octubre 28, 2026

Judicial

Bojayá pidió buscar caminos de paz mientras conmemoraron a sus víctimas

El Cristo Mutilado, símbolo de resistencia, encabezó la peregrinación por el río Atrato con la que comenzó el acto de conmemoración, reparación y no repetición que la comunidad de Bellavista, casco urbano del municipio de Bojayá, recordó a las más de 100 víctimas de la masacre del 2 de mayo de 2002. El acto, que la comunidad del municipio realiza cada año, también incluyó un ritual de sanación y presentaciones de agrupaciones locales como las Cantadoras de Pogue . “Las víctimas de Bojayá no paramos de cantar, para mitigar el dolor y que nos dejen en paz. La paz, la paz, la paz queremos”, cantaron las integrantes de la agrupación. La peregrinación partió de la iglesia del nuevo Bellavista, siguió por el Atrato y llegó a la iglesia del viejo Bellavista, epicentro de la masacre en la que cayó un cilindro bomba lanzado por guerrilleros de las FARC. Este sitio se resignificó a través de una ceremonia religiosa y de las presentaciones musicales, con protagonismo de los alabaos, que recordaron a las víctimas, demostraron la capacidad de resiliencia y reconciliación de este municipio y, además, exigieron garantías para la no repetición. “Queremos un municipio de colores, donde se respete la vida, prevalezca la educación, la cultura y el medioambiente; donde los campesinos y campesinas, los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos puedan caminar libremente sin temor alguno”, aseguró en su intervención Yúber Palacios Córdoba, representante del comité de víctimas. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Ministerio de Educación acompañaron el acto a través del programa Sonidos para la Construcción de Paz, que apoya a   instituciones educativas locales que adelantan procesos de formación musical para generar una Cultura de Paz a través de la música y de las expresiones artísticas. “Mil gracias una vez más por haber sido y por ser muestra de que la única posibilidad de resistencia en el territorio, aún hoy en medio de la guerra, es la cultura, es la relación profunda con la memoria, con el territorio y con la sensibilidad”, aseguró en su intervención el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa. El Minculturas agregó que se adelantará el plan especial de salvaguardia de Bojayá para declararlo como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional y, después, como un lugar de memoria ante la UNESCO.        

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Exigen reevaluar cumplimiento del cese al fuego por parte del ELN

En su último informe, el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) pidió reevaluar el protocolo de cese al fuego pactado entre el ELN y el Gobierno Nacional. El aumento de extorsiones, secuestros y atentados contra la población civil a partir de enero del 2024 ha generado preocupación entre la ciudadanía, sobre todo por parte de quienes sufren la violencia en las regiones más apartadas del país. El país ha experimentado un escalamiento de la violencia debido a los enfrentamientos de grupos armados como el ELN y el Estado Mayor Central (EMC). De acuerdo con Indepaz, el ELN ha perpetrado por lo menos 8 ataques directos por mes contra comunidades, en lo que va del 2024.  “En el caso del ELN es notorio el desescalamiento de las acciones a partir de agosto de 2023 cuando se instala el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego con este grupo armado. Sin embargo, en enero de 2024 hay un aumento que es considerable de 15 acciones y 18 en febrero, lo que se acerca al promedio del primer semestre de 2023 que era de 19 acciones.”, se lee en el informe.  “En promedio los ataques directos a la población civil han sido de 8 por mes, las disputas o enfrentamientos con otros grupos armados, así como los enfrentamientos con Fuerza Pública han sido de 4 por mes. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de evaluar los protocolos y su cumplimiento que parecen tener múltiples interpretaciones por las partes”, agrega.   Ante esta grave situación humanitaria, líderes sociales de departamentos como Cauca, Nariño y Norte de Santander han hecho llamados urgentes al Gobierno, pero no han recibido una respuesta clara. Líderes comunitarios de Cúcuta aseguran que no tienen garantías para ejercer su labor.  “Ahora el miedo y la incertidumbre está, no solamente en nosotros como líderes sociales, sino que también en cada una de las personas que habitan la ciudad”, indicó la lideresa social de Cúcuta, Yuleima García, a medios locales.   

