junio 16, 2026

regiones

JEP anuncia que no perseguirá penalmente a miembros de la fuerza armada pública por falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) notifico la decisión que tomó, dejando en claro, que renunciará a la persecución penal de 16 miembros de la fuerza pública. Esto debido a que, no fueron identificados como culpables de los crímenes cosméticos en las regiones del Meta y Santander, en los años 2005 y 2006. Está decisión, después de consultar los aportes de verdad y las acciones de reparación de las víctimas. De esta manera,se llegó a la conclusión de expulsar a 2 excombatientes por no cumplir con acuerdos estipulados. De manera detallada, el primero de ellos, Luis Alberto Camargo Pinzón, fue expulsado por participar en sucesos, que mantuvieron el conflicto armado después de la firma del Acuerdo de Paz. El segundo conocido como Dumar Vargas Rivera, perdió sus beneficios por no aportar verdad plena y limitarse a cuestionar su condena en la justicia ordinaria. En ese sentido, las personas que se favorecen de esta decisión no tendrán que enfrentar procesos penales, ni en justicia transicional, ni en justicia ordinaria. Aún más, está medida beneficia a 5 exintegrantes del Batallón de Infantería No. 14 Capitán Antonio Ricaurte y 11 del Batallón de Infantería No. 19 General José Joaquín París Ricaurte (Bipar). Estos ex-miembros se les habían asignado proyectos judicial por los crímenes de desapariciones forzadas y asesinatos a civiles. Aunque estos actos son condenables, en esta ocasión se propició un beneficio dado que, estos individuos contribuyeron de la paz y la justicia. Además de ayudar en el proceso de reparación de las víctimas. Así que, a lo largo del proceso los excombatientes admitieron su participación en sucesos como el asesinato a 5 individuos protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Estos hechos se llevaron a cabo en Puerto Concordia, ubicado en el departamento del Meta y Lebrija en Santander. Finalmente, la JEP advirtió que, estos beneficios podrán ser revocados sino se cumplen con las condiciones estipuladas, que obedecen a la contribución a las víctimas del conflicto armado.

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En la Costa Pacífica de Nariño se presentan enfrentamientos

Recientemente, se presenta la preocupación de que la costa Pacífica de Nariño llegue al mismo índice de violencia que en El Catatumbo.  Esto debido a que las disidencias de las Farc han ganado fuerza en este territorio, buscando abastecerse de actividades ilícitas como son el comercio de coca y la minería del oro. El Ejército Nacional se enfoca en la zona rural de municipio de Los Andes, llevando a cabo la Operación Cordillera para combatir al frente Franco Benavides. Pero, también, debe enfrentar a dos estructuras de las disidencias de las Farc, ubicadas en Magüí Payán, ubicado en el denominado triángulo del Telembí del departamento de Nariño. Por consiguiente, el general Federico Alberto Mejía de la Tercer División del Ejército reveló que a través de la Fuerza de Tarea Hércules y la Fuerza de Despliegue Rápido No. 2 en el marco del Plan Ayacucho, por tierra, mar y aire se han ejecutado operaciones militares para combatir a los grupos al margen de la ley que hacen presencia en el Litoral Pacífico nariñense. De la misma manera, se dio a conocer que se capturaron siete integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 30 Rafael Aguilera de las disidencias de las Farc, entre ellos alias ‘Topo’, líder de este grupo. Asimismo, se consiguió desarticular una subcomisión de alias ‘Meromacho’, perteneciente al mismo grupo armado ilegal que delinque en la vereda Merisalde del municipio de Magüí Payán. Lugar en el que se rescataron dos menores de edad que habían sido reclutados anteriormente por ese grupo. También, en el mismo municipio el Ejército entró a base del Grupo Armado Organizado Ariel Aldana, de la Segunda Marquetalia. Allí incautaron un arma corta, dos proveedores, cartuchos de diferentes calibres y 300 gramos de marihuana, además de varios elementos de uso privativo de la Fuerza Pública y equipos de comunicación. Por otro lado, Federico Mejía afirmó que “La presencia activa de nuestras tropas en áreas críticas donde la Fuerza Pública durante muchos años no tenía injerencia, en razón a que estos grupos ilegales instrumentalizaban a la población civil”. Además, añadió que “son confrontaciones que se vienen dando en un área de especial interés para las estructuras criminales, dónde hay confrontaciones entre los bloques Jacobo Arenas y la Daniel Aldana que se disputan el control de las economías ilícitas como es el narcotráfico y el oro y pretenden generar un poderío para poder quedarse con el botín”.

