noviembre 2, 2024

Procuraduría

Procuraduría abrió investigación contra influenciadores del Gobierno por presunto desprestigio contra Diana Giraldo

La procuraduría General de la Nación, inició investigación a varios influenciadores ligados al Gobierno Nacional, entre quienes se encuentran Moisés Ninco Daza, David Rozo, Gareth Sella y María Niny Echeverry, al estar presuntamente ligados a prácticas de desprestigio en contra del nombre de la periodista de Caracol Radio, Diana Giraldo. Los hechos se originan con las publicaciones en las respectivas redes sociales de los investigados, en donde se trataría de vincular a Giraldo Mesa con el asesinato del líder social araucano Josué Castellanos ocurridos en el municipio de Tame en marzo de 2024, lo que desencadenó la denuncia por acoso y violencia digital de la periodista Diana Saray Giraldo Mesa, quien labora en el referido medio de comunicación. El texto radicado por la Procuraduría, haría referencia a las publicaciones sobre “pronunciamientos calumniosos” que habrían contribuido a generar un ambiente hostil en contra de la comunicadora social. En detalle los señalados podrían haber incidido en que se utilizara su reportaje sobre la presencia de organizaciones sociales con posibles vínculos con el ELN en mesas de diálogo en Arauca como factor detonante del asesinato del líder social Josué Castellanos.

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Con 95 votos a favor, Gregorio Eljach es oficialmente Procurador General

El Senado eligió a Gregorio Eljach como Procurador General.  Finalmente, se cumplió lo que muchos pronosticaban. El abogado Gregorio Eljach ganó con una mayoría aplastante, convirtiéndose en el nuevo Procurador General. Eljach, tendrá la responsabilidad de cumplir a cabalidad con el mandato de justicia, confianza interpersonal e institucional de la entidad que dirigirá. Enfrentará serios desafíos, como la alta polarización que hoy sume al país y la corrupción que ha cooptado tanto al Gobierno como a algunos de los sectores políticos que lo llevaron a la Procuraduría.  ¿Quién es Gregorio Eljach?  Nació en Fusagasugá en 1959. Es abogado egresado de la Universidad del Cauca y especialista en Gestión de Entidades Territoriales de la Universidad Externado. Llegó por primera vez al Congreso de la República como asesor técnico del exsenador payanés del Partido de La U, Jorge Aurelio Iragorri Hormaza, saltando de ahí a la Comisión Especial de Seguimiento del Senado. En 2012 fue escogido como Secretario General en medio de una polémica por supuestas irregularidades en la votación. Desde el año 2020 ha postulado en varias oportunidades su nombre a la terna para Procurador. En septiembre del 2024 el presidente Petro lo escogió para la terna, probablemente por su experiencia y conocimiento de las movidas en el Congreso.  Eljach se convierte en Procurador General, a pesar de que, el pasado 20 de julio fue reelegido para estar dos años más en la secretaría del Congreso, uno de los cargos con mayor poder del Estado. “Estoy muy orgulloso de venir el día de hoy a este recinto de la democracia, que ha sido mi casa durante décadas. Saludo de manera afectuosa a los honorables miembros de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y de toda la rama jurisdiccional. Les expreso mi interés en contar con ustedes para trabajar en el desarrollo de proyectos en beneficio de toda nuestra Nación. Al señor presidente de la República, Gustavo Petro, mi agradecimiento, su gesto democrático permitió que mi nombre esté aquí hoy a consideración de ustedes”, manifestó Eljach. 

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Definida la fecha para la elección del nuevo Procurador General