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Asesinan a líder comunal en Segovia, Antioquia

Durante la madrugada de este lunes 29 de abril fue asesinado a tiros Robinson Franco, líder de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Carrizal en el municipio de Segovia, Antioquia.  Robinson Franco se convirtió en el líder social número 57 en ser asesinado en lo que va corrido del 2024, de acuerdo con el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz).  El país enfrenta un periodo de profunda crisis humanitaria. En menos de cuatro días grupos armados acabaron con la vida del concejal de Jamundí, Jhon Gil y del líder juvenil de Quibdó, Chocó, Yarlington Robledo. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas de riesgo para defensores de derechos humanos en departamentos como Quindío, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca y Cauca.  

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Fiscalía captura a exalcaldesa de Rioblanco, Tolima, por vínculos con disidencias

Este viernes 26 de abril la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantía a la exalcaldesa de Rioblanco, Tolima, Elisabeth Barbosa por presuntos nexos con el frente Ismael Ruíz de las disidencias de las Farc. La exfuncionaria, quien actualmente trabajaba en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora Olga Beatriz González, fue capturada cuando salía de su casa en Bogotá, en dirección al Congreso de la República. Durante el operativo también fue detenido Arquímedes Martínez Díaz, conocido por haber sido presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Campoalegre, en Rioblanco. De acuerdo con las autoridades, Barbosa sería la encargada de coordinar el envío de recursos, medicamentos y equipo logístico a la columna Ismael Ruíz junto a Arquímedes Martínez Díaz, el cual servía como enlace.  A los capturados se les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y deberán cumplir con medida de aseguramiento en un centro carcelario.   

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José Manuel Gnecco es recapturado en San Andrés por soborno a testigos

El abogado José Manuel Gnecco, principal implicado en el asesinato de su esposa María Mercedes Gnecco Serrano, en 2021, fue recapturado tras su salida de la cárcel de San Andrés, por presunta manipulación de testigos. En 2021 la Fiscalía le imputó cargos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte ilegal de armas, falsedad de documento privado y alteración u destrucción de material probatorio. En las últimas horas un juez ordenó dejarlo en libertad por vencimiento de términos, pero a su salida de la cárcel fue capturado nuevamente luego de comprobarse que habría sobornado a testigos.  El ente investigativo determinó que Gnecco fue responsable del asesinato de su esposa mientras departían en su residencia, en el archipiélago de San Andrés. El hoy implicado confesó que supuestamente delincuentes entraron al apartamento y dispararon contra la mujer. Sin embargo, se comprobó a partir de pruebas técnicas y científicas que su testimonio es falso, ya que la trayectoria del proyectil fue muy corta; además, la residencia estaba protegida por una cerca de seguridad y contaba con cuatro perros que nunca alertaron al notar la presencia de extraños.  La defensa de Gnecco ha buscado dilatar el proceso con solicitudes de aplazamiento. El abogado ahora enfrenta nuevos cargos por presunta manipulación de testigos, a la espera de una nueva audiencia.   

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Cargos a directivos de campaña presidencial de Gustavo Petro por ‘violación de topes’