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El gabinete presidencial debatirá crisis humanitaria en el Catatumbo

Tras superar el impasse con el Gobierno de los Estados Unidos, ocurrido el fin de semana, el cuerpo ministerial retoma actividades para atender la crítica situación que en el Catatumbo enfrentan sus habitantes, así las cosas, habrá viaje de los altos funcionarios al Norte de Santander para reunirse y establecer los términos de la ejecución del decreto de Conmoción Interior con el que se pretende recuperar la paz y funcionalidad de la región. La cifra de personas desplazadas según el último balance del Puesto de Mando Unificado (PMU) alcanzó a 48.000 lo cual genera preocupación por el desarrollo de las comunidades y personas que han tenido que movilizarse en busca de resguardar sus vidas. Varios días de episodios bélicos han afectado grandemente la zona dejando más de 100 personas muertas y 48.004 desplazados. Por medio de su cuenta de x Gustavo Petro Urrego, confirmó que este lunes habrá una reunión de todo el gabinete ministerial en ese municipio con el fin de “expedir los decretos de conmoción interior que darán vida al pacto social en el Catatumbo”. De igual forma anunció que definirán la “financiación de la operación militar para consolidar el control del estado en la frontera”. Por su parte las Fuerzas Militares han hecho un despliegue de unidades ubicadas en Tibú, Norte de Santander. Allí se logró el sometimiento a la justicia de 84 guerrilleros, quienes, al parecer, de acuerdo con un video de las Fuerzas Militares, se habrían entregado de forma voluntaria.

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Lista rotación de pico y placa en Medellín para primer semestre de 2025

Secretaría de Movilidad de Medellín anunció rotación del Pico y Placa de la capital de Antioquia para el primer semestre del 2025, este cronograma entrará en vigencia a partir del 3 de febrero primeramente con una semana pedagógica. Cabe destacar que este esquema responde a un estudio técnico realizado con la finalidad de que ningún dígito repitiera día de la semana. Asimismo, Movilidad anunció que esta rotación mantendrá las mismas condiciones del 2024 y que se formuló con base en un estudio técnico sin sorteos. En ese sentido desde el próximo 3 de febrero y, posiblemente, hasta la última semana de julio del presente año, el esquema de rotación de la restricción de movilidad quedó estipulado de la siguiente manera: lunes: 3-4, martes: 2-8, miércoles: 5-9, jueves: 1-7 y viernes: 0-6. En referencia a los horarios seguirán siendo los mismos, 5:00 de la mañana, a 8:00 de la noche y por ahora no se tiene previsto incrementar los dígitos de por cada día, con este esquema la alcaldía pretende restringir la circulación de al menos 200.000 automotores por día, entre carros, motos y taxis. Cabe destacar que quienes conduzcan en horarios y días no permitidos serán objeto de sanciones pedagógicas, entre las que se cuentan realizar un curso en un establecimiento avalado por el Ministerio de Transporte. Posterior a la semana pedagógica, es decir desde el lunes 10 de febrero, quienes incumplan con esta medida se harán merecedores a una multa de 604.100 pesos, según el valor establecido en Unidad de Valor Básico (UVB), medida con la cual se establecen los valores de las sanciones de tránsito desde 2024 (la multa equivale a 52,29 UVB).

