mayo 25, 2026

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“Las elecciones tienen que ser nítidas y no puede haber ninguna duda”: Procurador General

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, invitó a las directivas, docentes y estudiantes de la Universidad de Cartagena a acompañarlo en su estrategia Paz Electoral, con la que busca que las elecciones sean libres, transparentes, seguras y que se respeten los resultados que se den en las urnas. En visita al claustro educativo, el jefe del Ministerio Público manifestó que “las elecciones tienen que ser nítidas y no puede haber ninguna duda” en cuanto a la transparencia del proceso. El Procurador, durante el encuentro con el rector de la Universidad de Cartagena William Malkún, explicó que la Paz Electoral es una estrategia comunicacional “para decirle a los colombianos que tenemos que defender la democracia y que las elecciones son de los ciudadanos y no de los partidos”. Recordó que el próximo miércoles estará revisando, junto con el Registrador Nacional  y organismos internacionales, la tecnología empleada para la recopilación y transmisión de los datos electorales. Por último, Eljach Pacheco, tras recibir la acogida del directivo, invitó a los colombianos a participar en las urnas y a derrotar la abstención: “Vayamos a votar libremente por quien quieran, hay condiciones, salgamos a votar”, enfatizó.

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Procuraduría formuló cargos contra Luis Francisco Cante por posibles actos de acoso sexual

La investigación también cobijó a una oficial de Migración Colombia, para la época de los hechos. Recordó la obligación, especialmente de quienes ejercen funciones públicas, de propender por la guarda de los derechos de las mujeres.  La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra los entonces director y coordinadora regional Andina de Migración Colombia, Luis Francisco Cante Céspedes y Adriana Paola Cuervo Pulido, respectivamente, por posibles hechos relacionados con actos de acoso sexual contra una servidora de ese mismo organismo. Los hechos fueron denunciados por una oficial de Migración Colombia, quien manifestó que entre febrero y octubre de 2023, fue víctima de comportamientos que posiblemente configuraban acoso, hostigamiento o asedio físico y verbal con fines sexuales no consentidos por parte de Cante Céspedes. Al parecer, el exdirectivo habría hecho tocamientos no autorizados a la denunciante, además de comentarios con contenido sexual que afectaban la dignidad de la víctima, aprovechando su condición de directivo. Para el Ministerio Público sus posibles comportamientos, “configuran acoso, hostigamiento o asedio físico verbal con fines sexuales no consentidos”.     Entre tanto, la Procuraduría también formuló cargos a Adriana Cuervo, quien, a pesar de admitir que no estuvo presente en los momentos del presunto acoso sexual, señaló en un correo electrónico dirigido a los directivos de Migración Colombia, que la víctima habría distorsionando la realidad y se refirió a la supuesta manera de vestir de la víctima, al parecer, pretendiendo hacer entender que la vestimenta que usaba era justificación para que fuera objeto de los actos que estaba viviendo en su contra. A juicio del Ministerio Público, con su conducta, la investigada pudo haber incumplido el deber de protección de la honra y la dignidad de la víctima y restarle credibilidad a los hechos informados. La Procuraduría Delegada para la Moralidad y la Transparencia Pública citó parte del marco normativo, nacional el internacional, que obliga a todas las autoridades a proteger de manera particular a la mujer que ha sido víctima de violencia.  En ese sentido, se refirió a la denominada “violencia institucional”, que según sentencia de la Corte Constitucional “puede resultar aún más perjudicial que la perpetrada por un particular, en tanto estos actúan con legitimidad y legalidad que emana de la investidura como autoridad pública y que refuerza el discurso del agresor.”     En consecuencia, no es admisible ningún tipo de agresión sexual, que comprende entre otras acciones: tocamientos, expresiones sutiles que contienen doble sentido (lenguaje verbal – no verbal) que agreden sexualmente a las mujeres, puntualizó el ente disciplinario. Las conductas endilgadas a Cante Céspedes y Cuervo Pulido fueron calificadas como falta gravísima y grave, respectivamente, a título de dolo.

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Procuraduría General de la Nación formula pliego de cargos contra MinSalud

Luego de un proceso de investigación exhaustiva, la Procuraduría general de la Nación, halló elementos probatorios suficientes para establecer que, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, actual ministro de Salud de los colombianos, habría omitido ejecutar las medidas necesarias para resolver la crisis por desabastecimiento y escasez de medicamentos que, según la Procuraduría, ha vivido el país. Así las cosas, el Ministerio Público, anunció su decisión de formular pliego de cargos contra el alto personero de Gobierno, por su presunta responsabilidad en la crisis enfrentada por la nación, a causa del desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos para el año 2023 “lo que habría impactado de manera negativa en el derecho fundamental a la salud y la prestación de ese servicio”. Grave omisión Para el Ministerio Público, la presunta omisión del Ministro de Salud resulta una falta “Grave” a título de Culpa Grave y que en estos casos podría sancionarse con la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad. Asimismo, el ente determinó que Jaramillo Martínez habría incumplido con sus funciones primordiales al no tomar medidas oportunas frente a la mencionada crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, aun cuando esta fue advertida por asociaciones médicas desde 2022. Reacción tardía Para la Sala Disciplinaria de Instrucción el ministro Jaramillo solo expidió la Resolución 1896 y elaboró un plan de acción para el mes de noviembre de 2023, luego de recibir una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitida en octubre del mismo año.

