derechos fundamentales de quienes están detenidos preventivamente en centros transitorios. El proyecto fue elaborado en colaboración armónica con entidades territoriales, resultado de mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Justicia, con la participación de la Uspec, Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios, Fedepartamentos, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Tomado de Ministerio de Justicia y del Derecho

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Se presentó documento que guiará la creación de espacios temporales de reclusión con una perspectiva de derechos humanos

Actualidad, Minjusticia / revistacg

El documento busca orientar y ofrecer puntos de referencia técnica a las entidades territoriales para construir centros de detención transitoria conformes a lo ordenado por la Corte Constitucional. El Ministerio de Justicia y del Derecho, en conjunto con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la Federación Nacional de Personerías (Fenalper), presentó este martes en el auditorio Jockey de la Universidad del Rosario el documento ‘Lineamientos mínimos para espacios temporales de reclusión’, el cual busca guiar a los gobiernos locales y regionales para crear y gestionar espacios temporales de reclusión desde una perspectiva centrada en los derechos humanos. Dicho documento tiene como objetivo compilar la jurisprudencia y la normativa aplicable a los bienes y servicios que deben proporcionarse a las personas privadas de la libertad en espacios temporales, conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional en el marco de la extensión del Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario del país. “Queremos dar un vuelco a lo que se entiende como Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema carcelario de nuestro país, el cual se ha venido extendiendo en el tiempo. El compromiso es que podamos tener una forma de privación de la libertad que sea humana, digna y correspondiente a un Estado Social de Derecho”, afirmó Camilo Umaña Hernández, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, quien agregó que “el deber del Estado es poder encontrar una salida a este problema que no solo se manifiesta en temas de hacinamiento, sino también de salud, visitas y dignidad mínima de resocialización para las personas que se presume, han cometido algún delito”. Al recordar que son cerca de 100.000 las personas con detención intramural en Colombia, y que un poco más de 20.000 están sindicadas en centros de detención transitoria, Umaña Hernández destacó los intercambios y el diálogo interinstitucional con entidades como Asocapitales y Fenalper, los cuales calificó como positivos y provechosos para el país. “Hemos buscado destrabar la situación y avanzar en la protección de los derechos de las personas que están en detención transitoria”, aseguró en desarrollo del evento en el que estuvo acompañado por Diego Olarte, director de Política Criminal y Penitenciaria del MinJusticia. En opinión del viceministro, el documento plantea reglas claras y lineamientos para que las entidades territoriales puedan ponerse al día con sus obligaciones frente a las personas sindicadas. “La nación ha venido haciendo diferentes esfuerzos. Uno de ellos, recibir a personas sindicadas en el Sistema Nacional Penitenciario. Y también estamos proponiéndole al Congreso un proyecto de ley para que la Uspec pueda financiar la alimentación de 17.000 privados de la libertad”, señaló. El alto funcionario recordó, además, que la cartera que lidera el ministro Néstor Iván Osuna ha puesto en marcha una serie de proyectos para humanizar el sistema penitenciario. “Por ejemplo, con la Ley de Utilidad Pública, en vez de estar privadas de la libertad, mujeres que han cometido delitos menores podrán ejecutar servicios comunitarios. Es un gana-gana social”, anotó. El viceministro finalizó su intervención manifestando que los lineamientos del documento que se presentó esta mañana permiten que las entidades territoriales den a conocer unas formas de construcción de centros de detención transitoria que son sensatas, no requieren inversiones gigantescas y pueden utilizar recursos de la nación para contar con una infraestructura mínima básica que atienda a los sindicados. “Estamos convencidos de que necesitamos una serie de medidas muy diversas, un esfuerzo muy amplio, mancomunado y de diferentes entidades para poder dar una respuesta mucho más racional a un sistema de privación de libertad que ha resultado muy deshumanizante y abiertamente inconstitucional”, puntualizó. Tomado por el Ministerio de Justicia y del Derecho

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Nueva Política Nacional de Drogas: oxígeno para comunidades afectadas y asfixia para el narcotráfico

