abril 15, 2026

#CongresoDeLaRepública

El representante Miguel Polo Polo anuncia su salida del Congreso para aspirar a la presidencia

Este miércoles 29 de enero se dio a conocer que el representante elegido en 2022 a la Cámara, Miguel Polo Polo, planea renunciar a su cargo actual en el mes de febrero, para aspirar a la presidencia del próximo año. De igual manera, tendrá que renunciar a Partido Verde Ecologista, para iniciar su recolecta de firmas para ser avalado como candidato. Además, Polo Polo aseguró que el eslogan de su campaña será ‘Transformando a Colombia de polo a polo’ y enfatizó en hacer de Colombia un país seguro. Asimismo, una de sus propuestas serán luchar contra la corrupción, diciendo la frase: “plomo es lo que hay y plomo es lo que viene para los bandidos y los guerrilleros”. Asimismo, destacó que una de sus propuestas será pasar de 18 ministerios a 5, dejando solo el Ministerio de Hacienda, el de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores, entre otros. Puesto que, algunos de los ministerios eliminados podrían ser fusionados con agencias, como, por ejemplo, Ministerio de Agricultura con la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras”. También, el representante a la Cámara de 28 años recalcó la idea de recibir bancos internacionales para mejorar la economía del país.  “vamos a abrir Colombia para que vengan cientos de bancos, tenemos menos de 40, vamos a derrumbar el monopolio financiero que hay en el país, queremos traer bancos internacionales para que los pobres puedan acceder a créditos con intereses baratos”. Expresó Miguel Polo Polo. Entre los candidatos más sonados se encuentran: David Luna, quien comenzó su campaña recaudando firmas. Por otra parte, Humberto De la Calle manifestó que se retirará, pero que aún no descarta la posibilidad de ser candidato presidencial. Sin embargo, aún queda por conocer otros personajes políticos que decidirán lanzar su campaña presidencial.

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La Comisión Séptima del Senado realizará Audiencias Públicas sobre la Reforma Laboral en Colombia

Las audiencias serán una oportunidad para discutir la reforma que impactará el futuro laboral del país. La Comisión Séptima del Senado realizará dos audiencias públicas sobre la reforma laboral, bajo la dirección de las senadoras Norma Hurtado (Partido de la U) y Martha Peralta (Pacto Histórico). El objetivo de las dos audiencias públicas que realizará la Comisión Séptima del Senado es escuchar a diversas organizaciones, actores y la comunidad en general sobre el Proyecto de Ley 311/24Senado, que propone una reforma laboral en Colombia. Así, las senadoras  liderarán estos espacios, que servirán como foros para el análisis y debate de esta iniciativa legislativa, la cual tiene un impacto crucial en el futuro del sector laboral del país. Según la senadora Norma Hurtado, “La Reforma Laboral debe abordar las necesidades actuales del país. Esta audiencia será una oportunidad para fomentar un diálogo responsable y participativo”. Por su parte, la senadora Martha Peralta escuchará a las comunidades y distintos actores del departamento del Cesar durante la Audiencia Pública sobre la Reforma Laboral. Además invita a la ciudadanía a asistir al evento, que se llevará a cabo en el Auditorio “Miguel Vicente Arroyo” de la Universidad Popular del Cesar (UPC), sede Hurtado en Valledupar, Cesar, a partir de las 9:00 a.m. Por último, las congresistas reafirmaron su compromiso con los colombianos e invitaron a los medios de comunicación a participar en las jornadas y difundir las contribuciones de los diversos sectores.

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Congreso meterá la ‘lupa’ a conmoción interior decretada por el presidente Petro

Tras el inminente anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro sobre su decisión de decretar estado de Conmoción Interior y Emergencia Económica por la aguda situación que enfrenta el Catatumbo, Norte de Santander a consecuencia de los embates de la violencia ocasionada por el Eln. El Congreso de la República se prepara para revisar minuciosamente la sustentación de los decretos, tal y como establece la Constitución Nacional. Como es sabido la Carta Magna establece que el presidente de la República deberá extender un informe puntualizando al Congreso de la República las razones de la declaratoria. Puntualmente el artículo 213 de la Constitución establece que, “dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del Estado de Conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio”. En esa línea, el jefe de Estado está obligado a rendir un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración. De igual formas el artículo 215 de la Constitución refiere que el Congreso deberá esperar a conocer los términos dentro de los cuales se va a hacer uso de las facultades extraordinarias contempladas por la ley. “(Se) convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término”. Por su parte Diego González, secretario general del Senado, explicó que la finalidad de la convocatoria es que el Presidente explique las razones que respaldan su declaratoria y conocer en detalle las motivaciones de la medida. “El Gobierno debe enviar cada 30 días un informe sobre la evolución de los acontecimientos, también las medidas que ha adoptado, la evaluación que tiene sobre ese tema, así como las investigaciones en curso sobre eventuales abusos de esas facultades. Es decir, cada 30 días debe estar informando al Congreso sobre el estado actual de cómo va transcurriendo la conmoción interior”, indicó.