Los cargos que estaría por formular el órgano electoral recaerían sobre el Jefe de Estado, su gerente de campaña, Ricardo Roa, y los auditores de la misma. Como se recordará la indagación sobre posible corrupción con la campaña se abrió en marzo del presente año, por supuestos aportes millonarios por parte de la Unión Sindical Obrera (USO) durante la segunda vuelta presidencial con intención de consolidar las aspiraciones del hoy mandatario nacional. Según denuncias de medios públicos el sindicato petrolero habría desembolsado la considerable suma de 600 millones de pesos, según lo establecido en un documento de la relatoría Vigésima Asamblea Ordinaria Nacional de Delegados de la USO. “Se solicitan 600 millones de pesos para reforzar la segunda vuelta, específicamente para el día de elecciones, transporte y alimentación. Refrendar lo entregado”, se lee en el documento firmado por Luis Hernando Álvarez, presidente de la Vigésima Asamblea Nacional de Delegados USO en 2022, en Girón, Santander, algo que el sindicato posteriormente negó. En el caso de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode se le atribuye una donación de al menos $500 millones a la campaña en 2022, los cuales habrían ingresado por medio del partido Colombia Humana. Otro de los puntos fundamentales de esta investigación recae en la figura del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás, quien fue llamado a juicio en enero acusado de recibir dineros del narcotráfico mientras se desempeñó como delegado de la campaña presidencial de su padre para la región Caribe. Según la Fiscalía, el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra dio a Petro Burgos el equivalente a 102.000 dólares, al igual que Alfonso “El turco” Hilsaca. Ante este panorama se tiene previsto que el Consejo Nacional Electoral en los próximos días, determine lo que viene para resolver la investigación a la campaña ‘Petro Presidente’.

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Cámara de Comercio de Bogotá lideró diálogo con más de 20 decanaturas sobre política pública en materia de seguridad y justicia

La Cámara de Comercio de Bogotá organizó un diálogo con la academia con más de 20 decanaturas de facultades de derecho de universidades de la ciudad-región con el propósito de contribuir a la formulación e implementación de política pública en materia de seguridad y justicia. La CCB, en sus 145 años de historia, ha sido protagonista en la construcción de políticas de seguridad y, desde hace 25 años, realiza la Encuesta de Percepción y Victimización, haciendo seguimiento a los temas de seguridad de la ciudad, contribuyendo de manera decidida en ese aspecto, así como en la solución pacífica de conflictos. Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, afirmó que “Estamos complacidos de contribuir con soluciones efectivas de manera articulada de acceso a la justicia. Trabajar colectivamente nos permitirá hacer recomendaciones de política pública que incidan y mejoren las problemáticas actuales”. La entidad ha estado comprometida a lo largo del tiempo con los gobiernos nacionales y locales y sus instituciones, impulsando acciones y estrategias que beneficien a los ciudadanos y a nuestros empresarios. En este espacio asistieron decanos y delegados de programa de derecho. Conforme a las cifras de seguridad en delitos como: homicidio, lesiones personales, hurto a personas, hurto a comercio y extorsión, se abrió un diálogo abierto y participativo en el que las universidades plantearon retos y alternativas en la articulación de la academia, sector privado e instituciones públicas, para acompañar y fortalecer la eficacia y acceso a la justicia. Como resultado de la reunión, se acordó que la CCB liderará un espacio técnico que se reunirá de manera periódica, trabajando en acciones en el marco de cinco propuestas principales en materia de gestión de conocimiento, incidencia y articulación. Igualmente, apoyará la implementación de la nueva Ley de Consultorios Jurídicos- Ley 2113 de 2021- y su diálogo directo con la justicia.

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Procuraduría solicitó a JEP incluir ‘falsos positivos’ de Comuna 13 de Medellín como bajas en combate

26 casos ocurridos en estas zonas urbanas que no aparecen en el registro oficial motivaron a la Procuraduría General de la Nación a solicitar a la JEP evaluar la posibilidad de incluir las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública, (Falsos Positivos), en hechos acaecidos en la Comuna 13 de Medellín y la región de Valle de Aburrá, como un nuevo patrón macrociminal para ser indagado con intención de hacer prevalecer la justicia y la reparación de las víctimas. Jairo Acosta, procurador delegado ante la JEP, indicó que estos crímenes que habrían sido cometidos por el Ejército Nacional, tuvieron unas características especiales en términos de modalidad de ejecución, contexto y tipo de víctimas, por lo cual se solicitó que se configure en el documento de petición una modalidad de patrón única, que inicie desde el año 2002. “Este despliegue operacional concluyó en once acciones en las comunas de Medellín y el Valle de Aburrá durante el año 2002, las cuales se vieron acompañadas por serias denuncias de violaciones a los derechos humanos y sobre la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en operaciones contrainsurgentes en alianza con grupos paramilitares”, aseguró la Procuraduría sobre cómo se dieron estas ejecuciones extrajudiciales. “La alta afectación en Medellín, en comparación con los otros municipios, es un indicador de que el fenómeno de ejecuciones extrajudiciales durante 2002 y 2003 se concentró en un territorio urbano cuya caracterización merece una especial atención”, se lee en el texto de observaciones.