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Olmedo López y Sneyder Pinilla destituidos e inhabilitados por la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación en un fallo, de primera instancia, dictaminó la destitución e inhabilidad de Olmedo López por un lapso de 18 años y de 20 años para Sneyder Pinilla. La sanción se dio por cuenta de las irregularidades detectadas en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entidad que dirigía Olmedo de Jesús López Martínez y de la cual, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, fue exsubdirector de Manejo de Desastres, ambos acusados de corrupción basados en los sobrecostos en el proceso de adquisición de 40 carrotanques que serían destinados para el abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira. La delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1, indicó que fue probado que “los entonces funcionarios participaron en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, al adquirir los vehículos pagando sobrecostos que superaron los $16.000 millones, que equivalieron a más del 54% con respecto a los precios reales del mercado y de más de $412 millones por cada uno de los carrotanques”. Al referirse a la participación de Olmedo López, en este famoso entramado, el Ministerio Público indicó “al suscribir la ratificación de la orden de proveeduría, estructurada y elaborada por Pinilla, y autorizar el pago de recursos al contratista, con lo que se afectó el patrimonio público”. Mientras que al referirse a Sneyder Pinilla, se ratificó su participación en la gestión del negocio jurídico para la compra de los vehículos y aseguraron que “omitió el hecho de que las tres cotizaciones recibidas superaban ampliamente el precio real del mercado y avaló el pago de los valores sin tener en cuenta los evidentes sobrecostos”. Asimismo, el Ministerio de Público dictaminó que Pinilla recibió a satisfacción los 40 vehículos adquiridos “sin que el contratista ejecutara a cabalidad el bilateral”, considerando que los carrotanques “no fueron utilizados para los fines previstos, esto es la respuesta humanitaria declarada mediante el Decreto 2113 de 2022, con el propósito de abastecer de agua a la comunidad de La Guajira”.

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Bandas de colombianos y chinos traficaban migrantes por el Darién

Autoridades en territorio colombiano desarticularon una banda criminal, al parecer dedicada al tráfico de migrantes por los pasos clandestinos ubicados entre la selva del Darién y las islas caribeñas de San Andrés. Se conoció que los implicados habrían trasladado al menos unos 1.082 migrantes desde Colombia y Ecuador hasta Centroamérica, según explicó la Fiscalía. El Ministerio Público indicó al respecto que las pruebas obtenidas dejan en evidencia que la estructura criminal conocida como ‘Los Andariegos’ traficaba ilegalmente con migrantes, a los cuales les ofrecían gestionar transportes, hospedajes y la posterior salida del país, para tomar rumbo a los Estados Unidos. Cabe destacar que a la organización delictiva se le atribuyen unos 42 hechos que involucran el tráfico de migrantes, en donde ofrecían dos rutas: una que salía desde Ipiales, Nariño (frontera con Ecuador), y llevaba a los migrantes hasta Necoclí, Antioquia, para posteriormente conducirlos por la selva del Darién hasta Panamá. El otro trayecto corría por cuenta de ciudadanos chinos quienes recogían a estas personas en Tulcán (Ecuador) y los llamaban ‘paquete VIP’. Posteriormente movían a los grupos de migrantes por tierra hasta Medellín y desde allí les garantizaban el billete hasta las islas caribeñas de San Andrés para posteriormente embarcarlos en lanchas clandestinas hacia Centroamérica. Entre los capturados se encuentra el presunto líder, identificado como Cristian Camilo Rivera Pérez, quien aparentemente estaba a cargo de los alojamientos y traslados de los extranjeros. Otros detenidos Las otras personas capturadas serían los encargados de organizar hospedajes y alojamientos en Medellín y Cartago, municipio en el Valle del Cauca; dos empleados de una empresa de transportes intermunicipal y un taxista también de Medellín. A los efectos de los hechos señalados un fiscal de la dirección especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó a los sujetos los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes, aunque ninguno de los procesados aceptó los cargos.

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Procuraduría inhabilitó y separó del cargo a coronel del Ejército por acoso sexual

La Procuraduría General tomó una decisión en el caso del teniente coronel del Ejército, Andrés Mauricio Quintero, quien acosó sexualmente a una subteniente.  El ente de control inhabilitó por 14 años a Quintero y lo separó de su cargo al comprobar conductas de acoso sexual contra su víctima, a quien presionó mediante comportamientos sugestivos de manera física y a través de redes sociales.  De acuerdo con la Procuraduría, el implicado enviaba mensajes de texto de índole sexual a su víctima a través de Whatsapp; éste conocía la gravedad de sus actos y le pedía que borrara los mensajes. Además, en una ocasión la citó en una cabaña, “donde se encontraba semidesnudo exhibiéndole sus genitales, para exigirle que le realizara sexo oral”.  El Ministerio Público consideró que el comportamiento del teniente “trascendió y opacó la imagen institucional del Ejército Nacional y la probidad de sus miembros”. El procesado pidió recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.

