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Presidente Petro acata decisión del Consejo de Estado sobre decreto de Consulta Popular, pero advierte que no la comparte e interpondrá recursos de ley

Actualidad, Corte Constitucional, DEBATE, Presidencia / Erika Baute

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que acata la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado de suspender el decreto 0639 de 2025 que convoca la Consulta Popular, pero no la comparte, por lo que anunció que interpondrá los recursos de ley. En su la publicación, el jefe de Estado aseguró que “acato esa decisión, pero no la comparto, dado que, repetitivamente al presidente se le quita su poder constitucional, y al pueblo en sus derechos convencionales como elector, y ahora, transitoriamente, como el mayor poder legítimo de la nación, en la sección quinta’. Por esta razón, reiteró que respeta esta medida cautelar que definió la Sección Quinta del Consejo de Estado, que suspendió los efectos del decreto mientras analiza los alcances jurídicos de una demanda interpuesta, pero insistió en que “me siento irrespetado; interpondré los recursos de ley’. En su escrito, el mandatario enumeró las solicitudes que hizo a la célula del Alto Tribunal, para lo cual aseguró que, en primera medida la Corte Constitucional “es el Juez Natural para estudiar de manera exclusiva la constitucionalidad del Decreto 0639′; además, “que se resolviera en Sala Plena, pues ni más ni menos, se trata de una convocatoria al soberano popular, y se unificara jurisprudencia’. De la misma manera, denunció que la Sección Quinta “decidió frenar el trámite con Medida Cautelar, sin discusión de los argumentos del presidente. Considero que así se vulneran mis derechos constitucionales surgidos del voto popular mayoritario’. “Dicen que no había sido notificado, contradictorio, en otros casos de tutela aducen lo contrario’, enfatizó al insistir en que “sacrifican, lo sustancial’ privilegiando, de esta manera, la forma, por lo que recordó que la Constitución “dice que lo sustancial domina la forma’. Anotó que la demanda que instauró el senador Efraín Cepeda, “en su derecho, tuvo más peso que los argumentos’ que ha esgrimido el Presidente de la República en la Sección Quinta, de los cuales aseguró “que ni siquiera han sido tenidos en cuenta’, lo que, según denunció: “Ha resultado en una suspensión de un decreto’ emitido por el jefe de Estado que “clama por la voz del soberano popular’. Esta situación, de acuerdo con el presidente Petro, suspende la voz del soberano “supremo de la nación: el pueblo’.

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Estado colombiano ofrecerá disculpas públicas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Actualidad, Asesinatos, Justicia, Posconflicto, Presidencia, Victimas / Erika Baute

En un acto solemne encabezado por el presidente Gustavo Petro, el Estado colombiano ofrecerá disculpas públicas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como parte del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa firmado el 18 de diciembre de 2024 entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Comunidad de Paz. Este reconocimiento de responsabilidad internacional se da en el marco del Caso 12.325 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionado con graves violaciones a los derechos humanos sufridas por miembros de la Comunidad entre 1997 y 2007. Estos hechos incluyeron masacres, ejecuciones extrajudiciales y amenazas perpetradas por grupos armados ilegales, con complicidad o aquiescencia de integrantes de la fuerza pública. Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre 1997 y 2007 se recibieron 54 denuncias de violaciones a los derechos humanos en esta comunidad. Fue precisamente en 1997, en respuesta a este contexto de violencia, que nació la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como una expresión de resistencia civil no armada que proclamó su neutralidad frente al conflicto armado y su derecho a vivir en paz. Uno de los hitos clave en este proceso fue la Sentencia T-1025 de 2007, mediante la cual la Corte Constitucional reconoció la impunidad de los crímenes cometidos contra la Comunidad y ordenó medidas para garantizar su acceso a la justicia y a la reparación integral. Sin embargo, el incumplimiento de estas órdenes llevó a la conformación de una Comisión de Evaluación de la Justicia en 2012. Tras años de persistencia, en diciembre de 2024 se logró un acuerdo de solución amistosa entre la Comunidad y el Estado, en el cual se reconoce la responsabilidad estatal y se establecen medidas concretas de reparación, como la creación de una nueva Comisión de Evaluación de la Justicia. Este acto simbólico busca honrar a las víctimas, reconocer el daño causado y sentar las bases para que hechos tan dolorosos no se repitan. En paralelo, se vienen adelantando otros compromisos del acuerdo, como la formalización de tierras y la ejecución de obras concertadas con la comunidad, incluyendo la adecuación de caminos rurales, la mejora de instituciones educativas y la construcción de un centro de salud. También se desarrollan iniciativas en materia de memoria histórica. El acto de reconocimiento tendrá lugar en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y contará con la presencia de la Comunidad de Paz, miembros del gabinete ministerial, funcionarios públicos, embajadores, alcaldes de ciudades europeas, líderes internacionales reconocidos por su labor en favor de la paz, así como organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y religiosas que han acompañado a la comunidad durante más de veinte años. Con este gesto, el Estado colombiano reitera su compromiso con la construcción de un nuevo camino, cimentado en la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.