El Senado de la Republica confirmó que la elección del nuevo Procurador General de la Nación se llevará a cabo el próximo miércoles 2 de octubre. Esta votación es crucial para designar al sucesor de Margarita Cabello. Los aspirantes al cargo son Germán Varón, Luis Felipe Henao y Gregorio Eljach, los cuales fueron ternados por la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Concejo del Senado respectivamente. Gregorio Eljach Gregorio Eljach es abogado de la Universidad del Cauca y especialista en Gestión de Entidades Territoriales, Derecho Público, Derecho Constitucional y Derecho Urbano de la Universidad Externado de Colombia. Eljach fue designado por el presidente Gustavo Petro, lo que lo posiciona como un competidor fuerte en esta contienda. Es el más reciente exsecretario del Senado y a lo largo de su carrera ha demostrado un compromiso con el servicio público. Germán Varón Cotrino Elegido por la Corte Suprema de Justicia, Germán Varón Cotrino se graduó como abogado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Además, posee una especialización en Derecho Administrativo de la misma institución. Fue Secretario General de Corabastos, así como Secretario General de la Personería Distrital de Bogotá, en 1993. En el ámbito político, fue senador de la República hasta 2022. En su experiencia legislativa ha sido presidente de Cambio Radical y presidente de la Cámara de Representantes entre 2007 y 2009. Con un enfoque en la administración pública y el derecho. Luis Felipe Henao Luis Felipe Henao, el candidato del Concejo de Estado, también abogado egresado de la Universidad del Rosario. realizó estudios superiores en la Universidad de Salamanca, en España. Antes de ser candidato a Procurador, Henao se desempeñó como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde impulsó importantes políticas de vivienda y desarrollo urbano. Además, ha ocupado cargos de alto nivel como viceministro en las carteras de Vivienda y del Interior. Henao, también se ha desempeñado en el sector privado, trabajando en empresas del ámbito financiero y de servicios públicos. Fue miembro de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Cuenta con una amplia experiencia en litigio y una vocación académica. También ha publicado numerosos libros y artículos especializados en derecho penal y urbanístico. Mientras continua la espera ante el veredicto del Senado, la expectativa se centra en quién de estos tres candidatos logrará captar el apoyo necesario para alcanzar el puesto.

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Senador David Name respalda la candidatura de Gregorio Eljach a la Procuraduría General de la Nación

El expresidente del Congreso y ahora senador José David Name, manifestó su apoyo a Gregorio Eljach actual secretario del Senado, en su aspiración a liderar la Procuraduría General de la Nación. “Nosotros hicimos una reunión de bancada y tomamos la decisión de apoyar a Gregorio Eljach” Pese a qué, para la opinión publica la elección del Secretario es sorpresiva, sus compañeros de partido lo reconocen por su trayectoria. En recientes declaraciones, Name confirmó que está de acuerdo en la decisión de Eljach, quien también fue incluido en la terna presentada por la Presidencia. Cabe resaltar que, en el camino por alcanzar la Procuraduría, se enfrenta a una competencia que promete ser intensa y decisiva con personalidades importantes como: el exministro de Hacienda Luis Felipe Henao y Germán Varón Cotrino, ambos con fuertes lazos al partido Cambio Radical y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras. El Senador Name, enfatizó. “Gregorio es miembro activo del partido de la U, por lo tanto, se tomó la decisión de apoyarlo en la aspiración a la Procuraduría General de la Nación” y también agregó, que los 3 candidatos anunciados cumplen con la hoja de vida y todos los requisitos para ocupar el puesto. Teniendo en cuenta el apoyo que ha recibido el Secretario, su candidatura está cada vez más consolidada. Sin embargo, debe ganar el apoyo de otros sectores políticos conforme se acerquen las votaciones. La próxima etapa será clave, ya que los debates en torno a la coyuntura revelarán las verdaderas alianzas y estrategias que se están tejiendo en el ámbito político.

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Tutela de la Procuraduría logra resolución favorable para garantizar el suministro de agua potable en San Andrés

El Juzgado Segundo Civil Municipal de San Andrés Islas admitió la tutela interpuesta por la Procuraduría General de la Nación para asegurar el derecho al agua potable en el archipiélago. Esta tutela ha sido presentada contra la Unión Temporal Progreso Vial San Andrés 22 y la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), responsables de las obras de infraestructura que han afectado el suministro de agua en la región. Contexto La acción constitucional surge tras los daños graves en el sistema de captación de la planta desalinizadora de agua, ocasionados por la maquinaria pesada utilizada durante las obras de pavimentación en la carrera 13 y las avenidas Loma Barrack y Colón. La maquinaria afectó tanto el sistema de captación como la red de fibra óptica esencial para el funcionamiento de la planta. A pesar de las reiteradas solicitudes de reparación por parte de la Procuraduría, ni la Unión Temporal Progreso Vial San Andrés 22 ni la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) han asumido responsabilidad por los daños. La falta de suministro de agua ha puesto en riesgo otros derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la salud y a la vida de los habitantes del archipiélago. En su tutela, la Procuraduría exige que se restablezca de manera urgente el servicio de acueducto y que se lleven a cabo las reparaciones necesarias en la infraestructura dañada. Entre las demandas, se incluyen la reparación óptima de la línea de energía media y la instalación adecuada de la fibra óptica para garantizar el funcionamiento continuo de la planta desalinizadora. El órgano de control, también solicitó al juez que se advierta a las entidades responsables sobre la necesidad de implementar planes estructurados para evitar futuros daños y asegurar la integridad del sistema de agua potable.

