mayo 12, 2026

Investigación

11 congresistas podrían perder su investidura, Consejo de Estado los llamó a audiencia

Una decena de congresistas del Centro Democrático y a uno del Partido Liberal, fueron llamadoa a audiencia de Pérdida de Investidura por el Consejo de Estado, el acto se levará a cabo el próximo 19 de junio, los parlamentarios deberán responder por su presunta participación en la llamada “vaca por Antioquia”. Como es de conocimiento público la recaudación de estos dineros tendría como finalidad a consolidar las vías 4G del referido departamento. El documento requiere la presencia de los congresistas Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Felipe Guerra, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Juan Fernando Espinal, Hernán Darío Cadavid, John Jairo Berrío y Julián Peinado. El anuncio fue hecho por el consejero ponente, César Palomino Cortés, quien expresó “Habiéndose recaudado el material probatorio suficiente y necesario, se dispondrá correr traslado de las pruebas obrantes en el expediente a los sujetos procesales y al Ministerio Público, conforme con lo dispuesto en los artículos 169 y 170 del Código General del Proceso”. Para el abogado demandante Carlos Mario Patiño, los congresistas habrían incurrido en inhabilidad al hacer “a título personal una donación a una entidad pública”, ya que esto, como indica el numeral 2 del Artículo 180 de la Constitución Política, incurre en una prohibición, al entenderse como la celebración de un contrato estatal. Asimismo, refiere el alto tribunal que al incurrir en la violación del régimen de inhabilidad como se establece en la Constitución, se deberá declarar la pérdida de investidura de los congresistas involucrados. Mientras que la Gobernación de Antioquía indicó al respecto que los aportes no se podrían considerar como un contrato estatal, debido a que el dinero aún se encuentra en los bancos y no ha sido desembolsado al departamento.

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No hay pruebas de evasión fiscal en caso contra Shakira, según tribunal español

Un tribunal español declaró que no hay pruebas que puedan comprometer a Shakira por supuesta evasión de impuestos sobre la renta y patrimonio.  La fiscalía de Barcelona lleva varios años adelantando investigaciones contra la estrella del pop. De acuerdo con el ente de control, la cantante colombiana debía pagar más impuestos por sus ingresos globales en el país entre 2012 y 2014 los cuales ascendían a US $14,7 millones, a pesar de tener su residencia oficial en Las Bahamas, donde se tributa menos que en España.  En noviembre del 2023 la cantante colombiana logró un acuerdo, comprometiéndose a pagar una multa de US $7 millones.  “He tomado la decisión de resolver finalmente este asunto pensando en lo que era mejor para mis hijos, que no quieren ver a su madre sacrificar su bienestar personal en esta lucha”, señaló la cantante a través de un comunicado.  El caso continuó abierto hasta este jueves 9 de mayo, cuando un tribunal de Barcelona archivó temporalmente la investigación al no hallar pruebas suficientes de supuesta omisión de documentación e información en su declaración de renta.   

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Defensa del Presidente Petro pidió archivar procesos contra el mandatario en el CNE

La Defensa del Jefe de Estado de los colombianos ante el CNE en cabeza del abogado Mauricio Pava, solicitó al órgano electoral que los procesos administrativos que involucran el nombre de Gustavo Petro en las investigaciones por presunta financiación irregular de su campaña presidencial, sean remitidas a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Pava explicó que el Mandatario Nacional cuenta con fuero constitucional integral por lo cual no puede ser investigado por autoridades distintas al Congreso de la República, tal como lo establece la Constitución Política de Colombia. “La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha decantado ya suficientemente este aspecto y ambas corporaciones han determinado pacífica, reiterada y uniformemente, que se afectan garantías esenciales al Estado Social de Derecho cuando se permite que autoridad distinta a esta adelante investigación en su contra por hechos comprendidos por el fuero constitucional”, aseveró el jurista. Ante este panorama se procede a hacer la solicitud a la Comisión de Acusación de la Cámara requiera al CNE para que archive las actuaciones en curso “por falta de competencia”, o que remita “todos los procesos en curso en contra del presidente. “Solicito (…) que se requiera al Consejo Nacional Electoral para que archive cualquier proceso que se surta en esa entidad en contra del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, toda vez que carece absolutamente de competencia para ello. Y en especial, que se abstenga de tomar cualquier determinación que pudiera implicar la cesación en el cargo debido a que solo el Congreso tiene competencia para ello”, finalizó Pava.

