mayo 2, 2026

Política

Álvaro Uribe Vélez desmiente a Salvatore Mancuso

En su cuenta de ‘X’ el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, refutó las declaraciones del exjefe militar de las AUC Salvatore Mancuso, y fue enfático en asegurar “Me negué a reunirme con él, como quedó públicamente establecido”. Como es del conocimiento público el exparamilitar en audiencia reservada de la JEP, afirmó que el expresidente conocía de la operación que se iba a realizar con la Masacre de El Aro, y fue enfático en afirmar que Uribe Vélez “siempre tuvo conocimiento” de la histórica operación paramilitar, de igual forma expresó que el puente para comunicarse con el expresidente fue su exsecretario Pedro Juan Moreno. Ante lo dicho por el ahora expresidiario y Gestor de Paz, Mancuso, Álvaro Uribe Vélez, en su cuenta de X, respondió los graves señalamientos a través un video donde explicó cómo fue el proceso para extraditar a Mancuso a Estados Unidos en 2008: “Mancuso, que regresa, fue extraditado porque se continuaba delinquiendo desde la cárcel de alta seguridad de Itagüí. Habían sido trasladados a Itagüí, porque periodistas de altísimo reconocimiento me informaron que, desde la habilitada cárcel de La Ceja, se planeaba una fuga. Temí que sería otra Catedral. Cumplí el deber por encima de advertencias de venganza” indicó. Uribe, además recalcó que algunas personas “cercanas a la guerrilla” llegaron al sitio donde estaba recluido Mancuso para ofrecerle “beneficios” a cambio de vincularlo con los paramilitares.

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“Hubo desmanes, abusos, extralimitaciones y manifestaciones violentas”: presidente de la Corte Constitucional sobre asedio al Palacio de Justicia

El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, desmintió lo dicho por el presidente Gustavo Petro, acerca de los desórdenes que se presentaron el pasado 8 de febrero, cuando algunos manifestantes intentaron irrumpir en las instalaciones del Palacio de Justicia, en medio de las protestas que se llevaron a cabo alrededor del país, contra la falta de decisión de la Corte Suprema para elegir  la nueva Fiscal General.  El presidente Gustavo Petro había asegurado a través de X, que: “El general de la Policía Salamanca entró libremente al Palacio de Justicia a pie, escuchó de los magistrados que estos no querían desalojos violentos y salieron todos en sus vehículos sin obstáculo”.  A través de un comunicado oficial en las redes sociales de la Institución, el magistrado habló sobre lo ocurrido y pidió no minimizar los hechos, en los que se puso en riesgo la integridad de los magistrados.  “El presidente dijo que nunca los magistrados estuvieron imposibilitados de movilizarse, es decir, que podían hacerlo a placer y eso no es cierto por las imágenes que vimos. Creo que es necesario reconciliarnos con la verdad. Hubo desmanes, hubo abusos, extralimitaciones y manifestaciones violentas”, indicó. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia también se pronunció en rechazo a los hechos violentos ocurridos frente al Palacio de Justicia. “La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la Capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de los magistrados”, se lee en el comunicado.  Finalmente, la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado al Gobierno Nacional para que brinde las garantías necesarias para que no se siga presionando a los jueces y resaltó la importancia de respetar el Estado de derecho pese a las diferencias. El próximo jueves 22 de febrero los magistrados de la Corte Suprema se volverán a reunir para elegir una fiscal entre las tres opcionadas a ocupar el cargo, que son: Ángela María Buitrago, Amélia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo.   