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El aplazamiento de las elecciones atípicas en Putumayo desata debate

En el departamento de Putumayo, se tenía previsto realizar las elecciones atípicas para escoger al gobernador del Putumayo y al alcalde del municipio de Puerto Guzmán. Inicialmente, estos comicios se tenían programados para el día 9 de febrero. Sin embargo, esta fecha debe ser aplazada, debido a que el Ministerio de Hacienda no ha realizado la transacción correspondiente a los recursos necesarios, en el tiempo establecido, para la organización, contratación de bienes y servicios para estas elecciones. En consecuencia, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia del gobierno, dio a conocer su opinión, asegurando que: “¿Cómo es que planificaron unas elecciones en diciembre y a 20 días dicen que no hay plata? Eso no me cuadra”. En ese sentido, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, dirigida por Hernán Penagos, reconoció que esta “no cuenta con la asignación presupuestal para la contratación de bienes y servicios requeridos para su organización”.  Esto debido a que “simplemente las fechas están muy encima”. Además, la entidad manifestó preocupación por las condiciones de acceso al municipio. Por lo que, se ha desatado debate entre el gobierno actual del presidente Gustavo Petro Urrego y la Registraduría frente al aplazamiento de las elecciones. Frente a lo anterior, el director de Departamento de Planeación Nacional (DPN), Alexander López, emitió el decreto de aplazamiento presupuestal.  Por ende, muchos de los recursos destinados a los comicios quedaron detenidos hasta la obtención de nuevos recursos. Esto quiere decir, que entre mayor tiempo se tarden los recursos en ser efectuados, más tiempo se requerirá para la logística de elecciones de Putumayo y otras regiones del país como son:  Pamplonita (Norte de Santander) y El Rosario (Nariño).

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El PAE será ejecutado por juntas de acción y asociaciones de padres y madres en el Huila

En cumplimiento del mandato del presidente Gustavo Petro, la Entidad Territorial Certificada del Huila inicia la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en zonas rurales dispersas, a partir del lunes 20 de enero de 2025 con la vinculación de cuatro Asociaciones de Padres de Familia y dos Juntas de Acción Comunal, fortaleciendo la participación comunitaria.   Con el objetivo de cerrar brechas educativas, sociales y alimentarias en las zonas rurales dispersas, el departamento del Huila se convierte en uno de los primeros en Colombia donde el Programa de Alimentación Escolar (PAE) es operado directamente por organizaciones de padres y madres de familia y juntas de acción comunal. Desde 2020, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UAPA), en alianza con el Banco Mundial, ha liderado el desarrollo de un piloto para el PAE Rural Disperso en departamentos como Nariño, Chocó, Córdoba, Guainía y Huila. En este último, los avances obtenidos en los últimos dos años han sido cruciales, materializándose en 2025 con la operación del programa a cargo de asociaciones civiles. El trabajo conjunto entre la Entidad Territorial Certificada (ETC) de Huila y la UAPA, reglamentado a través de la Resolución 374 de 2024, permitió estructurar un plan de trabajo con 10 instituciones educativas en 8 municipios del departamento. Este proceso incluyó jornadas de capacitación dirigidas a asociaciones de padres de familia y juntas de acción comunal sobre la operación del PAE en contextos de ruralidad dispersa. Gracias a este esfuerzo, el programa inicia su prestación en seis sedes educativas ubicadas en cinco municipios del Huila, beneficiando a los estudiantes con la entrega de más de 20.000 raciones alimentarias. “El amor se ve representado en compartir un plato de comida”, expresó el ministro de Educación Daniel Rojas Medellín, durante el lanzamiento del programa, quien destacó cómo el vapor de un sancocho bien hecho o el sabor de unas achiras huilenses contienen un mensaje de unión y afecto. Según Rojas Medellín, el PAE no es “un programa cualquiera” y debe estar en manos de quienes comprenden y valoran los territorios y sus necesidades. El Ministro celebró la Resolución 374 de 2024, que busca fortalecer la provisión alimentaria en zonas rurales y dispersas, y abogó por su extensión a todo el país. “Esta resolución tiene que enseñarles a quienes se oponen que las juntas de acción comunal, quienes conocen como nadie los territorios, son capaces de construir un futuro mejor”, afirmó. Jenny Rodríguez, madre de familia de la Institución La Ceja, Mesitas del municipio de Aipe, expresó su satisfacción por esta apuesta. “Para nosotros fue motivo de alegría y aceptación que desde el PAE departamental fuéramos tenidos en cuenta, porque ¿quién mejor que los padres de familia para operar y supervisar la alimentación escolar de nuestros hijos? Poder prepararles alimentos frescos con productos de la zona y sazonadores autóctonos, además de la inclusión de la olla comunitaria, fueron los principales atractivos de este modelo.” Expresó, Entre tanto, Sebastián Rivera Ariza, director nacional de la Unidad de Alimentos para Aprender, expresó. “Reconocemos al departamento del Huila como pionero en Colombia, junto a otras 14 entidades territoriales, en democratizar la operación del PAE. Tener más manos ejecutando el programa y más aliados en los territorios, como las juntas de acción comunal y las asociaciones de padres y madres de familia, es una instrucción directa del presidente de la República y del ministro de Educación, Daniel Rojas.” El Gobierno del Cambio sigue promoviendo la implementación del PAE Rural Disperso, logrando la participación de 15 ETC en el país, incluyendo Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Córdoba, Chocó, Florencia, Lorica, Magdalena, Nariño, Popayán, Tolima y Huila. La meta es que para 2026, todas estas entidades adopten plenamente el modelo, siguiendo el ejemplo del Huila, que hoy lidera este esfuerzo.

