junio 27, 2026

Procuraduría

Procuraduría formuló cargos contra teniente por abuso policial en protestas de la Universidad de Cundinamarca

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra teniente coronel implicado en acciones de abuso policial en manifestaciones de estudiantes de la Universidad de Cundinamarca en 2019. El teniente coronel (r), Alexander González Moreno, deberá asumir cargos por su responsabilidad en las manifestaciones del 4 de septiembre del 2019 en la Universidad de Cundinamarca, en Soacha, cuando se desempeñaba como jefe del Área Operativa del Distrito Especial y permitió el ingreso de personal que portaba armas de fuego al campus de la universidad. “González Moreno permitió que personal que portaba armas de fuego participara en el procedimiento de control de los disturbios e ingresara a la universidad incumpliendo órdenes específicas del servicio”, indicó el ente de control en un comunicado.  De acuerdo con las investigaciones, el patrullero Delbasto Cortés manipuló su arma de fuego de forma imprudente, infringiendo una norma gravísima sobre control de multitudes.   “Se realizaron disparos que pusieron en riesgo la integridad de los estudiantes que no participaban en las protestas, de hecho, uno de ellos recibió un disparo en el muslo izquierdo y otros fueron ultrajados cuando se encontraban en los baños”, señaló la Procuraduría.    

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Procuraduría solicitó a la JEP llamar a declarar a excomandantes del Gaula en Casanare por falsos positivos

La Procuraduría General de la Nación pidió a la JEP requerir a dos excomandantes del Gaula en Casanare para que aporten su verdad sobre los falsos positivos. Los excomandantes del Gaula Militar Casanare, Wilson Camargo Tamayo y Mayor (R) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, deberán ampliar su versión sobre hechos relacionados con los falsos positivos en el departamento entre el 2006 y 2007.  En 2023 Soto Bracamonte denunció ante la JEP que fue objeto de presiones por parte del general (r) Torres Escalante y del general (r) Mario Montoya para cometer dichos actos criminales. Asimismo, se comprometió a trabajar por la verdad para honrar el nombre de las víctimas. Otros exintegrantes del Gaula Casanare también han aportado su verdad ante la JEP, como el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha, quien admitió haber recibido una condecoración como premio por haber participado en el entramado criminal.  La Procuraduría también hizo referencia a casos como el de la comunidad de Aguazul, Casanare, que sufrió estigmatización, represalias y perfilamientos que terminaron en asesinatos y torturas. Asimismo, solicitó  a la JEP que los actos de tortura sean catalogados como crímenes de lesa humanidad.  “Se tienen suficientes evidencias demostrativas, como testimonios sin controvertir y las mismas evidencias científicas, sin refutación alguna, que demuestran la violencia física y psicológica que padecieron las víctimas, las cuales no pueden ser excluidas del análisis demostrativo en estos casos donde estamos frente a conductas de gravedad internacional”, declaró la Procuraduría.   

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Superfinanciera deberá entregar avances a Procuraduría sobre seguimiento a Colpensiones

Tras la inminente Sanción Presidencial al nuevo modelo pensional, la Procuraduría General de la Nación solicitó a Superfinanciera, informes sobre los avances del proceso de vigilancia a Colpensiones. Como es de conocimiento público la entidad ha venido a adelantando el proceso de vigilancia y consulta prestadoras relacionadas en las transformaciones que se harán al sistema pensional de los colombianos luego de la aprobación de la Reforma Pensional, que a la fecha espera por la sanción presidencial. Así las cosas, la Superfinanciera deberá poner a la Procuraduría, al día sobre las acciones implementadas y el cronograma de actividades a cargo de esta Superintendencia con intención de prever riesgos en la operatividad de la administradora pensional. Por medio de una misiva entregada a la procuradora delegada para asuntos laborales, se enfatiza que Colpensiones, pese haber tenido diez años para regular las situaciones de la administración de los ahorros pensionales, aún se siguen registrando errores en la entidad. “Colpensiones tardó más de 10 años en regularizar la situación pensional de los antiguos afiliados del Seguro Social y hoy presenta muchas fallas tecnológicas, así como, vencimientos en los términos legales para las decisiones de prestaciones económicas de aproximadamente seis millones de afiliados”, se lee en el documento. Asimismo, se indica que las cifras se suman al traslado de 19 millones de afiliados que indica la ley, por lo que la Procuraduría requiere de Superfinanciera que se emprendan las acciones, para que la entidad asuma la administración pensional.

