junio 23, 2026

UBPD recupera cuerpos de personas desaparecidas en zona rural de Curillo, Caquetá

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó en un predio privado en área rural del municipio de Curillo, en el Caquetá, dos cuerpos que podrían corresponder a personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado en esta zona del país. De acuerdo con las investigaciones humanitarias y extrajudiciales desarrolladas por la UBPD, los cuerpos podrían corresponder a personas desaparecidas en 2002. La localización del punto en el que se encontraban inhumados fue posible gracias a la recopilación de información asociada al Plan Regional de Búsqueda del Caquetá Sur. Teniendo en cuenta que no existe un registro de solicitud de búsqueda que permita asociar la posible identidad de los cuerpos recuperados en Curillo, la Unidad de Búsqueda hace un llamado a las personas buscadoras del país -en especial de los departamentos de Córdoba, Bolívar, Cesar, Boyacá, Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Sucre, Atlántico y Valle del Cauca- que tengan familiares o allegados desaparecidos en este municipio o en el Caquetá para que presenten la solicitud de búsqueda correspondiente a través de la página web de la UBPD o la línea telefónica 3162783918. Tras las acciones de prospección y recuperación adelantadas por el equipo en Caquetá de la UBPD, los cuerpos y sus elementos asociados fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMCF) para su respectiva identificación.

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Aeropuerto El Dorado suspenderá temporalmente vuelos comerciales: conozca las fechas y horarios

El cierre se hará en el marco de la celebración del Día de la Independencia de Colombia Con motivo del Día de la Independencia de Colombia (20 de julio), la Fuerza Aérea Colombiana anunció que liderará la tradicional revista aérea. Por este motivo, la Aeronáutica Civil informó a la ciudadanía que habrá cierres temporales del espacio aéreo en Bogotá durante las siguientes fechas: Miércoles 17 de julio: de 11:00 a.m. a 12:00 m. Sábado 20 de julio: de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. “La Aeronáutica Civil agradece a los operadores aéreos informar a sus usuarios oportunamente sobre las novedades con el fin de ofrecer alternativas que minimicen las afectaciones que puedan presentarse”, precisó la entidad.  De acuerdo con la entidad estos cierres fueron programados con anticipación y comunicados a los operadores aéreos e incluyen el aeropuerto El Dorado, razón por la que recomendaron a los pasajeros con vuelos en estas fechas estar en contacto con sus aerolíneas para evitar posibles cambios en los itinerarios. Durante los cierres, también estará prohibido el sobrevuelo de drones.

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Álvaro Uribe y Andrés Pastrana testificarán ante la JEP por ‘Falsos Positivos’

El coronel retirado, Hernán Mejía, solicitó la comparecencia de los expresidentes como testigos en los más de 70 crímenes de guerra y lesa humanidad. Empezó la primera audiencia preparatoria contra el coronel (r) retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez quién se presentó ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Durante el juicio no aceptó responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que le fueron imputados por el caso 3 de ‘Falsos Positivos’. Mejía Gutiérrez quien fue comandante del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa” de Valledupar entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004, fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por al menos 35 hechos en los cuales se habría victimizado a 72 personas por “conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en calidad de autor y coautor mediato”. Frente al caso (3) de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, Mejía Gutiérrez solicitó que los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango, fueran aceptados como testigos al juicio público que se llevará a cabo los días 16 al 19 de septiembre de 2024 en la Ciudad de Valledupar (Cesar), petición que fue aceptada por el mecanismo de justicia transicional. Según la defensa del acusado con los testigos se busca corroborar su teoría de que actuó como comandante del batallón en cumplimiento de órdenes y que sus operaciones militares fueron legítimas.  La UIA identificó tres diferentes formas de proceder: Víctimas retenidas y asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)​, cuyos cuerpos fueron entregados al IAOP liderado por el procesado, quien luego de simular un combate, los presentó como el resultado de una operación militar.     Víctimas retenidas y entregadas con vida por las AUC al IAOP del procesado, para que fueran asesinadas y sus cuerpos fueran presentados como bajas en combate.   Víctimas que fueron señaladas por las AUC de pertenecer o auxiliar a otros grupos armados ilegales, para que los integrantes del IAOP liderado por el procesado, les quitaran la vida y los presentaran como resultados de las operaciones militares. La magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra explicó cómo las víctimas participarán activamente en el juicio adversarial transicional en Cesar y Bogotá, destacando su papel central en este modelo. Además, se fijaron fechas para el juicio: octubre 17, 18, 28, 29; noviembre 12, 13, 25, 27; y diciembre 3, 4 de 2024, donde las víctimas podrán interrogar directamente al acusado.