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Suspensión del muelle 13 se mantiene “Aquí no hubo un plan de manejo ambiental”

Tras la polémica expuesta entre la ANLA Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Ventura Group, este último operador del muelle 13 del Puerto de Buenaventura, por la suspensión de las operaciones del referido muelle. El Gobierno Nacional en vocería de MinAmbiente, MinTransporte y el DNP cuestionaron la no revisión de condiciones de la cuestionada concesión. Al respecto la ministra de Transporte, María Constanza García; la ministra de Ambiente, Susana Muhamad y el director del DNP, Alexander López refieren que esta decisión de suspender las operaciones permanecerá en vigencia, la ministra de Ambiente expresó “Aquí ni hubo un plan de manejo ambiental”. Muhamad indicó que en el marco de esta concesión llama la atención que no se revisaran las condiciones de operación. “No son temas menores, lo que abre este expediente es un gran proceso de irregularidades que podrían afectar la moralidad pública y el ambiente”. Contexto Como es del conocimiento público la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Ventura Group, se dio a partir de inicios del 2025 cuando la Anla tomó la decisión de suspender dichas operaciones por al parecer malos manejos ambientales. Condiciones insalubres Ante la decisión el Gobierno Nacional encomendó a la ministra de Ambiente Susana Muhamad para realizar una visita de constatación del estado real del referido muelle 13 de Buenaventura, la cual realizó el pasado 10 de enero, según el informe presentado por la alta funcionaria las condiciones de insalubridad del lugar eran evidentes, por ejemplo el almacenamiento de los granos reflejó un alto estado de descomposición. De igual forma se constató que el Plan de Manejo Ambiental estaba desactualizado desde 2002. La Procuraduría Por su parte la Procuraduría General de la Nación, cuestionó las competencias de la Anla para suspender esta concesión, de hecho, el Ministerio Público estaría evaluando posibles irregularidades en dichas decisiones administrativas. Al respecto Susana Muhamad aseguró que la competencia de la Anla estaría avalada por un juez de Buenaventura que suspendió el plan de manejo ambiental del muelle 13 y le “ordenó a la Anla asumir la competencia y el expediente”. También explicó “No solamente teníamos las pruebas. El Estado también demandó y el juez le dio la razón”. Ventura Group denunció ‘Crisis laboral’ Entretanto el presidente de Ventura Group Álvaro Rodríguez, declaró que la medida del Gobierno Nacional resultó afectando a 500 empleos entre directos e indirectos. Afirmaciones que posteriormente fueron categóricamente desmentidas por el director del DNP Alexander López asegurando que los trabajadores no son de planta y la afectación es la que sostiene Ventura Group.

