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Cancelaron sesión del Consejo de la Universidad Nacional por falta de quorum

Actualidad, EDUCACION, Gobierno, MinEducación / Erika Baute

La sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, que debió celebrarse este martes tuvo que ser aplazada al no presentarse varios de los consejeros. Se pudo conocer que el Consejo se quedó esperando a Diego Torres (representante docente), Ignacio Mantilla (representante de los exrectores) y a Verónica Botero (representante del Consejo Académico). A pesar de su ausencia, todos enviaron constancia a la Secretaria General de la Universidad, Amanda Mora. Por su parte la representante de los estudiantes Sara Jiménez, la representante tampoco hizo acto de presencia a la cita, cabe destacar que la joven había presentado su renuncia y el Consejo Superior Universitario (CSU) aún no la había aceptado formalmente. El consejo ante lo expuesto se pronunció mediante un comunicado donde se lee “Hacemos un llamado al Consejo Superior Universitario para que posibilite los escenarios de debate y toma de decisiones que sean pertinentes para buscar salidas a la crisis que afronta la universidad, en un diálogo con la comunidad universitaria que ha desarrollado múltiples ejercicios de deliberación y exigencia para ello”. En representación de los profesores Diego Torres, habría expresado que no consideraban prudente que el CSU sesionara ya que este encuentro podría interferir en acciones adelantadas por la Procuraduría General de la Nación y el Consejo de Estado. “No es aceptable que los suscritos miembros del CSU, deliberen y decidan sobre la situación actual del cargo de rector de la Universidad, lo cual por razones estrictamente legales que anexo al final de esta comunicación, implicaría que participemos en una sesión que pondría conllevar a una ilegalidad e incluso a un potencial delito por desconocer la designación realizada”, indicó el docente.

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Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación contra Iván Name y Andrés Calle

Actualidad, Cámara, Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, Corrupción, Corte Suprema de Justicia, Gobierno / Erika Baute

El escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres UNGRD, pica y se extiende y hasta ahora parece haber cobrado la cabeza de la Consejera para las regiones Sandra Ortíz, y el Secretario de Transparencia Andrés Idárraga, esto tras las espinosas declaraciones del exdirectivo de la polémica entidad Sneyder Pinilla. Ante el panorama reinante se pudo conocer que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inició indagación previa a Iván Name, presidente del Senado; y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes como resultado de las explosivas declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad, donde señala a los congresistas de haber participado en presuntos hechos de corrupción. Por ahora la tarea de la Corte será verificar la veracidad de lo dicho por Pinilla y si existen pruebas contundentes que den paso a la apertura de un proceso formal de investigación, contra los dos parlamentarios. Sneyder Pinilla ha manifestado abiertamente su disposición a aportar información a la Fiscalía General de la Nación, con la finalidad de esclarecer los presuntos sobrecostos en la compra de varios carrotanques para La Guajira. En donde entre otras cosas declaró a la prensa que por orden de su jefe el entonces director de la UNGRD Olmedo López, él habría repartido $4.000 millones entre los presidentes del Congreso y la Cámara, con el fin de acelerar la aprobación de las reformas del Gobierno Nacional. Asimismo aseveró que la plata salió de un contratista de la entidad encargado de la negociación de los carrotanques. Alianza Verde fijó posición Por la gravedad de las acusaciones se conoció que el partido Alianza Verde por medio de un comunicado de prensa, pidió la apertura de una investigación formal del Consejo de Control Ético de la colectividad en contra de Iván Name y la consejera presidencial para las regiones, Claudia Ortiz. Iván Name salió al paso a las acusaciones Como era de esperarse el presidente del Senado Iván Name, salió en defensa de su honorabilidad y también por medio de un comunicado de prensa, indicó que no conocía a Pinilla y que lo dicho por él no tiene veracidad alguna. “Frente a las acusaciones realizadas ante medios de comunicación por Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, a quien no conozco, manifiesto a la opinión públ ica, que dichas versiones no corresponden con la realidad”, manifestó el senador. Andrés Calle también se defendió Al mismo tiempo el actual Presidente de la Cámara de Represe ntantes aseguró que no tiene relación alguna con los hechos. “Inicialmente, quiero dejar claro que no he tenido relación alguna con dicho contrato, ni con ninguna otra actividad similar, es por eso que solicito a las autoridades que actúen con celeridad en este asunto, pero a la vez con total objetividad para que no se desvíe la atención con incriminaciones infundadas”. Enfatizó Calle.

