El Juzgado Segundo Civil Municipal de San Andrés Islas admitió la tutela interpuesta por la Procuraduría General de la Nación para asegurar el derecho al agua potable en el archipiélago.
Esta tutela ha sido presentada contra la Unión Temporal Progreso Vial San Andrés 22 y la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), responsables de las obras de infraestructura que han afectado el suministro de agua en la región.
Contexto
La acción constitucional surge tras los daños graves en el sistema de captación de la planta desalinizadora de agua, ocasionados por la maquinaria pesada utilizada durante las obras de pavimentación en la carrera 13 y las avenidas Loma Barrack y Colón. La maquinaria afectó tanto el sistema de captación como la red de fibra óptica esencial para el funcionamiento de la planta.
A pesar de las reiteradas solicitudes de reparación por parte de la Procuraduría, ni la Unión Temporal Progreso Vial San Andrés 22 ni la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) han asumido responsabilidad por los daños. La falta de suministro de agua ha puesto en riesgo otros derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la salud y a la vida de los habitantes del archipiélago.
En su tutela, la Procuraduría exige que se restablezca de manera urgente el servicio de acueducto y que se lleven a cabo las reparaciones necesarias en la infraestructura dañada. Entre las demandas, se incluyen la reparación óptima de la línea de energía media y la instalación adecuada de la fibra óptica para garantizar el funcionamiento continuo de la planta desalinizadora.
El órgano de control, también solicitó al juez que se advierta a las entidades responsables sobre la necesidad de implementar planes estructurados para evitar futuros daños y asegurar la integridad del sistema de agua potable.