mayo 1, 2026

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Ricardo Bonilla, habría denunciado a Ricardo Roa y a Nicolás Alcocer por presunta injerencia en hidroeléctrica de Urrá

Ricardo Bonilla, al parecer habría denunciado ante la Fiscalía General de la Nación al presidente de la Estatal petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa, así como a Nicolás Alcocer, hijo de la primera dama Verónica Alcocer por presunta injerencia en las decisiones relacionadas tomadas con la hidroeléctrica de Urrá S.A. Se pudo conocer que Bonilla, supuestamente presentó dicha denuncia el pasado 28 de noviembre de 2024, luego de que, al parecer el alto funcionario recibiera mensajes anónimos en WhatsApp sobre supuestas irregularidades en contratos suscritos de la hidroeléctrica. Recordemos que la hidroeléctrica está ubicada entre de los municipios de Tierralta y Valencia, Córdoba, siendo el Estado colombiano su mayor accionista. El mensaje anónimo habría advertido a Bonilla sobre un posible conflicto de intereses y colusión en la contratación de Urrá S.A. ESP. Se dijo además en el anónimo que funcionarios y contratistas externos, como Juan David Díazgranados Garzón y William Tadeo Amín Burgos, “habrían participado presuntamente en procesos licitatorios con pleno conocimiento interno y acceso privilegiado a la información técnica”, lo que traería como resultado el haber “favorecido de manera indebida a las empresas Positive Energy SAS y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería SAS”. La denuncia estaría basada en la supuesta presión ejercida por Nicolás Alcocer y Ricardo Roa sobre la Junta Directiva de la hidroeléctrica con el propósito de tomar control de la compañía y favorecer a aliados cercanos en la adjudicación de contratos, especialmente en el proyecto Parque Solar URRÁ 19.9, que lleva más de dos años de retraso.

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Aeronáutica Civil pone en riesgo a pasajeros del Aeropuerto El Dorado, denuncia senador Ariel Ávila

El senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, denunció inconsistencias en los procedimientos de seguridad del Aeropuerto El Dorado. De acuerdo con el congresista, el aeropuerto, que supuestamente es uno de los más modernos del país, presenta varias dificultades para realizar las labores de control aéreo. Los funcionarios que acompañan el despegue y aterrizaje de los aviones estarían trabajando con un radar de superficie desactualizado que no funciona correctamente.  “El control de tráfico aéreo lo llevan los funcionarios que se deben apoyar en diferentes herramientas tecnológicas. El primer caso complicado es el del radar de superficie, que fue adquirido en 2013 y no ha funcionado correctamente desde entonces; el radar fue comprado a la empresa INDRA por un valor $1400 millones dentro de un contrato para adquirir otros equipos por un valor de $62 mil millones”, explicó el senador a través de sus redes sociales. Asimismo, Ávila explicó que las dificultades operativas son tan frecuentes que en condiciones de poca visibilidad el aeropuerto pasa de atender 34 aterrizajes por hora a solo 12.  “Por las fallas del radar, en días de baja visibilidad se pasa de atender 34 aterrizajes por hora, a 12, una reducción del 65%; por eso por lo general se atrasan dos o tres horas”, indicó. Por eso, el senador citó a debate de control político a la Aeronáutica Civil en la Comisión Primera del Senado en octubre, sobre todo para que aclaren las dudas existentes en la compra del radar. Por otro lado, Ávila interpuso una denuncia por las condiciones laborales de los funcionarios del Aeropuerto. Según explica, existe una sobrecarga de trabajo hacia los controladores aéreos como consecuencia de la inoperatividad del radar y malas condiciones en los casinos y baños del personal.

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Fiscalía anuncia apertura de investigación por adquisición de software Pegasus

  La Fiscalía General busca determinar responsabilidades por uso ilegal de software Pegasus. El ente de control anunció la apertura de una investigación para determinar responsables, luego de la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre la adquisición del software de espionaje Pegasus durante el gobierno de Iván Duque. De acuerdo con el mandatario, habrían sido entregados $11 millones con autorización de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), para la compra de este software israelí. El presidente Petro denunció que una maleta con once millones de dólares salió de Colombia hacia Israel para la compra de este software espía que, según el mandatario, fue utilizado por las fuerzas de Gobierno de ese entonces para interceptar los celulares y equipos de miembros de la oposición. El primer mandatario dio órdenes al general de la Policía Nacional, William Salamanca, para entregar la información correspondiente a la Fiscalía.   “La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia activó esta nueva línea de trabajo para investigar judicialmente los hallazgos del informe de transacciones inusuales, mediante el cual la entidad de investigaciones financieras de Suiza habría transmitido a la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), el reporte de la compra en efectivo del software espía por once millones de dólares”, indicó el ente de control a través de un comunicado.  “La indagación busca establecer, entre otros aspectos, si la negociación entre la DIPOL y la empresa NSO Group se concretó y, si la compra se realizó, cuál fue el origen del dinero, qué implicó el traslado de efectivo de Colombia a Israel, y si esta información fue entregada a la UIAF Colombia por la Unidad de Inteligencia Financiera de Suiza”, agrega.

