noviembre 3, 2025
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    Congreso de la República

    Escolta de Sneyder Pinilla acusó a Sandra Ortiz de haber transportado y entregado millonaria suma a Iván Name

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    Reinel Sierra quien se desempañaba como escolta del exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, rindió declaración ante la Fiscalía, como parte del proceso de corrupción que investiga la entidad, con respecto a la compra de los famosos carrotanques de La Guajira, una declaración en donde afirmó que el 12 de octubre de 2023 compró una maleta en la que la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz habría transportado tres mil millones de pesos que serían entregados a Iván Name, expresidente del Senado. ¿Quiénes conforman la lista de congresistas implicados? Como se ha venido mencionando a lo largo de las investigaciones que han salido a la luz pública, en este entramado de ilícitos estarían implicados varios congresistas, quienes habrían sido contactados para que, por medio de algunos beneficios, votaran a favor de las llamadas ‘Reformas del Cambio’ . Los congresistas implicados conforman la Comisión Tercera del Senado de la República, y fueron nombrados recientemente durante el interrogatorio a María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.  

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    Piden la renuncia de MinHacienda tras escándalo por declaraciones de su exasesora

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    Luego de las explosivas declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, en donde vincula a uno de los alfiles más poderosos de la administración Petro con el escándalo de la UNGRD, las reacciones en el ámbito político no se hicieron esperar, algunos ya están exigiendo la renuncia del alto funcionario . Contexto Como parte de las diligencias que se siguen para esclarecer los hechos de corrupción ocurridos con los dineros destinados a la compra de unos carrotanques para La Guajira, la Fiscalía citó a Benavides, quien envuelta en llantos  reveló que presuntamente Ricardo Bonilla estaba en conocimiento de las ‘triquiñuelas’ administrativas que desataron el escándalo que le costó el puesto y la libertad a Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirector de la polémica Unidad, por los dineros correspondientes a la adjudicación de contratos por montos superiores a los 92.000 millones de pesos, a cambio del apoyo de varios congresistas de la Comisión de Crédito Público. ¿Qué dijo? María Alejandra Benavides señaló que, al parecer Bonilla la habría utilizado para facilitar la aprobación de los mencionados contratos, además de gestionar con los seis congresistas implicados y para estar en comunicación con el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla. Como era de esperarse, al hacerse públicas estas explosivas declaraciones se han levantado algunas voces ligadas a la política nacional, exigiendo la renuncia al cargo de Ricardo Bonilla, entre ellos Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático, quien escribió en sus redes sociales “El señor Ricardo Bonilla debería renunciar inmediatamente”. El senador Miguel Uribe, quien aseveró “El ministro Bonilla debe renunciar de inmediato”. Por su parte la congresista María Fernanda Cabal dijo en su cuenta x “¿En qué convirtió Petro este país? Ya venía mal, pero ahora está peor. Este reporte revela cómo movieron coimas para comprar votos de congresistas. Este es un gobierno inmoral”. Jota Pe Hernández, también se pronunció y recordó que en algún momento él quiso sacar del cargo a Bonilla, pero que sus colegas no le apoyaron. “Le hice moción de censura a Bonilla por estar salpicado en este escándalo de corrupción. Me tocó frentearla solo, y el día de la votación, más del 80 % de los senadores decidieron mantenerlo en su cargo”.

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    18 medios de comunicación fueron entutelados por la senadora Isabel Zuleta