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Crearán Gerencia de Invías en el Meta para atender problemática del corredor vial

Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta encabezó importante reunión de trabajo con Min. Transporte con la finalidad de ejecutar recursos que corresponden a la vía al Llano Esta conversación dio paso por parte de la entidad a establecer la necesidad de la creación de una gerencia de Invías cuya función sea atender de manera exclusiva la problemática del corredor vial. De igual forma, se dispuso el uso de recursos por un valor de $383 mil millones para atender 16 puntos críticos y se instalará otro puente militar en el sector de Naranjal para paso bidireccional. Durante la reunión la primera autoridad del Meta estuvo acompañada de los gobernadores del Casanare, Cesar Zorro, Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, el representante a la Cámara, Juan Diego Muñoz y la viceministra de Infraestructura, María Constancia García, delegada por parte del jefe de la cartera, William Camargo. Explicó Zambrano “se va a crear una gerencia en Invias que se va a encargar directamente de toda la problemática en la vía Bogotá – Villavicencio. Ya no habrá más tire de pelota entre las concesionarias y el Gobierno Nacional”. Se reafirmó el compromiso por parte de la entidad para intervenir el túnel 13, una estructura necesaria para habilitar el puente de Chirajara, el cual, de acuerdo con información de la concesionaria Coviandina S.A.S ya está listo. Por su parte el Ministerio comenzará la intervención con obras de estabilización en el kilómetro 58 para lo cual destinará recursos por $68 mil millones, mientras gestiona recursos por cerca de $383 mil millones para la atención de otros 14 puntos críticos, para un total de 16, que en palabras de la viceministra García son los más urgentes. Los asistentes finalmente establecieron que cada dos meses, se realizarán reuniones de seguimiento, para verificar el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos.

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Contralor encargado considera que demanda de Minsalud contra EPS “vulnera el derecho de acceso a la salud”

Carlos Mario Zuluaga, niega vinculación a la acción popular que presentó el Ministerio de Salud en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, contra 21 EPS, pues a su juicio se “vulnera el derecho de acceso a la salud al incumplir con la obligatoriedad de constituir y mantener las reservas técnicas para garantizar los pagos para la prestación de servicios de salud”. Asimismo, el Contralor encargado se opone a que se le obligue a realizar estudios forenses a las empresas prestadoras de salud, sin que medie una actuación de control fiscal. Zuluaga emitió estas declaraciones por medio de un comunicado, en donde rechaza categóricamente su vinculación a la demanda presentada por la referida cartera, al considerar que con esta acción se vulneraron los derechos colectivos al patrimonio público, a la moralidad administrativa y al acceso al servicio público de seguridad social en salud y a su prestación eficiente y oportuna. Cabe destacar que protección social solicitó al juez de conocimiento “que se decrete y practique interrogatorio a Carlos Mario Zuluaga, en calidad de contralor general de la República en funciones y en condición de testimonio técnico”, basados en que presuntamente el titular del ente de control conoce los fundamentos en que se soporta la referida demanda. Finalmente, el alto funcionario invitó a Guillermo Alfonso Jaramillo, “a respetar las esferas de competencia autónoma del ente fiscalizador para garantizar la colaboración armónica entre las ramas y órganos del poder público sin convertir a la Contraloría en contraparte de uno de sus sujetos vigilados”.

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Gobernación del Cauca y la RAP acordaron estrategias de inversión para 2024

Durante una importante reunión realizada esta semana, el Gobernador del Cauca, Octavio Guzmán Gutiérrez recibió a la gerente de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Pacífico, Viviana Obando, quien fue la encargada de presentar ante la primera autoridad regional del departamento una presentación sobre la oferta institucional de la entidad y las principales estrategias que se plantean para para el 2024. Luego de un análisis detallado del saldo actual del departamento y la inversión planificada para el año actual a través del Sistema General de Regalías, llegaron a necesarios acuerdos para priorizar proyectos fundamentales para promover el crecimiento económico de la región por medio de la colaboración entre la RAP Pacífico y la Gobernación de manera equitativa e integral. Por su parte Octavio Guzmán Gutiérrez expresó la voluntad de la Gobernación para que la RAP Pacífico continúe generando iniciativas y proyectos útiles para los cuatro departamentos que la integran. Asimismo, destacó la importancia de trabajar en conjunto para fortalecer el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.