Actualidad, Minjusticia / revistacg

Este martes en El Tambo (Cauca), el Gobierno nacional, en cabeza del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, presentará y socializará la nueva Política Nacional de Drogas 2023-2033 ‘Sembrando vida, desterramos el narcotráfico’. Sus prioridades son: el cuidado de la vida y el ambiente, poniendo en primer lugar los derechos humanos, la salud pública y la consolidación de la paz. Esto, sin dejar de lado el compromiso del Estado de afectar las capacidades y finanzas de las organizaciones criminales. Es importante destacar que, por primera vez en la historia de Colombia, las comunidades y territorios directamente afectados por el narcotráfico y por las políticas derivadas de la guerra contra las drogas participaron en la formulación de esta nueva política. En ese contexto, se desarrollaron 27 espacios territoriales en 16 departamentos y Bogotá; 51 mesas técnicas interinstitucionales o bilaterales; tres sesiones con aliados estratégicos, cinco sesiones con sectores de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento y tres espacios con mujeres, jóvenes y el sector de la prevención. La política se apoya en dos pilares principales denominados ‘oxígeno’ y ‘asfixia’: Habrá oxígeno para los territorios, comunidades, personas y ecosistemas que se han visto desproporcionalmente afectados por el mercado de las drogas ilegales. Este apartado contempla tres prioridades: Apoyo al tránsito integral hacia economías lícitas y reducción de vulnerabilidades de los territorios y poblaciones que dependen y han sido afectadas por el mercado ilegal de las drogas, transformando sus condiciones económicas, sociales y culturales; implementación de medidas de manejo ambiental y acción climática para la conservación y restauración de las zonas que directa e indirectamente han sido afectadas por la economía de las drogas ilícitas; y abordaje del consumo de sustancias psicoactivas desde un enfoque de salud pública y de derechos. Y habrá asfixia para los nodos estratégicos del sistema criminal que generan violencia y se lucran en mayor proporción de esta economía ilícita, y para las capacidades y rentas de las organizaciones más fuertes del narcotráfico desde un enfoque sistémico, entendiendo su complejidad y su relación con otras economías ilegales y legales. Además, se contemplan medidas para prevenir, mitigar el riesgo y combatir la posible corrupción que pueda estar asociada a la implementación de la política. Al tiempo, se empezarán a transformar las narrativas estigmatizantes y se implementarán medidas de justicia social en favor de los grupos afectados por el narcotráfico. También se espera avanzar en la regulación de mercados como el cannabis de uso adulto y los usos no psicoactivos de la hoja de coca, mientras se lidera una estrategia de diplomacia internacional para el cambio de paradigma en el abordaje del fenómeno de las drogas. La nueva política, que propone un profundo cambio de paradigma en cuanto al abordaje que históricamente se le ha dado desde el Estado al fenómeno de las drogas, tiene muy claras sus metas en cuanto a cifras: reducir en 92 mil las hectáreas cultivadas con coca, disminuyendo en un 43% (704 toneladas métricas) la producción de cocaína; sacar 11,8 millones de dosis del mercado; afectar las finanzas ilícitas en un rango que oscila entre los 55.000 y los 88.000 millones de dólares; reducir la deforestación anual en un 2,65% (3.317 hectáreas) y bajar a menos de 46 millones de kilogramos las emisiones de CO2. Tomado por el Ministerio de Justicia y del Derecho

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Estados Unidos aprueba desempeño de Colombia en lucha contra las drogas

Actualidad, Minjusticia / revistacg

El Gobierno de los Estados Unidos de América mantiene la certificación a Colombia por su lucha y adecuado enfrentamiento al fenómeno de las drogas ilícitas. Mediante memorando oficial, el presidente Joe Biden señaló la importancia de Colombia como socio estratégico en Suramérica en la lucha contra el narcotráfico. En su pronunciamiento instó al Gobierno colombiano priorizar sus esfuerzos en las regiones productoras de coca y lograr un progreso sostenible de las comunidades. La certificación se da luego de la visita realizada esta semana a Washington por parte de una delegación del Gobierno nacional encabezada por el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna Patiño; el general William Salamanca, director de la Policía Nacional; y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. Frente a este respaldo, el ministro Osuna Patiño se pronunció: “Es una señal de que vamos por el camino correcto. Nos indica que así es como podemos contribuir local e internacionalmente a resolver esta problemática, de modo que deje de causarnos tanto sufrimiento. Esta decisión da fe de que hay un entendimiento pleno entre nuestra política de drogas, la comunidad internacional y el Gobierno de los Estados Unidos”. Los representantes del Gobierno de Colombia se reunieron el pasado martes y miércoles con funcionarios de la Casa Blanca, entre quienes estuvieron: Juan González, director para el Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca; Todd Robinson, subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL); y Rahul Gupta, director de la Oficina de Política Nacional para el Control de las Drogas. Tomado por el Ministerio de Justicia y del Derecho

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