junio 4, 2026

Gobierno

FAO lanza iniciativa mundial para acelerar la integración de la biodiversidad en los sistemas agroalimentarios

Biodiversidad, agricultura y alimentación, conexiones ecosistémicas que resguardan la vida FAO, MinAgricultura y MinAmbiente se unen para lanzar la Iniciativa Agri-NBSAPs en el marco de la COP16. Contribuciones para incorporar la biodiversidad como elemento fundamental en los sistemas agroalimentarios. Es necesario encontrar soluciones a la degradación de ecosistemas y recursos naturales ocasionados por la producción alimentaria. Problemas como la erosión, pueden causar hasta un 50 % de pérdidas en el rendimiento de las cosechas.  Se estima que será necesaria la optimización del agua para producir el 60 % de los alimentos calculados a 2050 para 9 000 millones de personas en el mundo. Con la presencia de la señora Astrid Schomaker, Secretaria Ejecutiva de la Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el señor Mauricio Cabrera, Viceministro de Medio Ambiente de Colombia, y representantes de diferentes países, la delegación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó la Iniciativa de Apoyo AGRI-NBSAPs (National Biodiversity Strategies and Action Plans), que busca ayudar a los países a identificar, integrar e implementar soluciones agroalimentarias respetuosas con la biodiversidad en los procesos nacionales de planificación y presupuestación, como contribución a sus estrategias y planes de acción nacionales sobre la diversidad biológica. “Necesitamos un diálogo mucho más inclusivo en la necesidad de reconciliar la producción alimentaria con la sostenibilidad. Debemos conversar y llegar a un consenso sobre cómo el consumo y la producción insostenibles de alimentos tienen que cambiar. Como reducir el desperdicio de alimentos que está superando otras crisis”, señaló la Secretaria Ejecutiva de la CBD, Astrid Schomaker. El señor Godfrey Magwenzi, Director de Gabinete y líder de la delegación de la FAO, integrada por la señora María Helena Semedo, exdirectora adjunta; y el Señor Embajador Marcel Beukeboom, de la Representación Permanente ante la FAO por el Reino del Países Bajos; destacó que de acuerdo con las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número dos: Hambre Cero, la Organización trabaja en pro de la reducción del hambre, garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, a la vez que se promueve la agricultura sostenible. Por su parte, el Viceministro Cabrera anunció agregó que “necesitamos sinergias entre sectores para implementar prácticas agrícolas amigables con la biodiversidad, así como el contar con políticas vigentes y la capacitación de las instituciones nacionales y a productores”. “Siendo la biodiversidad la piedra angular de nuestros sistemas agrícolas, hoy presentamos la iniciativa Agri-NBSAPs, pues estamos frente a un escenario de suma importancia: si la biodiversidad disminuye, corremos el riesgo de perder nuestra capacidad de alimentar al mundo de forma sostenible, saludable y nutritiva”, agregó Magwenzi. La iniciativa Agri-NBSAPs brindará apoyo específico a los gobiernos en sus esfuerzos por identificar e implementar acciones en los sistemas agroalimentarios que les permitan cumplir con los compromisos en materia de biodiversidad descritos en sus planes de acción nacionales sobre la diversidad biológica. Este apoyo se centra en la capacidad institucional, la coherencia de las políticas, la participación de las partes interesadas, la generación de conocimientos y el acceso a la financiación. Hasta el momento la FAO ha brindado apoyo técnico y financiero a más de 40 países en el desarrollo e implementación de sus estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad, y seguimos recibiendo solicitudes de países para el asesoramiento político, la asistencia técnica y las prácticas de integración en sus Planes Nacionales”, dijo el Director de Gabinete de la FAO. Pronunciamiento que fue avalado por el Embajador Marcel Beukeboom, de la Representación Permanente ante la FAO por el Reino de los Países Bajos, afirmando que “este es un importante paso adelante en nuestros esfuerzos colectivos para cumplir con el objetivo del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal”. ¿Por qué es importante hablar de biodiversidad en la producción agroalimentaria? Aunque los sistemas agroalimentarios son contemplados como elemento clave en el Plan de Biodiversidad, adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad de 2022, reciben en gran medida una atención limitada en el desarrollo y la aplicación de políticas de biodiversidad, incluidas las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Planes de Acción (NBSAPs, por sus siglas en inglés). Los sectores agroalimentarios (agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y actividad forestal) dependen de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que esta proporciona. Sin embargo, su funcionamiento actual es insostenible. Contribuyen a un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y a la pérdida de biodiversidad, a través de la deforestación, la contaminación y la sobreexplotación de especies, entre otras. Los suelos, por ejemplo, presentan problemas como la erosión, que pueden causar hasta un 50 % de pérdidas en el rendimiento de las cosechas, lo que repercute en los medios de vida de los agricultores, en nuestro medio ambiente, la agricultura y la alimentación. En relación con el agua, la agricultura se enfrenta a retos complejos de aquí al 2050 para alimentar a una población que alcanzará 9 000 millones de personas. Se estima que se necesitará más agua para producir el 60 % de los alimentos adicionales que se calcula serán necesarios, problemática que afecta actualmente a 2 400 millones de personas que viven en países sometidos a estrés hídrico. Otra de las preocupaciones está en la deforestación. De acuerdo con cifras de la FAO, cada año 10 millones de hectáreas a de bosques se pierden debida a esta. Mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos y comunidades es esencial para adelantar acciones como el monitoreo, el cierre de la frontera agrícola con el Manejo Forestal Sostenible de productos maderables y no maderables, y el fortalecimiento de la gobernanza territorial.