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Funcionario de la Secretaría de Movilidad de Cali salió del país con orden de captura

La Personería Distrital de Santiago de Cali denunció que el delegado de la Secretaría de Movilidad salió del país luego de conocer una orden de captura en su contra.  Se trata de Alfredo García, personero delegado de la Secretaría de Movilidad, a quien el Ministerio Público le abrió una investigación disciplinaria por su presunta participación en una red ilegal de exoneración de multas.  Según el personero de Cali, Gerardo Mendoza, el implicado habría solicitado un permiso para salir del país desde el 14 de junio hasta el 13 de agosto por una situación de enfermedad de su hermana. “Vale la pena manifestar que la solicitud la fundamentó en una enfermedad grave de su hermana y que tenía que salir del país, por eso ante esta situación, y el principio de la buena fe, se le consiguió la licencia no remunerada por el término que dispuso el funcionario”, indicó Mendoza a medios locales.  “De regresar al país, no se reintegrará al trabajo, porque la Fiscalía lo aprehenderá y lo someterá a la justicia, haciendo efectiva la orden de captura y medida de aseguramiento para que rinda cuentas y esclarezca los hechos que están siendo investigados”, agregó Mendoza.

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Informe de la Procuraduría advierte irregularidades en compra de tierras de la ANT

La Procuraduría General de la Nación por medio de un informe advierte de posibles irregularidades en la compra de tierras destinadas a para campesinos en situación de vulnerabilidad como parte de los objetivos de la reforma agraria propuesta por el Gobierno Nacional, la entidad refiere que estarían en riesgo de malos manejos, dineros que alcanzan la cifra de $136.911 millones. Todo indica que esta investigación por parte de la Procuraduría General y la Contraloría General, se dio debido irregularidades detectadas en la revisión de estos procesos, por medio de las auditorías internas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lo que arrojó inconsistencias y desviaciones de los trámites dejando en evidencia posibles irregularidades. Trámites irregulares Desde diversos sectores se ha expuesto la lentitud y poca efectividad de los trámites de compra de tierras para los campesinos, lo que hace parte de una de las banderas de progreso de la administración Petro, las estadísticas hablan de que en dos años se han adquirido 93.000 hectáreas, según indicó Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), una cifra que no alcanza la expectativa de entrega de 500.000 hectáreas al campesinado colombiano. Recordemos que el resurgimiento agrario ha sido uno de los principales motores de desarrollo impulsados por el llamado Gobierno del Cambio, así como el cumplimiento del Acuerdo de Paz del 2016. Para llegar a esta conclusión la Procuraduría General de la Nación revisó de manera aleatoria 86 de las 288 compras de tierras que hizo la ANT desde inicios de la actual administración del Estado, hasta febrero pasado, cuando Gerardo Vega salió del cargo de director, encontrando irregularidades en el 62 % de las adquisiciones. ¿Qué dice el Ministerio Público? Por su parte el Ministerio Público indica en el informe que “a fin de realizar un cálculo estimativo de los valores que se ponen en riesgo con tales acciones se tomaron como base los precios de los inmuebles estimados para el pago según la información de los expedientes de compra y los valores pagados por los avalúos en los casos en los que se señala que no se debieron ordenar. En suma, el valor que se pone en riesgo corresponde a El informe fue realizado por el procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Guerrero, en donde se da cuenta también que se compraron 14 predios por $51.787 millones, a pesar de que no tienen vocación agrícola y desconociendo observaciones técnicas que se formularon”. Señala, además el ente que hubo irregularidades en las promesas de compraventa de 16 predios adquiridos por $30.623 millones e inconsistencias en 26 predios por $27.039 millones porque no hubo acta de entrega. Se da cuenta de posible falla en la compra de 8 predios que la ANT adquirió por un total de $15.281 millones, las cuales podrían tener la condición de tierras baldías lo que implicaría que no son adjudicables. Otro de los hallazgos de la Procuraduría advierte inconvenientes en la compra de 10 predios por $11.791 millones, calificados como inhábiles para realizar allí actividades agropecuarias porque en su mayoría están conformados por humedales o cuerpos de agua. Entre otras irregularidades la Procuraduría destaca la baja ejecución presupuestal de la Agencia Nacional de Tierras “Pese a que se asignaron altos recursos para la compra de tierras, la ejecución financiera real es baja, con un desembolso mucho menor de lo previsto, lo que sugiere una gestión ineficaz de los recursos”.

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