mayo 18, 2026

Francia Márquez se pronuncia sobre la suspensión del apoyo financiero de Usaid a Colombia

La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, expresó su preocupación por las posibles consecuencias de la decisión de Estados Unidos de retirar su apoyo financiero, especialmente en lo relacionado con la implementación del ‘Capítulo Étnico’ del Acuerdo de Paz. A través de un comunicado, la funcionaria se refirió de manera específica al anuncio realizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) sobre el congelamiento de recursos. Según Márquez, esta decisión ha detenido avances fundamentales en el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, rrom, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, quienes han sido históricamente afectadas por el conflicto armado. En este sentido, la vicepresidenta recordó que el ‘Capítulo Étnico’, considerado un pilar clave del Acuerdo de Paz, había recibido el apoyo de Estados Unidos desde 2022. En ese año, el entonces secretario de Estado, Antony Blinken, se comprometió con Colombia a respaldar su implementación. Márquez destacó que, desde ese compromiso, Usaid había realizado diversas acciones para apoyar técnicamente el proceso, lo que permitió avances significativos en áreas como la reparación a víctimas, el acceso a tierras, la justicia y los mecanismos de protección. Sin embargo, la suspensión inesperada de estos recursos ha afectado los programas en marcha, generando incertidumbre sobre el futuro del ‘Capítulo Étnico’. “La decisión del gobierno de Estados Unidos ha generado desconcierto y frenado procesos que se habían construido por años, pero la respetamos. Los impactos de estas decisiones deben ser valorados por ellos mismos”, expresó la vicepresidenta. Hasta el momento, el Gobierno no ha anunciado medidas específicas para cubrir el vacío financiero dejado por la suspensión del apoyo de Usaid. A pesar de ello, Márquez resalto la importancia de continuar con la implementación del ‘Capítulo Étnico’, dado su papel crucial en la construcción de una paz duradera y en la protección de los derechos de las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Mientras tanto, organizaciones sociales y líderes comunitarios han instado al Gobierno a tomar medidas inmediatas para garantizar la continuidad de los programas destinados a estas poblaciones.

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Grave incendio afectó la zona rural de Yumbo, en el Valle de Cauca

Yumbo es un municipio ubicado en el departamento de Valle del Cauca, el cual tiene una población de aproximadamente 95.040 habitantes. Allí, en la madrugada del 3 de febrero ocurrió un peligroso incendio, el cual afectó especialmente a las zonas rurales. Esta calamidad no solo afecto la zona rural de Yumbo, sino que, que llegó hasta más de 20 hectáreas en los corregimientos de Yumbillo y La Buitrera. Por esto, el cuerpo de bomberos atendió la emergencia inmediatamente, trabajando hasta alrededor de las tres de la mañana.  Todavía se desconoce si este incendió fue o no provocado, pero las autoridades realizan esfuerzos para saber que lo causó.  Este suceso no dejó ningún muerto, ni lesionado. De la misma manera, los bomberos generaron estrategias para apagar las llamas, como, por ejemplo:  sacar agua del río, que permitiera reducir la afectación en dichos terrenos y no se extendiera hasta algunas viviendas de la zona, ni pusiera en juego la integridad de los habitantes. Julián Ramos, jefe de operación de Bomberos de Yumbo, expresó que utilizaron sus vehículos para transportar bombas hídricas y combatir la conflagración.  También, utilizaron bombas de succión, palas y otros artefactos. Gracias a estas acciones lograron proteger viviendas de familias y la integridad de los habitantes. Aunque, sus labores se vieron dificultadas por la fuerte ventisca de la madrugada que hacía que se propagará más rápido el fuego. Entre la información que se tiene en custodia de la autoridad se cuenta con un testimonio que manifiesta que algunos individuos pudieron observar a los posibles responsables de esta tragedia ambiental. También, precisa que la emergencia habría iniciado en el corregimiento de Yumbillo. Sin embargo, se sigue adelantando la investigación, para obtener pruebas contundentes y concluir que fue lo que realmente pasó.