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JEP y la UBPD hallan nuevos cuerpos en La Escombrera

Los equipos forenses de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontraron nuevas estructuras óseas que permiten identificar dos nuevos cuerpos. Estos hallazgos serán enviados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) para que se surtan los análisis de identificación pertinentes. Estos resultados se dieron luego de la reactivación de la intervención forense, el pasado 7 de enero, y tras la medida cautelar que ordenó la JEP para proteger La Escombrera, ubicada en la Comuna 13 de Medellín, bajo la presunción que podrían hallarse cuerpos de víctimas de desaparición en el marco del conflicto armado. Con el objetivo de avanzar en la identificación de estos hallazgos, es indispensable que las personas que tengan a un familiar desaparecido en esta zona del país y que aún no hayan aportado sus muestras de ADN lo hagan. Les invitamos a acercarse a cualquiera de las sedes de la Unidad de Búsqueda a nivel nacional, o comunicarse a la línea 018000-117175, con el fin de realizar las tomas de muestras biológicas. Las entidades del Sistema Integral para la Paz, JEP y Unidad de Búsqueda, reiteramos nuestro compromiso con las familias y organizaciones de víctimas para avanzar en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos en hechos relacionados con el conflicto armado. El 21 de enero se entregará el primer balance quincenal de los hallazgos, respetando el protocolo acordado con las mujeres y familias buscadoras. Solo hasta esa fecha se permitirá el registro por parte de medios de comunicación.

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Policía Nacional exige liberación de intendente e ingeniero secuestrados en el Chocó

Se cumplen 8 días de la privación de libertad del intendente de la Policía, Mauricio Vargas y el ingeniero Miguel Andrés González, quien se desempeña como contratista de la Alcaldía de Istmina (Chocó), quienes fueron secuestrados en el departamento del Chocó. En las últimas horas y ante los hechos, la Policía Nacional hizo un llamado a la liberación de estos dos funcionarios y rechazaron enfáticamente estas prácticas, al referirse al intendente expresaron “Colombia y su familia lo esperan. ¡Libérenlo Ya!”. En recientes declaraciones Iván Vargas, hermano del intente Mauricio Vargas, explicó que la información del secuestro de su familiar se ha mantenido bajo reserva y que las entidades negociadoras han mantenido un poco al margen de la situación a la familia. Por otra parte, se pudo conocer que, al parecer la guerrilla del ELN estaría implicada en estos secuestros y tendría la voluntad de liberar tanto al uniformado como al ingeniero “No hemos podido tener pruebas directas de él. Sin embargo, las delegaciones que se encuentran en la zona han manifestado que se han podido comunicar con él y que se encuentra sano y salvo”, manifestó  Iván Vargas.

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En cementerio de Pitalito, 23 cuerpos de personas dadas por desaparecidas fueron recuperados

