junio 27, 2026

Procuraduría

“Quintero tiene más investigaciones que el Covid”, director de la UNGRD

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, señaló al exalcalde de Medellín de incidir en el nombramiento de Alethia Arango Gil en la dirección de dicha entidad. De acuerdo con las denuncias realizadas por Carrillo, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero lo ha “amordazado” por relacionarlo con las investigaciones de la Contraloría que ahora mismo enfrenta la UNGRD por presuntas irregularidades durante la administración de Olmedo López, antiguo director de esta unidad. Asimismo, dijo que Quintero “tiene más investigaciones que el Covid”, advirtiendo que “no solo el uribismo ha dicho que saqueó Medellín, son muchos los sectores políticos que han denunciado su incompetencia como alcalde y su flexibilidad moral”.  “El señor Quintero Calle quiere amordazarme para que no se le relaciones con la UNGRD; pero su versión, según la cual, nunca ha tenido cuotas en la unidad es bien difícil de creer”, señaló Carrillo a través de X. “Alethia, a pesar de ser una de las directivas más cercanas a Olmedo, salió de la Unidad en enero, justo cuando Olmedo estaba suspendido, Víctor Meza, quien fungía entonces como Director le pidió la renuncia. En ese momento el barco ya hacía agua (…) Alethia se fue de la UNGRD, pero adivinen a quién iban a nombrar en su reemplazo: ¡A Luisa Fernanda Gómez Villegas!, la secretaria de Infraestructura de Quintero Calle!”, agregó.  El pasado 9 de abril la Procuraduría abrió una segunda investigación disciplinaria contra Olmedo López, exdirector de la UNGRD, por presuntas irregularidades en la compra de los carrotanques de agua para La Guajira, por un valor de $8 mil millones.   

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Senadora Esmeralda Hernández realizó denuncia penal contra la procuradora Cabello por “manipular al ministerio Público”

La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, interpuso una denuncia penal contra la procuradora Margarita Cabello, por supuestamente politizar al ministerio Público para favorecer a clanes políticos.  De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía, Cabello habría seleccionado “a dedo” a un solo contratista durante los últimos tres años de su administración, entregándole un total de $71 mil millones y violando la ley 80, la cual establece la realización de concursos para celebrar contratos.  Además, la procuradora ha sido cuestionada por su relación con la familia Char. Su hijo, Alberto Mario Caparroso Cabello, ha firmado contratos con la administración de Barranquilla para la construcción de parques y mantenimiento de canchas sintéticas. Según la senadora del Pacto Histórico, la denuncia no fue interpuesta antes por las dudas que habían sobre la Fiscalía de Francisco Barbosa.  Ahora le exigen a la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, adelantar las investigaciones necesarias que ayuden a esclarecer la responsabilidad de Cabello en medio de este escándalo.    

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Procuraduría investiga irregularidades en la captura de hombre señalado de abusar de menores de edad en Medellín

La Procuraduría General de la Nación abrió proceso de indagación para establecer la presunta complicidad de los funcionarios de la Policía del Valle de Aburrá, en Medellín, en la fuga de Timothy Livingston, estadounidense señalado de abusar de dos menores de edad de 12 y 13 años en un hotel de Medellín.  “La Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios de Policía de Colombia por presuntas irregularidades que habrían permitido la salida de Colombia hacia Estados Unidos, a ciudadano acusado de acceso carnal abusivo en Medellín”, indicó la entidad a través de X. Livingston, ciudadano estadounidense de 36 años de edad, nacido en Ohio, ingresó por primera vez al Hotel Gotham de Medellín con dos menores de edad pero el guarda que cubría turno los devolvió al constatar que no contaban con cédula. Al día siguiente regresó con otras dos menores aprovechando el cambio de guarda y en esta ocasión sí pudo ingresarlas a su habitación.  Gracias a las denuncias hechas por los ciudadanos, las autoridades acudieron al sitio y lo encontraron junto a ambas menores. El hombre fue capturado y trasladado a un CTP, pero lo dejaron en libertad porque supuestamente no fue hallado en flagrancia.  El alcalde de Medellín, Féderico Gutierrez, también cuestionó el actuar de los policías involucrados. “Qué más flagrancia que hallarlo con dos menores en un cuarto de hotel”, señaló el mandatario local.  Los propietarios del hotel que fue clausurado argumentan que el hombre evadió la seguridad del establecimiento.  Por estas irregularidades, la Procuraduría abrió indagación y se espera que aparezcan nuevos cómplices.   