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Ministerio de la Igualdad, una muerte anunciada

Actualidad, IGUALDAD / Juanita Aldana Sanabria

El presidente Gustavo Petro anunció ayer la desaparición del Ministerio de la Igualdad en medio de un evento conmemorativo del Día de la Mujer. En medio del almuerzo conmemorativo por el Día de la Mujer, convocado por el Gobierno Nacional y celebrado en el palacio San Carlos con 50 mujeres habitantes de calle, el Presidente anunció que el Ministerio no continuaría funcionando y animó a los participantes a defender la entidad. El Ministerio de la Igualdad fue creado en el 2023 y hacía parte de una de las promesas del Gobierno de Gustavo Petro. Liderado bajo la dirección de la vicepresidenta Francia Márquez, tenía el propósito de ejecutar políticas que promovieran la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, así como la creación de programas que favorezcan de forma equitativa a las personas. ¿Cuáles fueron las razones para acabar con el Ministerio? La Corte Institucional ha determinado que la ley 2281 de 2023 con la que se creo el Ministerio es inexequible dado que, para los magistrados, esta ley no tuvo un análisis correcto en cuanto al impacto fiscal y, por tanto, no tiene el aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Aunque la decisión de la Corte, dada el 8 de mayo de 2024, le dio al Gobierno la opción de corregir los problemas relacionados en las siguientes dos legislaturas a la fecha, la decisión que se confirmó es la desaparición del Ministerio. Al respecto, el pasado 4 de febrero en el primer Consejo de ministros, la vicepresidenta Francia Márquez le expresó una inconformidad al Presidente sobre el funcionamiento del Ministerio: “A mí me hubiera encantado, como acordamos en campaña, que yo hubiera tenido desde el principio una institución que me hubiera permitido responderle al país. Sin embargo, lo que recibí, a diferencia de todos los otros ministros, fue un papel con una designación que me obligó en este año y medio, desde que usted me asignó de ministra, a crear una institución de cero”. La Corte también estableció que la desaparición del Ministerio no será de forma inmediata, este operará hasta que se culmine la legislatura 2025-2026 con el fin de garantizar que las políticas públicas que venía desarrollando no se vean afectadas.

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UPC del 2024 declarado insuficiente por la Corte Constitucional que ordenó se reajuste

Actualidad, Colombia, Corte Constitucional, MinSalud / Erika Baute

Con miras a que se de cumplimiento al dictamen, la Corte ordenó la creación de una mesa de trabajo en la que participe Minsalud y otros actores del sistema. Con su decisión la Corte Constitucional estipuló que el valor fijado en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del 2024 fue insuficiente, de tal manera que resultó impactando de manera exponencial la financiación del Plan de Beneficios en Salud (PBS). El fallo fue emitido por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que evaluó las deficiencias identificadas en el sistema de información inherentes al sistema de salud y su impacto en el cálculo de este indicador. Así las cosas, determinaron que el Ministerio de Salud no hizo lo suficiente para erradicar la falla. De igual forma el alto Tribunal refiere que las frecuencias de uso de los servicios en salud registradas no son confiables y que la información empleada para efectuar el cálculo en ambos regímenes “no es suficiente ni de calidad”. La diligencia se llevó a cabo en sesión técnica celebrada el 5 de abril de 2024, donde la Sala encontró que el mecanismo para fijar la UPC no solo requiere de una actualización, sino que también se deben incluir otras variables como parte del análisis. Además, indicó que es necesario revaluar la forma en que se incluyen algunos factores en el ajuste como la siniestralidad, la inflación, las destinaciones específicas, y las inclusiones y el rezago existente en su valor.