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Procuraduría destituyó e inhabilitó por 11 años al exconcejal de Valledupar, Cesar, Julio Julio Peralta

Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 11 años al concejal de Valledupar, Cesar, Julio Julio Peralta electo para el periodo 2020-2023, por haberse inscrito como candidato y posesionarse en el cargo a pesar de tener una inhabilidad en curso. ………………………………………………………………………………………………………………… El ente demostró que, dentro del año anterior a su elección, Peralta celebró cuatro contratos que debían ser ejecutados en el mismo municipio para el cual resultó electo, en representación de la Asociación Sindical de Ginecología y Obstetricia del Cesar (Asgoce), que operaba como contratista del Hospital Rosario Pumarejo de López. Para la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Atlántico, el concejal debió ceder el negocio jurídico o renunciar a la ejecución del mismo en el año anterior a la elección, por haber contratado con Asgoce, una entidad pública del orden departamental. Por lo anterior la entidad establece que Peralta “inobservó el adecuado comportamiento del servidor público respecto de las formalidades y finalidades que se derivan del principio de moralidad”, desconociendo los mandatos constitucionales y legales, y defraudando a la comunidad que lo eligió esperando de él una conducta responsable en el ejercicio de sus funciones, con apego a sus deberes y evitando incurrir en las prohibiciones propias del ejercicio del cargo. Asimismo, la Procuraduría indicó que falta del exconcejal es gravísima y que fue cometida a título de dolo por lo que señaló que en caso de que haya cesado en sus funciones o no fuera posible la ejecución de la sanción, el término de suspensión o el que faltare se convertirá en salarios, de acuerdo con el monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta.

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Procuraduría presentó preocupante informe sobre situación de derechos humanos en Colombia

La Procuraduría General redactó un informe que da cuenta de la difícil situación de derechos humanos que atraviesa el país.  De acuerdo con el ente de control, en el primer semestre del 2024 fueron asesinados 84 líderes sociales y 91 recibieron amenazas por parte de grupos armados, siendo los departamentos del Cauca,  Antioquia, Valle del Cauca y Arauca los más afectados por la violencia.   Lo más preocupante es que el 16 % de los municipios no cuenta con instrumentos y protocolos de Política Pública formulados (Plan Integral de Prevención, Rutas de protección y Planes de Contingencia); más del 50 % de los municipios no ha registrado la activación de las rutas de protección al liderazgo social y tampoco adelantan campañas contra la estigmatización al liderazgo comunitario. En el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, la procuradora Margarita Cabello se refirió particularmente a la situación de orden público en Chocó. “Chocó también enfrenta una grave crisis de seguridad, con siete paros armados en lo que va del año, afectando principalmente a las comunidades afrodescendientes e indígenas”, dijo la procuradora.  

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Procuraduría abrió investigación al alcalde de Yotoco, Valle del Cauca