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Laura Sarabia se posesionó como directora del Departamento de Prosperidad Social

​​Laura Camila Sarabia Torres es politóloga y asesora política, se desempeñó como jefe de despacho de la Presidencia de la Republica. El presidente Gustavo Petro posesionó este lunes a Laura Camila Sarabia como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad que fija y pone en marcha las políticas y los programas que brindan atención, reparación y reintegración social y económica a las víctimas de la violencia y las poblaciones más vulnerables del país.  Para alcanzar este propósito, el Departamento trabaja integralmente en la formulación y ejecución de políticas sociales, además realiza la coordinación de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Centro de Memoria Histórica.  Este Departamento está a cargo del programa Tránsito a Renta Ciudadana, al q​ue el gobierno del Cambio destinó $7 billones para garantizar la atención a las familias beneficiadas.  Este programa beneficiará a cerca de 3,3 millones de hogares, 1,4 millones más de los que tuvo Familias en Acción a su cargo, lo que representa un aumento de 42,4% en cobertura. Así, el Gobierno garantiza un ingreso digno, de hasta $500.000 mensuales, a las familias en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad. De esta manera, podrán conseguir autonomía económica y acceso a los derechos fundamentales de educación y salud. Tomado de Presidencia

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Odebrecht no le ha pagado un peso a Colombia de las multas impuestas; no porque hayan sido astutos, sino porque son criminales: presidente Gustavo Petro

En el “Primer Congreso Internacional Lucha contra la corrupción y la recuperación de sus activos”, el mandatario aseguró que “son criminales de una red que, en este caso, no que sepamos del narcotráfico, sino del robo de recursos públicos vía contratación pública en América Latina”.  Ante un auditorio colmado de participantes nacionales y extranjeros del “Primer Congreso Internacional Lucha contra la corrupción y la recuperación de sus activos”, el presidente, Gustavo Petro Urrego denunció que “Odebrecht no le ha pagado un peso a Colombia de las multas impuestas” por casos de corrupción.  Al cuestionar las razones por las cuales la empresa no ha respondido en Colombia por sus delitos, el mandatario aseguró que no es porque “hayan sido muy astutos; son criminales de una red en este caso, —pues no es que sepamos del narcotráfico–, sino del robo de recursos públicos vía contratación en varios países de América Latina”.  “No fue porque se escaparon a tiempo. Es porque la misma Fiscalía les permitió irse”, sentenció el mandatario.  El presidente señaló que los vinculados en los procesos de corrupción que adelantaban las autoridades​ prefirieron salir del país a otras naciones. “Sabían que si se iban a Brasil no había los acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento; ya después, ya para qué”, anotó.  Debido a que, entre Colombia y Brasil no existía un acuerdo de cooperación judicial, no eran extraditables, dijo al explicar que “podían fácilmente no pagar los requerimientos de la justicia colombiana y, sobre todo, no se necesitaba que hablaran. Ellos no hablaron, sino lo necesario”.  El caso de los sobornos En su intervención, el presidente Petro se refirió a las posibles inconsistencias que se registran en las confesiones contradictorias de los vinculados en los casos de soborno de Odebrecht. Aseguró que las versiones dadas por los vinculados en los tribunales de justicia de Estados Unidos y Colombia fueron diferentes. Sustentó que el único corrupto del Grupo Aval, hasta hoy, es el señor José Elías Melo, quien confesó que en Colombia pagó sobornos por seis mil millones de pesos, pero en EEUU dice que fueron 26 millones de dólares. Pues alguien miente, afirmó el mandatario. “El señor Melo tiene aquí una condena reducida por confesión, pero si confesó seis mil millones de pesos y allá dicen que fueron 26 millones de dólares, o allá mienten o aquí Melo mintió, luego la justicia no sirvió”, aseguró.  “¿Qué produce eso alrededor de algo que hubiera sido tan fácil como ponerlos a todos presos y recuperar los dineros y saber a quiénes sobornaron?”, cuestionó el presidente. “Nosotros no sabemos a quiénes sobornaron. Nosotros sabemos quiénes sobornaron, quiénes produjeron los sobornos. Sabemos hasta quiénes fueron los intermediarios”.  “Los intermediarios, la mayoría, están libres, pero no sabemos a dónde llegó la plata. Y no sabemos a dónde llegó la plata, porque la plata llegó a los del poder político”, concluyó. Los señalamientos del mandatario se refieren a los presuntos pagos de sobornos de Odebrecht a funcionarios, para que le dieran vía libre a la adición del proyecto Ocaña-Gamarra  (2013) contrato de concesión de la Ruta del Sol Tramo II. TOMADO DE: Presidencia 