De acuerdo con la Unidad de Búsqueda, estos cuerpos corresponderían a personas de diferentes departamentos del país que fallecieron y posteriormente desaparecieron en hechos relacionados con el conflicto armado en municipios del Huila y el Macizo Caucano. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) informó que luego de dos semanas de trabajo en el Cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, en el Huila, se logró la recuperación de 23 cuerpos en este camposanto, que correponderían a personas desaparecidas en acciones del conflicto armado en esta zona del país. De acuerdo con Isaac Giraldo, investigador humanitario y líder del Plan Regional de Búsqueda Sur del Huila de la UBPD, estos cuerpos corresponderían a personas oriundas de departamentos como Caquetá, Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Tolima, Cesar y Huila que fallecieron en hostilidades del conflicto armado ocurridas en municipios del sur del Huila y el macizo Caucano entre 1997 y 2012, los cuales fueron dispuestos como Cuerpos No Identificados (CNI) o como Cuerpos Identificados No Reclamados (CINR). “Este cementerio es uno de los sitios de interés forense más relevantes para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el sur del país, porque allí podrían estar inhumadas alrededor de 90 personas que serían víctimas del conflicto armado desde 1993 hasta el momento de su clausura”, explicó Giraldo. Aunque el objetivo para esta primera intervención era recuperar 16 cuerpos, las características de disposición múltiple en sepulturas que se creían individuales obligó a multiplicar los esfuerzos. El trabajo articulado entre los equipos de la UBPD en Caquetá, Huila y Putumayo, que conforman la Regional Sur, permitió superar las expectativas iniciales y recuperar un mayor número de estructuras óseas. Diego Sevilla, coordinador de la Unidad de Búsqueda para el Huila, destacó la participación de quienes serían los seres queridos de algunos de los cuerpos recuperados. Entre ellas estuvo Suleny*, quien viajó hasta Pitalito junto con su madre con la ilusión de encontrar respuestas sobre el paradero de su hermana Leidy Marcela*, desaparecida hace 12 años. “Gracias a las esperanzas que no se pierden y, en este caso, a la búsqueda impecable que hizo este grupo, se nos da la posibilidad de algo que creíamos imposible: ya dimos con mi hermanita. Y aunque se va a tomar su tiempo porque viene el proceso de identificación, ya tenemos prácticamente la certeza de que es ella y eso nos da tranquilidad” expresó Suleny. Al finalizar la intervención, en el Cementerio San Antonio de Padua se realizó un acto simbólico de memoria y dignificación de las personas dadas por desapare cidas en esta región en el marco del conflicto armado, en el cual se reconoció la búsqueda que durante décadas han adelantado sus familiares y organizaciones Sociales. En la actividad de memoria hicieron presencia representantes de organizaciones sociales, instituciones locales y firmantes del Acuerdo de Paz, quienes expresaron sus mensajes de solidaridad y compromiso con la búsqueda, a través de una ceremonia de la luz que simbolizó la esperanza que ilumina el camino para encontrar a las personas dadas por desaparecidas. Enrique Chimonja Coy es familiar buscador, líder comunitario de Palestina -un municipio del Huila, e integrante de la organización Comunidades Construyendo Paz en Colombia (Conpazcol). Llegó hasta el cementerio en su bicicleta, en la que ha recorrido medio país con el mensaje “¿Dónde están? Ayúdanos a encontrarlos” y reconoció la importancia del trabajo adelantado. “Para las personas buscadoras, el tiempo no importa. Lo que importa es el amor a la vida, el amor a nuestros seres queridos (…) Hoy podemos decir que, en medio del dolor, celebramos actos como el que ha ocurrido en Pitalito y en esa misma esperanza seguimos luchando para que a nuestros desaparecidos podamos hallarlos en algún momento, ojalá más temprano que tarde”, expresó Chimonja.  Esta acción humanitaria fue posible gracias a la colaboración de diversas organizaciones e instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), la Alcaldía Municipal de Pitalito, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CAM), la Parroquia San Antonio de Padua, entre otras. Además, contó con los aportes voluntarios de información recopilados en el trabajo conjunto con la Corporación Humanitaria Reencuentros y firmantes del Acuerdo de Paz. Tres de los cuerpos recuperados fueron enviados al Instituto Nacional de Medicina Legal para su posterior análisis e identificación. Los restantes serán sometidos a un proceso de verificación de correspondencia post mortem, liderado por la Unidad de Búsqueda, con el fin de comparar lo observado en los cuerpos esqueletizados con la información registrada en los archivos de necropsia diligenciados al momento de la disposición de los cuerpos en el cementerio. Las personas que tengan seres queridos desaparecidos o información sobre el paradero de alguna persona desaparecida pueden comunicarse a la línea celular 3160174564 (en Huila) o la línea nacional 018000-117175. La información proporcionada será tratada con total confidencialidad y sin el objetivo de buscar responsabilidades, siempre con el fin de contribuir a la búsqueda humanitaria y extrajudicial.

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