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Fiscalía captura a exalcaldesa de Rioblanco, Tolima, por vínculos con disidencias

Este viernes 26 de abril la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantía a la exalcaldesa de Rioblanco, Tolima, Elisabeth Barbosa por presuntos nexos con el frente Ismael Ruíz de las disidencias de las Farc. La exfuncionaria, quien actualmente trabajaba en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora Olga Beatriz González, fue capturada cuando salía de su casa en Bogotá, en dirección al Congreso de la República. Durante el operativo también fue detenido Arquímedes Martínez Díaz, conocido por haber sido presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Campoalegre, en Rioblanco. De acuerdo con las autoridades, Barbosa sería la encargada de coordinar el envío de recursos, medicamentos y equipo logístico a la columna Ismael Ruíz junto a Arquímedes Martínez Díaz, el cual servía como enlace.  A los capturados se les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y deberán cumplir con medida de aseguramiento en un centro carcelario.   

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José Manuel Gnecco es recapturado en San Andrés por soborno a testigos

El abogado José Manuel Gnecco, principal implicado en el asesinato de su esposa María Mercedes Gnecco Serrano, en 2021, fue recapturado tras su salida de la cárcel de San Andrés, por presunta manipulación de testigos. En 2021 la Fiscalía le imputó cargos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte ilegal de armas, falsedad de documento privado y alteración u destrucción de material probatorio. En las últimas horas un juez ordenó dejarlo en libertad por vencimiento de términos, pero a su salida de la cárcel fue capturado nuevamente luego de comprobarse que habría sobornado a testigos.  El ente investigativo determinó que Gnecco fue responsable del asesinato de su esposa mientras departían en su residencia, en el archipiélago de San Andrés. El hoy implicado confesó que supuestamente delincuentes entraron al apartamento y dispararon contra la mujer. Sin embargo, se comprobó a partir de pruebas técnicas y científicas que su testimonio es falso, ya que la trayectoria del proyectil fue muy corta; además, la residencia estaba protegida por una cerca de seguridad y contaba con cuatro perros que nunca alertaron al notar la presencia de extraños.  La defensa de Gnecco ha buscado dilatar el proceso con solicitudes de aplazamiento. El abogado ahora enfrenta nuevos cargos por presunta manipulación de testigos, a la espera de una nueva audiencia.   

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Cargos a directivos de campaña presidencial de Gustavo Petro por ‘violación de topes’

Los cargos que estaría por formular el órgano electoral recaerían sobre el Jefe de Estado, su gerente de campaña, Ricardo Roa, y los auditores de la misma. Como se recordará la indagación sobre posible corrupción con la campaña se abrió en marzo del presente año, por supuestos aportes millonarios por parte de la Unión Sindical Obrera (USO) durante la segunda vuelta presidencial con intención de consolidar las aspiraciones del hoy mandatario nacional. Según denuncias de medios públicos el sindicato petrolero habría desembolsado la considerable suma de 600 millones de pesos, según lo establecido en un documento de la relatoría Vigésima Asamblea Ordinaria Nacional de Delegados de la USO. “Se solicitan 600 millones de pesos para reforzar la segunda vuelta, específicamente para el día de elecciones, transporte y alimentación. Refrendar lo entregado”, se lee en el documento firmado por Luis Hernando Álvarez, presidente de la Vigésima Asamblea Nacional de Delegados USO en 2022, en Girón, Santander, algo que el sindicato posteriormente negó. En el caso de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode se le atribuye una donación de al menos $500 millones a la campaña en 2022, los cuales habrían ingresado por medio del partido Colombia Humana. Otro de los puntos fundamentales de esta investigación recae en la figura del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás, quien fue llamado a juicio en enero acusado de recibir dineros del narcotráfico mientras se desempeñó como delegado de la campaña presidencial de su padre para la región Caribe. Según la Fiscalía, el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra dio a Petro Burgos el equivalente a 102.000 dólares, al igual que Alfonso “El turco” Hilsaca. Ante este panorama se tiene previsto que el Consejo Nacional Electoral en los próximos días, determine lo que viene para resolver la investigación a la campaña ‘Petro Presidente’.

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‘Otoniel’ declaró sobre ‘Falsos Positivos’ ante la JEP

Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel exjefe del Clan del Golfo, declaró ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz en el marco de los casos 03 y 06 donde se indagan los llamados ‘falsos positivos’, y la victimización contra integrantes de la UP. El ente indicó al respecto de la toma de testimonio a alias Otoniel que este se llevó a cabo en la sede de la Penitenciaria de Máxima Seguridad, ‘ADX’ o ‘Supermax’, de Florence, Colorado, Estados Unidos. Durante el acto el exjefe del Clan del Golfo insistió en vincular a integrantes de la fuerza pública con la estructura al margen de la ley a la cual perteneció e incluso detalló estrategias que en su momento el Clan del Golfo puso en marcha según su versión con el apoyo de algunos miembros de la Policía y las Fuerzas Militares de la época, todo con el fin ejecutar los asesinatos y desapariciones forzadas por los cuales estaría respondiendo ante la JEP. Entre otras cosas ‘Otoniel’ también hizo referencia según la JEP a presuntas alianzas con políticos tanto a nivel nacional como regional, así como con civiles, organizaciones armadas ilegales, Ejército Popular de Liberación y Autodefensas Unidas de Colombia. Cabe destacar que durante la audiencia la JEP garantizó la participación de las víctimas acreditadas en ambos macro casos, así como también de sus representantes judiciales, para que formularan preguntas por escrito, esto en vista de la restricción del Departamento de Justicia estadounidense de hacer grabaciones o conexiones vía internet durante estas diligencias.

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Fiscalía realizará audiencia de acusación contra Óscar Iván Zuluaga

Este jueves 11 de abril la Fiscalía General de la Nación acusará formalmente al exsenador Oscar Iván Zuluaga y a su hijo, David Zuluaga Martínez, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial en 2014. De acuerdo con el ente investigador, Óscar Iván Zuluaga y su hijo, quien fue gerente de su campaña presidencial, ocultaron recursos que recibieron de la multinacional Odebrecht.  Zuluaga habría intentado engañar a la autoridad electoral al no reportar la contribución económica de 25,291 millones de pesos. Incluso confesaron ante el Consejo Nacional Electoral no haber recibido dicha financiación.  Asimismo, la Fiscalía señaló que se violó el artículo 109 de la Constitución, el cual prohíbe la financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras.   Óscar Iván Zuluaga podría ser condenado hasta a 9 años de cárcel por fraude procesal y falsedad de documento privado.  

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Procuraduría investiga irregularidades en la captura de hombre señalado de abusar de menores de edad en Medellín

La Procuraduría General de la Nación abrió proceso de indagación para establecer la presunta complicidad de los funcionarios de la Policía del Valle de Aburrá, en Medellín, en la fuga de Timothy Livingston, estadounidense señalado de abusar de dos menores de edad de 12 y 13 años en un hotel de Medellín.  “La Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios de Policía de Colombia por presuntas irregularidades que habrían permitido la salida de Colombia hacia Estados Unidos, a ciudadano acusado de acceso carnal abusivo en Medellín”, indicó la entidad a través de X. Livingston, ciudadano estadounidense de 36 años de edad, nacido en Ohio, ingresó por primera vez al Hotel Gotham de Medellín con dos menores de edad pero el guarda que cubría turno los devolvió al constatar que no contaban con cédula. Al día siguiente regresó con otras dos menores aprovechando el cambio de guarda y en esta ocasión sí pudo ingresarlas a su habitación.  Gracias a las denuncias hechas por los ciudadanos, las autoridades acudieron al sitio y lo encontraron junto a ambas menores. El hombre fue capturado y trasladado a un CTP, pero lo dejaron en libertad porque supuestamente no fue hallado en flagrancia.  El alcalde de Medellín, Féderico Gutierrez, también cuestionó el actuar de los policías involucrados. “Qué más flagrancia que hallarlo con dos menores en un cuarto de hotel”, señaló el mandatario local.  Los propietarios del hotel que fue clausurado argumentan que el hombre evadió la seguridad del establecimiento.  Por estas irregularidades, la Procuraduría abrió indagación y se espera que aparezcan nuevos cómplices.   

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Comisión de Acusaciones abre investigación a expresidente Juan Manuel Santos por presunto saqueo al Galeón San José

Este martes 19 de marzo la Comisión de Acusaciones abrió investigación contra el expresidente Juan Manuel Santos Calderón por usurpación y presunto saqueo al Galeón San José, declarado en 2020 como bien de interés cultural del país. El presidente de la Comisión de Acusaciones, Wadith Alberto Manzur Imbett, presentó formalmente la apertura de la investigación contra Juan Manuel Santos luego de las denuncias realizadas por Francisco Muñoz Atuesta, representante de la Veeduría Nacional para el Control del Patrimonio Cultural Sumergido, por presunto saqueo a los bienes arqueológicos del Galeón San José.  La Comisión de Acusaciones solicitó una diligencia virtual para el próximo 18 de abril e invitó al CTI de la Fiscalía a participar en la ampliación y ratificación de la queja disciplinaria. Asimismo, ordenó a la Secretaría General de la Presidencia de la República hacer llegar la solicitud al despacho del expresidente en los próximos días.  La indagación se da en el marco de las investigaciones que se adelantan para establecer los responsables de la alteración física del Galeón San José en hechos que al parecer ocurrieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos.  

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