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Procuraduría pide detalles a Superfinanciera sobre Colpensiones

  La Procuraduría General de la Nación pidió información detallada sobre el funcionamiento de Colpensiones, a propósito de la aprobación de la reforma pensional.  De acuerdo con el ente de control, Colpensiones tardó más de diez años en regularizar la situación pensional de los antiguos afiliados del seguro social y hoy presenta fallas tecnológicas que aún no han sido atendidas. Por esta razón, pidió a la Superintendencia Financiera datos sobre el seguimiento hecho a dicha entidad, en aras de garantizar los derechos de los usuarios.  “Colpensiones tardó más de 10 años en regularizar la situación pensional de los antiguos afiliados del Seguro Social y hoy presenta muchas fallas tecnológicas, así como, vencimientos en los términos legales para las decisiones de prestaciones económicas de aproximadamente 6 millones de afiliados”, indicó la Procuraduría.  Asimismo, el ente de control señaló que Colpensiones no cuenta con la capacidad logística, técnica y administrativa para dar cumplimiento a la reforma pensional.   “Colpensiones no está preparada para las nuevas obligaciones contenidas en el proyecto aprobado; no tiene la capacidad técnica, logística, administrativa, ni operativa, entre otros requisitos, para asumir nuevas funciones a partir del 1 de julio de 2025”, destaca la Procuraduría. 

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Procuraduría inhabilitó y separó del cargo a coronel del Ejército por acoso sexual

La Procuraduría General tomó una decisión en el caso del teniente coronel del Ejército, Andrés Mauricio Quintero, quien acosó sexualmente a una subteniente.  El ente de control inhabilitó por 14 años a Quintero y lo separó de su cargo al comprobar conductas de acoso sexual contra su víctima, a quien presionó mediante comportamientos sugestivos de manera física y a través de redes sociales.  De acuerdo con la Procuraduría, el implicado enviaba mensajes de texto de índole sexual a su víctima a través de Whatsapp; éste conocía la gravedad de sus actos y le pedía que borrara los mensajes. Además, en una ocasión la citó en una cabaña, “donde se encontraba semidesnudo exhibiéndole sus genitales, para exigirle que le realizara sexo oral”.  El Ministerio Público consideró que el comportamiento del teniente “trascendió y opacó la imagen institucional del Ejército Nacional y la probidad de sus miembros”. El procesado pidió recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.

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Procuraduría abre investigación a funcionarios de Migración Colombia por presuntas irregularidades

La Procuraduría General abrió investigación a Migración Colombia e Imprenta Nacional por presuntas irregularidades en un contrato para imprimir cédulas de extranjería. El ente de control busca establecer una presunta falta de idoneidad de Imprenta Nacional para ejecutar funciones suscritas en un contrato firmado con Migración Colombia por un valor de $6,600 millones, lo que derivó en una subcontratación para la elaboración de cédulas de extranjería.  “El órgano de control investiga una aparente falta de idoneidad de la Imprenta Nacional para ejecutar los trabajos, lo que derivó en una subcontratación de la totalidad de los servicios requeridos, que contemplaban la impresión de las cédulas de extranjería, así como los insumos, la elaboración de la tarjeta, la personalización y entrega del documento final a Migración Colombia”, indicó la Procuraduría a través de un comunicado.   Asimismo, se abrió investigación contra el jefe de la Oficina Jurídica de Migración Colombia, Carlos Julio Ávila Coronel, y el secretario general de esa misma entidad, Rigoberto Niño Corredor, quienes habrían violado los principios de la contratación estatal, función administrativa e incluso los intereses de posibles competidores del mercado. 