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Tener a Margarita Cabello al frente de la Procuraduría es como tener a un ratón cuidando el queso I Columna de opinión de Esmeralda Hernández

  Esmeralda Hernández Senadora de la República Pacto Histórico   Cuando tuvimos el gran honor de asumir la responsabilidad de liderar esta curul en el Senado de la República, le prometimos a la ciudadanía que no sólo haríamos un trabajo propositivo a partir de proyectos de ley que ayudaran al país, sino que además seríamos inclementes contra la corrupción. Así lo estamos cumpliendo: aparte de haber aprobado iniciativas que defienden los derechos de las y los colombianos, y tener en trámite legislativo otras propuestas más que salvaguardan a los animales y el patrimonio ambiental del país, hemos avanzado con una acuciosa labor de veeduría, seguimiento y control político.  Precisamente en el marco de esta tarea, adelantamos durante meses una investigación a la Procuraduría General de la Nación, en cabeza hoy de Margarita Cabello. Los resultados son graves: irregularidades en la contratación de la entidad, nombramiento de personas cercanas a clanes políticos cuestionados y resultados negativos alarmantes del organismo de control que terminan en altísimos niveles de impunidad.  Uno de los hechos más controversiales del periodo de Margarita Cabello corre por cuenta de la creación, en plena pandemia y precampaña electoral, de más de 1.200 puestos, en contravía de un mensaje de austeridad propio del servicio público y de la crisis que vivía el país. El alto número de funcionarios en provisionalidad no ha podido proveerse en carrera administrativa previo concurso de méritos porque, según la entidad, se adolecen 15 de recursos para adelantar el concurso de méritos al cual está obligada.  Al no adelantar dicho procedimiento meritocrático se agudizaron dos fenómenos: la alta onerosidad en algunas Órdenes de Prestación de Servicio (OPS) y el elevado número de funcionarios en provisionalidad. Por ejemplo, en solo diez contratos de prestación de servicios profesionales del año 2023 la Procuraduría gastó 1.638 millones de pesos. Si se amplía a 14 contratos de OPS, la cifra supera los 2 mil millones de pesos. Si la entidad argumenta no tener dinero para el concurso de méritos y suplir los diversos cargos, ¿por qué sí lo tiene para derrochar en contratos de personas amigas y cercanas a la procuradora? La lista de casos que reflejan este favorecimiento a conveniencia es larga. Pero para poner tres ejemplos reveladores: entre los contratistas consentidos está Carvajalino García, que recibió en 2023 un contrato por 241 millones. Se trata de una firma familiar de la cuerda de una abogada que salvó a Margarita Cabello de dos demandas ante el Consejo de Estado. Ahí queda claro el pago de favores.  De la entrega a dedo de OPS con altos honorarios también se beneficiaron el ex procurador Edgardo Maya Villazón; la amiga de años de Cabello: Clara Cecilia Dueñas y el ex procurador Alejandro Ordóñez, con un contrato que recibió su yerno, Daniel Palis. Como si esto fuera poco, la procuradora tuvo 335 nombramientos a dedo y acumuló una planta que supera los 4.100 funcionarios. Pese a este evidente crecimiento burocrático, el organismo de control muestra cifras en rojo y alarmantes indicadores, algunos de ellos acentuados en el periodo de Margarita Cabello. Es decir, la Procuraduría obtuvo más puestos, pero para favorecer a aliados políticos, y no para dar propiamente resultados al país. A julio de 2023 Cabello había permitido caducar y prescribir más de 2.576 procesos. Además, ella y sus antecesores, tuvieron 540 condenas por procesos mal hechos de la entidad, lo que le ha costado al país 78.748 millones de pesos. Hay el riesgo de que el panorama empeore pues hay 600 demandas contra la Procuraduría por 126 mil millones de pesos.  Paralela a esta alarmante situación, hay otros episodios escandalosos como el nombramiento a dedo de personas cercanas a clanes políticos salpicados por corrupción como el de Oneida Pinto y del fallecido senador Mario Castaño. De igual forma, existen otros casos llamativos como el contrato directo que le entregó la procuradora Cabello a la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A, ERT, para manejar temas informáticos del ente de control. Se inició pagando 5.700 millones por esos servicios, y con la ERT se subió a 17.499 millones y posteriormente a más de 26.000 millones con una adición que les otorgaron.  Es decir, cinco veces más recursos con una particularidad horrorosa: saltaron de una contratación pública con pluralidad, oferentes diversos y competencia, a una a dedo, pasándose por la faja la Ley 80. En total, en los tres años Margarita Cabello ha contratado a la misma empresa por fondos que superan los 48 mil millones de pesos. Como si fuera poco, la Procuraduría de Cabello ha pasado de agache con casos emblemáticos de corrupción: Reficar, Odebrecht, Ñeñepolítica, entre otros. Los invito a ampliar cada uno de estos y otros hallazgos en nuestra página web: https://esmeraldahernandez. com/. Allí podrán encontrar la totalidad de la investigación.  Justamente, estas evidencian ejemplifican que, mientras la procuradora Cabello se dedica a hacer política contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, el ente se cae a pedazos, convirtiéndose hoy en una institución que está yendo en contravía de los intereses del país de preservar la moralidad pública, el cuidado de los recursos, el respeto por la Constitución, la democracia y la ciudadanía.  De allí, que radicaremos una denuncia con todas las pruebas y evidencias ante la Corte Suprema de Justicia que, en el caso específico de la Procuraduría, cumple la labor de juzgamiento penal y disciplinario. Del mismo modo, anuncio que citaré un debate de control político de cara al país. Si bien ningún congresista puede citar a la cabeza de un ente de control, por disposición normativa, sí se puede adelantar la invitación a la procuradora, al tiempo en que llamaremos a entidades como el Departamento Administrativo de la Función Pública, para que se explique qué medidas se allegarán a las instituciones que insistan en evadir los concursos de méritos, con tal de entregar la contratación y los recursos a dedo, como sucede en la Procuraduría.  Es hora de que la procuradora responda al país ante estos inquietantes hechos y qué mejor escenario que el epicentro natural