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    Al no responder varios derechos de petición emitidos por la senadora Isabel Zuleta, La senadora del Pacto Histórico, procedió a entutelar a 18 medios de comunicación nacionales, se conoció que la congresista en los derechos de petición les habría solicitado a los representantes de los medios información de sus estados de cuentas. ¿Quiénes son los afectados? Dentro de la lista de empresas de comunicación privadas afectadas por la diligencia estarían: Caracol Televisión, RCN Televisión, Blu Radio, La Silla Vacía, Pulzo, El Expediente, El Heraldo, El País de Cali, Semana, El Espectador, Las 2 Orillas, El Tiempo, Portafolio, El Universal, El Nuevo Siglo, Cambio, El Colombiano y Cuestión Pública. Los medios se ampararon en el artículo 15 de la Constitución Como empresas privadas los medios se ampararon en el artículo 15 de la constitución que establece “El artículo 15 de la Constitución Política de Colombia establece que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, a su buen nombre, y el Estado debe respetar y hacerlos respetar. En relación con el manejo de información personal, el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia establece el derecho de hábeas data, que es el derecho de toda persona a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en archivos y bancos de datos. En cuanto a la correspondencia y demás formas de comunicación privada, el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia establece que son inviolables, y solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial”. Al parecer la intención de la senadora Zuleta era conocer las fuentes de financiación, composición accionaria, actividad económica, representantes legales y el balance financiero del último año, con la argumentación de que requería tales datos para iniciar un proyecto de Ley. Ante los hechos la senadora del Pacto Histórico dijo “han vulnerado mis derechos fundamentales de petición y acceso a la información” de prosperar la diligencia en menos de 48 horas los medios involucrados deberían entregar la información solicitada por la funcionaria.

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    $28,4 billones se recortarán al presupuesto de la nación, acá le decimos cómo se hará

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    El Gobierno Nacional determinó la cifra que recortará del presupuesto nacional de 2024, es así como $28,4 billones, equivalentes a un 5,6 % del total del presupuesto aprobado para esta vigencia, serán suprimidos de la lista de gastos del país en lo que queda del 2024. Este recorte que habría sido discutido en el Consejo de Ministros, incluye los $20 billones del aplazamiento presupuestal anunciado en junio pasado, así como los $8,4 billones adicionales producto del análisis de la situación económica actual de la Nación, y que a juicio de MinHacienda, no deberían impactar las cuentas públicas. ¿Qué dijo el ministro Bonilla? Al respecto el titular de la cartera de Hacienda Ricardo Bonilla expresó “El decreto debe oficializarse en los próximos días. La autorización del Consejo de Ministros, ya está dada y la Dirección de Presupuesto está examinando con qué complementa, por lo que es probable que el decreto salga por algo más”. En detalle el ajuste a los recursos de la Nación será de $18,2 billones en funcionamiento y de $10,1 billones en inversión. Los sectores más afectados con el recorte serán Hacienda ($11,8 billones), Trabajo ($3,9 billones), Defensa ($606.000 millones), Rama Judicial ($452.000 millones) y Fiscalía con ($347.000 millones). Sector de Inversión también fue alcanzado por el recorte La inversión experimentará un recorte de $10,1 billones, Distribuidos de la siguiente manera al sector de Inclusión Social y Reconciliación ($1,8 billones), seguido de Hacienda ($1,7 billones), Transporte ($1,4 billones), Agricultura ($1,2 billones) y Vivienda ($647.000 millones). Educación y Salud salieron ilesos Cabe destacar que por indicación del Gobierno Nacional, y al ser prioridad de la administración actual, los sectores de Salud y Educación, no fueron alcanzados por la ‘tijera presupuestal’, asimismo, el ministro Bonilla indicó que la mayoría de los ajustes se hicieron sobre montos que los ministerios “no están en condiciones de ejecutar totalmente”, de acuerdo con Bonilla, mientras que los de hacienda corresponden a las cuentas de conceptos previos “que fueron reducidas a su mínima expresión”.