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Defensa del Presidente Petro pidió archivar procesos contra el mandatario en el CNE

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, CNE, Congreso de la República, Democracia, Especiales, Gobierno, Investigación, Justicia / Erika Baute

La Defensa del Jefe de Estado de los colombianos ante el CNE en cabeza del abogado Mauricio Pava, solicitó al órgano electoral que los procesos administrativos que involucran el nombre de Gustavo Petro en las investigaciones por presunta financiación irregular de su campaña presidencial, sean remitidas a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Pava explicó que el Mandatario Nacional cuenta con fuero constitucional integral por lo cual no puede ser investigado por autoridades distintas al Congreso de la República, tal como lo establece la Constitución Política de Colombia. “La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha decantado ya suficientemente este aspecto y ambas corporaciones han determinado pacífica, reiterada y uniformemente, que se afectan garantías esenciales al Estado Social de Derecho cuando se permite que autoridad distinta a esta adelante investigación en su contra por hechos comprendidos por el fuero constitucional”, aseveró el jurista. Ante este panorama se procede a hacer la solicitud a la Comisión de Acusación de la Cámara requiera al CNE para que archive las actuaciones en curso “por falta de competencia”, o que remita “todos los procesos en curso en contra del presidente. “Solicito (…) que se requiera al Consejo Nacional Electoral para que archive cualquier proceso que se surta en esa entidad en contra del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, toda vez que carece absolutamente de competencia para ello. Y en especial, que se abstenga de tomar cualquier determinación que pudiera implicar la cesación en el cargo debido a que solo el Congreso tiene competencia para ello”, finalizó Pava.

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Gustavo Bolívar pidió a Sandra Ortiz su renuncia mientras es investigada por posibles hechos de corrupción

Actualidad, Congreso de la República, Economía, Fiscalía, Gobierno, Política, Presidencia, Regiones, Senado / Erika Baute

Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, se refirió en su cuenta de x a la polémica existente con la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, por un caso de presunto soborno que implicaría la gruesa suma de al menos $3.000 millones, al presidente del Senado Iván Name. Al respecto el alto funcionario expresó que Ortiz debe apartarse del Gobierno mientras se adelantan las investigaciones correspondientes por los hechos de corrupción señalados. “Sandra Ortiz, consejera de regiones, debe apartarse del gobierno mientras @FiscaliaCol determina si es cierta la grave acusación que hace Sneyder Pinilla sobre, haber llevado a Iván Name 3.000 millones de la corrupción en UNGRD”, indicó el Director de Prosperidad Social. Como es del conocimiento público, la Consejera para las Regiones Sandra Ortiz es investigada tras denuncia hecha por un exdirectivo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien indicó que la funcionaria habría intentado sobornar con unos $3.000 millones al presidente del Senado Iván Name, los cuales tendrían que ver con lo negociado de los carrotanques de La Guajira que le costaron a los colombianos 46.800 millones de pesos. Asimismo, el exdirectivo de la UNGRD también aseveró que por la gravedad de sus denuncias teme por su vida. Por su parte, Sandra Ortiz ante las graves acusaciones de Pinilla, negó que lo dicho por él sea cierto y aseguró además que Iván Name, es su amigo, pero que nunca le ha llevado plata.

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Nueve militares fallecen en accidente de helicóptero en la vereda de Guaraperia al sur de Bolívar

Actualidad, Bolívar, Gobierno, MinDefensa / Erika Baute

Un helicóptero del MI con matrículas MI173395 del Ejército Nacional se accidentó en la vereda de Guaraperia, de la zona de Santa Rosa al sur de Bolívar y dejó un saldo de nueve efectivos muertos. Todo parece indicar que la aeronave que hace parte de la flotilla de aviones MI-17 que Colombia negoció con Rusia entre 1996 y 2009, fue hallada por lugareños instantes posteriores al registrarse el siniestro, por ahora se pudo conocer la identidad de parte de las víctimas, se trata del Mayor Edward Espinosa, el Teniente Coronel Jesús Carvajal, los sargentos Diego Ramírez y Michael Villanueva y el cabo Cristian Ordóñez Según versiones la base militar había perdido comunicación con la aeronave y al parecer, esta tardaba más de lo normal en llegar al complejo, por lo cual se activaron todos los protocolos de búsqueda y rescate. Cabe destacar que desde hace algunos meses se ha venido denunciando la falta de mantenimiento de al menos once aeronaves de este tipo por parte del Ministerio de Defensa, a lo que se argumentó en su momento que todo se debió al conflicto entre Rusia y Ucrania, al respecto Embajada rusa aseguró que, en febrero de 2023, el Ministerio otra vez detuvo el cumplimiento de sus obligaciones bajo los contratos vigentes y unilateralmente suspendió su ejecución.