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Procuraduría abrió indagación a funcionarios del MinHacienda, Mindeporte, la Dian y Min de Relaciones Exteriores

La Procuraduría General de la Nación abrió por lo menos 14 indagaciones por presuntas irregularidades en la gestión de recursos en 2023. El ente de control busca determinar la baja ejecución de recursos en el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Hacienda, la Dian y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por tal razón, se solicitaron pruebas para establecer si se incurrió en una falta disciplinaria o si se actuó al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad. También se inició investigación disciplinaria al Fondo Nacional Ambiental, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Servicio Geológico Colombiano, la Aeronáutica Civil, la Escuela Superior de Administración Pública, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Bajo recaudo en la Dian De acuerdo con la Procuraduría, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), padece un déficit de por lo menos $10.98 billones. Asimismo, se evidenció la disminución del recaudo tributario en un 10,3%. 

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Pliego de Cargos a Exministra del Deporte por cancelación de los Panamericanos

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de Astrid Bibiana Rodríguez Cortés exministra del Deporte, quien salió de la entidad por el presunto incumplimiento de las obligaciones adquiridas con Panam Sports Organization, en relación a la sede de los Panamericanos que se llevarían a cabo en la ciudad de Barranquilla, lo que provocó la rescisión del negocio jurídico y el retiro de la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Para la Procuraduría tanto Rodríguez como el secretario general, Luis David Garzón Chaves, a quien también se incluyó en el expediente, obraron en detrimento de la ciudad por un monto que alcanza los 2 millones 250 mil dólares, mismos que ya había pagado la Alcaldía como parte de las negociaciones establecidas con anterioridad y que tras los hechos se perdieron por impago. Ante lo expuesto la Extitular de la cartera de Deportes habría quebrantado los principios de eficacia, diligencia y celeridad de la función pública al decidir el 27 de diciembre de 2023 no suscribir el contrato y dejar de honrar el compromiso asumido de hacer efectivo el monto pactado de acuerdo con el plan de pagos establecido el 30 de diciembre. Asimismo, la Procuraduría indica que el secretario y ordenador del gasto, pasó por alto el principio de eficacia al supuestamente detener el proceso contractual para modificar la forma de pago. Finalmente, el Ministerio Público expresa que los servidores actuaron de manera consciente y libremente, pasando por alto las advertencias de los efectos negativos que tendría incumplir el contrato, produciéndose las consecuencias referidas, por lo que calificó de manera provisional la presunta conducta de los funcionarios como falta gravísima cometida a título de dolo.

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Informe de la Procuraduría advierte irregularidades en compra de tierras de la ANT

