junio 13, 2026

Legislativo

¿Por qué la Corte Constitucional tumbó el decreto que permitía suscribir contratos de manera directa con comunidades?

La Corte Constitucional tumbó el decreto con el que el Gobierno buscaba contratar de manera directa con comunidades en proyectos de infraestructura vial.   Mediante el decreto 1961 de 2023 el Gobierno Nacional propuso otorgar facultades extraordinarias al presidente durante 6 meses para crear el Instituto Nacional de Vías y Regionales (INVIR), una entidad pública adscrita al Ministerio de Transporte, con el objetivo de fomentar la construcción , mejoramiento y conservación de caminos vecinales o de carácter regional. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequible la medida. El fallo se dio tras la acción pública de inconstitucionalidad adelantada por el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, el 4 de diciembre del 2023, contra el artículo 10 del decreto, donde se establecen las facultades del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Vías Regionales (INVIR). Según el congresista, el decreto vulnera la ley 80 de 1993, mediante la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  “Acabamos de recibir la noticia de la Corte Constitucional que, producto de nuestra demanda contra el decreto del INVIR, ha declarado inexequible el artículo 35 que pretendía de servir de burladero de la ley 80; entregar la contratación pública multimillonaria a organizaciones sin la capacidad y seguramente afines al Gobierno en vísperas de la campaña”, manifestó Cadavid, a través de X. La Corte determinó que el presidente no tiene las facultades para modificar el régimen de contratación estatal. Además, señaló que el decreto podría vulnerar los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva en los procesos contractuales.  

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Consejo de Estado anula el nombramiento de Manuel Peña Suárez en la CREG

La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad del nombramiento de Manuel Peña Suárez como experto comisionado en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). En un comunicado emitido este lunes, el tribunal indicó que la designación era improcedente, “de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, la dedicación exclusiva es esencial para garantizar la independencia de la CREG”. En el caso de Peña Suárez, su simultáneo desempeño como jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), que está bajo el Ministerio de Minas y Energía, contradice esta exigencia. “’La dedicación exclusiva también tiene como fin la garantía de independencia de la CREG, buscando que los expertos comisionados que la integran solo atiendan al ejercicio de su función frente al mercado y a los usuarios, así como la materialización de su independencia en el manejo de los servicios públicos domiciliarios que son de su competencia, privilegiando el interés general que se predica de ellos y la función que desempeñan en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho’”, argumentó el Consejo de Estado. Peña Suárez fue nombrado inicialmente en noviembre de 2023 por un periodo de tres meses, que posteriormente se extendió hasta casi un año. Durante este tiempo, la CREG había aclarado que su designación no implicaba la separación de sus funciones en la UPME. Reacciones del gobierno Esta decisión se produce en un contexto de tensiones entre el Consejo de Estado y la administración del presidente Gustavo Petro, quien ha expresado su descontento por las decisiones judiciales que afectan los nombramientos en la entidad reguladora. El primer mandatario ha manifestado que estas decisiones “’le quitan independencia’” a la CREG. La anulación del nombramiento de Peña Suárez se suma a la reciente controversia sobre el incumplimiento de plazos por parte del presidente para designar a todos los integrantes de la CREG, lo que le valió una declaración de desacato por parte de la Corte.  

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Gustavo Petro en acto de entrega de tierras en Córdoba y Magdalena: Reforma Agraria no se puede detener