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Se aplazó primer debate del proyecto de ley para modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de Educación Superior

Presidente de la Comisión Sexta de Senado, Pedro Flórez, manifestó su respaldo a la iniciativa y anunció audiencias públicas en el primer periodo legislativo de 2025.   Se aplazó hoy, en la Comisión Sexta del Senado, el primer debate de la iniciativa legislativa, que propone un Acuerdo Nacional por la Educación Superior para transformar inicialmente el sistema de financiación de la educación superior pública en Colombia mediante la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. En el marco de esta discusión, se anunciaron audiencias públicas para el primer periodo legislativo de 2025 y se reiteró el compromiso del Gobierno, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, de cerrar las brechas históricas de desfinanciamiento estructural que afectan a las instituciones de educación superior. El viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, reportó que pese a que el presupuesto asignado a la educación ha alcanzado su nivel más alto en la historia, muchas universidades públicas, como la Universidad de Antioquia, enfrentan dificultades para cubrir sus gastos operativos. “Este es un momento crucial para trazar un punto de inflexión en la educación pública. No solo buscamos ampliar la cobertura, sino también garantizar mejores condiciones para estudiantes, docentes y comunidades universitarias en todo el país”, expresó el viceministro de Educación Superior. El proyecto presentado por el Ministerio de Educación al Congreso propone una reforma estructural a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que permitirá una distribución más equitativa de los recursos para las instituciones de educación superior. Además, incluirá a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, que representan más del 20% de la matrícula nacional, dentro de un esquema de financiamiento sostenible. “Este proyecto de ley representa una oportunidad histórica para cumplirle a la educación pública en Colombia. La reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 busca garantizar que la educación superior sea un derecho accesible para todos los colombianos, ajustándose a las necesidades actuales del sector”, señaló Pedro Flórez, presidente Comisión Sexta de Senado. “Las 33 instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias públicas han trabajado en mesas de concertación con estudiantes, docentes y congresistas, pero el gobierno nacional no ha asignado recursos para su funcionamiento, lo que ha llevado a la precarización de su desarrollo”, indicó Óscar Porras, rector de Unipaz, quien agregó que es fundamental conseguir recursos para financiar el sistema de educación superior público, que actualmente se sostiene principalmente por las matrículas de los estudiantes. “La educación superior debe ser gratuita, es el derecho a educarse de la juventud. Debemos fortalecer la obligatoriedad de la educación y avanzar hacia la universalidad, reconociendo la autonomía de las instituciones de educación superior y garantizando la permanencia y el bienestar universitario, así como escenarios libres de violencia. Es hora de pensar en un tránsito hacia la universidad pública y no endeudar a más jóvenes”, expresó Sara Kingler representante de los estudiantes.

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Piden la renuncia de MinHacienda tras escándalo por declaraciones de su exasesora

Luego de las explosivas declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, en donde vincula a uno de los alfiles más poderosos de la administración Petro con el escándalo de la UNGRD, las reacciones en el ámbito político no se hicieron esperar, algunos ya están exigiendo la renuncia del alto funcionario . Contexto Como parte de las diligencias que se siguen para esclarecer los hechos de corrupción ocurridos con los dineros destinados a la compra de unos carrotanques para La Guajira, la Fiscalía citó a Benavides, quien envuelta en llantos  reveló que presuntamente Ricardo Bonilla estaba en conocimiento de las ‘triquiñuelas’ administrativas que desataron el escándalo que le costó el puesto y la libertad a Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirector de la polémica Unidad, por los dineros correspondientes a la adjudicación de contratos por montos superiores a los 92.000 millones de pesos, a cambio del apoyo de varios congresistas de la Comisión de Crédito Público. ¿Qué dijo? María Alejandra Benavides señaló que, al parecer Bonilla la habría utilizado para facilitar la aprobación de los mencionados contratos, además de gestionar con los seis congresistas implicados y para estar en comunicación con el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla. Como era de esperarse, al hacerse públicas estas explosivas declaraciones se han levantado algunas voces ligadas a la política nacional, exigiendo la renuncia al cargo de Ricardo Bonilla, entre ellos Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático, quien escribió en sus redes sociales “El señor Ricardo Bonilla debería renunciar inmediatamente”. El senador Miguel Uribe, quien aseveró “El ministro Bonilla debe renunciar de inmediato”. Por su parte la congresista María Fernanda Cabal dijo en su cuenta x “¿En qué convirtió Petro este país? Ya venía mal, pero ahora está peor. Este reporte revela cómo movieron coimas para comprar votos de congresistas. Este es un gobierno inmoral”. Jota Pe Hernández, también se pronunció y recordó que en algún momento él quiso sacar del cargo a Bonilla, pero que sus colegas no le apoyaron. “Le hice moción de censura a Bonilla por estar salpicado en este escándalo de corrupción. Me tocó frentearla solo, y el día de la votación, más del 80 % de los senadores decidieron mantenerlo en su cargo”.