La Procuraduría General de la Nación por medio de un informe advierte de posibles irregularidades en la compra de tierras destinadas a para campesinos en situación de vulnerabilidad como parte de los objetivos de la reforma agraria propuesta por el Gobierno Nacional, la entidad refiere que estarían en riesgo de malos manejos, dineros que alcanzan la cifra de $136.911 millones. Todo indica que esta investigación por parte de la Procuraduría General y la Contraloría General, se dio debido irregularidades detectadas en la revisión de estos procesos, por medio de las auditorías internas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lo que arrojó inconsistencias y desviaciones de los trámites dejando en evidencia posibles irregularidades. Trámites irregulares Desde diversos sectores se ha expuesto la lentitud y poca efectividad de los trámites de compra de tierras para los campesinos, lo que hace parte de una de las banderas de progreso de la administración Petro, las estadísticas hablan de que en dos años se han adquirido 93.000 hectáreas, según indicó Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), una cifra que no alcanza la expectativa de entrega de 500.000 hectáreas al campesinado colombiano. Recordemos que el resurgimiento agrario ha sido uno de los principales motores de desarrollo impulsados por el llamado Gobierno del Cambio, así como el cumplimiento del Acuerdo de Paz del 2016. Para llegar a esta conclusión la Procuraduría General de la Nación revisó de manera aleatoria 86 de las 288 compras de tierras que hizo la ANT desde inicios de la actual administración del Estado, hasta febrero pasado, cuando Gerardo Vega salió del cargo de director, encontrando irregularidades en el 62 % de las adquisiciones. ¿Qué dice el Ministerio Público? Por su parte el Ministerio Público indica en el informe que “a fin de realizar un cálculo estimativo de los valores que se ponen en riesgo con tales acciones se tomaron como base los precios de los inmuebles estimados para el pago según la información de los expedientes de compra y los valores pagados por los avalúos en los casos en los que se señala que no se debieron ordenar. En suma, el valor que se pone en riesgo corresponde a El informe fue realizado por el procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Guerrero, en donde se da cuenta también que se compraron 14 predios por $51.787 millones, a pesar de que no tienen vocación agrícola y desconociendo observaciones técnicas que se formularon”. Señala, además el ente que hubo irregularidades en las promesas de compraventa de 16 predios adquiridos por $30.623 millones e inconsistencias en 26 predios por $27.039 millones porque no hubo acta de entrega. Se da cuenta de posible falla en la compra de 8 predios que la ANT adquirió por un total de $15.281 millones, las cuales podrían tener la condición de tierras baldías lo que implicaría que no son adjudicables. Otro de los hallazgos de la Procuraduría advierte inconvenientes en la compra de 10 predios por $11.791 millones, calificados como inhábiles para realizar allí actividades agropecuarias porque en su mayoría están conformados por humedales o cuerpos de agua. Entre otras irregularidades la Procuraduría destaca la baja ejecución presupuestal de la Agencia Nacional de Tierras “Pese a que se asignaron altos recursos para la compra de tierras, la ejecución financiera real es baja, con un desembolso mucho menor de lo previsto, lo que sugiere una gestión ineficaz de los recursos”.

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Procuraduría formula cargos contra siete concejales de Magüí, Payán, Nariño

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tumaco formuló pliego de cargos contra siete concejales de Magüí, Payán, Nariño, por negarse a posesionar al abogado Alejandro Quiñones tras ganar el concurso para personero municipal.  Los concejales Edinson Quiñones, Nelson Damar Torres, Terencio Dagoberto Quiñones, Lucio Arboleda Montaño, Jeilin Calixto Quiñones, Jan Carlos Dajomes Tenorio y Favio Alexis Quiñones Lara declararon desierto el concurso de méritos en que resultó ganador Alejandro Quiñones; estos se basaron en la resolución del art. 174, literal f, de la ley 16 de 1994 donde se establece que “no podrán ser designados funcionarios de la entidad territorial los cónyuges o compañeros permanentes de los Diputados y Concejales, ni sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil”.   Sin embargo, la Procuraduría estableció que la demanda la establecieron contra el exalcalde de Magüí, Payán, Juan Carlos Quiñones, padre del personero electo, y no contra el mandatario local actual.  El presidente del Concejo Municipal, Freddy Quiñones, denunció amenazas en su contra por parte del exalcalde.  “El día 9 de enero del 2024 el papá del señor Alejandro, quien es el exalcalde de esta localidad, Alejandro Juvenal Quiñones Cabeza, muy groseramente ingresa al recinto del Concejo, haciéndole una exigencia a todos los miembros que deberíamos elegir al hijo como personero”, dijo a medios locales.  “Lo dejo hoy en conocimiento de todas las autoridades del país y de mi familia que, si algo me llega a pasar a mí, a mi familia o amigos cercanos es el señor exalcalde de Magüí Payán, Alejandro Juvenal Quiñones Cabezas y el hijo Alejandro Junior Quiñones Herrera”, agregó.   

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