El mandatario cuestionó que predios entregados por exjefes paramilitares para la reparación de las víctimas han aparecido en poder de la organización multi crimen del ‘Clan del Golfo’.   El jefe de Estado reiteró el llamado al Congreso de la República a abrir el debate para que los campesinos del país tengan acceso pronto a la tierra, con el fin de potenciar a Colombia en la producción de alimentos. Al iniciar este jueves la entrega de más de 11.700 hectáreas de tierra fértil al campesinado en Magdalena y Córdoba, el presidente Gustavo Petro Urrego afirmó que la Reforma Agraria en Colombia no se detendrá, porque otorgar tierras es construir paz y es lo mejor que le puede pasar al país. “Entregar la tierra al campesinado es una de las mejores cosas que puede pasar en Colombia, yo diría que la mejor, porque los problemas que ha tenido nuestro país en la historia reciente y en los siglos que hemos vivido como República tienen una fuente, que es la inmensísima desigualdad social que hay en Colombia”, dijo el mandatario desde el municipio de San Sebastián de Buenavista, en el Magdalena, donde los campesinos recibieron 3.280 hectáreas. Asimismo, explicó que en este momento la Reforma Agraria en Colombia avanza gracias al mecanismo de entrega voluntaria y considera necesario ajustar las normas para acelerar el proceso. “La Reforma Agraria no se puede detener en Colombia. La Reforma Agraria tiene que abrir más caminos legales y normativos. Hasta ahora entregamos tierra que nos entregan voluntariamente o que encontramos dentro del mismo Estado guardada en los escritorios. Lo que esperamos, entonces, es que tengamos un movimiento que pueda cambiar las normas de Colombia”, manifestó. En ese contexto, el jefe de Estado reiteró el llamado al Congreso de la República a abrir el debate para que los campesinos del país tengan acceso pronto a la tierra para la producción de alimentos en beneficio de toda la sociedad. “Tenemos que sentarnos con el Congreso de la República y discutir si podemos facilitar que el campesinado de Colombia tenga la tierra fértil de este país y entonces podamos ser una potencia en la producción de alimentos, en la agroindustrialización del alimento, en un alimento que llegue barato a la familia colombiana o que se pueda exportar por el mar y enriquecer a toda la sociedad”, aseveró. En el mismo espacio, el presidente Petro denunció que predios entregados por exjefes paramilitares para la reparación de las víctimas han aparecido en poder de la organización multi crimen del ‘Clan del Golfo’. “Cómo puede ser que, si Mancuso entrega sus tierras, ‘Macaco’ y ‘Jorge 40’, y no sé cuántos más, los Valoy, entregan sus tierras —sus entre comillas, porque ilícitamente las estaban poseyendo con el dinero del narcotráfico y en los cuerpos muertos de los campesinos—, cómo es que se las entrega la justicia a la Fiscalía y de pronto hoy vamos y los que están ahí son hombres de fusil integrantes del Clan del Golfo”, cuestionó el mandatario. Así avanza la entrega de tierras A través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Gobierno entregó 3.280 hectáreas de tierras, que beneficiarán a 411 familias de productores campesinos en el corregimiento El Recreo, municipio de San Sebastián de Buenavista, en el departamento de Magdalena. Estos predios productivos serán utilizados en pequeña ganadería y cultivos de maíz, yuca, ahuyama, arroz secano y plátano, entre otros productos de pancoger. ​Además, el jefe de Estado también participará en el acto de entrega de 8.430 hectáreas de tierras a campesinos víctimas del conflicto en Montería, Córdoba. De esta cifra, 7.916 hectáreas de predios pertenecieron a los entonces jefes paramilitares alias ‘Macaco’, alias ‘Nico’ y alias ‘Cuco Vanoy’.

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“Endilgar delitos no es opinión”, Holman Morris responde a señalamientos de senadora María Fernanda Cabal

El director de RTVC, Holman Morris, se defendió de las acusaciones de la senadora María Fernanda Cabal en su contra.  La senadora del Centro Democrático señaló a RTVC de “ser una caja de resonancia de las FARC”, luego de una entrevista hecha por su director, Holman Morris, a miembros de las disidencias de dicho grupo armado en Antioquia, en el marco de los diálogos de paz con el Gobierno. Las declaraciones de la congresista fueron replicadas por el exsenador José Obdulio Gaviria, el alcalde de Medellín, Féderico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquía, Andrés Julián Rendón. Morris respondió que, aunque la senadora tiene fuero parlamentario, esta no puede extralimitarse en sus funciones y violar la ley.  “Endilgar delitos no es opinión, si me endilga delitos como lo ha venido haciendo, pues tiene que responder por ellos. Ante ese escenario y como gerente de una empresa pública, me veo en la obligación de interponer una denuncia ante la Corte Constitucional por injuria y calumnia”, dijo Morris, en diálogo con W Radio. En agosto, la Fiscalía abrió una investigación contra líderes de la oposición por presuntos hostigamientos a RTVC. La senadora rechazó el llamado a indagatoria y resaltó que “su fuero es inviolable”.  “No acepto que terminemos sometidos y mucho menos bajo la Fiscalía porque ésta no tiene competencias sobre nosotros como congresistas”, expresó Cabal.   