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Congresistas en alianza con más de 60 organizaciones y ciudadanos, radicaron nuevo proyecto de Ley de Salud Mental para Colombia

Los representantes a la Cámara miembros de la Comisión Accidental de Salud Mental del Congreso, Olga Lucía Velásquez, Liliana Rodríguez y Jaime Raúl Salamanca, radicaron hoy un proyecto de Ley que busca la actualización de la normatividad vigente para prevención, promoción y atención en salud mental en Colombia. La iniciativa, surgió del trabajo conjunto entre los miembros de la Comisión e integrantes de la Red Nacional de Salud Mental (Conformada por congresistas y organizaciones públicas, privadas y representantes de la sociedad civil), y consolidado durante el último mes en seis mesas de trabajo con expertos del sector salud en un proceso de construcción colectiva con propuestas para salvaguardar, fomentar y asegurar el acceso a la salud mental y el bienestar psicosocial de todos los colombianos. Además, motivada por el preocupante panorama en el país que arroja cifras como: un 27% de incremento en la prevalencia de depresión y ansiedad después de la pandemia del Covid- 19; 920 mil ciudadanos que fueron diagnosticados en el último año con algún síntoma de enfermedad mental, un 70% de los jóvenes con alguna afección en esta materia; un 22% del personal de la salud que asegura enfrentar con frecuencia episodios depresivos y un 15% que ha tenido ideación suicida. Y, un lamentable registro en 2022 de 2.835 suicidios, de los cuales: 881 fueron de jóvenes entre 18 y 28 años, 297 de adolescentes entre 12 y 17 años y 18 de niños y niñas entre 6 y 11 años, según datos de Medicina Legal, el Ministerio de Salud y la Red de Salud Mental. Es así, que el proyecto 014 de 2023 pretende entre otras cosas: Generar herramientas desde la educación inicial con un enfoque de promoción y prevención; que exista una estructura administrativa encargada del cumplimiento y la operatividad de la Ley; la creación del Sistema Nacional de Información e Investigación en Salud Mental (SNIISM), para recoger, procesar y analizar recursos de ciencia, tecnología e innovación como base para la comprensión de las necesidades de la población con oportunidades de mejora de los servicios. La creación de la Red Mixta Nacional y Territorial de Salud Mental que contribuya al diseño, implementación y seguimiento de todos los planes, proyectos, políticas y acciones relacionados con la salud mental. Para la representante Olga Lucía Velásquez, este proyecto constituye la oportunidad de consolidar una reforma real de un sistema integral e integrado para el efectivo tratamiento de la salud mental en el territorio nacional. “Plantea atención integral, de acceso igualitario con garantías y un alcance más ambicioso para un tratamiento adecuado. Así mismo, el reconocimiento laboral y capacitación para el talento humano con los estándares que deben tener y la creación de la Dirección de Salud Mental al interior del Ministerio de Salud encargada de la implementación de la Ley y herramientas puntuales y ya definidas para la actualización constante de cifras relacionadas que sirvan como plataforma para la toma de decisiones y la aplicación a la normatividad”. Por su parte, la representante Liliana Rodríguez destacó el reconocimiento que la iniciativa le da a psicólogos y psiquiatras sobe la labor que desempeñan en el cuidado de quienes enfrentan algún trastorno de salud mental. “Estos profesionales promueven la identificación oportuna, el seguimiento y la atención de calidad para cada una de las personas y familias que enfrentan la realidad de trastornos de salud mental”. A su turno, el representante Jaime Raúl Salamanca, manifestó la satisfacción de poder entregar este proyecto de Ley para los colombianos como resultado de escuchar a la ciudadanía y del trabajo que por 9 meses ha adelantado la Comisión Accidental de Salud Mental para darle respuesta a sus preocupaciones sobre el escenario actual de la salud mental. “Ha sido una amplia conversación y trabajo en equipo que nos ayuda a darle peso a esta iniciativa tan importante que hoy permitirá entre otras cosas actualizar la Ley de Salud Mental que ya cumplió 10 años de vigencia, valorar el enfoque de promoción y prevención y llamar a la institucionalidad a que permita que haya una Dirección encargada de sacar adelante el cumplimiento de la Ley”. El proyecto pasó por: 42 revisiones para edición, 94 ajustes de contenido integrando cinco documentos de revisión; tuvo más de 354 aportes, 19 comentarios directos de ajuste técnico – jurídico y contó con la participación de más de 25 revisores finales de entidades gubernamentales regionales y nacionales, asesores, representantes a la Cámara, gremios, universidades, observatorios, y organizaciones del sector como el Colegio Colombiano de Psicólogos – COLPSIC-, la Asociación Colombiana de Psiquiatría y otros profesionales externos. Tomado por la Cámara de Representantes

