26 casos ocurridos en estas zonas urbanas que no aparecen en el registro oficial motivaron a la Procuraduría General de la Nación a solicitar a la JEP evaluar la posibilidad de incluir las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública, (Falsos Positivos), en hechos acaecidos en la Comuna 13 de Medellín y la región de Valle de Aburrá, como un nuevo patrón macrociminal para ser indagado con intención de hacer prevalecer la justicia y la reparación de las víctimas.
Jairo Acosta, procurador delegado ante la JEP, indicó que estos crímenes que habrían sido cometidos por el Ejército Nacional, tuvieron unas características especiales en términos de modalidad de ejecución, contexto y tipo de víctimas, por lo cual se solicitó que se configure en el documento de petición una modalidad de patrón única, que inicie desde el año 2002.
“Este despliegue operacional concluyó en once acciones en las comunas de Medellín y el Valle de Aburrá durante el año 2002, las cuales se vieron acompañadas por serias denuncias de violaciones a los derechos humanos y sobre la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en operaciones contrainsurgentes en alianza con grupos paramilitares”, aseguró la Procuraduría sobre cómo se dieron estas ejecuciones extrajudiciales.
“La alta afectación en Medellín, en comparación con los otros municipios, es un indicador de que el fenómeno de ejecuciones extrajudiciales durante 2002 y 2003 se concentró en un territorio urbano cuya caracterización merece una especial atención”, se lee en el texto de observaciones.