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Oposición pidió 6.402, JEP revelará 900 nombres de víctimas de los ‘falsos positivos’

La Jurisdicción especial de Paz, como parte del homenaje a la memoria de las víctimas de falsos positivos, dará a conocer 900 de los 6.402 nombres de las víctimas atribuidas a la Fuerza Pública en la época más cruenta del conflicto armado en Colombia Esta presentación que contará con la participación de las madres de Soacha, tras la polémica entre congresistas de gobierno y oposición originada por el levantamiento por parte del representante Miguel Polo Polo, de un homenaje a las víctimas dejado por las madres de Soacha a las afueras de la Corporación, para posteriormente echarlas a la basura. La acción del representante cartagenero desencadenó álgidos enfrentamientos y debates entre quienes defienden la cifra de más de seis mil ‘falsos positivos’ como cierta, y de los congresistas que piden a la JEP y al Gobierno Nacional ponerle nombre y apellidos a la polémica cifra. Entre los más vehementes en pedir que se personalice el número, se encuentra la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien por medio de un derecho de petición la publicación de todos los nombres de las víctimas. “Seguimos esperando que revele los nombres e identificaciones de cada uno de los 6.402”, así increpó directamente al magistrado Alejandro Ramelli. La respuesta de Ramelli Así las cosas, Ramelli respondió a la senadora las cifras corresponden a víctimas reales, con “nombres y cédulas” debidamente documentados y aseguró que la publicación de estos nombres busca honrar su memoria y es una muestra del compromiso de la JEP con las víctimas y sus familias. Además, aclaró que los 900 nombres corresponden a casos incluidos en los autos de imputación contra 100 comparecientes, entre ellos altos mandos militares considerados máximos responsables. Por su parte Leonardo González, director de Indepaz, destacó la importancia de este hecho simbólico “Ponerle cara a esta situación de violencia es esencial, pero debe señalarse que existen muchas más denuncias para evitar una percepción errónea”, explicó. El listado incluirá los nombres de personas asesinadas en Antioquia, Dabeiba, Apartadó, Neiva, Yopal y el Catatumbo, vinculados al colectivo de las Madres de Soacha.

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Denuncian fraude por votos en el Senado durante elección de nuevo magistrado de la Corte: apareció un voto de más