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Por presunta participación en política, Procuraduría suspendió a dos alcaldes

El ente de control abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses a los alcaldes de San Juan de Nepomuceno, Bolívar; y de Timaná, Huila. La medida cautelar se da por presunta participación en política al apoyar, al parecer, al candidato presidencial Federico Gutiérrez. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por el término de tres meses a los alcaldes de San Juan de Nepomuceno, Bolívar; Wilfrido Alfonso Romero Vergara; y de Timaná, Huila, Marco Adrián Artunduaga, por presunta participación en política al apoyar, al parecer, al candidato presidencial Federico Gutiérrez, durante un evento organizado por la Federación Nacional de Municipios, el pasado 7 de abril en Cartagena.   Por la misma conducta, el órgano de control también inició investigación disciplinaria contra los mandatarios locales de María La Baja, Raquel Victoria Sierra Cassini; Cicuco, José Nicolás Ramos Pastrana; Santa Rosa de Lima, Mario José Rodríguez Hernandez; Villanueva, Edwin Puerta Orozco; y Arenal, Eugenio Lobo Quiñónez, municipios ubicados en el departamento de Bolívar.   En el caso del alcalde Romero Vergara, al parecer habría ofrecido aportar 40 mil votos en favor de un candidato presidencial, mientras que Marco Adrián Artunduaga aparentemente exteriorizó su apoyo al mismo candidato.   Para el Ministerio Público la suspensión provisional de los dos alcaldes es procedente para evitar una posible reiteración de la falta, pues de la evidencia en los registros fílmicos se tiene que, al parecer, participaron en actividades propias de los partidos o movimientos políticos, “comportamiento que está prohibido dada su condición de servidores públicos, y con ello pudieron quebrantar los principios de igualdad y transparencia que sustentan los comicios”.   El órgano de control precisó que esa circunstancia “podría volver a presentarse, pues nos encontramos en camino de la elección presidencial y el candidato por el cual presuntamente habrían participado en política se encuentra en la contienda electoral”.   La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas presuntamente irregulares, determinar si constituyen faltas disciplinarias, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y el posible perjuicio causado a la administración pública.   Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre, y la medida de suspensión provisional será consultada ante la Sala de Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.   Sobre la participación en política de funcionarios públicos, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ha sostenido en diversos espacios “que los mandatarios locales tienen que entender, y no pueden desconocer, que ya no están mandando para su partido o movimiento político, sino que están al servicio de la ciudadanía”. Tomado de Procuraduría General de la Nación. 