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    Oposición pidió 6.402, JEP revelará 900 nombres de víctimas de los ‘falsos positivos’

    Actualidad, Bogotá D.C., Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, DDHH, Estado, Fuerza Pública, Gobierno, MinDefensa, Partidos Políticos, Paz, Política /

    La Jurisdicción especial de Paz, como parte del homenaje a la memoria de las víctimas de falsos positivos, dará a conocer 900 de los 6.402 nombres de las víctimas atribuidas a la Fuerza Pública en la época más cruenta del conflicto armado en Colombia Esta presentación que contará con la participación de las madres de Soacha, tras la polémica entre congresistas de gobierno y oposición originada por el levantamiento por parte del representante Miguel Polo Polo, de un homenaje a las víctimas dejado por las madres de Soacha a las afueras de la Corporación, para posteriormente echarlas a la basura. La acción del representante cartagenero desencadenó álgidos enfrentamientos y debates entre quienes defienden la cifra de más de seis mil ‘falsos positivos’ como cierta, y de los congresistas que piden a la JEP y al Gobierno Nacional ponerle nombre y apellidos a la polémica cifra. Entre los más vehementes en pedir que se personalice el número, se encuentra la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien por medio de un derecho de petición la publicación de todos los nombres de las víctimas. “Seguimos esperando que revele los nombres e identificaciones de cada uno de los 6.402”, así increpó directamente al magistrado Alejandro Ramelli. La respuesta de Ramelli Así las cosas, Ramelli respondió a la senadora las cifras corresponden a víctimas reales, con “nombres y cédulas” debidamente documentados y aseguró que la publicación de estos nombres busca honrar su memoria y es una muestra del compromiso de la JEP con las víctimas y sus familias. Además, aclaró que los 900 nombres corresponden a casos incluidos en los autos de imputación contra 100 comparecientes, entre ellos altos mandos militares considerados máximos responsables. Por su parte Leonardo González, director de Indepaz, destacó la importancia de este hecho simbólico “Ponerle cara a esta situación de violencia es esencial, pero debe señalarse que existen muchas más denuncias para evitar una percepción errónea”, explicó. El listado incluirá los nombres de personas asesinadas en Antioquia, Dabeiba, Apartadó, Neiva, Yopal y el Catatumbo, vinculados al colectivo de las Madres de Soacha.

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    Senado ¡por la vuelta! Hoy repiten votación para elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional, tras polémica por presunto fraude

    Actualidad, Congreso de la República /

    Tras el escándalo del día de ayer en la plenaria del Senado, luego de que sobrara un voto para la elección del magistrado que reemplazaría a Antonio José Lizarazo en la Corte Constitucional, lo que provocó que el propio presidente del senado, Efraín Cepeda levantara la sesión, el día de hoy la corporación citó a los honorables senadores a partir de las 10:30 a. m, con intención de darle cumplimiento al fallido trámite del día de ayer. Así las cosas, en próximos instantes se conocerá quien será el nuevo togado de la Corte Constitucional en reemplazo del magistrado Antonio José Lizarazo. Se espera que tras la votación de los 105 congresistas sea elegido (a)  Claudia Dangond, Miguel Efraín Polo o Jaime Humberto Tobar, para ocupar el alto cargo. Contexto Recordemos que el día de ayer la comisión escrutadora de la elección, a la que pertenecen los senadores Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) y Juan Carlos Garcés (Partido de la U), anunció que había un empate entre Claudia Dangond y Miguel Efraín Polo: cada uno con 50 votos, instantes más tarde se anunció que había dos votos en blanco y dos tarjetones sin marcar, lo que generó la aguda polémica que provocó la denuncia de presunto fraude. En total, habrían sido 104 los votos aunque solo estaban 102 los senadores presentes, Alfredo Deluque (La U), José David Name (La U) y Richard Fuelantala (AICO) estaban ausentes de la sesión. La situación causó la indignación de la plenaria, que calificó de “vergonzoso” y “delictivo” este histórico hecho.