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Exigen reevaluar cumplimiento del cese al fuego por parte del ELN

Cúcuta, DDHH, Defensa, ELN, Estado, Fuerza Pública, Gobierno, MinDefensa, Mininterior, Paz, Santander / revistacg

En su último informe, el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) pidió reevaluar el protocolo de cese al fuego pactado entre el ELN y el Gobierno Nacional. El aumento de extorsiones, secuestros y atentados contra la población civil a partir de enero del 2024 ha generado preocupación entre la ciudadanía, sobre todo por parte de quienes sufren la violencia en las regiones más apartadas del país. El país ha experimentado un escalamiento de la violencia debido a los enfrentamientos de grupos armados como el ELN y el Estado Mayor Central (EMC). De acuerdo con Indepaz, el ELN ha perpetrado por lo menos 8 ataques directos por mes contra comunidades, en lo que va del 2024. “En el caso del ELN es notorio el desescalamiento de las acciones a partir de agosto de 2023 cuando se instala el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego con este grupo armado. Sin embargo, en enero de 2024 hay un aumento que es considerable de 15 acciones y 18 en febrero, lo que se acerca al promedio del primer semestre de 2023 que era de 19 acciones.”, se lee en el informe. “En promedio los ataques directos a la población civil han sido de 8 por mes, las disputas o enfrentamientos con otros grupos armados, así como los enfrentamientos con Fuerza Pública han sido de 4 por mes. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de evaluar los protocolos y su cumplimiento que parecen tener múltiples interpretaciones por las partes”, agrega. Ante esta grave situación humanitaria, líderes sociales de departamentos como Cauca, Nariño y Norte de Santander han hecho llamados urgentes al Gobierno, pero no han recibido una respuesta clara. Líderes comunitarios de Cúcuta aseguran que no tienen garantías para ejercer su labor. “Ahora el miedo y la incertidumbre está, no solamente en nosotros como líderes sociales, sino que también en cada una de las personas que habitan la ciudad”, indicó la lideresa social de Cúcuta, Yuleima García, a medios locales.

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Preocupación en el Valle por plan de las Farc para secuestrar diputados

CAUCA, Colombia, DDHH, Fuerza Pública, Gobierno, MinDefensa, Valle del Cauca / revistacg

En un documento revelado por medios de comunicación inteligencia militar alertó sobre un plan que estarían adelantando las disidencias de las Farc para secuestrar diputados en el Valle del Cauca y Cauca. De acuerdo con la información, el bloque Carlos Patiño del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc estaría detrás de este plan. Esta columna ha recibido duros golpes por parte del Ejército Nacional en los últimos días. Este jueves 25 de abril fueron abatidos 15 miembros de esta estructura y 29 resultaron capturados; además, se rescataron unos veinte menores de edad que se encontraban bajo su poder, en medio de enfrentamientos en el municipio de Argelia, al occidente del Cauca. El Conjunto N.2 Sur del Ejército ya se encuentra trabajando en la seguridad de los diputados y sus familias, reforzando la presencia de tropas cerca a sus residencias. El presidente de la Asamblea del Valle, Felipe López, rechazó las amenazas de este grupo armado. “No nos vamos a dejar intimidar; los buenos somos más y desde la Asamblea Departamental enviamos un mensaje rotundo. La criminalidad no va a primar en el Valle del Cauca, estas son intimidaciones que utilizan los bandidos porque les están dando duro, porque la Fuerza Pública está haciendo su trabajo”, señaló López a través de X.

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Pablo Beltrán llamó “perfidia” al Gobierno Nacional y dijo que era peor que el de Iván Duque y Juan Manuel Santos

Actualidad, DDHH, DEBATE, Gobierno / Erika Baute

El Eln en cabeza de su líder Pablo Beltrán anunció dificultades en medio de las conversaciones de paz que llevan con el Gobierno Nacional, e incluso dijeron que éstas atraviesan “su peor momento” por lo que estarían evaluando el cese al fuego. Por su parte Vera Grabe la jefa negociadora del Gobierno Nacional con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) rechazó los calificativos del líder de esa guerrilla, al señalar de “perfidia” al Gobierno Nacional, “No se pueden admitir ese tipo de pronunciamientos y ese tipo de calificaciones cuando el gobierno ha dado todas las posibilidades para que esta paz avance”, expresó Grabe Como es del conocimiento público, las conversaciones entre el Eln y el Ejecutivo Nacional, iniciaron en noviembre de 2022, desde entonces han sido constantes los desencuentros manifestados por ambos sobre presuntas violaciones a las conversaciones ocasionando un quiebre en el polémico proceso. Beltrán indicó puntualmente que en su organización están “muy ofendidos” con el gobierno nacional que incluso Petro sería “peor” que Iván Duque el liberal Juan Manuel Santos. “Nunca un Gobierno había estirado tanto la cuerda como esta vez (…) Llevo 10 años como jefe de esta delegación y es el peor momento que he enfrentado”, aseveró el jefe del Eln.