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Con 95 votos a favor, Gregorio Eljach es oficialmente Procurador General

El Senado eligió a Gregorio Eljach como Procurador General.  Finalmente, se cumplió lo que muchos pronosticaban. El abogado Gregorio Eljach ganó con una mayoría aplastante, convirtiéndose en el nuevo Procurador General. Eljach, tendrá la responsabilidad de cumplir a cabalidad con el mandato de justicia, confianza interpersonal e institucional de la entidad que dirigirá. Enfrentará serios desafíos, como la alta polarización que hoy sume al país y la corrupción que ha cooptado tanto al Gobierno como a algunos de los sectores políticos que lo llevaron a la Procuraduría.  ¿Quién es Gregorio Eljach?  Nació en Fusagasugá en 1959. Es abogado egresado de la Universidad del Cauca y especialista en Gestión de Entidades Territoriales de la Universidad Externado. Llegó por primera vez al Congreso de la República como asesor técnico del exsenador payanés del Partido de La U, Jorge Aurelio Iragorri Hormaza, saltando de ahí a la Comisión Especial de Seguimiento del Senado. En 2012 fue escogido como Secretario General en medio de una polémica por supuestas irregularidades en la votación. Desde el año 2020 ha postulado en varias oportunidades su nombre a la terna para Procurador. En septiembre del 2024 el presidente Petro lo escogió para la terna, probablemente por su experiencia y conocimiento de las movidas en el Congreso.  Eljach se convierte en Procurador General, a pesar de que, el pasado 20 de julio fue reelegido para estar dos años más en la secretaría del Congreso, uno de los cargos con mayor poder del Estado. “Estoy muy orgulloso de venir el día de hoy a este recinto de la democracia, que ha sido mi casa durante décadas. Saludo de manera afectuosa a los honorables miembros de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y de toda la rama jurisdiccional. Les expreso mi interés en contar con ustedes para trabajar en el desarrollo de proyectos en beneficio de toda nuestra Nación. Al señor presidente de la República, Gustavo Petro, mi agradecimiento, su gesto democrático permitió que mi nombre esté aquí hoy a consideración de ustedes”, manifestó Eljach. 

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Buscan crear Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social

Este proyecto, que ya hizo tránsito en Comisión Primera de la Cámara y en Plenaria de Senado, debe pasar por dos debates más para convertirse en ley de la República. Además, requiere la aprobación de 329 artículos para su consolidación. Al respecto la representante Astrid Sánchez, del Partido de la U, expresó “Es un código con más de 75 años de vida, creemos que necesita una jubilación porque no responde a las necesidades actuales de los trabajadores” Los representantes garantes de crear y expedir el articulado de este proyecto son: Astrid Sánchez Montes de Occa, Karyme Adriana Cotes Martínez Dentro de los representantes que tienen proposiciones al respecto se encuentran: Juan Daniel Peñuela Calvache, Hernán Darío Cadavid, Diógenes Quintero, Pedro José Suárez Vacca, Julio César Triana Quintero, Juan Sebastián Gómez Gonzáles, Marelen Castillo y Luis Alberto Albán. Esta iniciativa cuenta además con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, Defensoría del Pueblo, Universidad Libre, Externado, Ministerio de Justicia, Magistrados y juristas de la Universidad del Rosario. Dentro de sus objetivos se promueve: Adaptación a la actualidad por medio del uso de las TIC Brindar seguridad jurídica en procesos laborales Agilidad en los procesos Enfoque diferencial de género Implementación de una justicia retributiva, compensatoria, restaurativa Quitar vacíos y ambigüedades de la normativa Posibilidad de unificar la Jurisprudencia  ¿Qué pasa si se aprueba?  Su vigencia empezará seis (6) meses después de su publicación. Asimismo, el Consejo Superior de la Judicatura implementará un plan de formación para funcionarios, empleados judiciales y abogados litigantes. Por otro lado, todos los procesos iniciados con anterioridad a la vigencia de este Código se continuarán tramitando por las normas procesales anteriores, con el fin de no interrumpir en el proceso de los mismos.    