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Expresidente Gaviria pidió a la procuradora oponerse a la “Destrucción del sistema de salud”

César Gaviria, exmandatario nacional en una carta enviada a la Procuradora Margarita Cabello, expresó su preocupación por la suerte del sistema de salud nacional de concretarse varios de los planes que desde el Gobierno se tienen previstos conforme a la Reforma de Salud que promueve el presidente Petro. Al expresidente le inquietan algunas medidas emprendidas por la administración nacional entorno al sistema de salud de los colombianos, de hecho, le solicitó a la Procuradora Cabello que se “oponga a la destrucción” del sistema. Estos son algunos de los puntos tratados en la carta Escasez de medicamentos, falta de pago de las unidades de capacitación por parte del Gobierno, y eventual aplicación de medidas contempladas en la reforma a la salud, sin que la misma haya sido aprobada por el Congreso de la República. En su misiva César Gaviria expresó “El Gobierno ha decidido ignorar su obligación constitucional y legal de financiar adecuadamente el aseguramiento en salud y ha retrasado repetidamente el pago corriente de los presupuestos máximos a las EPS, llegando a acumular entre tres y cuatro meses sin su respectivo giro, lo que representa casi un billón de pesos”. Asimismo, indicó que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), a su juicio no estaría operando eficazmente siendo el único pagador y que la administración Petro no “dispone de los puestos de salud necesarios preparados para desempeñar su papel como el elemento central a partir del cual debería funcionar todo el sistema”. Implementación anticipada de la Reforma de Salud En referencia a la presunta implementación anticipada de la Reforma de Salud, Gaviria indicó “Ya el señor presidente ha dispuesto que se empiece a aplicar la ley que solo tiene la aprobación de la Comisión séptima de la Cámara y que además se aprobó sin que el Ministerio de hacienda emitiera su disponibilidad presupuestal. […] Las consecuencias de estas decisiones son que el país está enfrentando una de las crisis sociales más graves de su historia republicana, con la posible muerte de miles de pacientes”. “Le escribo, entonces, esta carta señora procuradora, para que, en su sensatez y sentido democrático y obligación de hacer cumplir las sentencias que emite la Corte Constitucional se oponga a la destrucción del Sistema de Salud colombiano”, puntualizó.