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Rama judicial inicia operaciones 2025 con nuevos presidentes de Cortes

Actualidad, Colombia, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Judicial, Rama Judicial / Erika Baute

Con el regreso a operaciones de la Rama Judicial, la tarea de apertura será establecer a sus dignatarios para el 2025, así las cosas, la Corte Constitucional y la Corte Suprema tendrán la oportunidad de nombrar a sus presidentes y vicepresidentes. Corte Constitucional Este año, al parecer el panorama ya vislumbra definido de la siguiente manera la Corte Constitucional entregaría las riendas de la presidencia al magistrado Jorge Enrique Ibáñez quien llegaría en reemplazo del magistrado José Fernando Reyes, mientras que a la magistrada Paola Meneses le corresponde la vicepresidencia. El periodo del magistrado Ibáñez entraría en rigor desde el 10 de febrero. Sobre el virtual presidente Jorge Enrique Ibáñez: es abogado, especialista en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Internacional Público, doctor en Derecho (Suma Cum Laude) y Postdoctor en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. Corte Suprema Por otra parte la Corte Suprema de Justicia nombraría como presidente el magistrado de la Sala Civil Octavio Augusto Tejeiro Duque, quien asumirá el cargo del magistrado Gerson Chaverra. Tejeiro, Tejeiro Duque es abogado de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, máster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante (España), y docente universitario en Derecho Constitucional, Procesal Civil y Romano en varias universidades del país, mientras que para la Vicepresidencia de la Corte Suprema se escuchan los nombres de los magistrados Omar Ángel Mejía Amador y Luis Benedicto Herrera. Sala Penal Asimismo, la magistrada Myriam Ávila será elegida presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema, y la magistrada Blanca Nélida Barreto, presidenta de la Sala de Primera Instancia, que hace parte de la Sala Penal. Sala de Instrucción Sobre la Sala de Instrucción se tiene previsto que la magistrada Cristina Lombana asuma la presidencia, pues desde el año pasado le correspondía la distinción y a pesar de eso no quedó elegida. Consejo de Estado Entre tanto el Consejo de Estado, sería encabezado por el magistrado de la Sección Quinta Luis Alberto Álvarez, quien en 2024 se desempeñó como vicepresidente. Reemplazará al magistrado Milton Chaves. Álvarez es abogado, magíster en Gobierno Municipal y especialista en Derecho Público, Derecho Contencioso Administrativo, Contratación Estatal, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho. Además, es candidato a doctor en derecho de la Universidad Externado. Comisión Nacional de Disciplina La Comisión Nacional de Disciplina Judicial quedaría en manos de Mauricio Rodríguez Tamayo, en reemplazo de Alfonso Cajiao. Rodríguez es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Disciplinario, magíster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho. Consejo Superior de la Judicatura Finalmente, el Consejo Superior de la Judicatura estaría presidido por Jorge Enrique Vallejo Jaramillo quien llega en reemplazo de Diana Alexandra Remolina. Vallejo es abogado de la Universidad de Medellín, con especialización en Derecho Penal y Criminología y en Instituciones Jurídico Penales.

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Tres días de arresto para ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por desacatar decisión de la Corte Constitucional