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Regiones lanzan SOS por recorte presupuestal

Los gobernadores advirtieron sobre recortes en el Presupuesto de Regalías que podrían en riesgo, en su concepto, la financiación de programas y proyectos viales para el desarrollo de los departamentos, así como la atención a necesidades de las comunidades como alimentación, transporte escolar y vivienda, entre otros. Según los mandatarios, existen imprecisiones en la formulación del monto asignado para el bienio 2025-2026. En una reciente declaración, la Federación Nacional de Departamentos, FND, que agrupa a los 32 gobernadores del país, consideró que los ajustes anunciados suponen reducciones que son clave para la inversión de obras sociales en los territorios. Pidió además claridad y transparencia en los procesos de liquidación de los recursos respectivos. En esa línea, advirtió que el recorte “injustificado” del presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR), afecta “gravemente el cumplimiento de las metas establecidas en los planes de desarrollo departamentales y municipales, y los objetivos diseñados para el progreso socioeconómico de las regiones”. Acompañamiento a proceso La Federación exhortó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Minería para que develen las fórmulas con las que se proyectan dichos ingresos. También hizo un llamado a la Contraloría General de la República para que acompañe y sea un garante de este requerimiento. “Es prioritario que las regiones cuenten con una dinamización de recursos tendientes a la estabilidad de sus inversiones, para lo cual es fundamental una correcta articulación entre el Gobierno Nacional, los mandatarios departamentales y locales, y el Congreso de la República”, indicó la FND en un comunicado, donde anunció que los gobernadores pondrán a consideración del Legislativo sus observaciones al proyecto de ley, con el objetivo de lograr un presupuesto para el bienio 2025-2026 a la altura de los desafíos económicos y sociales de los territorios.   Carácter centralista La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien  ejerció como vocera de los mandatarios regionales de Colombia, dijo que tan solo su departamento dejaría de recibir 122 mil millones de pesos para programas sociales. “Esto es lo que hemos denominado los gobernadores, y en especial la gobernadora del Meta, un raponazo a las regalías de los departamentos, de los territorios donde tenemos esos recursos financiando proyectos importantes como la alimentación y el transporte escolar, las vías secundarias y las vías terciarias; que entran a beneficiar directamente a esos pequeños productores, a esos campesinos”. El proyecto, a su juicio, impone una serie de requisitos a los departamentos que solo reafirman el carácter centralista del Estado colombiano. “De ahí, la razón por la cual estamos hoy haciendo este llamado de parte de todos los gobernadores al Gobierno Nacional para que en ese proyecto de ley se tenga en cuenta lo que pensamos  y, sobre todo, el impacto tan grave que se puede causar a estos sectores, además, desfinanciando también los planes de desarrollo que nos acabaron de aprobar en cada uno de los departamentos”, agregó.   Modificaciones al proyecto Los mandatarios regionales presentarán proposiciones para eliminar del proyecto aquellos artículos que califican de lesivos para las finanzas departamentales. “Consideramos que deben eliminarse porque básicamente entra a cambiar las reglas de juego de los recursos de regalías del 40%; pero también queremos hacer unas modificaciones muy importantes que lleven a que los recursos que hay en estos momentos de regalías tengan menos obstáculos por parte del Gobierno Nacional”, precisó la gobernadora del Tolima. A su vez, el vicepresidente de la FND y gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, pidió que las reglas de juego que están vigentes en el tema de regalías no s e cambien y que “se sigan ejecutando” por el bien de los territorios. Anunció que durante el proceso de aprobación de la ley de presupuesto de regalías se creará una comisión para hacer acompañamiento tanto en las comisiones como en las plenarias de la Cámara y el Senado para que “seamos escuchados como regiones”. Por su parte, su colega del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, demandó un diálogo franco y honesto con el Gobierno Nacional para mirar cómo garantizar los recursos de inversión social de manera equitativa. Finalmente, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, aseguró que en el proyecto de ley se establecen unas reglas que harán “más grave la situación de la centralización, porque debemos someternos a unos lineamientos que va a establecer el Departamento Nacional de Planeación (DNP)”. Dejó claro que si no se hacen los ajustes que se están pidiendo, el impacto será “gravísimo” en los sectores de educación, salud, transporte escolar, alimentación e infraestructura vial.   La descentralización, en primer orden Senadores y gobernadores se reunieron para analizar propuestas que garanticen el desarrollo de las regiones. En el encuentro, encabezado por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se habló sobre los proyectos a socializar, entre ellos la Reforma al Sistema General de Regalías (SGR), la Ley de Ordenamiento Territorial, la Regla Fiscal y las reformas al FONPET, entre otras iniciativas. “Creo que ambos sectores estamos en la misma orilla, nos duele lo que les duelen a la gente y vemos hoy a gobernadores sin herramientas para poder solucionar los principales problemas de la región. Algunos de ellos, incluso, han expresado que los recursos de las regalías no alcanzan para el Programa de Alimentación Escolar (PAE)”, sostuvo el jefe del Legislativo. Cepeda fue mucho más allá al afirmar que lo que ordena la Constitución del 91 es un proceso de descentralización, que no se está cumpliendo. “Todo lo contrario, se viene recentralizando más el país; el 80% de los recursos se manejan en la Nación y hoy hay renuencia de acudir a los alcaldes y gobernadores para la ejecución presupuestal: Al mes de agosto hay 79 billones  de pesos del gobierno central parqueados en bancos y fiducias, si eso se les entrega a los alcaldes y gobernadores tendríamos una ejecución real y estaríamos cerca de las expectativas de los colombianos”, añadió.   La queja de las regiones ante el Congreso Durante la mesa de trabajo, la gobernadora del departamento de Sucre, Lucy Inés García, expuso los