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Contraloría de Bogotá detecta irregularidades por más de $9 mil millones en las alcaldías locales

La Contraloría Distrital de Bogotá ha detectado diversas irregularidades en los proyectos del Fondo de Desarrollo en 17 alcaldías locales de la ciudad, con un total de 66 hallazgos que suman un valor de $9.390 millones, correspondientes al período comprendido entre 2020 y 2023. Estos millonarios hallazgos fueron el resultado de las auditorías y actividades especiales de fiscalización llevadas a cabo por la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local de la Contraloría Distrital. Las investigaciones se centraron en los contratos y convenios suscritos con los recursos provenientes de los Fondos de Desarrollo Local, cuyo objetivo es gestionar los recursos destinados a la construcción de obras y la prestación de servicios en las 20 alcaldías locales de Bogotá. A lo largo de este proceso de control, se identificaron varias irregularidades que afectan la correcta gestión y el uso de los recursos asignados a los proyectos en distintas localidades de la ciudad. Entre las alcaldías locales donde se habrían registrado irregularidades, se encuentran Usaquén, Suba, Chapinero, San Cristóbal, Antonio Nariño, Fontibón, Tunjuelito, Barrios Unidos, La Candelaria, Rafael Uribe, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Puente Aranda, Santa Fe, Engativá y Los Mártires. El hallazgo más significativo se presentó en la localidad de Santa Fe, donde se detectaron irregularidades por un valor de $1.935 millones, relacionadas con la construcción de la futura sede de la Alcaldía Local. A continuación, se encuentra la localidad de Bosa, con un monto de $1.859 millones, debido a omisiones en la gestión de cobro de multas originadas por fallas en la ejecución y supervisión de contratos. Además, en Ciudad Bolívar se encontraron problemas por $972 millones, asociados a los contratos de obra pública.

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En Ricaurte, Nariño, fue asesinado a tiros líder indígena Awá

En la noche del domingo 2 febrero de 2025, en Ricaurte Nariño, fue asesinado Tomás Guanga Quelal, líder indígena de 25 años, originario del pueblo Awá. El joven líder social hacia parte del resguardo Pialapí Pueblo Viejo y el año pasado se encontraba trabajando en la alcaldía de Ricaurte. Además, estudiaba ingeniería mecánica en la Universidad Nacional sede Tumaco. Este domingo,  Guanga se estaba transportándose en su automóvil. Repentinamente, desconocidos atentaron contra su vehículo y su vida, con armas de fuego. Guanga se encontraba con su pareja sentimental, quien quedó herida y está siendo atendida de emergencia en un hospital de la zona. Por esta razón, el pueblo se encuentra con miedo ante la posible llegada de las disidencias de las Farc y el ELN. Después de este suceso, las autoridades decretaron el inicio del plan candado, con la finalidad de dar con los asesinos. De la misma forma, la alcaldía de Ricaurte rechazó lo sucedido y expresó en comunicado: “Su partida deja un vacío profundo en todos nosotros, pues más allá de ser un compañero y líder excepcional, fue una persona cuya dedicación, sabiduría y generosidad siempre nos inspiraron”. De la misma manera la organización Camawari del pueblo indígena Awá afirmó: “hacemos extensivas nuestras condolencias sinceras a sus padres, hermanos, familiares y amigos por la pronta partida de James Tomás Guanga Quelal” y recordó que la nueva víctima de la violencia se había desempeñado como coordinador de Etno-Salud en la asociación a la que pertenecía. En ese orden de ideas, la Asociación de Víctimas de Ricaurte emitió en las últimas horas un comunicado, en el que anunció su decisión de realizar un paro indefinido a partir del próximo 17 de febrero, que incluiría el cierre de la vía al mar en Nariño. Aún así, la asociación compartió “el objetivo de este paro es exigir la restitución y garantía de los derechos que han sido vulnerados a las víctimas afiliadas a la Asociación Abriendo Caminos por la Paz”. Para este evento, la organización hizo un llamado a las autoridades para supervisar, “mediante la disposición de mecanismos de diálogo para abordar las necesidades urgentes de las comunidades afectadas”, al igual que exigió el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los planes y programas de reparación para las víctimas.

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Vuelo con migrantes ilegales y expulsados aterrizó hoy en Colombia