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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) verificará permisos de Coca Cola para extraer agua de manantiales de La Calera

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)  anunció la apertura de una investigación tras denuncias contra Coca Cola.  Habitantes de La Calera, Cundinamarca, denunciaron que la multinacional de gaseosas estaría extrayendo agua de los manantiales aledaños al municipio aún en medio de la crisis que vive la región por la sequía de los embalses. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Coca Cola cuenta con concesiones desde 1984. “La información que tenemos en redes sociales se refiere a una concesión que otorgó la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en 1984; en este momento, una empresa presenta unas concesiones para la extracción de agua que hoy no son viables porque tenemos una problemática de escasez de agua”, indica la entidad a través de un comunicado. Asimismo, la Corporación anunció que se revisarán los términos y la viabilidad de extender dichos permisos dada la crisis que actualmente padece la región.  “Esta concesión fue prolongada de manera sucesiva y se vence en diciembre del presente año; la compañía titular de este permiso solicitó una renovación de este trámite administrativo y hoy la CAR se encuentra evaluando si es técnicamente viable continuar con la concesión”, señala. Desde abril del 2024 Bogotá inició jornadas de racionamiento en todas sus localidades con el objetivo de recuperar el nivel de agua de los embalses. Sin embargo, la medida continua debido a la falta de lluvias. Mientras la crisis se agudiza, la comunidad de La Calera exige respuestas sobre las acciones de la multinacional sobre sus embalses.  

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Mayor del Ejército fue denunciado por recibir dinero a cambio de traslados

Un Mayor del Ejército fue acusado de extorsión por soldados a quienes les exigía dinero a cambio de traslados. Un soldado denunció al Mayor Iván Ernesto Gallo, perteneciente a la Sexta División del Ejército, por haberle robado presuntamente $2 millones que éste último le habría pedido para trasladarlo a un comando de las Fuerzas Especiales.  “El número de cuenta y dijo que eran 2 millones de pesos, y le dije que si podía hacerla en dos transferencias para tener pruebas, por si se borraban los registros, un millón ese día y un millón al otro día, más o menos en agosto de 2023 por Bancolombia (…) después me dijo que en noviembre se sabía todo, pero no llegó nada, esperé hasta diciembre, llegó enero, me comunico con él porque no llegó ninguna notificación”, comentó el militar en diálogo con W Radio.  Según el soldado, después de intentar contactarlo por varios meses logró comunicarse con la esposa del Mayor, quien le aseguró que hubo unos supuestos cambios en el comando al que lo iban a trasladar y le pidió tener paciencia.  Al parecer existen más denuncias de soldados que fueron estafados por la misma persona. Actualmente cursa una investigación al interior del Ejército relacionada con hechos similares, de la cual ya se compulsaron copias en la Fiscalía.  

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Alcaldesa de Jamundí denunció que la UNP la dejó desprotegida

La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, reclamó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le quitó su esquema de seguridad.  En medio de la crisis de orden público que vive este municipio del sur del Valle del Cauca dejaron sin protección a la mandataria local, quien lleva siete meses esperando respuestas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). A pesar de las amenazas de las disidencias de las Farc, la alcaldesa sigue desprotegida, situación que llevó incluso al diputado del Valle, Óscar Nieva, a hacer una denuncia pública.  “Es difícil de entender cómo estos terroristas si pueden transportarse en vehículos que pagamos los colombianos, llevando droga, armas y hasta menores que están siendo reclutados y la alcaldesa que está pidiendo protección no se la dan”, indicó el diputado”, indicó el diputado a medios locales.  Alcaldes de municipios del Meta también llevan meses reclamando protección ante las constantes amenazas de los grupos armados.  “Las palabras textuales fue que yo estaba alzado con la guerrilla y que me iban a meter mi susto y que, si no podían conmigo, lo harían con mi mamá, gestora social del municipio”, indicó el alcalde de Lejanías, Meta, Jefree Martínez, a medios locales.   

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Centro Democrático califica de “temeraria” demanda del senador Wilson Arias