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    Denuncian fraude por votos en el Senado durante elección de nuevo magistrado de la Corte: apareció un voto de más

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    Durante el trámite de votación para la elección de nuevo magistrado, ocurrió un desafortunado incidente en el que dos de los aspirantes obtuvieron cada uno 50 votos cada uno; posteriormente apareció un voto no marcado que obligó a anular la diligencia parlamentaria. Por lo cual, se repetirá. Algunos de los asistentes gritaron fraude. El hecho tuvo durante la sesión de elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional este lunes, cuando en la plenaria se evidenció un sufragio de más por el cual los congresistas solicitaron la anulación de la votación, lo que conlleva a la repetición de la elección. Como es del conocimiento público, el candidato elegido reemplazará a Antonio José Lizarazo en la Corte Constitucional. Se pudo conocer que luego de que la plenaria escuchara a Claudia Dangond Gibsone, Miguel Efraín Polo Rosero y Jaime Humberto Tobar, se procedió a la votación con los resultados antes descritos y que hicieron presumir de alguna práctica fraudulenta en el trámite. Así las cosas. a la hora de contabilizar los votos, esto ocurrió: Claudia Dangond obtuvo 50 votos, Miguel Efraín Polo 50 votos, dos votos en blanco y apareció un tarjetón sin marcar, lo que sumaba 103 votos, cuando en la plenaria tan solo participaban 102 senadores. Ante el inquietante resultado se alzaron voces de disconformidad de Gobierno como de oposición alertando un posible fraude. Por su parte Efraín Cepeda, presidente del Senado, reconoció la gravedad del resultado, y procedió a solicitar la repetición del acto de votación. Además de lo expuesto se conoció que Manuel Virgüez, del MIRA, denunció que la senadora Ana Paola Agudelo, fue a votar ya había un voto. “Cuando la senadora Ana Paola, que es la primera en la lista, fue a votar ya había un voto depositado. Para que se corrija y se vote en orden de la lista. Que no se anticipe ningún senador”, advirtió Virgüez. Ante lo denunciado el secretario encargado del Senado, Saúl Cruz, reconoció que sí había un voto, que pertenecía al senador Mauricio Gómez Amín quien habría votado antes de retirarse del recinto. “El presidente autorizó al senador Mauricio Gómez Amín que se iba para que votara”, indicó Cruz. Finalmente, Efraín Cepeda resolvió levantar la sesión, “Se ha hablado de fraude, de revisión de cámaras, se ha hablado que el procedimiento no estuvo bien porque los tarjetones eran muy delgados. Para dar las garantías se revisarán cámaras, se van a hacer nuevos tarjetones, se va a poner un cubículo… se levanta la sesión”, aseveró.

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    Regiones lanzan SOS por recorte presupuestal