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El EMC le declara la guerra al ELN en Arauca y piden desalojar el territorio

Arauca enfrenta aguda crisis tras la guerra declarada entre el EMC y el ELN, esta semana el líder del frente 28 de este grupo guerrillero por medio de un video amenazó a la célula guerrillera, políticos y periodistas de la región. El anuncio lo hizo alias Antonio Medina, comandante del grupo subversivo quien además indicó que la sociedad civil colabora con esa guerrilla y acusó a los miembros del ELN de estar presuntamente cooperando con las Fuerzas Militares. “Hemos agotado todas las vías para hablar con el ELN, para evitar más derramamiento de sangre de personas culpables o inocentes. Es por eso que no nos queda otra salida, sino declararle la guerra por primera vez e irnos a una confrontación militar. Atacaremos su ala militar, los apoyos financieros, la parte política, organizativa y de masas”, expresó Medina. Pidieron a sus enemigos desalojar el departamento De igual forma el EMC expresó en palabras de alias Antonio Medina que “A partir del momento político, empresarios, transportadores, contratistas, periodistas, piratas, gremios de plataneros y todos los que de una u otra manera apoyen con información o favores al ELN por su bien y el de sus familias abandonen el departamento, no sea que cuando piensen hacerlo sea demasiado tarde”. Cabe destacar que en el video aparece el comandante acompañado de otros tres miembros de la organización al margen de la ley, todos con armas, tipo fusiles y municiones mientras medina lee el comunicado desde un computador. “Como organización político-militar sabemos que ustedes son personas de bien y el único delito es apoyar el ELN, así como cientos de araucanos que han sido asesinados por el ELN solo por no compartir sus ideales” dijo el protagonista de la inquietante pieza audiovisual.