El Centro Democrático lanzó un comunicado calificando de “imprudente” y “temeraria” la demanda interpuesta por el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), contra algunos partidos políticos por supuestamente recibir financiación de las EPS para sus campañas en 2022. De acuerdo con el denunciante,  cinco partidos habrían recibido dineros de empresas extranjeras y otros conglomerados económicos vinculados a algunas EPS.  “Acabamos de denunciar en el Consejo Nacional Electoral, al Centro Democrático, la Alianza Social Independiente, el Partido de La U, Partido Liberal y al Partido Conservador; todos estos partidos recibieron financiación de la empresa extranjera Keralty y de otros conglomerados económicos, dueños de Eps, cuya financiación económica la recibieron en pleno año electoral”, indicó el senador Wilson Arias, a través de su cuenta de X. Por su parte, desde el Centro Democrático señalaron que los argumentos del senador Arias no tienen fundamento.  “El senador Arias comete un gran error al establecer que KERALTY S.A.S administra recursos públicos o parafiscales. No es cierto. Quien administra recursos parafiscales es SANITAS S.A. EPS que es una sociedad distinta a KERALTY S.A.S”, se lee en el comunicado. “Con la denuncia sin fundamentos del senador Arias quedan en evidencia las maniobras y argucias cada vez más inverosímiles para evitar que el honorable Senado de la República hunda una reforma que acabaría con el sistema de salud de los colombianos”, agrega. La denuncia podría desencadenar una avalancha de recusaciones en la Comisión Séptima debido a supuestos conflictos de interés, en medio del trámite de la reforma a la salud, la cual ya lleva seis meses de debates y hoy está en riesgo de hundirse.   

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Denuncian que carril recién inaugurado del Puente de Juanchito se está agrietando

Un ciudadano denunció a través de redes sociales lo que parece ser una anomalía en la construcción de uno de los carriles del Puente de Juanchito, que fue inaugurado el pasado viernes 22 de marzo. En el vídeo se alcanzan a evidenciar varias grietas y lo que parece ser un hundimiento en la mitad del puente.  “En el centro del río se alcanza a ver el hundimiento. Además, a pesar de que toda la sección hasta el otro lado del puente está fundida, se alcanzan a ver varias grietas; todo el concreto está cuarteado”, explicó el ciudadano.  Por su parte, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, anunció que estará presente el próximo 6 de abril en el puente, para hacer las respectivas revisiones a la estructura junto a ingenieros y arquitectos.  “El 6 de abril estaré haciendo revisión de esta denuncia en el puente; todos los ingenieros y arquitectos que me quieran acompañar; bienvenidos”, escribió el funcionario en su cuenta de X. Las obras en el Puente de Juanchito, que ya llevan 9 años de retraso, serían entregadas en su totalidad en junio, de acuerdo con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.   

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Fiscalía afirma que solo se registra un líder social asesinado durante el 2020

El fiscal encargado, Fabio Espitia, aseguró que “Hasta ahora solamente se ha presentado un caso que la ONU refleja y representa como asesinato de un líder social”. Durante una rueda de prensa el Fiscal Espitia hizo esta declaración, y señaló que los demás casos están en proceso de investigación para verificar si eran, en realidad, líderes sociales o no. “En esto soy sumamente prudente de asignarle el rotulo de líder social, toda vez que nuestro trabajo es muy cercano a las organizaciones sociales”, declaró Espitia. Luego, agregó que categorizar a las víctimas de homicidios como líderes sociales “escapa de la órbita de la Fiscalía, cuya labor es el esclarecimiento, independientemente si se trata de líderes sociales”. La respuesta del funcionario judicial ha generado bastante controversia, ya que las declaraciones se conocen en medio de las cifras que han entregado organizaciones defensoras de derechos humanos. Estas señalan que en lo corrido del año van cerca de 21 casos de líderes sociales asesinados. Según los datos que arrojan distintas organizaciones, entre estas el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se han presentado, al menos, 21 asesinatos de líderes sociales en lo que va de enero de 2020, entre los que figura un firmante del Acuerdo de Paz.

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Asesinado líder social en Norte de Santander

El líder social, César Tulio Sandoval Chía, fue asesinado por hombres armados quienes le propinaron varios disparos en el municipio de Tibú, Norte de Santander.  El pasado 10 de enero en la vereda La Silla fue asesinado el campesino Tulio Sandoval Chía, quien fue coordinador del comité de campesinos del lugar, miembro de Marcha Patriótica e integrante de la coordinadora de cultivadores de coca, Cocam, luego de que hombres armados lo sacaran de su casa y le dispararan.  El crimen fue rechazado por la Asociación Campesina del Catatumbo, que a través de un comunicado denunció el asesinato del campesino e hizo un llamado al Presidente Iván Duque sobre el incremento del asesinato de líderes sociales en el país. #ULTIMAHORA #LoUltimo señor @IvanDuque #NosEstanMatando nuevo asesinato de dirigente social; nuestro compañero TULIO asesinado en la vereda la Silla Muncipio de Tibu. Es evidente la sistematicidad y extermino del movimiento social en Colombia #QueLaPazNoNosCuesteLaVida pic.twitter.com/sCiVBHyLNu — CATATUMBO (@elcatatumbero) January 13, 2020 Cabe resaltar que en la zona de Catatumbo hay presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales como los Rastrojos, las Águilas Negras, el Eln, Epl y las disidencias de las Farc.  Las comunidades hacen un llamado a la Defensoría del Pueblo y demás organismos de derechos humanos para que ayuden a dar con los responsables del crimen.  

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