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Claudia López y Angélica Lozano: Procuraduría les abre indagación por supuesta corrupción

El Ministerio Público busca determinar si contratistas chinos habrían aportado dinero a campañas políticas en las elecciones legislativas del año pasado, para salir favorecidos dentro del proyecto para la construcción del Metro de Bogotá. La Procuraduría abrió una indagación previa en contra de la Alcaldesa De Bogotá, Claudia López; y la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano; por supuesta corrupción en el Metro de Bogotá. El Ministerio Público busca determinar si contratistas chinos aportaron dinero a campañas políticas para resultar favorecidos dentro del megaproyecto. La Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría determinó que “de acuerdo a lo informado por medios de comunicación, posiblemente las servidoras fueron mencionadas en conversaciones entre funcionarios del Ministerio de Transporte y un ciudadano chino, en las que se reveló que se destinarían $6 mil millones para financiación de campañas”. El ente de control ahora investiga sobre las posibles conductas irregulares en las que habrían incurrido la alcaldesa y la senadora, y que podrían resultar en un incidente disciplinario. La indagación previa, dice la Procuraduría, “busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”. La apertura de la indagación previa se da porque los presuntos hechos mencionados fueron dados a conocer por Revista Semana, que en un artículo señala una investigación que habría adelantado una fiscal en Yopal, quien habría ordenado una serie de interceptaciones de llamadas telefónicas en 2022, entre José Joaquín Silva Ardila, quien laboró en el Ministerio de Transporte, y un ciudadano chino cuyo nombre no es claro, pues lo mencionan como William o Dong. Según la revista, en dichas conversaciones se mencionan supuestas coimas de $6.000 millones de pesos, que, incluso, le habría llegado a la alcaldesa y a miembros de su partido, Alianza Verde. En apartes de la supuesta conversación se detallan diálogos como: “Me contó (el supuesto ciudadano chino a Silva Ardila) que tuvieron que hacer un giro de 3 mil millones de pesos y mañana otro de 3 mil millones para esos políticos de los verdes de la alcaldesa”, según describe el artículo de la revista, el cual continúa describiendo presuntos diálogos en los que se hace mención a Angélica Lozano, esposa de la actual mandataria del Distrito Capital, y una supuesta red de corrupción al rededor del metro de Bogotá. Tomado de: El Espectador 

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No valieron denuncias ni advertencias: Quintero confirmó la firma del polémico proyecto de cargue lateral de Emvarias

Hasta comienzos de agosto, lo último que sabía la opinión pública sobre el cuestionado proyecto de cargue lateral de Emvarias es que tras los informes publicados y la lupa de la Procuraduría por sus presuntas irregularidades. Emvarias había decidido dejar quieto el proyecto que implicaba invertir $251.000 millones para arrendar unos vehículos de recolección de basura en un plan piloto que amarraría los recursos durante siete años. La Procuraduría General le había pedido a Emvarias a medidos de julio “abstenerse de tomar cualquier decisión de tipo contractual frente a este proyecto de cargue lateral” hasta tanto el Ministerio Público no investigue de fondo las actuaciones y los soportes que llevaron a la Junta Directiva a dar vía libre para destinar más de $251.000 millones en un proyecto que presenta irregularidades. La empresa que se quedó con el contrato, Themac, fue la única firma que ofertó en diciembre de 2022 para hacerse con el piloto de Emvarias para el cual la empresa lanzó solicitud privada de ofertas e invitó a cinco compañías. Desde el principio fue inquietante que Emvarias se acomodara a las condiciones de Themac, pues la empresa había solicitado inicialmente $135.383 millones de vigencias futuras excepcionales para este proyecto, pero cuando llegó la propuesta de Themac por $251.000 millones más IVA, el gerente Borja no titubeó para ir a la Junta a pedir más plata. Tomado de: El Colombiano