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Olmedo López vincula a otros seis congresistas y un ministro por presunta corrupción en la UNGRD

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió compulsa de copias de la Fiscalía General de la Nación. El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López Martínez, habría entregado a la Fiscalía General de la Nación las pruebas con las que se podría vincular a otros seis congresistas por los hechos relacionados con la estructura de presunta corrupción que habría funcionado en su administración.  De acuerdo con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibieron las copias de los documentos originales de la Fiscalía en la que se pide se indague la posible participación de los funcionarios nombrados por Olmedo López.  La Fiscalía entregó dos archivos: el primero correspondiente a la información en la que figuran los congresistas Iván Name (Alianza Verde) y Andrés Calle (Partido Liberal) con destino al magistrado Francisco Farfán y el segundo relacionado con el representante Wadith Alberto Manzur, cuya investigación se encuentra en el despacho del magistrado Héctor Alarcón Granobles. En ese segundo documento se menciona a otros seis aforados: Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U), Karen Astrih Manrique Olarte (Circ. Trans. Esp. de Paz – CITREP), Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde) y Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal).  Dentro de sus declaraciones, Olmedo afirma que el actual Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le habría dado instrucciones claras para direccionar los millonarios contratos en la UNGRD, señalando que algunas de las reuniones se habrían dado en oficinas del ministerio en los meses de noviembre y diciembre del 2023.  ¿Qué sigue? Los casos relacionados con los congresistas que conoce hasta ahora la Sala Especial de Instrucción serán investigados inicialmente junto con otro caso a cargo del magistrado Alarcón Granobles. Esto se debe a que existe una posible corrupción administrativa ocurrida en una entidad pública durante cierto período, en la que algunos directivos habrían participado en conductas ilegales similares. Esta medida, permitida por el artículo 90 de la Ley 600 de 2000, busca concentrar la investigación penal para esclarecer hechos de interés público. El magistrado Farfán seguirá con la investigación que ya estaba llevando a cabo.

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Gobernadora del Meta manifiesta inconformidad ante el anuncio de extender el cese al fuego a las disidencias de las Farc

La gobernadora del departamento del Meta, Rafaela Cortés Zambrano expresó su descontento ante el anuncio hecho por el Gobierno Nacional de extender el cese al fuego a las disidencias de las Farc, que continúan en la mesa de conversaciones por tres meses más como indicó el ministro de defensa.  De acuerdo con la mandataria, “Nos sentimos ‘maniatados’, no hemos podido reaccionar y con esta decisión del gobierno se da pie para que en el departamento del Meta estos grupos armados se sigan fortaleciendo”. Ya que, para la mandataria regional mientras se continúan con estos acuerdos, dichos grupos armados siguen extorsionando y ejecutando otros delitos en las zonas de operación.  “Desafortunadamente cada vez más hay hostigamientos, estamos viendo el reclutamiento, seguimos con la extorsión que ha crecido un 26%” dijo Cortés. Por otra parte, la gobernadora expreso que en el documento que expuso el Gobierno Nacional luego de la fase de diálogo, no quedó claro el control a la extorsión ni al reclutamiento de menores, los mayores delitos que cometen las disidencias de las Farc en el Meta.  

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Congresista Óscar Villamizar demandará Reforma Pensional ante la Corte Constitucional

La recién sancionada Reforma Pensional, también será demandada ante la Corte Constitucional, esta vez el demandante por vicios en el trámite, será el representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático. Villamizar ha manifestado que se encuentra a la espera del número de la norma para demandarla por la violación de tres de los principios del debate. “El primero, el principio de la deliberación. No hubo deliberación de la reforma, que pupitrearon y además terminan acudiendo a un texto de Senado, que nadie conocía y que no permitieron que se discutiera”, explicó el representante. Asimismo, indicó que en el articulado también se violó el principio de la publicidad también pues “jamás se le dio a conocer a la plenaria de la Cámara de Representantes el texto que había acogido el Senado de la República”. También destacó que “No es cierto, ministro Velasco, que usted hubiese entregado en físico ese texto para los congresistas”, indicó. Para Óscar Villamizar la polémica Reforma, además de lo anterior viola el principio de buena fe y transparencia, pues al parecer el Exmininterior Luis Fernando Velasco, nunca entregó un documento para que se conociera el articulado en el Senado de la República.

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Según el Dane ganar más de $435.375 pesos colombianos no es estar en situación de pobreza

El Departamento Nacional de Estadística (Dane) ha reportado que la tasa de pobreza monetaria en el año 2023 descendió un 3,6%, alcanzando un 33%. Esto marca el tercer año consecutivo de reducción en este indicador. Según la entidad, durante este período, 1,6 millones de personas lograron salir de la pobreza monetaria, aunque aún persisten 16,7 millones en esta condición. De acuerdo con un informe del  Dane, la pobreza monetaria extrema son aquellas personas que ganaron menos de $218.846 el año anterior, y la pobreza se ubica con ingresos inferiores a $435.375.  Ubicando la línea de pobreza nacional para 2023 en $435.375, reflejando un incremento del 9,7% respecto al año anterior. En cuanto a la pobreza extrema, en 2023 afectó a 5,7 millones de personas, siendo más prevalente en áreas rurales y centros poblados. Además, el coeficiente de Gini nacional fue de 0,546 en 2023, indicando una disminución en la desigualdad de ingresos respecto al año anterior, 0,556.  Según el informe del Dane, las ciudades con mayor incidencia de pobreza monetaria extrema en 2023 fueron Quibdó (28%), Riohacha (21,6%), Valledupar (18%), Florencia (15%) e Ibagué (14%). Bogotá registró una incidencia del 5,5%, situándola como la cuarta ciudad con menor incidencia de pobreza monetaria. Por otro lado, las ciudades con mayor índice de pobreza monetaria general para 2023 fueron Quibdó (60,1%), Valledupar (49,8%), Riohacha (46%), Sincelejo (44,3%) y Florencia (43,7%).