Actualidad, Corte Constitucional, MinSalud, Política, Salud / Erika Baute

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, resultó sancionado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de conocimiento en Bogotá con medida de arresto durante tres (3) días, por desacato a una orden de tutela emanada de la Sentencia T-343 de 2022 proferida por la Corte Constitucional, en la que se le requirió retirar del mercado los insecticidas que tuvieran entre sus componentes el clorpirifós, que según determinó el alto tribunal, es perjudicial para la salud. El alto tribunal expresó que la orden era clara y no admitía interpretaciones, por lo que el documento refiere “Ordenarle al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que una vez sea notificada esta decisión, adopte las medidas administrativas necesarias para suspender de manera inmediata la comercialización de productos químicos agropecuarios con el componente activo clorpirifós”. Asimismo refiere que “con ocasión a que en el incidente de desacato no se persigue a un ente o a un cargo, sino a la persona física que lo ostenta, en esta actuación se vinculó al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo en su calidad de Ministro de Salud, se le enviaron comunicaciones a través de las direcciones electrónicas que constan en la página web del Ministerio y por intermedio del apoderado de la entidad se presentaron informes que no reflejan un acompañamiento suficiente al ICA para propender mancomunadamente al cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional”. Concluyendo lo siguiente: “Se concluye entonces la responsabilidad subjetiva en cabeza del doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, quien, siendo responsable del acatamiento de la Sentencia T-343 de 2022 proferida por la Corte Constitucional, no gestionó lo correspondiente para que se cumpliera, oportunamente, con lo que se procede a sancionarlo, imponiéndole arresto durante tres días”.

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MinHacienda solicitó a la Corte Constitucional pensionar indígenas y campesinos antes de tiempo

Actualidad, Gobierno, Gremios, MinHacienda, ReformaPensional / Erika Baute

El Gobierno Nacional, solicitó ante la Corte Constitucional que grupos indígenas, campesinos y población negra al tener “menor esperanza de vida” puedan pensionarse con anticipación. La solicitud insta a la Corte a que apruebe el artículo 93 de la Reforma Pensional, el cual propone que campesinos, indígenas y la población negra y palenquera puedan acceder a la pensión con menos semanas cotizadas y a una edad menor que el resto de los colombianos. Polémica Esta intención expresa del Ejecutivo ha generado un debate significativo entre quienes están de acuerdo con la medida y quienes la consideran inviable. Se dice que el artículo no busca establecer un régimen especial de pensiones, sino que pretende consolidar la igualdad establecida en la Constitución Nacional, pero quienes adversan el documento, argumentan que la población negra e indígena ya cuenta con protección especial por ser minoría étnica, mientras que los campesinos, aunque no son considerados una minoría étnica, han sido históricamente marginados y afectados por la violencia. El cuestionado artículo fue propuesto por el senador Richard Fuelantala, según José Ignacio López, presidente de Anif, este podría afectar al 41% de la población colombiana, lo que implicaría una carga adicional para las finanzas públicas.

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Senado ¡por la vuelta! Hoy repiten votación para elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional, tras polémica por presunto fraude

Actualidad, Congreso de la República / Erika Baute

Tras el escándalo del día de ayer en la plenaria del Senado, luego de que sobrara un voto para la elección del magistrado que reemplazaría a Antonio José Lizarazo en la Corte Constitucional, lo que provocó que el propio presidente del senado, Efraín Cepeda levantara la sesión, el día de hoy la corporación citó a los honorables senadores a partir de las 10:30 a. m, con intención de darle cumplimiento al fallido trámite del día de ayer. Así las cosas, en próximos instantes se conocerá quien será el nuevo togado de la Corte Constitucional en reemplazo del magistrado Antonio José Lizarazo. Se espera que tras la votación de los 105 congresistas sea elegido (a) Claudia Dangond, Miguel Efraín Polo o Jaime Humberto Tobar, para ocupar el alto cargo. Contexto Recordemos que el día de ayer la comisión escrutadora de la elección, a la que pertenecen los senadores Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) y Juan Carlos Garcés (Partido de la U), anunció que había un empate entre Claudia Dangond y Miguel Efraín Polo: cada uno con 50 votos, instantes más tarde se anunció que había dos votos en blanco y dos tarjetones sin marcar, lo que generó la aguda polémica que provocó la denuncia de presunto fraude. En total, habrían sido 104 los votos aunque solo estaban 102 los senadores presentes, Alfredo Deluque (La U), José David Name (La U) y Richard Fuelantala (AICO) estaban ausentes de la sesión. La situación causó la indignación de la plenaria, que calificó de “vergonzoso” y “delictivo” este histórico hecho.