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UNA LABOR LEGISLATIVA CON LA MIRADA EN LOS TERRITORIOS

El trabajo mancomunado es uno de los ejes centrales de la congresista, quien promueve iniciativas de desarrollo sostenible, inclusión a comunidades con discapacidad, así como garantías a los consumidores, por lo cual desarrolla una política de trabajo dirigida al fortalecimiento de los territorios. En entrevista con la Revista el Congreso Siglo XXI, la senadora Laura Fortich se refirió a los proyectos que impulsa desde el Legislativo, incluida la Economía Azul y Economía Ecológica, iniciativa a través de la cual se plantea la generación de desarrollo mediante el aprovechamiento responsable y eficiente de los recursos naturales del país. La construcción de un país más inclusivo y libre de barreras a personas con discapacidad es otro de sus objetivos como congresista. Economía Azul y Economía Ecológica: propuesta transformadora Desde la presidencia de la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial, la congresista mantuvo un contacto directo con las comunidades, para sacar adelante uno de sus proyectos bandera, la “Ley de economía azul y ecológica”, cuyo objetivo principal es establecer un marco jurídico que impulse y promueva estas dos formas de economía basadas en los ecosistemas hídricos de Colombia, armonizando el desarrollo económico con la protección ambiental. En esencia, “se plantea una alternativa innovadora de generación de desarrollo a través del aprovechamiento eficiente, responsable y sostenible de los recursos naturales”, aseguró la senadora. La propuesta tiene como propósito dar valor e importancia a los ecosistemas acuáticos, en donde este recurso se convierte en una forma de progreso, sin comprometer la sostenibilidad ambiental, ni afectar al territorio. Colombia, un país rico Aunque reconoce que se han dado avances, la legisladora considera que la riqueza que posee Colombia, por su ubicación geográfica, no ha sido aprovechada. Precisamente esto es lo que pretende la ley de Economía Azul, comprometer al Estado colombiano en la ejecución de una verdadera política pública con visión de futuro, que centre sus esfuerzos en aprovechar de manera sostenible estos recursos para apalancar el desarrollo económico y productivo del país, y por ende, garantizar unas mejores condiciones de vida a la población, en especial la vulnerable, que “puede hacer de la protección de su entorno una fuente de ingresos y de dignificación de la vida personal y la de sus familias”. Empoderamiento a la comunidad El empoderamiento de las comunidades aledañas a los cuerpos de agua es un eje central de la iniciativa, por lo cual se involucra a estas en actividades sostenibles que además les aseguren la generación de ingresos, permitiéndoles a su vez dignificar sus condiciones de habitabilidad, contribuyendo al mismo tiempo a la protección de los ecosistemas. En esa línea, las diversas acciones propias de la economía azul y ecológica están orientadas a permitir el involucramiento de la población en la protección del medio ambiente, con proyectos como el fortalecimiento de la actividad pes quera y seguridad alimentaria de las comunidades, así como el fomento de un turismo inclusivo y sostenible. Inclusión de la comunidad con discapacidad La construcción de un país más inclusivo y libre de barreras a personas con discapacidad es un objetivo por el que lucha la congresista, por eso, en con junto con otros legisladores, se avanzó en la conformación de una comisión accidental, a través de la cual se prioriza el respeto por la autonomía, la dignidad humana y los derechos de las personas en esa condición, así como de sus cuidadores. Esta propuesta se concretó tras la expedición de la ley 2418 de 2024, ley de reserva de plazas para personas con discapacidad en el régimen general de carrera administrativa, donde se promueve el acceso al empleo público y la gratuidad de la inscripción para este importante sector de la población. En el marco de su labor legislativa, la senadora ha impulsado igualmente proyectos como el que promueve la participación política de personas con discapacidad a través de la creación de una circunscripción especial para las mismas en la Cámara de Representan tes. También la iniciativa “Colombia libre de Barreras”, como parte de su lucha por la inclusión de ese segmento de la población, en políticas públicas. Para leer más noticias como esta da click AQUI. 

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El plateado camino a la transformación