Durante el trámite de votación para la elección de nuevo magistrado, ocurrió un desafortunado incidente en el que dos de los aspirantes obtuvieron cada uno 50 votos cada uno; posteriormente apareció un voto no marcado que obligó a anular la diligencia parlamentaria. Por lo cual, se repetirá. Algunos de los asistentes gritaron fraude. El hecho tuvo durante la sesión de elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional este lunes, cuando en la plenaria se evidenció un sufragio de más por el cual los congresistas solicitaron la anulación de la votación, lo que conlleva a la repetición de la elección. Como es del conocimiento público, el candidato elegido reemplazará a Antonio José Lizarazo en la Corte Constitucional. Se pudo conocer que luego de que la plenaria escuchara a Claudia Dangond Gibsone, Miguel Efraín Polo Rosero y Jaime Humberto Tobar, se procedió a la votación con los resultados antes descritos y que hicieron presumir de alguna práctica fraudulenta en el trámite. Así las cosas. a la hora de contabilizar los votos, esto ocurrió: Claudia Dangond obtuvo 50 votos, Miguel Efraín Polo 50 votos, dos votos en blanco y apareció un tarjetón sin marcar, lo que sumaba 103 votos, cuando en la plenaria tan solo participaban 102 senadores. Ante el inquietante resultado se alzaron voces de disconformidad de Gobierno como de oposición alertando un posible fraude. Por su parte Efraín Cepeda, presidente del Senado, reconoció la gravedad del resultado, y procedió a solicitar la repetición del acto de votación. Además de lo expuesto se conoció que Manuel Virgüez, del MIRA, denunció que la senadora Ana Paola Agudelo, fue a votar ya había un voto. “Cuando la senadora Ana Paola, que es la primera en la lista, fue a votar ya había un voto depositado. Para que se corrija y se vote en orden de la lista. Que no se anticipe ningún senador”, advirtió Virgüez. Ante lo denunciado el secretario encargado del Senado, Saúl Cruz, reconoció que sí había un voto, que pertenecía al senador Mauricio Gómez Amín quien habría votado antes de retirarse del recinto. “El presidente autorizó al senador Mauricio Gómez Amín que se iba para que votara”, indicó Cruz. Finalmente, Efraín Cepeda resolvió levantar la sesión, “Se ha hablado de fraude, de revisión de cámaras, se ha hablado que el procedimiento no estuvo bien porque los tarjetones eran muy delgados. Para dar las garantías se revisarán cámaras, se van a hacer nuevos tarjetones, se va a poner un cubículo… se levanta la sesión”, aseveró.

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Regiones lanzan SOS por recorte presupuestal

Los gobernadores advirtieron sobre recortes en el Presupuesto de Regalías que podrían en riesgo, en su concepto, la financiación de programas y proyectos viales para el desarrollo de los departamentos, así como la atención a necesidades de las comunidades como alimentación, transporte escolar y vivienda, entre otros. Según los mandatarios, existen imprecisiones en la formulación del monto asignado para el bienio 2025-2026. En una reciente declaración, la Federación Nacional de Departamentos, FND, que agrupa a los 32 gobernadores del país, consideró que los ajustes anunciados suponen reducciones que son clave para la inversión de obras sociales en los territorios. Pidió además claridad y transparencia en los procesos de liquidación de los recursos respectivos. En esa línea, advirtió que el recorte “injustificado” del presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR), afecta “gravemente el cumplimiento de las metas establecidas en los planes de desarrollo departamentales y municipales, y los objetivos diseñados para el progreso socioeconómico de las regiones”. Acompañamiento a proceso La Federación exhortó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Minería para que develen las fórmulas con las que se proyectan dichos ingresos. También hizo un llamado a la Contraloría General de la República para que acompañe y sea un garante de este requerimiento. “Es prioritario que las regiones cuenten con una dinamización de recursos tendientes a la estabilidad de sus inversiones, para lo cual es fundamental una correcta articulación entre el Gobierno Nacional, los mandatarios departamentales y locales, y el Congreso de la República”, indicó la FND en un comunicado, donde anunció que los gobernadores pondrán a consideración del Legislativo sus observaciones al proyecto de ley, con el objetivo de lograr un presupuesto para el bienio 2025-2026 a la altura de los desafíos económicos y sociales de los territorios.   Carácter centralista La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien  ejerció como vocera de los mandatarios regionales de Colombia, dijo que tan solo su departamento dejaría de recibir 122 mil millones de pesos para programas sociales. “Esto es lo que hemos denominado los gobernadores, y en especial la gobernadora del Meta, un raponazo a las regalías de los departamentos, de los territorios donde tenemos esos recursos financiando proyectos importantes como la alimentación y el transporte escolar, las vías secundarias y las vías terciarias; que entran a beneficiar directamente a esos pequeños productores, a esos campesinos”. El proyecto, a su juicio, impone una serie de requisitos a los departamentos que solo reafirman el carácter centralista del Estado colombiano. “De ahí, la razón por la cual estamos hoy haciendo este llamado de parte de todos los gobernadores al Gobierno Nacional para que en ese proyecto de ley se tenga en cuenta lo que pensamos  y, sobre todo, el impacto tan grave que se puede causar a estos sectores, además, desfinanciando también los planes de desarrollo que nos acabaron de aprobar en cada uno de los departamentos”, agregó.   Modificaciones al proyecto Los mandatarios regionales presentarán proposiciones para eliminar del proyecto aquellos artículos que califican de lesivos para las finanzas departamentales. “Consideramos que deben eliminarse porque básicamente entra a cambiar las reglas de juego de los recursos de regalías del 40%; pero también queremos hacer unas modificaciones muy importantes que lleven a que los recursos que hay en estos momentos de regalías tengan menos obstáculos por parte del Gobierno Nacional”, precisó la gobernadora del Tolima. A su vez, el vicepresidente de la FND y gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, pidió que las reglas de juego que están vigentes en el tema de regalías no s e cambien y que “se sigan ejecutando” por el bien de los territorios. Anunció que durante el proceso de aprobación de la ley de presupuesto de regalías se creará una comisión para hacer acompañamiento tanto en las comisiones como en las plenarias de la Cámara y el Senado para que “seamos escuchados como regiones”. Por su parte, su colega del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, demandó un diálogo franco y honesto con el Gobierno Nacional para mirar cómo garantizar los recursos de inversión social de manera equitativa. Finalmente, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, aseguró que en el proyecto de ley se establecen unas reglas que harán “más grave la situación de la centralización, porque debemos someternos a unos lineamientos que va a establecer el Departamento Nacional de Planeación (DNP)”. Dejó claro que si no se hacen los ajustes que se están pidiendo, el impacto será “gravísimo” en los sectores de educación, salud, transporte escolar, alimentación e infraestructura vial.   La descentralización, en primer orden Senadores y gobernadores se reunieron para analizar propuestas que garanticen el desarrollo de las regiones. En el encuentro, encabezado por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se habló sobre los proyectos a socializar, entre ellos la Reforma al Sistema General de Regalías (SGR), la Ley de Ordenamiento Territorial, la Regla Fiscal y las reformas al FONPET, entre otras iniciativas. “Creo que ambos sectores estamos en la misma orilla, nos duele lo que les duelen a la gente y vemos hoy a gobernadores sin herramientas para poder solucionar los principales problemas de la región. Algunos de ellos, incluso, han expresado que los recursos de las regalías no alcanzan para el Programa de Alimentación Escolar (PAE)”, sostuvo el jefe del Legislativo. Cepeda fue mucho más allá al afirmar que lo que ordena la Constitución del 91 es un proceso de descentralización, que no se está cumpliendo. “Todo lo contrario, se viene recentralizando más el país; el 80% de los recursos se manejan en la Nación y hoy hay renuencia de acudir a los alcaldes y gobernadores para la ejecución presupuestal: Al mes de agosto hay 79 billones  de pesos del gobierno central parqueados en bancos y fiducias, si eso se les entrega a los alcaldes y gobernadores tendríamos una ejecución real y estaríamos cerca de las expectativas de los colombianos”, añadió.   La queja de las regiones ante el Congreso Durante la mesa de trabajo, la gobernadora del departamento de Sucre, Lucy Inés García, expuso los

