La Fiscalía General de la Nación solicitará la preclusión de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en relación con las presuntas interceptaciones ilegales a los negociadores del proceso de paz con las FARC. Esta decisión se toma después de nueve años de indagaciones, en las que no se encontraron pruebas suficientes que vinculen al exmandatario con estos actos ilegales. Cabe resaltar que, aunque la Corte Suprema de Justicia inició el proceso, este fue finalmente transferido a la Fiscalía.
El caso se originó en 2014, cuando se descubrió la existencia de una oficina secreta de inteligencia militar, conocida como “Andrómeda”, desde donde se habrían interceptado las comunicaciones de los negociadores del Gobierno y las FARC durante las conversaciones de paz en La Habana. Entre los afectados se encontraban Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, y Sergio Jaramillo, quien ocupaba el cargo de alto comisionado para la paz en ese entonces.
Uno de los principales involucrados en el escándalo fue el hacker Andrés Sepúlveda, quien admitió haber realizado interceptaciones ilegales con el propósito de obstaculizar el proceso de paz y favorecer la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014.
Sepúlveda, quien fue condenado a 10 años de prisión por delitos como espionaje, acceso indebido a sistemas informáticos y violación de datos personales, aseguró que sus actividades contaron con el respaldo de sectores cercanos al uribismo. Sin embargo, la justicia no halló pruebas que lo vincularan directamente con el expresidente Álvaro Uribe.
Aunque inicialmente se especuló sobre la posible implicación de altos funcionarios en las interceptaciones, las investigaciones no lograron establecer una conexión directa con el expresidente Uribe. De hecho, otras personas relacionadas con el caso, como Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga y el asesor espiritual de la campaña de 2014, fueron exoneradas de cualquier responsabilidad.
Por último, la audiencia se llevará a cabo ante el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá. Aunque inicialmente estaba prevista para este miércoles 5 de febrero, ha sido reprogramada a solicitud de la fiscal encargada del caso. En esta sesión, la Fiscalía presentará su solicitud de preclusión, argumentando la falta de pruebas que vinculen al expresidente con las interceptaciones ilegales.