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    Los gobernadores advirtieron sobre recortes en el Presupuesto de Regalías que podrían en riesgo, en su concepto, la financiación de programas y proyectos viales para el desarrollo de los departamentos, así como la atención a necesidades de las comunidades como alimentación, transporte escolar y vivienda, entre otros. Según los mandatarios, existen imprecisiones en la formulación del monto asignado para el bienio 2025-2026. En una reciente declaración, la Federación Nacional de Departamentos, FND, que agrupa a los 32 gobernadores del país, consideró que los ajustes anunciados suponen reducciones que son clave para la inversión de obras sociales en los territorios. Pidió además claridad y transparencia en los procesos de liquidación de los recursos respectivos. En esa línea, advirtió que el recorte “injustificado” del presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR), afecta “gravemente el cumplimiento de las metas establecidas en los planes de desarrollo departamentales y municipales, y los objetivos diseñados para el progreso socioeconómico de las regiones”. Acompañamiento a proceso La Federación exhortó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia Nacional de Minería para que develen las fórmulas con las que se proyectan dichos ingresos. También hizo un llamado a la Contraloría General de la República para que acompañe y sea un garante de este requerimiento. “Es prioritario que las regiones cuenten con una dinamización de recursos tendientes a la estabilidad de sus inversiones, para lo cual es fundamental una correcta articulación entre el Gobierno Nacional, los mandatarios departamentales y locales, y el Congreso de la República”, indicó la FND en un comunicado, donde anunció que los gobernadores pondrán a consideración del Legislativo sus observaciones al proyecto de ley, con el objetivo de lograr un presupuesto para el bienio 2025-2026 a la altura de los desafíos económicos y sociales de los territorios.   Carácter centralista La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien  ejerció como vocera de los mandatarios regionales de Colombia, dijo que tan solo su departamento dejaría de recibir 122 mil millones de pesos para programas sociales. “Esto es lo que hemos denominado los gobernadores, y en especial la gobernadora del Meta, un raponazo a las regalías de los departamentos, de los territorios donde tenemos esos recursos financiando proyectos importantes como la alimentación y el transporte escolar, las vías secundarias y las vías terciarias; que entran a beneficiar directamente a esos pequeños productores, a esos campesinos”. El proyecto, a su juicio, impone una serie de requisitos a los departamentos que solo reafirman el carácter centralista del Estado colombiano. “De ahí, la razón por la cual estamos hoy haciendo este llamado de parte de todos los gobernadores al Gobierno Nacional para que en ese proyecto de ley se tenga en cuenta lo que pensamos  y, sobre todo, el impacto tan grave que se puede causar a estos sectores, además, desfinanciando también los planes de desarrollo que nos acabaron de aprobar en cada uno de los departamentos”, agregó.   Modificaciones al proyecto Los mandatarios regionales presentarán proposiciones para eliminar del proyecto aquellos artículos que califican de lesivos para las finanzas departamentales. “Consideramos que deben eliminarse porque básicamente entra a cambiar las reglas de juego de los recursos de regalías del 40%; pero también queremos hacer unas modificaciones muy importantes que lleven a que los recursos que hay en estos momentos de regalías tengan menos obstáculos por parte del Gobierno Nacional”, precisó la gobernadora del Tolima. A su vez, el vicepresidente de la FND y gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, pidió que las reglas de juego que están vigentes en el tema de regalías no s e cambien y que “se sigan ejecutando” por el bien de los territorios. Anunció que durante el proceso de aprobación de la ley de presupuesto de regalías se creará una comisión para hacer acompañamiento tanto en las comisiones como en las plenarias de la Cámara y el Senado para que “seamos escuchados como regiones”. Por su parte, su colega del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, demandó un diálogo franco y honesto con el Gobierno Nacional para mirar cómo garantizar los recursos de inversión social de manera equitativa. Finalmente, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, aseguró que en el proyecto de ley se establecen unas reglas que harán “más grave la situación de la centralización, porque debemos someternos a unos lineamientos que va a establecer el Departamento Nacional de Planeación (DNP)”. Dejó claro que si no se hacen los ajustes que se están pidiendo, el impacto será “gravísimo” en los sectores de educación, salud, transporte escolar, alimentación e infraestructura vial.   La descentralización, en primer orden Senadores y gobernadores se reunieron para analizar propuestas que garanticen el desarrollo de las regiones. En el encuentro, encabezado por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se habló sobre los proyectos a socializar, entre ellos la Reforma al Sistema General de Regalías (SGR), la Ley de Ordenamiento Territorial, la Regla Fiscal y las reformas al FONPET, entre otras iniciativas. “Creo que ambos sectores estamos en la misma orilla, nos duele lo que les duelen a la gente y vemos hoy a gobernadores sin herramientas para poder solucionar los principales problemas de la región. Algunos de ellos, incluso, han expresado que los recursos de las regalías no alcanzan para el Programa de Alimentación Escolar (PAE)”, sostuvo el jefe del Legislativo. Cepeda fue mucho más allá al afirmar que lo que ordena la Constitución del 91 es un proceso de descentralización, que no se está cumpliendo. “Todo lo contrario, se viene recentralizando más el país; el 80% de los recursos se manejan en la Nación y hoy hay renuencia de acudir a los alcaldes y gobernadores para la ejecución presupuestal: Al mes de agosto hay 79 billones  de pesos del gobierno central parqueados en bancos y fiducias, si eso se les entrega a los alcaldes y gobernadores tendríamos una ejecución real y estaríamos cerca de las expectativas de los colombianos”, añadió.   La queja de las regiones ante el Congreso Durante la mesa de trabajo, la gobernadora del departamento de Sucre, Lucy Inés García, expuso los