En el corregimiento El Plateado, donde el Estado colombiano busca sustituir los sembrados de coca por cultivos de pan coger, se vive una situación compleja debido al enfrentamiento que se presenta entre grupos armados irregulares y tropas oficiales que han llegado a la zona para asegurar el control del territorio, que por años ha sido considerado bastión de las disidencias de las Farc.  La pequeña localidad está ubicada en Argelia, en el corazón del Cañón del Micay, sector donde se encuentra el 75% de los cultivos de coca del departamento del Cauca, y cuenta con una conexión rápida al mar, lo que lo convierte en un corredor estratégico para movilizar la droga hacia el exterior. Este territorio ha estado bajo el accionar de las disidencias de las Farc, al mando del jefe guerrillero Iván Mordisco, por aproximadamente seis años, lo que llevó al Estado colombiano a intervenir la zona para transformarla con una alta inversión social que ayude a mejorar las condiciones de vida de la población. Es así como, el pasado 12 de octubre se puso en marcha la operación Perseo, por parte de las Fuerzas Militares, en la que participan 1.400 soldados y 16 tanquetas del Ejército Nacional para recuperar el control del territorio, acción que derivó en un repliegue de los rebeldes para evitar ser neutralizados por las tropas. Ministros en el territorio Como parte de la estrategia gubernamental de hacer presencia en la zona, seis ministros, entre ellos el de Defensa, Iván Velázquez; Susana Muhamad, de Ambiente; Andrés Camacho, de Minas y Energía; Martha Carvajalino, de Agricultura; Guillermo Alfonso Jaramillo, de Salud y Mauricio Lizcano, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, estuvieron visitando la región. El objetivo era recobrar la confianza de los habitantes de El Plateado en el Gobierno Nacional y sus instituciones, luego de años de ausencia estatal, para comenzar la ejecución de obras sociales tanto en el área urbana como rural. En esa línea, se tiene prevista la construcción de una nueva plaza de mercado y de un hospital, así como asegurar la educación y garantizar escuelas con computadores y conectividad a los niños y jóvenes del corregimiento. “El propósito era escuchar cuál era la inversión social que la gente y las comunidades en El Plateado consideraban que era relevante y era de mayor importancia, precisamente, para la construcción de la misión Cauca”, además, de llevar apoyo a soldados y policías presentes en el territorio, indicó Sarabia. Misión Cauca Según el gobierno, se trata no sólo de una operación militar, sino de un acompañamiento de inversión social. El objetivo de este operativo, de acuerdo con la directora del DAPRE, es lograr la sustitución de los cultivos de coca del departamento del Cauca y recuperar la confianza que se ha perdido en esta región, pues en la zona no se cuenta con puestos de salud, ni de conectividad y muchos de los niños carecen de la posibilidad de acceder a un estudio. La idea es poder construir un plan de inversión no desde Bogotá, sino desde el territorio. De la misma manera, desde hace 13 años el sector no cuenta con un CAI de la Policía, ni condiciones óptimas de seguridad, por lo que en las últimas semanas la Fuerza Pública se ha puesto en la tarea de reforzar la presencia militar en el área, con acompañamiento de inversión social para contribuir al bienestar integral de la población. Programa de sustitución de cultivos ilícitos Esta iniciativa depende de la Agencia de Renovación del Territorio ART y pasará a formar parte de los programas de la Presidencia de la República. En este momento ya se cuenta con una cifra de inversión que se tendrá para las intervenciones por parte del Estado y se dispone de un portafolio especial para el departamento del Cauca en el que se incluyen proyectos en el cañón del Micay. “Durante estos últimos tres meses del año se invertirán en sustitución de cultivos 40 mil millones de pesos por parte de la dirección, la cual hará parte directamente de la Presidencia en una reestructuración que se está haciendo”, afirmó Sarabia. Es decir, que esta cantidad de dinero será empleada para la sustitución de plantaciones de coca, por cultivos de orden legal como el café, frijol y cacao, entre otros. Pero este programa no solo implica la transición del cultivo, sino que se extiende a la comercialización por parte de la comunidad. “Solo podemos combatir los discursos de los grupos armados generando asociatividad y proyectos productivos que la comunidad misma construya o si no realmente vamos a fracasar en un intento más por sustituirlos”, manifestó la funcionaria. También, “es importante que sea sostenible y que la presencia realmente sea permanente y no simplemente por una operación, porque en el Cauca y en esta zona han existido muchas”, aclaró. El proyecto se hará con el acompañamiento del Estado y no será (algo) de la noche a la mañana, para los campesinos, sino que será un proceso de transición y de acompañamiento continuo.

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Referendo de Autonomía Fiscal una necesidad de las regiones