Colombia recibe otro vuelo de migrantes colombianos, deportados de los Estados Unidos, se pudo conocer que el propio secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, supervisó el despegue de la aeronave que arribó a Antioquia en un vuelo de repatriación con 43 colombianos provenientes del aeropuerto Marcos A. Gelabert de Albrook, en Panamá El avión aterrizó en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia. En la lista de viajeros según reportes de autoridades panameñas, se encuentran siete colombianos expulsados y acusados de delitos graves, como trata de personas, agresión sexual, delitos relacionados con drogas y evasión de puestos de control. Como es del conocimiento público estos vuelos de repatriación están efectuándose a pesar de la solicitud por parte del Gobierno Nacional como el de Panamá a Estados Unidos de suspensión de los mismos, esto con la intención por parte de Colombia de establecer un protocolo de recepción que asegurara el respeto a los derechos de los colombianos deportados. Momentos antes al despegue de suelo panameño, se contó con la supervisión del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien estuvo acompañado por el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Alexis Abrego, y el canciller Javier Martínez-Acha. Este procedimiento se llevó a cabo en el marco de un acuerdo entre Panamá y Estados Unidos, por el cual Panamá ganaría al menos seis millones de dólares. Por su parte el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se pronunció el 2 de febrero sobre los retos migratorios que enfrenta su país, destacando la complejidad del fenómeno y su impacto en la región. Además, hizo mención de la postura del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ha subrayado la importancia de asegurar condiciones dignas en los procesos de deportación, en un contexto marcado por el creciente número de inmigrantes en la región. Mulino, reconoció que, en líneas generales, el presidente colombiano Gustavo Petro tiene fundamento al exigir un trato humanitario para los migrantes.

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Fiscalía pedirá preclusión de investigación a Uribe por supuestas ‘chuzadas’ a negociadores de las Farc

La Fiscalía General de la Nación solicitará la preclusión de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en relación con las presuntas interceptaciones ilegales a los negociadores del proceso de paz con las FARC. Esta decisión se toma después de nueve años de indagaciones, en las que no se encontraron pruebas suficientes que vinculen al exmandatario con estos actos ilegales. Cabe resaltar que, aunque la Corte Suprema de Justicia inició el proceso, este fue finalmente transferido a la Fiscalía. El caso se originó en 2014, cuando se descubrió la existencia de una oficina secreta de inteligencia militar, conocida como “Andrómeda”, desde donde se habrían interceptado las comunicaciones de los negociadores del Gobierno y las FARC durante las conversaciones de paz en La Habana. Entre los afectados se encontraban Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, y Sergio Jaramillo, quien ocupaba el cargo de alto comisionado para la paz en ese entonces. Uno de los principales involucrados en el escándalo fue el hacker Andrés Sepúlveda, quien admitió haber realizado interceptaciones ilegales con el propósito de obstaculizar el proceso de paz y favorecer la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014. Sepúlveda, quien fue condenado a 10 años de prisión por delitos como espionaje, acceso indebido a sistemas informáticos y violación de datos personales, aseguró que sus actividades contaron con el respaldo de sectores cercanos al uribismo. Sin embargo, la justicia no halló pruebas que lo vincularan directamente con el expresidente Álvaro Uribe. Aunque inicialmente se especuló sobre la posible implicación de altos funcionarios en las interceptaciones, las investigaciones no lograron establecer una conexión directa con el expresidente Uribe. De hecho, otras personas relacionadas con el caso, como Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga y el asesor espiritual de la campaña de 2014, fueron exoneradas de cualquier responsabilidad. Por último, la audiencia se llevará a cabo ante el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá. Aunque inicialmente estaba prevista para este miércoles 5 de febrero, ha sido reprogramada a solicitud de la fiscal encargada del caso. En esta sesión, la Fiscalía presentará su solicitud de preclusión, argumentando la falta de pruebas que vinculen al expresidente con las interceptaciones ilegales.

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Ministro de Justicia chileno visita Colombia para conocer el sistema carcelario local