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Fallece en Barranquilla la exsenadora de Cartagena Daira Galvis

La exsenadora de la República Daira Galvis era abogada, egresada de la Universidad del Atlántico y de la Universidad de Cartagena, ejercitante en Derecho Penal y Criminología por 30 años, con Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. Galvis Méndez como se recordará fue senadora por el partido Cambio Radical y permaneció en el Congreso por más de 13 años. El fallecimiento de la exparlamentaria se dio este lunes 28 de octubre, tras padecer graves problemas cardiacos y diabetes. Explicaron sus familiares, que el deceso ocurrió en la ciudad de Barranquilla, a donde fue remitida de urgencia tras estar internada en la clínica Medihelp, en Cartagena. Durante su vida profesional la excongresista prestó servicios en Derecho a importantes empresas privadas e instituciones públicas colombianas. Reconocida por el ejercicio de un liderazgo gremial, político y social. Entre sus más destacados cargos se encuentra que fue miembro de la Junta Directiva de Telecartagena en representación de Telecóm,  exsecretaria del Colegio de Abogados de Bolívar, presidenta y vicepresidenta de la Asociación de Abogados Litigantes Capítulo Bolívar. También fue autora de varias publicaciones en temáticas de Derecho y Ciencias Políticas, entre las cuales están: “El Fraude Procesal” 1992 . Editorial Doctrina y Ley “El Restablecimiento del Derecho en lo Procesal Penal” Editorial Doctrina y Ley Su carrera política se desarrolló desde la base, como líder de varios movimientos ciudadanos, gestora de acciones en beneficio de las comunidades más vulnerables de la ciudad de Cartagena, labores que le permitieron ser elegida a cargos populares como: Concejal de Cartagena de Indias – 1.990 y Senadora de la República – Aspiración con un registro de al menos 22.421 votos. Paz en su tumba. Haz Clic aquí para leer más noticias como esta: Revista el Congreso | Senado y la Cámara de Representantes

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