El referendo sobre autonomía fiscal busca que las administraciones departamentales puedan destinar hasta un 50% más de sus recursos a los sectores de educación, infraestructura, salud y seguridad, fundamentales en el propósito de los mandatarios regionales de mejorar las condiciones de vida de la población en sus territorios. Aunque los departamentos tienen autonomía para la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio, según lo establecido en la Constitución, la realidad es otra. En la práctica, según Ruiz, las regiones solo reciben entre un 5 y 10% del total del recaudo que le entregan al gobierno, lo que genera dificultades en la ejecución de proyectos. Esta situación llevó a los alcaldes y gobernadores a impulsar el referendo sobre autonomía fiscal, una iniciativa que podría significar un antes y un después en el progreso a nivel regional. En entrevista con la Revista El Congreso Siglo XXI, el exministro de Justicia y gerente del referendo Wilson Ruiz Orejuela, destacó los beneficios de la consulta que se promueve a lo largo y ancho del país, para la cual ya se han recogido más de un millón de firmas ciudadanas de las dos millones requeridas para su aprobación. ¿Qué lo llevó a impulsar esta iniciativa? Lo primero es que la Constitución establece que Colombia es un país descentralizado, pero esto no se cumple a cabalidad. Los entes territoriales tienen personería y autonomía administrativa, pero actualmente los tributos del impuesto a la renta, al patrimonio, lo recoge la Nación a través de la DIAN. Lo que se pretende, es que cada departamento recaude estos impuestos tributarios, que calculamos en unos $50 billones. Hoy, solo le regresan 5% a los departamentos y 10% a los municipios. Hay unos rubros claramente estipulados: educación, infraestructura, salud y seguridad; se busca que los recursos se destinen a estos sectores. Hay cinco departamentos que son los que más recaudan: Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Atlántico. Entonces, todo el dinero se recauda y se crea un fondo y se hace una redistribución desde la equidad y lo social. Ningún departamento recibirá menos, se calcula que recogerán hasta un 50% más. Así acabamos con el poder central sobre los recursos de los departamentos. ¿Cómo se le hará seguimiento a estos recursos? Creo en el principio universal de la buena fe. A mayor presupuesto, mayores controles. Las veedurías ciudadanas deben desarrollar un rol fundamental en el país. Hay que darle más dientes a las contralorías distritales y departamentales, a la Contraloría y a la Fiscalía. Tampoco debemos darles tantas prebendas a los políticos cuando cometen actos de corrupción. Al Congreso llegó otro proyecto de autonomía fiscal, ¿qué tanto podría beneficiar a las regiones? Me encanta que esta iniciativa surja del poder constituyente primario, que es el pueblo. La iniciativa del Congreso busca contrarrestar la nuestra y eso no está mal, por- que todas las propuestas son bienvenidas siempre y cuando pretendan el bienestar de las regiones.   ¿Qué va a pasar con las regiones más empobrecidas? Hablamos de 32 departamentos. Hay unas regiones más pobres que otras y la idea es que les llegue hasta un 50% más del recaudo. Hablamos de una redistribución. Cada departamento designará un gerente que administrará sus recursos. ¿Cuál es el paso a seguir una vez aprobado el proyecto? Tenemos que elegir gobernadores transparentes en las próximas elecciones regionales. Las gobernaciones cuentan con un secretario de Hacienda que es el encargado de recaudar los re- cursos. Una vez se expida el acto constitucional debe salir una ley para designar una junta directiva. Además, la DIAN debe contar con un software lo suficientemente fuerte para que no se evadan los impuestos. ¿Cuál será el mayor desafío? El mayor desafío será el Congreso de la República. Una vez tengamos las firmas, calculamos que entre el 15 y 20 de diciembre las estamos radicando ante la Registraduría. Más o menos en febrero las certificarán y en marzo radicamos el proyecto de ley con mensaje de urgencia. A partir de ahí deberá cruzar cuatro debates y aprobarse en junio del 2025. Lo que más nos ánima es que no creemos que el Congreso se vaya a meter con el constituyente primario, es decir, el pueblo, que es el 5% del censo electoral. La ANIF advirtió sobre el riesgo de modificar el Presupuesto del SGP. ¿Usted que piensa? Hay que darles tranquilidad porque el sector central continuará recibiendo recursos a través de multas, sanciones, impuestos nacionales, entre otros. Hablamos de un reordenamiento económico para las regiones. Varios países nos han servido de modelo, como Canadá, Estados Unidos y España. Una de las mayores resistencias en este proceso es el Gobierno, ¿cómo lo enfrentarán? El presidente ha venido satanizando la figura de la autonomía fiscal para las regiones, pero mi interés no es cazar una pelea con el Gobierno, porque yo soy un demócrata. Lo que sí les quiero decir es que este proyecto va a enriquecer a los departamentos y los va a proyectar, generando competencia entre las regiones porque llegarán más empresas y la parte económica se va a disparar. ¿Cómo será el trabajo para con vencer a los congresistas? Vamos a meter a todas las regiones. Si nos torpedean el proyecto de ley tendrán que vérselas con las comunidades también. Usted es elegido congresista por voluntad del pueblo, pero cuando es este mismo el que pide autonomía para manejar los recursos, ahí es donde me parece que se van a chocar. ¿Los 32 gobernadores apoyan esta iniciativa? No, y yo los entiendo. Hay más de un gobernador que siente temor de que le bloqueen sus recursos. Diría que la gran mayoría están con nosotros. No me veo derrotado en esta iniciativa, me veo como un ganador. Si el referendo (sobre autonomía fiscal) no se da, estoy seguro que el mismo pueblo saldría a presentarla. ¿Estarían dispuestos a apoyar la iniciativa presentada por el Gobierno? Creo que uno no puede actuar con egoísmo. Si se trata del bienestar de Colombia estamos listos para apoyarlos.  

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Gustavo Petro: No habrá racionamiento de gas en Colombia

A pesar de la resolución firmada por el mismo ministro de Minas Andrés Camacho, que daba cuenta de los recortes de Gas, el presidente de la República Gustavo Petro Urrego salió al paso a la medida emitida por el Ministerio de Minas y Energía declarando el racionamiento de gas natural que sufriría el país desde el 31 de octubre y hasta el 4 de noviembre. Petro desmintió públicamente tal racionamiento y en su cuenta de X, expresó “no hay ningún racionamiento de gas”, en clara contradicción a los documentos de Minminas que indicaban la polémica restricción del suministro de gas. Preocupación  Como era de esperarse, la noticia causó revuelo en la opinión pública, sobre todo en algunos departamentos de la costa Caribe, por lo que es muy probable que el mandatario haya decidido intervenir con intención de calmar los ánimos, asegurando que no será efectiva la medida. Obviamente lo expresado por el Ejecutivo Nacional generó innumerables reacciones, principalmente por el hecho de contradecir la comunicación oficial del Ministerio de Minas y Energía. Recordemos que, desde hace algún tiempo en la región Caribe, se han presentado grandes inconvenientes con el suministro de gas, por lo que la noticia del racionamiento anunciado cayó como balde de agua fría estas comunidades. Finalmente, desde el Ministerio de Minas y Energía, se emitió una nueva comunicación que especifica que la polémica medida afectaría solamente a las industrias por lo que los hogares no tendrían que verse involucrados en el racionamiento. Asimismo, la entidad explicó que por ahora no se proyecta racionamiento para los días comprendidos entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución 40444 de 2024. “Para el racionamiento programado de gas natural que se realice en el período del mantenimiento de la terminal de regasificación definido en el artículo 1 de la Resolución 40444 de 2024, para atender la generación térmica del área Caribe 2, las cantidades proyectadas a racionar serán las que se establecen en la siguiente tabla:   Día: jueves 31 de octubre. Cantidades de gas a racionar en Gbtud: 0. Viernes 1 de noviembre. Cantidad 0. Sábado 2 de noviembre. Cantidad 0. Domingo 3 de noviembre. Cantidad 0. Lunes 4 de noviembre. Cantidad 0″.