La ministra Ángela María Buitrago, acompañada por los directores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), coronel Daniel Gutiérrez, y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Ludwing Valero, recorrerá con la delegación chilena las cárceles La Picota y El Buen Pastor, y la Escuela Penitenciaria Nacional en Funza. • Durante la estadía en Bogotá del MinJusticia chileno se discutirán aspectos relacionados con cooperación judicial y los avances en la incorporación en las respectivas legislaciones del Tratado de Extradición suscrito en 2021 por los dos países.  Con el fin de abordar desafíos comunes de su gestión liderando el sistema penitenciario y carcelario e intercambiar experiencias y posibles soluciones a las problemáticas del sector, la ministra Angela María Buitrago Ruiz recibe este lunes y martes en visita oficial a su homólogo de Chile, Jaime Eduardo Gajardo Falcón y su delegación. La visita del alto funcionario chileno se produce en el marco de la iniciativa ´Bien Público Regional´ (BPR) para mejorar la gestión integral penitenciaria en América Latina y el Caribe del Banco Interamericana de Desarrollo (BID), destinada a brindar herramientas innovadoras a los países de la región y así abordar desafíos similares. En contacto con medios de comunicación, la ministra Buitrago indicó que “estos serán dos días de intercambio frente a los conocimientos que tiene Colombia en particular a la forma como el sistema carcelario está siendo manejado, pero, sobre todo, por los retos y desafíos que significa también entender que parte de la criminalidad de la sociedad se traslada a un núcleo pequeño como el sistema carcelario”. Por su parte, el ministro Gajardo aseguró que “es importante señalar que en la región tenemos desafíos comunes, entre esos el sistema penitenciario. Lastimosamente nuestro sistema ha estado olvidado y eso ha generado problemas para nuestras sociedades, porque hemos visto que se han anidado bandas del crimen de carácter trasnacional en nuestras cárceles que desde allí han surgido y se han fortalecido. Por eso, para enfrentar ese desafío es necesario compartir experiencias y fortalecer nuestras alianzas y por ende nuestras democracias”. Durante su permanencia en el país, el ministro Gajardo Falcón escuchará una amplia exposición de la ministra Buitrago sobre el panorama actual del país en materia carcelaria, manejo del hacinamiento, seguridad en los establecimientos de reclusión y programas de resocialización como Zasca Renacer, Ley de Utilidad Pública, Cultura para la Libertad, etc. Gajardo Falcón, por su parte, compartirá detalles de su gestión en el diseño, implementación y evaluación de las políticas penitenciarias tales como el modelo institucional y de gestión del subsistema postpenitenciario, así como el sistema de supervisión y control en medio abierto a través del monitoreo telemático, entre otras, los cuales fueron conocidos por la ministra Ángela María Buitrago en septiembre pasado durante la visita que hizo al sistema carcelario en Chile. En el encuentro de los ministros, se discutirán también aspectos relacionados con cooperación judicial para verificar los avances en la incorporación en las respectivas legislaciones del Tratado de Extradición suscrito entre Colombia y Chile en 2021 y la posibilidad de negociar un instrumento bilateral relacionado con el Traslado de Personas Condenadas. Este 3 y 4 de febrero, la delegación chilena, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y del Ministerio de Justicia de Colombia, encabezadas por la ministra Buitrago, visitarán las cárceles la Picota y El Buen Pastor, así como la Escuela Penitenciaria Nacional ubicada en Funza para conocer en sitio la aplicación de programas que le aportan capacitación, distracción y otras competencias a la población privada de la libertad. Jaime Eduardo Gajardo Falcón, es abogado de la Universidad de Chile, magister en Gobernanza y Derechos Humanos, máster en Derecho Constitucional y doctor en derecho de la Universidad de Madrid. En el ámbito profesional ha sido fiscal del Ministerio de Desarrollo Social entre los años 2015 a 2018, ha ejercido la docencia como profesor de derecho público de la Universidad Diego Portales y ha integrado, como especialista en participación política, diversas misiones de observación electoral realizadas por la OEA en países como Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Guatemala. La delegación chilena que visitará Colombia está conformada también por Macarena Cortés Camus, jefa de la División de Reinserción Social Ministerio de Justicia y DDHH de Chile; Hugo Espinoza, asesor ministerial sobre materias carcelarias; coronel Helen Leal González, jefa del Departamento de Inteligencia Penitenciaria de la Gendarmería, y por el teniente segundo Cristian Morales, oficial de Gendarmería del país suramericano.

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El presidente Donald Trump y Elon Musk pretenderán cerrar USAID

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se encarga de entregar ayuda no militar a países que requieren ayuda económica, agrícola, sanitaria, política y humanitaria. Además, de velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer que El presidente Donald Trump y director ejecutivo de Tesla Elon Musk, actual responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), estarían de acuerdo de cerrar esta agencia. Asimismo, se informó que USAID estaría listo para ser clausurado debido a un conflicto por quien ejerce su poder. En ese orden de ideas, Musk aseguró que, el presidente estaría de acuerdo en cerrar la Agencia de Ayuda al Desarrollo Internacional (USAID), confirma el medio estadounidense Axios. De igual manera, en su cuenta de X expresó que ha repasado los problemas de USAID junto con el presidente Trump y quien en repetidas ocasiones estuvo de acuerdo en cerrar dicha entidad. Estas declaraciones sucedieron tiempo después de que dos de los altos jefes de seguridad de USAID (John Voorhees y el adjunto Brian McGill) estuvieran en licencia, otorgadas por el gobierno. Esto debido a que se negaron a entregar material clasificado en áreas restringidas a los equipos de inspección de Musk, según dijeron un funcionario estadounidense actual y uno anterior a The Associated Press (AP) el domingo. Sin embargo, tiempo después se logró recuperar la información. Por otra parte, Musk calificó este domingo en su red social X a USAID de “organización criminal” y agregó que “es el momento de que muera”. Trump también llegó a decir el pasado domingo que la agencia, creada en 1961 y que cuenta con más de 10.000 empleados, estaba dirigida por “lunáticos radicales”.A causa de esto, la página web de USAID y sus redes sociales fueron cerradas. Igualmente, se congelaron diferentes programas humanitarios, por lo que mucho personal tuvo que ser despedido. Por consiguiente, las elecciones de Musk van de la mano con las decisiones del nuevo gobierno de Trump, quienes concuerdan en congelar durante noventa días los fondos para los programas de ayudas en el exterior de USAID, cuyo presupuesto superó durante la Presidencia de Joe Biden los 60.000 millones de dólares. Sin embargo, hay excepciones para este decreto, debido a que Israel y Egipto continuarán recibiendo fondos por parte de este organismo.