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César Augusto Lorduy es el nuevo presidente del CNE

  La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral escogió al abogado barranquillero César Augusto Lorduy como presidente de la entidad.  A su llegada, Lorduy se comprometió a mantener la defensa de los principios democráticos y garantizar el derecho a la participación política de los ciudadanos, sin importar el color político, destacando que su línea de trabajo se centrará en el fortalecimiento de la democracia participativa en las regiones.  “La democracia es descentralizada, se construye en las regiones, donde cada ciudadano tiene la oportunidad de participar activamente en el diálogo con sus instituciones”, dijo el magistrado.  ¿Quién es César Augusto Lorduy? Es abogado egresado de la Corporación Universitaria de la Costa y especialista en Derecho Ambiental de la Universidad Externado. Fue representante a la Cámara por Cambio Radical entre 2018 y 2022. Cuenta con amplia experiencia en los sectores público y privado. Durante 40 años trabajó Monómeros Colombo Venezolanos.  Cuestionamientos El presidente Petro escogió a Lorduy como magistrado del CNE en septiembre del 2022. Sin embargo, los cuestionamientos en su contra por presunto acoso sexual lo han convertido en un personaje incomodo para algunas congresistas. En noviembre del 2023, la representante a la Cámara por Magdalena, Ingrid Aguirre, lo denunció por acoso sexual y recibir pagos a cambio de favores desde su posición en el CNE.  “El magistrado Lorduy fue denunciado por exigir dinero y favores sexuales a una congresista para fallar a favor de su partido. Y como si fuera poco, fue investigado penalmente por feminicidio, sin haber sido declarado inocente”, escribió la representante Jennifer Pedraza a través de X.   

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Cámara de Representantes aprueba ponencia de la Reforma Laboral

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó con 91 votos a favor y 4 en contra la ponencia de la Reforma Laboral, presentada por el Gobierno Nacional. La propuesta que busca formalizar al menos un millón de trabajadores, fue defendida por María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara, como una medida para cerrar las brechas de inequidad entre trabajadores y contratistas, así como para recuperar derechos laborales perdidos. “Es el momento económico perfecto para esta reforma. Tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) más alto del previsto y una inflación en descenso”, aseguró Carrascal, quien también destacó que las empresas solo destinarían el 0,8 % de sus ingresos a los costos que traería la reforma, dejando una utilidad del 25,7 %. Asimismo, rechazó las proyecciones del Banco de la República sobre la posible pérdida de 400.000 empleos, argumentando que el análisis está desactualizado. La oposición no cedió en su posición El debate, tuvo una fuerte resistencia desde la oposición. Piedad Correal Rubiano, del Partido Liberal, expresó su desacuerdo con la narrativa de precarización laboral, señalando que “la microempresa genera empleo y es fundamental protegerla”. Por su parte, Luz Pastrana del partido Cambio Radical criticó que “esta reforma no responde a las necesidades del campo ni protege al empresario”, advirtiendo sobre un posible aumento en la informalidad laboral. El representante del Centro Democrático, Christian Munir Garcés, también se pronunció en contra. “Los invito a votar negativo. Esta reforma encarece los costos de producción, y eso es preocupante para las pequeñas y medianas empresas”, afirmó. Katherine Miranda, de la Alianza Verde, cuestionó la falta de concertación real entre las partes. “Nos dicen que habrá diálogo nacional, pero en la práctica no hemos visto una verdadera conversación entre gobierno, trabajadores y empresarios”, aseguró. La concertación final A pesar de estas objeciones, y de riesgos en el quórum, la Reforma avanzó hacia la votación positiva del documento, que está compuesto por 80 artículos, todos con proposiciones ya radicadas. La representante Olga Lucía Velázquez celebró la aprobación de la ponencia, resaltando la recuperación de los recargos nocturnos y dominicales, y la creación del Programa de Empleos Nocturnos (PEN) para reglamentar estas jornadas. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien estuvo presente en la sesión, lamentó la retirada de algunas bancadas del debate y expresó su esperanza de que se unan en la discusión de los artículos. “Es fundamental que trabajemos juntos para lograr una reforma que beneficie a todos”, declaró. Con la aprobación de la ponencia, el Congreso continúa con el debate del articulado, y se espera que pronto se pueda concretar su implementación.