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“DESCARBONIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DEBE HACERSE EN TIEMPO RÉCORD”

En diciembre de 2023 la mesa directiva de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica anunció a Colombia como sede del evento en su decimosexta versión. Desde entonces, la ministra de Ambiente Susana Muhamad ha venido liderando los avances en la planeación de la cumbre en el país y posicionando a Colombia ante el mundo por su compromiso en la lucha por la defensa del planeta. Consolidó su liderazgo a nivel local, socializando los avances en la planeación de la cumbre, junto a las autoridades del Valle del Cauca, región anfitriona del encuentro y en lo internacional, posicionando al país ante el mundo por su compromiso en la lucha por la defensa del planeta. La responsable de la política ambiental en Colombia considera que se debe hacer un esfuerzo de descarbonización en tiempo récord y acudir a un nuevo sistema económico, lo que implica una transformación de las relaciones sociales y productivas. También está convencida de la importancia de establecer alianzas para avanzar hacia la sostenibilidad lo antes posible. Por eso, ha insistido en que todos los ministerios, sobre todo las carteras de Transporte, Minas y Agricultura, son claves para que la transición energética en el país sea rápida. En diálogo con la revista El Congreso Siglo XXI, la ministra dio detalles sobre la organización de la COP16, lo que se espera de la cumbre mundial, la financiación y la protección de la biodiversidad, entre otros temas. ¿Cuáles serán las apuestas que liderará en la COP16? Lo principal es que este portafolio lo vamos a llevar a una negociación internacional en un paquete de financiamiento mundial, porque el mundo debe valorar que nuestra re- solución de cuidar el territorio genera servicios ambientales estratégicos para el mundo en medio de la crisis que hoy enfrentamos a nivel global. ¿Por qué ha sido tan difícil un acuerdo mundial para reducir las emisiones de GEI? Hemos sido capaces de ver lo que está causando el modelo de desarrollo (en el mundo). El reloj lo marca la ciencia, que nos dice que debemos hacer un esfuerzo de descarbonización en tiempo récord. Cambiar el modelo económico implica una transformación de las relaciones sociales y pro- ductivas. Debemos aprovechar nuestra riqueza natural para generar un bienestar social no destructivo con el medio ambiente. ¿Qué tan viable es lograr un verdadero compromiso para cuidar el planeta? Hemos tenido un modelo económico extractivista causante de la crisis ambiental que estamos vi- viendo. Requerimos de tomar decisiones. Para que la transición sea justa debe haber un acuerdo sobre lo fundamental, pero que sea pragmático, claro y discutido con todos los segmentos de la sociedad. Es una transformación con dos pila- res: la generación de otros sectores que diversifiquen la economía y la reducción de la dependencia del petróleo. En 18 meses el Gobierno nacional ha construido un portafolio junto con los ministerios para la transición energética, que solo será exitoso si logramos articular a todos los actores de la sociedad. Generamos un portafolio de proyectos de inversiones reales y con- cretas, que tiene como objetivo orientar a Colombia hacia una economía baja en carbono, resiliente y biodiversa, alineado con los compromisos del país en reducir los gases de efecto invernadero (GEI) hacia el 2030. Tenemos que imprimirle a la actividad económica conocimiento, ciencia y tecnología. Tenemos 5 mil grupos de investigación en las universidades, los conocimientos de las comunidades indígenas y campesinas y la capacidad de emprendimiento e iniciativa de nosotros como colombianos. ¿Cuál es el papel de las comunidades en la realización de la COP16? Uno de los puntos claves para la realización de la COP es el plan de trabajo para comunidades indígenas; esto implica la posibilidad de que tengan acceso a recursos internacionales de forma directa y una corresponsabilidad de los Estados en trabajar junto a ellos. Por eso, hicimos eventos previos con pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas, actores fundamentales porque en sus manos está la biodiversidad y quienes tendrán una participación muy importante en todos los espacios de la COP16. ¿Qué impacto ha tenido la cumbre en la población? Es muy importante porque las comunidades se han preparado en cómo van a participar. También se incluyó a las mujeres y a las juventudes. Hay una gran apropiación social alrededor de la COP16 y esto es bien importante porque es la que nos permite avanzar. ¿Cómo se preparó el sector privado en Colombia? El sector privado se ha unido con mucho entusiasmo. Van a estar presentes en la Zona Verde exponiendo iniciativas de economía sostenible. También hemos tenido una interacción muy productiva con los gremios, quienes van a estar representados en el día financiero y el día de negocios. Además, viene sector privado de todo el planeta a buscar oportunidades. ¿Qué tanto se ha cumplido con los objetivos pactados en la Cumbre anterior? Hemos planteado unos objetivos estratégicos para el 2030. El primero de ellos tiene que ver con impulsar el crecimiento de la bioeconomía, generando empleos y oportunidades para la población. El segundo es restaurar cinco millones de hectáreas de la mano del Ministerio de Agricultura. El tercero consiste en establecer por lo menos 19 millones de hectáreas bajo planificación ambiental. El cuarto es aumentar a 34% los territorios terrestres y marítimos bajo estrategias de conservación y el quinto es impulsar la representación de los pueblos indígenas. Finalmente, tenemos una meta financiera que es movilizar 22 billones para la protección de la biodiversidad. ¿Cuál será el rol de la ciudadanía? El ciudadano tiene una voz importante. Es un pacto con los actores. Hay que buscar alternativas de di- versificación económica junto a la gente. Hay resistencias y el Gobierno tiene que buscar el equilibrio entre el interés general y particular, sin sacrificar las metas del cambio; lo que pasa es que no se pueden cumplir a rajatabla, tenemos que hacer procesos de concertación y garantizar que durante la transición haya las condiciones de confianza y seguridad para avanzar, sobre todo en temas como la minería, donde tenemos un conflicto entre

