mayo 1, 2026

denuncia

Procuraduría formuló cargos a exagente especial interventor de la EPS Saludcoop

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exagente especial interventor de la EPS Saludcoop, Guillermo Enrique Grosso Sandoval, por presunta desatención de instrucciones y directrices expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. La Procuraduría Primera Distrital le reprochó al exagente, el que al parecer no diera cumplimiento a lo establecido en la Resolución 128 del 8 de mayo de 2013, acción con la que probablemente habría afectado la prestación de servicios de salud a los usuarios de la EPS. Grosso Sandoval, particular en ejercicio de funciones públicas transitorias entre el 27 de mayo 2013 y el 24 de noviembre del 2015, debía realizar el seguimiento a los indicadores de calidad y alerta temprana con el fin de garantizar una oportuna prestación del servicio de salud; revisar la cobertura y acceso a la red contratada y diseñar un plan de trabajo con la participación de los usuarios, prestadores, empleados y representantes del sector cooperativo, con el fin de evaluar las alternativas para la adecuada operación de la entidad a largo plazo. Para el ente de control, el investigado pudo vulnerar los principios de responsabilidad, eficacia, eficiencia y celeridad que deben caracterizar el actuar oficial de quienes ejercen funciones públicas. La falta fue calificada provisionalmente como falta gravísima a título de dolo. (Información tomada de: Procuraduría General de la Nación).

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Denuncian a Mininterior por omisión frente a la situación en Bojayá

El exsecretario de transparencia del gobierno Santos, Gabriel Cifuentes, denunció ante la Procuraduría General de la Nación, a la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, por presunta omisión frente a la situación de violencia y conflicto en la región de Bojayá, Chocó.  La situación de vulnerabilidad que viven los habitantes en Bojayá, ya había sido expuesta y denunciada en diferentes ocasiones desde el 2019; la Defensoría del Pueblo también expuso el caso al Ministerio del Interior a lo cual la cartera respondió que la situación se está regulando y la zona se encuentra monitoreada y militarizada por parte de las fuerzas públicas. Según Gabriel Cifuentes, las denuncias por una posible toma del corregimiento de Pogue, en Bojayá, el pasado 31 de diciembre, se pudieron evitar debido a las tres alertas inminentes que hizo la Defensoría al Ministerio del Interior acerca de la situación en riesgo de las comunidades del municipio chocoano.  Al caso se anexan los documentos de la Defensoría en los que se expone la denuncia y la preocupación frente a la situación. “Alerta temprana debido al confinamiento y grave riesgo de desplazamiento de que enfrentan aproximadamente 2.250 habitantes indígenas y afrocolombianos (…) El riesgo para la población civil se  fundamenta en la reciente agudización de la presencia del Eln y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (…) Se interfiere también, por la dinámica de los grupos armados ilegales y por la falta de presencia permanente del Estado en inmediaciones de las zonas rurales, una alta probabilidad de ocurrencia de acciones de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres; posibles hechos de reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes”, se lee en un apartado de una denuncia presentada el 9 de abril de 2019, reiterada en octubre del mismo año y cuando se extendió los alcances a todo el Alto Baudó. Cifuentes añadió que es necesario determinar si “las alertas tempranas emitidas por parte de la Defensoría del Pueblo en el caso de Bojayá y del Alto Baudó y, reportadas en este documento, la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez actuó con la diligencia debida y en cumplimiento de las funciones que en virtud del decreto 2124 de 2017 se le confieren como secretaria técnica de la CIPRAT. En ese orden de idea, se solicita también investigar la posible ocurrencia de fallas disciplinarias por parte de la funcionaria.” 

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Bolsonaro es denunciado ante CPI por violencia contra pueblos indígenas

Bolsonaro fue denunciado por la Comisión Arns y el Colectivo de Abogados por los Derechos Humanos, que lo acusan de “incitar al genocidio y promover ataques sistemáticos en contra de los pueblos indígenas”, en especial los originarios de la región amazónica. La querella por supuestos “crímenes contra la humanidad”, se presentó formalmente ante la Corte Penal Internacional (CPI). En el informe , los abogados destacan que los recientes incendios en la Amazonía, “generan un daño ambiental y social desigual y de difícil reversión”. El Tribunal Internacional analizará la documentación que adjuntaron los organismos humanitarios antes de determinar si recibe o no la denuncia contra el líder de derecha. “El estado de Amazonas está tomado por reservas indígenas y áreas de protección ambiental que perjudican el desarrollo de Brasil(…) si los ambientalistas quieren masacrarme eso es señal de que estoy en el camino correcto”, dijo Bolsonaro al rechazar las acusaciones que se han formulado en su contra.

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