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La democracia colombiana galardonada con el World Peace & Liberty Award

El presidente de Colombia, Iván Duque, fue el encargado de clausurar esta edición del World Law Congress y recogió de manos del Rey Felipe VI el World Peace & Liberty Award, que otorga la World Jurist Association.   Lo hizo en representación de la sociedad colombiana, reconocida con este galardón por ser la democracia más longeva de la región, y lo cual repercute en el fortalecimiento y promoción de la libertad y el Estado de Derecho por encima de las vicisitudes. Iván Duque aseguró que “la democracia colombiana ha sido sólida y será solida porque ha pasado las pruebas más arduas, ha enfrentado guerras civiles, el terrorismo, el narcotráfico, los avatares de los desastres naturales y ha tenido que someterse a pruebas exigentes, pero nos llena de alegría que sea una de las más antiguas de todo el continente”. En esta línea reconoció que “la democracia es un triunfo para regular las actividades humanas, renovar los liderazgos y dejar en la libertad del pueblo la toma de decisiones”. Para Duque, “es un deber moral levantar la voz contra la dictadura de Maduro, porque guardar silencio es ser cómplices. Actuar en el marco de la legalidad, del derecho internacional, denunciar ante la Corte Penal Internacional a ese régimen es lo que esperan nuestros pueblos de nosotros. Extender la mano amiga a quien quiere tener esperanza es un imperativo categórico”. Por su parte, el Rey Felipe VI, receptor del World Peace & Liberty Award 2019, destacó “el firme compromiso de España con Colombia en su papel como socio estratégico iberoamericano”, y reconoció que “nuestro gobierno, nuestras instituciones, nuestra cooperación y nuestra comunidad jurídica seguirán apostando por este país y sus ciudadanos”. De la democracia colombiana dijo que “se ha mantenido con firmeza frente a los riesgos y va a sentirse reconocida, confortada y alentada por esta importante distinción, porque está basada en la concordia, libertad e igualdad”. Añadió que “el Estado de Derecho no es solo garantía de la libertad, sino que es también un requisito esencial para lograr con estabilidad y justicia el desarrollo económico y social, porque el desarrollo debe construirse buscando la convivencia, garantizando la seguridad y favoreciendo el bienestar de todos los ciudadanos”. En el acto de entrega estuvo presente el presidente de la World Jurist Association, Javier Cremades, quien remarcó que “Colombia se ha convertido en el mejor país de la región, y es una de las pocas estrellas que brillan en el cielo de la libertad. Hoy los colombianos no se ven obligados a emigrar”. Subrayó, además, que “son una referencia y modelo para aquellos países que quieran cimentar sobre el derecho la paz y libertad de sus conciudadanos”. La expresidenta de la American Bar Association, Hilarie Bass, fue la encargada de leer el acta de concesión del premio World Peace & Liberty Award; y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, hizo la laudatio a la democracia colombiana. El director académico del World Law Congress y magistrado emérito del Tribunal Constitucional de España,  Manuel Aragón Reyes, puso voz a la lectura de la declaración de Barranquilla 2021. El acto de clausura, además, albergó la entrega de medallas de honor de la World Jurist Association que, en esta ocasión, se han entregado a Antonio Ramón Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles, Hilarie Bass, expresidenta de la American Bar Association, Patricie Lee Refo, expresidenta de la American Bar Association, a The World Justice Project, a los Constituyentes de la Constitución Política de Colombia 1991, a Cheol-Kyu Hwang, presidente de la Asociación Internacional de Fiscales Generales, a José Igreja Matos, presidente de la Unión Internacional de Magistrados, y a Reginald Turner, presidente de la American Bar Association. También se presentó el Rule of Law Index, de mano de Elizabeth Andersen, directora ejecutiva del World Justice Project. Viviane Reding, vicepresidenta de la World Law Foundation y ex vicepresidenta de la Comisión  Europea, leyó el acta de concesión del premio World Peace & Liberty Award que se entregará en 2022 a Angela Merkel, excanciller de Alemania. La 27ª edición del World Law Congress en cifras El World Law Congress Colombia 2021, que coincide con el 30º aniversario de la Constitución Política de Colombia de 1991 y los 200 años de la Constitución de Cúcuta, congregó a más de 2.500 asistentes provenientes de más de 60 países y ha tenido un programa protagonizado por 52 mesas redondas y más de 300 ponentes de talla mundial. Esta edición dará paso a la que se celebrará en Ginebra (Suiza) en 2023.

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