La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió compulsa de copias de la Fiscalía General de la Nación.
El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López Martínez, habría entregado a la Fiscalía General de la Nación las pruebas con las que se podría vincular a otros seis congresistas por los hechos relacionados con la estructura de presunta corrupción que habría funcionado en su administración.
De acuerdo con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibieron las copias de los documentos originales de la Fiscalía en la que se pide se indague la posible participación de los funcionarios nombrados por Olmedo López.
La Fiscalía entregó dos archivos: el primero correspondiente a la información en la que figuran los congresistas Iván Name (Alianza Verde) y Andrés Calle (Partido Liberal) con destino al magistrado Francisco Farfán y el segundo relacionado con el representante Wadith Alberto Manzur, cuya investigación se encuentra en el despacho del magistrado Héctor Alarcón Granobles.
En ese segundo documento se menciona a otros seis aforados: Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U), Karen Astrih Manrique Olarte (Circ. Trans. Esp. de Paz – CITREP), Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde) y Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal).
Dentro de sus declaraciones, Olmedo afirma que el actual Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le habría dado instrucciones claras para direccionar los millonarios contratos en la UNGRD, señalando que algunas de las reuniones se habrían dado en oficinas del ministerio en los meses de noviembre y diciembre del 2023.
¿Qué sigue?
Los casos relacionados con los congresistas que conoce hasta ahora la Sala Especial de Instrucción serán investigados inicialmente junto con otro caso a cargo del magistrado Alarcón Granobles. Esto se debe a que existe una posible corrupción administrativa ocurrida en una entidad pública durante cierto período, en la que algunos directivos habrían participado en conductas ilegales similares.
Esta medida, permitida por el artículo 90 de la Ley 600 de 2000, busca concentrar la investigación penal para esclarecer hechos de interés público. El magistrado Farfán seguirá con la investigación que ya estaba llevando a cabo.