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Exalcalde William Dau es inhabilitado por decisión de la Procuraduría

De acuerdo con el órgano de control la conducta del exfuncionario fue calificada como una “falta grave a título de dolo”. La Procuraduría General de la Nación ha decidido suspender e inhabilitar por cuatro meses a William Dau Chamat, exalcalde de Cartagena 2020-2023, debido a “comentarios irrespetuosos” y desobligantes dirigidos hacia los directivos de la Universidad de Cartagena durante el proceso de selección del contralor distrital. De acuerdo con la Entidad, en un fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, determinó que durante su administración el funcionario violó su deber de tratar con respeto a los dirigentes universitarios.  En declaraciones a medios de comunicación, Dau calificó a la institución como “plagada de corrupción” y la describió como un “nido de ratas”. Además, en una publicación en su cuenta personal de Facebook, los llamó “malandrines”. Según el Ministerio Público, en el curso del proceso disciplinario se confirmó que Dau Chamat, en su rol de alcalde, emitió declaraciones públicas que no cumplían con el respeto y la ética necesaria para su posición, y que con sus pronunciamientos estaban afectando la “dignidad humana de los destinatarios de la ofensas” que a su consideración vulnera el principio de moralidad. La sanción impuesta por la Procuraduría, que corresponde a un período de suspensión e inhabilitación, se calculará sobre los salarios devengados al momento de la falta, ascendiendo a un poco más de 49 millones de pesos, dado que Dau Chamat ya no ocupa actualmente un cargo de elección popular.

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Ocupación de camas UCI por enfermedades respiratorias llega al 86% en la capital

De acuerdo con declaraciones del Observatorio de Salud de Bogotá, actualmente hay una ocupación del 86% de las camas UCI destinadas para enfermedades respiratorias, esto debido a la circulación viral de diversos patógenos, incluyendo rinovirus, virus sincitial respiratorio, adenovirus, influenza A y covid-19. Según el mismo informe, 980 de las 1.139 camas UCI disponibles en la ciudad están en uso, 25 de ellas destinadas a pacientes con covid-19. Lo cual marca un aumento significativo respecto a meses anteriores, reflejando la persistente amenaza de las enfermedades respiratorias en la capital colombiana. El subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández Niño, señaló que “Es esencial que las personas de grupos de riesgo acudan a los más de 200 puntos de vacunación en la ciudad para recibir las dosis necesarias, especialmente si han pasado más de seis meses desde su última aplicación”. En Bogotá se han administrado un total de 16.407.818 dosis de vacunas contra el covid-19 hasta junio, desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación. Solo este año se han aplicado 120.526 biológicos.

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Defensoría del Pueblo lanza alerta por desplazamiento masivo en Buenaventura

La Defensoría del Pueblo lanzó alerta por el incremento del desplazamiento forzado en zona rural de Buenaventura. El escalamiento del conflicto armado ha provocado el desplazamiento masivo de las comunidades de la zona rural de Buenaventura. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y otros actores criminales han obligado a más de cien familias a huir; unas 60 familias de la comunidad afro Joaquincito Libre y otras 65 familias de la comunidad Joaquincito de la parte baja de Río Naya se encuentran confinadas por la violencia.  “El accionar indiscriminado de los integrantes de la Columna Móvil Jaime Martínez, del Bloque Occidental del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, obligó al desplazamiento de unas 60 familias de la comunidad afro Joaquincito Libre perteneciente al consejo comunitario de la cuenca del río Naya— hacia la zona urbana de Buenaventura, Valle del Cauca. Otras 65 familias de la comunidad Joaquincito, la cual forma parte del resguardo indígena Epedara Siapidara —de la parte baja del río Naya—, debieron confinarse para salvaguardar sus vidas”, indicó la Defensoría. Asimismo, la entidad hizo un llamado al Gobierno Nacional para que acate las recomendaciones formuladas en su Alerta Temprana 039 de diciembre del 2023 e implemente las acciones necesarias para salvaguardar a las comunidades.  “Como entidad nacional de derechos humanos, la Defensoría reitera la necesidad de que las instituciones competentes acaten las recomendaciones formuladas en su Alerta Temprana 039 de diciembre del 2023. Adicionalmente, es urgente que el Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades del departamento del Valle del Cauca y del Distrito Portuario de Buenaventura, ponga en marcha acciones que protejan a la población afectada”, señaló. 

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