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Para la Andi el 87% de usuarios prefiere elegir dónde hacer sus aportes de pensiones

Actualidad, Gobierno, MinSalud / Erika Baute

La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) entregó resultados de la Encuesta del CNC de Percepción del Sistema Pensional 2024, que establece que el 87% de los colombianos considera que es fundamental poder decidir la empresa dónde hacer sus aportes de pensión y, paralelamente, el 83% indicó que prefiere que sus aportes sean consignados en una cuenta de ahorro individual a su nombre, con fines de garantizar su pensión y tener la oportunidad de que ésta genere ganancias a largo plazo. Según el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, “los colombianos están muy preocupados por los cambios” que se promueven desde la administración Petro, asimismo destacó como positiva la creación del pilar solidario, pero, a su juicio este debe emplear recursos del Estado. La Andi, aseguró también que el 72% de los encuestados aprueba que su ahorro pensional sea consignado en una cuenta administradas por expertos y el 28% prefiere que los recursos sean garantizados por parte del Gobierno Nacional. Con referencia a la Reforma Pensional y al umbral de cotización establecido en el articulado el 49% de los consultados expresó que prefiere que no haya ninguno, el 24% indicó que estaría de acuerdo con que el umbral sea de un salario mínimo y solo el 12% dijo que estaría de acuerdo con que el umbral sea de 3 salarios mínimos. Asimismo, el 64% de los consultados señaló que teme que haya posibles cambios en los requerimientos para pensionarse, tales como incremento en la edad de pensión o en las semanas cotizadas. A su vez, el 40% indicó que la reforma aumentará solo las personas subsidiadas en el sistema, mientras que el 19% cree que no afectará el número de personas que se pensionen. El informe destaca igualmente que el 88% de los encuestados se manifestó de acuerdo con que los subsidios para personas mayores de 65 años sin ingresos deben ser financiados por el Estado y, en esta misma línea, el 63% de los encuestados no aprueba que sus ahorros sean utilizados para financiar las pensiones de otras personas. Finalmente, la Andi destaca que la consulta fue realizada a partir de 2.791 encuestas que estadísticamente representan la opinión de 37.647.173 colombianos mayores de 18 años.

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Procuraduría solicitó a JEP incluir ‘falsos positivos’ de Comuna 13 de Medellín como bajas en combate

Actualidad, Antioquia, DDHH, Derechos, Fuerza Pública, Gobierno, MinDefensa, Paz, REGIONALES / Erika Baute

26 casos ocurridos en estas zonas urbanas que no aparecen en el registro oficial motivaron a la Procuraduría General de la Nación a solicitar a la JEP evaluar la posibilidad de incluir las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública, (Falsos Positivos), en hechos acaecidos en la Comuna 13 de Medellín y la región de Valle de Aburrá, como un nuevo patrón macrociminal para ser indagado con intención de hacer prevalecer la justicia y la reparación de las víctimas. Jairo Acosta, procurador delegado ante la JEP, indicó que estos crímenes que habrían sido cometidos por el Ejército Nacional, tuvieron unas características especiales en términos de modalidad de ejecución, contexto y tipo de víctimas, por lo cual se solicitó que se configure en el documento de petición una modalidad de patrón única, que inicie desde el año 2002. “Este despliegue operacional concluyó en once acciones en las comunas de Medellín y el Valle de Aburrá durante el año 2002, las cuales se vieron acompañadas por serias denuncias de violaciones a los derechos humanos y sobre la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en operaciones contrainsurgentes en alianza con grupos paramilitares”, aseguró la Procuraduría sobre cómo se dieron estas ejecuciones extrajudiciales. “La alta afectación en Medellín, en comparación con los otros municipios, es un indicador de que el fenómeno de ejecuciones extrajudiciales durante 2002 y 2003 se concentró en un territorio urbano cuya caracterización merece una especial atención”, se lee en el texto de observaciones.

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