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Denuncian fraude por votos en el Senado durante elección de nuevo magistrado de la Corte: apareció un voto de más

Actualidad, Bogotá D.C., Colombia, Congreso de la República, Investigación, Magistrado, Política / Erika Baute

Durante el trámite de votación para la elección de nuevo magistrado, ocurrió un desafortunado incidente en el que dos de los aspirantes obtuvieron cada uno 50 votos cada uno; posteriormente apareció un voto no marcado que obligó a anular la diligencia parlamentaria. Por lo cual, se repetirá. Algunos de los asistentes gritaron fraude. El hecho tuvo durante la sesión de elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional este lunes, cuando en la plenaria se evidenció un sufragio de más por el cual los congresistas solicitaron la anulación de la votación, lo que conlleva a la repetición de la elección. Como es del conocimiento público, el candidato elegido reemplazará a Antonio José Lizarazo en la Corte Constitucional. Se pudo conocer que luego de que la plenaria escuchara a Claudia Dangond Gibsone, Miguel Efraín Polo Rosero y Jaime Humberto Tobar, se procedió a la votación con los resultados antes descritos y que hicieron presumir de alguna práctica fraudulenta en el trámite. Así las cosas. a la hora de contabilizar los votos, esto ocurrió: Claudia Dangond obtuvo 50 votos, Miguel Efraín Polo 50 votos, dos votos en blanco y apareció un tarjetón sin marcar, lo que sumaba 103 votos, cuando en la plenaria tan solo participaban 102 senadores. Ante el inquietante resultado se alzaron voces de disconformidad de Gobierno como de oposición alertando un posible fraude. Por su parte Efraín Cepeda, presidente del Senado, reconoció la gravedad del resultado, y procedió a solicitar la repetición del acto de votación. Además de lo expuesto se conoció que Manuel Virgüez, del MIRA, denunció que la senadora Ana Paola Agudelo, fue a votar ya había un voto. “Cuando la senadora Ana Paola, que es la primera en la lista, fue a votar ya había un voto depositado. Para que se corrija y se vote en orden de la lista. Que no se anticipe ningún senador”, advirtió Virgüez. Ante lo denunciado el secretario encargado del Senado, Saúl Cruz, reconoció que sí había un voto, que pertenecía al senador Mauricio Gómez Amín quien habría votado antes de retirarse del recinto. “El presidente autorizó al senador Mauricio Gómez Amín que se iba para que votara”, indicó Cruz. Finalmente, Efraín Cepeda resolvió levantar la sesión, “Se ha hablado de fraude, de revisión de cámaras, se ha hablado que el procedimiento no estuvo bien porque los tarjetones eran muy delgados. Para dar las garantías se revisarán cámaras, se van a hacer nuevos tarjetones, se va a poner un cubículo… se levanta la sesión”, aseveró.

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¿Por qué la Corte Constitucional tumbó el decreto que permitía suscribir contratos de manera directa con comunidades?

Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, Gobierno, Legislativo / revistacg

La Corte Constitucional tumbó el decreto con el que el Gobierno buscaba contratar de manera directa con comunidades en proyectos de infraestructura vial. Mediante el decreto 1961 de 2023 el Gobierno Nacional propuso otorgar facultades extraordinarias al presidente durante 6 meses para crear el Instituto Nacional de Vías y Regionales (INVIR), una entidad pública adscrita al Ministerio de Transporte, con el objetivo de fomentar la construcción , mejoramiento y conservación de caminos vecinales o de carácter regional. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequible la medida. El fallo se dio tras la acción pública de inconstitucionalidad adelantada por el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, el 4 de diciembre del 2023, contra el artículo 10 del decreto, donde se establecen las facultades del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Vías Regionales (INVIR). Según el congresista, el decreto vulnera la ley 80 de 1993, mediante la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. “Acabamos de recibir la noticia de la Corte Constitucional que, producto de nuestra demanda contra el decreto del INVIR, ha declarado inexequible el artículo 35 que pretendía de servir de burladero de la ley 80; entregar la contratación pública multimillonaria a organizaciones sin la capacidad y seguramente afines al Gobierno en vísperas de la campaña”, manifestó Cadavid, a través de X. La Corte determinó que el presidente no tiene las facultades para modificar el régimen de contratación estatal. Además, señaló que el decreto podría vulnerar los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva en los procesos contractuales.

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