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Presidente Petro le solicita a la Fiscalía General, si es necesario, reabrir procesos por caso Odebrecht

La instrucción del mandatario a la Cancillería tiene como objetivo “establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al Estado colombiano”. El presidente orientó, igualmente, que “los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana”. “He ordenado a la Cancillería de Colombia utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los EE.UU. y de Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al Estado colombiano”. Acusación a grupo aval La decisión orientada por el Presidente Gustavo Petro desde su cuenta de Twitter se produce luego de conocerse, el 10 de agosto, la determinación de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos comúnmente (SEC) de “acusar al conglomerado colombiano Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Grupo Aval S.A., y a su filial bancaria Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). El Grupo Aval, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, acordó pagar 40 millones de dólares para liquidar los cargos de la SEC”, como se señala en su comunicado de prensa. El jefe de Estado, igualmente, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, si es necesario, “reabrir los casos del proceso de Odebrecht/Aval y hallar los destinatarios de los sobornos”. Delitos que merecen justicia En este sentido, el mandatario señaló que los ciudadanos brasileños que “incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en Colombia”. Orientó el Presidente, igualmente, que “los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana”.  Cabe recordar que ayer lunes el presidente anunció la conformación en Colombia de u​na comisión para la “reforma judicial compuesta por las personas que se hayan distinguido por su pulcritud en la administración de la justicia, con el fin de redactar la reforma que se presentará al Congreso de la República”, al referirse al caso de la red de corrupción en el proyecto de infraestructura la Ruta del Sol II.  “La red de corrupción en la Ruta del Sol tiene un agravante: un Fiscal General de la Nación fue el abogado de la red, previamente, y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares, tal como lo denuncié en mi debate en el Senado de la República”, dijo el presidente en su cuenta de Twitter. El jefe de Estado, recordó que en el debate siendo senador denunció el contrato de Estabilidad Jurídica firmado para beneficiar la Ruta del Sol, el cual fue propuesto por el abogado del Grupo Aval, quien después fue Fiscal General y donde, además, se movieron más de 3 millones de dólares para pagar coimas y ser aprobado.  Tomado de presidencia

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La Procuraduría General de la Nación pidió al Ministerio del Interior y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas – UARIV- acelerar los trámites necesarios para trasladar a un albergue transitorio de Pitalito, Huila, a 27 miembros de la comunidad indígena Emberá Chamí que se encuentran en condición de vulnerabilidad en el municipio de Campoalegre, Huila. 

Procuraduría pidió garantizar derechos fundamentales de comunidad Emberá Chamí ubicada en Campoalegre, Huila

La Procuraduría General de la Nación pidió al Ministerio del Interior y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas – UARIV- acelerar los trámites necesarios para trasladar a un albergue transitorio de Pitalito, Huila, a 27 miembros de la comunidad indígena Emberá Chamí que se encuentran en condición de vulnerabilidad en el municipio de Campoalegre, Huila.  En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Provincial de Neiva realizó la petición ante el riesgo de una posible afectación a sus derechos, pues no cuentan con acceso a la salud, alimentación y educación, teniendo en cuenta que desde finales de junio pasado permanecen en una casa donde solo les proveen los servicios básicos de agua, luz y gas.   En la misma acción preventiva, el Ministerio Público solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Policía Nacional activar las rutas y programas de protección y prevención que se requieran para garantizar su seguridad, debido a que el pasado 16 de junio fue asesinado uno de sus integrantes y otro más fue herido.  Además, requirió a la Gobernación del Huila adelantar las gestiones pertinentes para mejorar las condiciones de alimentación de esa comunidad, integrada por siete familias, toda vez que el auxilio “que les ha venido entregando la alcaldía de Campoalegre no es suficiente para satisfacer sus requerimientos”. Tomado de la Procuraduría General de la Nación.

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Presidente Duque sanciona Ley de Inversión Social

El Presidente Iván Duque Márquez sancionó este martes la Ley de Inversión Social, que se constituye en la más grande transformación social del país, y con la que se garantizan $15,2 billones para la atención de los más vulnerables, la reactivación económica y la estabilidad de las finanzas públicas. Noticia en desarrollo…

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