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MinMinas y MinAmbiente establecerán rutas de trabajo para garantizar la formalización minera en Colombia

En reciente entrevista el titular de la cartera de Minas y Energía Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, habló sobre los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional con los representantes de los gremios mineros del país, tras la finalización de las protestas, bajo la promesa de garantizar la formalización de los mineros artesanales a nivel nacional. Desde el Ministerio de Minas se estableció la necesidad de un gran encuentro entre los gremios mineros nacionales y el Ministerio de Ambiente en cabeza de Susana Muhamad, para desde la concertación poder generar un parte de tranquilidad a estos trabajadores artesanales que, a juicio de Camacho, son a quienes quiere proteger principalmente el Estado colombiano. Al ser cuestionado sobre cuáles son los acuerdos que se hicieron con las personas que estaban protestando y si son de un cumplimiento a largo plazo o de manera inmediata, Andrés Camacho refirió que parte de las exigencias de los mineros son las garantías para poder normalizar sus actividades antes del 5 de noviembre, por lo cual es fundamental poder hablar con la representante del Ministerio Minas Susana Muhamad, sobre la polémica ejecución del decreto 0044 que preocupa a los mineros, cabe destacar que el alto funcionario enfatizó en que desde el Gobierno Nacional ya se estaba trabajando en el tema, con unas rutas y tareas que se venían ejecutando, lo que facilitó que las conversaciones entre ambas partes llegaran a buen puerto. Garantías de Acompañamiento para pequeños mineros Asimismo, expresó Andrés Camacho que el objetivo principal que se tiene desde la administración nacional es poder ofrecer a los mineros artesanales, las garantías necesarias para su formalización y desempeño en el sector, con la intención de que esta actividad “se desarrolle en mejores términos en muchos de los territorios del país”. Para tales fines se proyectó un encuentro entre el Ministerio de Minas y los representantes del gremio antes del 5 de noviembre, para debatir el polémico decreto 0044 de reservas temporales del país, que tiene que ver con unos ecosistemas nacionales en donde se entregaron títulos mineros con actividades mineras determinadas con anterioridad, cuya función es establecer los criterios de trabajo de estas áreas estratégicas. La ‘Maquinaria Amarilla’ Sobre la polémica existente frente al uso con intenciones criminales de la famosa ‘maquinaria amarilla’ Camacho defendió que el modelo de negocio de la minería hasta ahora ha marcado una línea divisoria entre la legalidad y la ilegalidad, por lo que insistió en que el gobierno está constantemente en la persecución de las mafias para sacarlas de estas actividades, asumiendo esta labor como el gran propósito de las entidades a quienes compete este sector del país. De hecho, asumió que incluso hay mineros que utilizan la maquinaria de “baja escala” que les permite mejorar su productividad, esta maquinaria se tiene previsto que, en el marco del proceso de normalización, sea censada, registrada y regularizada como parte del decreto de formalización minera, todo esto como parte del acuerdo que se ha logrado con los mineros y las mineras.

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