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    UNA LABOR LEGISLATIVA CON LA MIRADA EN LOS TERRITORIOS

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    El trabajo mancomunado es uno de los ejes centrales de la congresista, quien promueve iniciativas de desarrollo sostenible, inclusión a comunidades con discapacidad, así como garantías a los consumidores, por lo cual desarrolla una política de trabajo dirigida al fortalecimiento de los territorios. En entrevista con la Revista el Congreso Siglo XXI, la senadora Laura Fortich se refirió a los proyectos que impulsa desde el Legislativo, incluida la Economía Azul y Economía Ecológica, iniciativa a través de la cual se plantea la generación de desarrollo mediante el aprovechamiento responsable y eficiente de los recursos naturales del país. La construcción de un país más inclusivo y libre de barreras a personas con discapacidad es otro de sus objetivos como congresista. Economía Azul y Economía Ecológica: propuesta transformadora Desde la presidencia de la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial, la congresista mantuvo un contacto directo con las comunidades, para sacar adelante uno de sus proyectos bandera, la “Ley de economía azul y ecológica”, cuyo objetivo principal es establecer un marco jurídico que impulse y promueva estas dos formas de economía basadas en los ecosistemas hídricos de Colombia, armonizando el desarrollo económico con la protección ambiental. En esencia, “se plantea una alternativa innovadora de generación de desarrollo a través del aprovechamiento eficiente, responsable y sostenible de los recursos naturales”, aseguró la senadora. La propuesta tiene como propósito dar valor e importancia a los ecosistemas acuáticos, en donde este recurso se convierte en una forma de progreso, sin comprometer la sostenibilidad ambiental, ni afectar al territorio. Colombia, un país rico Aunque reconoce que se han dado avances, la legisladora considera que la riqueza que posee Colombia, por su ubicación geográfica, no ha sido aprovechada. Precisamente esto es lo que pretende la ley de Economía Azul, comprometer al Estado colombiano en la ejecución de una verdadera política pública con visión de futuro, que centre sus esfuerzos en aprovechar de manera sostenible estos recursos para apalancar el desarrollo económico y productivo del país, y por ende, garantizar unas mejores condiciones de vida a la población, en especial la vulnerable, que “puede hacer de la protección de su entorno una fuente de ingresos y de dignificación de la vida personal y la de sus familias”. Empoderamiento a la comunidad El empoderamiento de las comunidades aledañas a los cuerpos de agua es un eje central de la iniciativa, por lo cual se involucra a estas en actividades sostenibles que además les aseguren la generación de ingresos, permitiéndoles a su vez dignificar sus condiciones de habitabilidad, contribuyendo al mismo tiempo a la protección de los ecosistemas. En esa línea, las diversas acciones propias de la economía azul y ecológica están orientadas a permitir el involucramiento de la población en la protección del medio ambiente, con proyectos como el fortalecimiento de la actividad pes quera y seguridad alimentaria de las comunidades, así como el fomento de un turismo inclusivo y sostenible. Inclusión de la comunidad con discapacidad La construcción de un país más inclusivo y libre de barreras a personas con discapacidad es un objetivo por el que lucha la congresista, por eso, en con junto con otros legisladores, se avanzó en la conformación de una comisión accidental, a través de la cual se prioriza el respeto por la autonomía, la dignidad humana y los derechos de las personas en esa condición, así como de sus cuidadores. Esta propuesta se concretó tras la expedición de la ley 2418 de 2024, ley de reserva de plazas para personas con discapacidad en el régimen general de carrera administrativa, donde se promueve el acceso al empleo público y la gratuidad de la inscripción para este importante sector de la población. En el marco de su labor legislativa, la senadora ha impulsado igualmente proyectos como el que promueve la participación política de personas con discapacidad a través de la creación de una circunscripción especial para las mismas en la Cámara de Representan tes. También la iniciativa “Colombia libre de Barreras”, como parte de su lucha por la inclusión de ese segmento de la población, en políticas públicas. Para leer más noticias como esta da click AQUI. 

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