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Demandarán al Estado colombiano en instancias internacionales por caso Sanitas

El abogado Juan David Riveros, en representación de Keralty, conglomerado que manejaba el 80% de EPS Sanitas, indicó en reciente entrevista que demandarán al Estado ante instancias internacionales por daños y perjuicios ocasionados durante la intervención de la EPS Sanitas argumentando que dicho procedimiento fue ilegal. “Nosotros nos tomamos estos días para hacer un análisis ponderado y encontrar los caminos jurídicos para defendernos de lo que consideramos es un acto ilegal, desproporcionado y discriminatorio”, explicó el jurista, quien también aseguró que el acto además de ilegal resultó arbitrario. “Yo sí le puedo decir que lo que ha pasado es ilegal y arbitrario. Consideramos que hay de por medio un acto de discriminación”. Justificación de términos Juan David Riveros, indicó que hay tres motivos fundamentales para determinar la ilegalidad y de la mencionada intervención: primero es que hay una “clara inhabilidad” de la superintendencia de Salud porque en el pasado emitió opiniones en el pasado de “malquerencia y animadversión” contra la EPS. Asimismo, expresó que los argumentos utilizados para el proceso administrativo no eran reales, dado que se desconoce la veracidad de los datos, “en el mes de septiembre del año anterior a la EPS se le renovó la acreditación”, recalcó. Riveros también aseveró que las medidas tomadas por el Gobierno nacional resultaron exceden lo previsto en la ley, “más allá que no compartimos, suspenden del cargo a administradores, pero no está previsto que desplacen a la asamblea de accionistas”. “Estamos tratando de acuerdo con la ley, recuperar la administración de la EPS”, finalizó Riveros.

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‘Otoniel’ declaró sobre ‘Falsos Positivos’ ante la JEP

Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel exjefe del Clan del Golfo, declaró ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz en el marco de los casos 03 y 06 donde se indagan los llamados ‘falsos positivos’, y la victimización contra integrantes de la UP. El ente indicó al respecto de la toma de testimonio a alias Otoniel que este se llevó a cabo en la sede de la Penitenciaria de Máxima Seguridad, ‘ADX’ o ‘Supermax’, de Florence, Colorado, Estados Unidos. Durante el acto el exjefe del Clan del Golfo insistió en vincular a integrantes de la fuerza pública con la estructura al margen de la ley a la cual perteneció e incluso detalló estrategias que en su momento el Clan del Golfo puso en marcha según su versión con el apoyo de algunos miembros de la Policía y las Fuerzas Militares de la época, todo con el fin ejecutar los asesinatos y desapariciones forzadas por los cuales estaría respondiendo ante la JEP. Entre otras cosas ‘Otoniel’ también hizo referencia según la JEP a presuntas alianzas con políticos tanto a nivel nacional como regional, así como con civiles, organizaciones armadas ilegales, Ejército Popular de Liberación y Autodefensas Unidas de Colombia. Cabe destacar que durante la audiencia la JEP garantizó la participación de las víctimas acreditadas en ambos macro casos, así como también de sus representantes judiciales, para que formularan preguntas por escrito, esto en vista de la restricción del Departamento de Justicia estadounidense de hacer grabaciones o conexiones vía internet durante estas diligencias.

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