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La construcción de la Vía de la Agricultura, que conecta Guamal (Magdalena) con Astrea (Cesar), es un paso crucial para mejorar la movilidad y fortalecer la economía de los campesinos en esta región del sur de ambos departamentos. Asi, la Gobernación del Magdalena inauguró la primera fase, que abarca 15 kilómetros, y dio inicio a la construcción de otros 22 kilómetros. Este proyecto se considera esencial para el desarrollo de la producción agropecuaria en la zona. La Vía de la Agricultura es vital para el Magdalena, ya que facilita el transporte de productos agrícolas clave como pancoger, cítricos, mango, yuca, maíz, patilla y ahuyama. Además, mejora las condiciones para los ganaderos de la región. El gobernador Rafael Martínez dio continuidad a la obra iniciada por su antecesor, Carlos Caicedo, y aseguró que la segunda fase de la construcción impulsará el comercio y mejorará la calidad de vida de más de 77,000 personas. “Al llegar al Magdalena, encontré un tsunami de obras en ejecución dejadas por Carlos Caicedo. Nuestro compromiso con el pueblo ha sido terminarlas y continuar con la transformación prometida desde 2020”, expresó Martínez durante el evento de inauguración. La inversión total de la primera fase fue de $59,530 millones, y la segunda fase tiene como objetivo completar el trazado total con una inversión significativa. El impacto de la Vía de la Agricultura va más allá de la mejora en movilidad. Según el gobernador, esta obra representa “un acto de justicia” para quienes han sufrido durante años las malas condiciones de los caminos en la zona. “Durante décadas, las dificultades para el transporte de enfermos, el abandono escolar y las pérdidas económicas por cosechas malogradas han sido una constante. Esta nueva infraestructura busca cambiar esa realidad, permitiendo un acceso más rápido a los mercados y a los servicios básicos”, afirmó el mandatario departamental. La inauguración fue recibida con entusiasmo por las comunidades de Rinconada, Playas Blancas, Santa Teresita, Bella Vista, Pedregosa, La Ceiba y varios corregimientos. Además, la vía beneficiará a localidades vecinas de Bolívar y Cesar, ya que reduce los tiempos de viaje hacia esos departamentos. Para los campesinos y productores, esta vía representa un avance tangible en la lucha contra el atraso histórico de la región.

En Yopal, Casanare, se instaló una mesa de articulación entre la JEP, las víctimas y las autoridades locales y departamentales. El propósito de este encuentro es concertar propuestas de proyectos restaurativos que sirvan como sanción para los crímenes ocurridos en la región, como los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate, conocidos como los falsos positivos. El objetivo principal es que sean las víctimas quienes propongan los proyectos que consideran necesarios. Estas propuestas serán evaluadas por el Tribunal para la Paz, que determinará su grado de carácter restaurativo. La mesa está liderada por el magistrado Óscar Parra, relator del Subcaso Casanare del Caso 03 sobre falsos positivos, quien tiene como objetivo garantizar los derechos de las víctimas. Es fundamental que sus propuestas sean vinculantes, ya que son las más afectadas por estos crímenes. Por su parte, el magistrado auxiliar Hugo Escobar, delegado por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, destacó la importancia de estos espacios. En ellos, las víctimas directas pueden expresar sus necesidades y definir el mejor camino hacia su restauración. Además, se informó que la Secretaría Ejecutiva de la JEP avanza en la firma de un memorando de entendimiento con el Ministerio de Salud para coordinar la atención integral en salud de las víctimas acreditadas ante la JEP. El Sistema Restaurativo consiste en sanciones que no incluyen cárcel, aplicadas a quienes acepten su responsabilidad ante la JEP por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Colombia. Con el fin de seguir avanzando en este proceso, la segunda reunión para definir el reglamento interno y el plan de trabajo se celebrará el próximo 25 de febrero.

El alcalde de San Vicente de Chucurí, Óscar Sanmiguel, denunció que, a tres meses de la devastadora avalancha ocurrida el 10 de noviembre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) no ha cumplido con los compromisos adquiridos. En este sentido, según Sanmiguel, el Gobierno nacional había prometido subsidios de arrendamiento, asistencia humanitaria y más de 3.000 horas de maquinaria para la recuperación del municipio. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de estas ayudas ha llegado. “Han pasado 90 días de promesas, 90 días de reunión tras reunión y, a la fecha, el Gobierno nacional, encabezado por el doctor Carlos Carrillo, quien ahora anuncia su intención de retirarse, no ha enviado las ayudas prometidas”, dijo el alcalde. La avalancha dejó profundas secuelas en el municipio, afectando a cientos de familias. Entre los daños más graves se cuentan la destrucción de 21 acueductos, la incomunicación de 17 veredas y la interrupción del suministro de agua en el casco urbano durante 10 días. Además, se registraron importantes pérdidas en infraestructura, como puentes, muros y vías principales. Ante esta situación, Sanmiguel destacó que, junto con la Gobernación de Santander, ha gestionado recursos propios para brindar ayuda a los damnificados, incluyendo subsidios de arrendamiento y mercados. No obstante, reconoció que los fondos disponibles son insuficientes para cubrir las necesidades de la población afectada. “Nosotros hicimos lo propio, pero desafortunadamente no hemos podido recuperarnos. Los que sufren son los campesinos y los desplazados, que ni siquiera tienen dónde vivir”, agregó. Por otro lado, el alcalde expresó su descontento con la gestión de la UNGRD y su director, Carlos Carrillo, quien ha sido señalado por no cumplir con las disposiciones legales. “No solo no cumple con lo que la ley le ordena, sino que también maltrata a los alcaldes que alzan la voz”, denunció Sanmiguel, quien resaltó la falta de apoyo del Gobierno ante la crítica situación que atraviesa la región.