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Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación enfrentó críticas y polémica por su gestión

En la sesión de control político de la Comisión Sexta, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, recibió fuertes críticas por su manejo de la cartera y los escasos avances en materia de tecnológica durante el año, durante debate de control político. La diligencia, que inicialmente se centraba en la gestión del ministerio, se desvió hacia una intensa discusión personal de posiciones políticas y presunta discriminación racial. De las primeras en intervenir fue la representante Jennifer Pedraza quien fue la más contundente en su crítica. “El hecho de que se haya decretado un recorte del 25% al presupuesto, significa que, al final de este gobierno, el Ministerio podría no existir. Esta fue una lucha del sector científico, y estamos frente a la peor gestión de esta cartera”, afirmó. Pedraza también denunció problemas laborales dentro de la entidad, mencionando que 35 personas han renunciado en los últimos 10 meses desde la llegada de Olaya. Soledad Tamayo, en contraste, hizo un llamado a la calma, reconociendo algunos avances de la ministra a pesar de los problemas presupuestales. “Es importante que en este último periodo del año se avance a pasos más grandes”. El inicio de la polémica La intervención de la ministra Olaya, sin embargo, avivó aún más las tensiones. Durante su respuesta, acusó al senador Guido Echeverri de promover “tesis del siglo XIX” basadas en jerarquías de la “blanquitud”, lo que generó incomodidad entre varios de los presentes. Adicional a ello, defendió su administración “No prestan atención a las investigaciones que estamos realizando. Mi administración se caracteriza por la transparencia”, al tiempo que destacó un crecimiento presupuestal del 7% para 2025 y nuevas inversiones internacionales, incluyendo el primer Data Center de IA gestionado en colaboración con Emiratos Árabes. El Senador Guido Echeverri, de la Alianza Verde no dejó pasar los comentarios sobre las “jerarquias de blanquitud” y exigió a Olaya que respondiera a las críticas sobre su gestión sin recurrir a la “victimización”. Y advirtió “Aunque no le guste, haremos un seguimiento a su administración”. Al finalizar el debate, la mayoría de los representantes y senadores no quedaron satisfechos con las respuestas de parte del Ministerio, y señalaron que continuarán exigiendo resultados más concretos en la gestión de la cartera de ciencia y tecnología, citando a un nuevo debate de control, dónde se pueda hablar desde lo político y no desde lo personal.

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Se hunde el Presupuesto General de la Nación: Gobierno lo expedirá por decreto

El Congreso de la República no alcanzó un acuerdo para aprobar el Presupuesto General de la Nación para 2025. La falta de quórum llevó a levantar el debate, lo que obliga al Gobierno Nacional a emitir el presupuesto por decreto, una situación que jamás se había dado en la historia del país. El presupuesto debía ser aprobado llegando a un consenso, pero las divisiones entre los legisladores impidieron cualquier avance. Finalmente, el monto establecido que sería decretado por el Gobierno asciende a 523 billones de pesos, según lo confirmado en las últimas sesiones. “De acuerdo con lo sucedido hoy, el presupuesto será expedido por decreto (…) dejen de especular con los recursos electorales, que siempre han permanecido en la bolsa del Ministerio de Hacienda hasta que el registrador los solicita”, expresó Ricardo Bonilla ministro de Hacienda. Bonilla, también agregó que este año por primera vez, los recursos se entregarán directamente a la Registraduría desde el presupuesto, y enfatizó, que se trata de una medida temporal. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que “los recursos de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) quedan intactos”, destacando la importancia de mantener la financiación de estos organismos para las próximas elecciones. Opiniones de oposición La senadora Angélica Lozano, desde la oposición, criticó el desenlace, señalando que “esto no es más que una reforma tributaria disfrazada con el nombre elegante de ley de financiamiento”. También, el representante Oscar Darío declaró “Pusimos a la Corte a llenar vacíos de una legislación muy gris. Y será está entidad la que decida quién tiene la razón, pero considero que esto es una derrota para el gobierno, ya que no se aceptaron sus propuestas”. El próximo 20 de octubre se confirmará el proceso por el cual el Gobierno asumirá la expedición del presupuesto por decreto. Este escenario deja elecciones importantes sobre la necesidad de consensos políticos y el manejo de los recursos públicos a tan solo dos años restantes de gobierno. Finalmente, el debate deja un ambiente de incertidumbre, y algunos sectores ya especulan sobre las implicaciones políticas que esta situación podría tener en el futuro.

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