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Javier Campillo renuncia al Viceministerio de Energía por crisis financiera en el sector

El 31 de enero de 2025, Javier Campillo, viceministro de Energía, presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro. En su carta, el exfuncionario expresó su agradecimiento por haber tenido la oportunidad de liderar procesos clave en el sector energético y reafirmó su compromiso continuo con la transición energética del país. Esta renuncia se produce en un momento delicado para el sector energético, marcado por las deudas pendientes del Gobierno con las empresas. Estas deudas, derivadas de los subsidios incluidos en las facturas correspondientes al año 2024, aún no se han saldado y suman un total de $2,7 billones. A ello se añaden los impagos por parte de usuarios oficiales y las tarifas pendientes, cuya cifra conjunta supera los $7 billones. Además, el sector enfrenta importantes retrasos en los proyectos de generación de energías renovables, los cuales están siendo afectados por problemas relacionados con las licencias ambientales. Ante esta situación, tanto la Contraloría como la Unidad de Planeación Minero Energética han alertado sobre el riesgo de un posible racionamiento de energía, si el Gobierno no toma medidas urgentes para abordar estos problemas. Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía valoró el trabajo realizado por Campillo, destacando su significativa contribución a la democratización de la energía en Colombia. Durante su gestión, se impulsaron programas como las Comunidades Energéticas, que identificaron a más de 18.000 comunidades en todo el país. También promovió la instalación de sistemas solares en zonas vulnerables, especialmente en La Guajira. Además, lideró la estrategia de Territorios y Municipios Energéticos, trabajando de la mano con autoridades locales para llevar soluciones energéticas sostenibles a más regiones. Es importante resaltar, que, el exfuncionario desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de proyectos clave para la modernización del sector eléctrico en Colombia.  

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El ministro de Hacienda posesionó a José Alejandro Herrera Lozano como viceministro General del Ministerio

José Alejandro, es Administrador de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Finanzas de la Universidad del Rosario y Máster en administración Financiera y Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales – UNED España El ministro de Hacienda, Diego Guevara, posesionó como nuevo viceministro General al Administrador de Empresas José Alejandro Herrera Lozano. Herrera, ha sido miembro de Juntas Directivas entre las que se encuentra: El Banco Agrario y Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes) (Actualmente), Empresa Metro de Bogotá, Enterritorio, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Codensa, Emgesa entre otras. Se ha desempeñado como: Subdirector General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación del Departamento Nacional de Planeación, Asesor de la Dirección Nacional de impuestos y Aduanas – DIAN, En la Secretaria de Hacienda de Bogotá, fue Secretario de hacienda Encargado, Subsecretario Técnico, Subdirector de Finanzas Distritales, Subdirector de Desarrollo Social y Pagador Distrital, en Metrovivienda EICD fue Responsable del Presupuesto y Jefe de la Oficina de Control Interno. Dentro de las funciones principales de Herrera y el equipo del Viceministerio General está asesorar el Ministro en la formulación de políticas o planes de acción del Sector y asistirlo en las funciones de dirección, coordinación y control que le correspondan. Establecer un puente de comunicación entre la entidad y el Congreso de la República, para apoyar los proyectos de ley más relevantes en materia económica, como lo son el Presupuesto General de la Nación, el presupuesto bienal del Sistema General de Regalías, el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros y vigilar el curso de los proyectos de ley relacionados con el sector, preparando oportunamente las observaciones a la Presidencia de la República para la aprobación u objeción de tales proyectos. Así mismo, el Viceministro General está encargado de asesorar al Ministro en la política de financiación del gasto público en el mediano y largo plazo y formulación, seguimiento, evaluación y consistencia con el programa macroeconómico y el plan de desarrollo.

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