La Procuraduría General de la Nación, inició acciones de indagación frente a nombramientos de funcionarios en Yotoco, Valle del Cauca. Lo que pretende la entidad, es ratificar que los cargos avalados por el funcionario Luis Mario Valens, actual alcalde de este municipio, cumplieran con los requisitos estipulados por la ley para tales fines. Así las cosas, se ordenó abrir investigación disciplinaria contra Valens, por la posible omisión de requerimientos para designar a funcionarios que ocupan cargos administrativos tales como: secretaria general, secretario de Tránsito y Transporte, administrativo de la secretaría de Hacienda y secretaria ejecutiva, a causa de hechos denunciados, los cuales manifiestan presuntos actos de irregularidad en estos nombramientos. “Con el desarrollo de esta etapa procesal y la solicitud de pruebas hecha por el ente de control se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si la disciplinable actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad” refirió la Procuraduría. Implicaciones De demostrarse alguna irregularidad en la elección, se hará efectivo el artículo 2.2.5.1.13. del Departamento Administrativo de la Función Pública, que refiere el retiro del servicio, «revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen». Asimismo el Artículo 5 de dicha ley establece “En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo o empleo público o celebrado un contrato de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo o la celebración del contrato, se procederá a solicitar su revocación o terminación, según el caso, inmediatamente se advierta la infracción”. Ante este hecho, aún no hay pronunciamiento formal por parte de colaboradores de la Alcaldía de Yotoco, ni del presunto implicado el mandatario Valens, el cual debe rendir cuentas ante el ente de control, frente a sus intenciones y requerimientos realizados para que estos funcionarios ejercieran esos cargos; Dentro de estos pueden ser válidos, el mérito académico, profesional o en su defecto teniendo en cuenta competencias que posean los funcionarios, las cuales se apropien al manual de estos cargos. Por lo anterior, queda a instancia investigativa de la Procuraduría.  

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Procuraduría pide agilizar proyectos para abastecimiento de energía en Cundinamarca

La Procuraduría General advirtió riesgos por retrasos de proyectos vitales para el abastecimiento de energía en Bogotá y Cundinamarca. De acuerdo con el ente de control, los retrasos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en los trámites para la ejecución de proyectos de suministro de energía podrían poner en riesgo la disponibilidad del servicio en la capital y el departamento. La Procuraduría indicó que desde el 2023 la central termoeléctrica Termozipa, ubicada en Tocancipá, está funcionando a su máxima capacidad.  “Las demoras en las decisiones definitivas de los trámites en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, han conllevado a que, desde mayo de 2023, se haya requerido la operación permanente y a máxima capacidad de la central termoeléctrica Termozipa para el suministro en el área oriental de la capital del país”, indica la Procuraduría en un comunicado.  Asimismo, se advierte que la central está produciendo unas 0.000 toneladas de CO2 (Dióxido de carbono) al mes, impacto ambiental que podría remediarse con la puesta en funcionamiento de la infraestructura energética necesaria.  Finalmente, la Procuraduría solicitó a la Alcaldía de Bogotá enviar un informe detallado sobre el impacto que podría traer el incumplimiento para atender la demanda de energía. Además, pidió copias de los expedientes ambientales al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para determinar el cumplimiento de los tiempos normativos.   

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Procuraduría sanciona a oficiales de la Policía acusados por asesinato de menores de edad en Sucre

La Procuraduría General de la Nación dictó fallos disciplinarios tras una investigación sobre el operativo realizado en la intersección La Garita, del corregimiento de Chochó, Sucre. El operativo, llevado a cabo por el Departamento de Policía de Sucre, resultó en la muerte de tres ciudadanos que estaban bajo custodia policial. El Teniente Coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo, en ese entonces comandante operativo de Seguridad Ciudadana, fue hallado responsable de una falta gravísima. Núñez Jaramillo disparó contra Carlos Alberto Ibáñez Mercado, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo Contreras mientras eran transportados en un vehículo institucional hacia la Clínica María Reina en Sincelejo para recibir atención médica. Los tres ciudadanos, quienes habían sido capturados por el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, murieron a consecuencia de los disparos. Otros responsables en el caso El dictamen también identificó y sancionó a otros miembros de la Policía involucrados en el operativo. Según el comunicado de la Procuraduría “El Mayor Cristian Alberto Betancur Salamanca y los patrulleros Eduar de Jesús de la Rosa Juez, Santiago Garavito Díaz, Rafael Paz Barboza, Uber Guillermo Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta Rodríguez y Leila Carolina Ávila Pestana fueron considerados responsables de faltas graves. Se les acusó de Prevaricato por Omisión y Abuso de Autoridad, conforme a los artículos 414 y 416 del Código Penal, por no proteger adecuadamente a los civiles bajo su custodia.”  A estos oficiales se les impuso una sanción de destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por un período que varía entre 11 y 15 años.  

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