Caquetá

El referendo sobre autonomía fiscal busca que las administraciones departamentales puedan destinar hasta un 50% más de sus recursos a los sectores de educación, infraestructura, salud y seguridad, fundamentales en el propósito de los mandatarios regionales de mejorar las condiciones de vida de la población en sus territorios. Aunque los departamentos tienen autonomía para la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio, según lo establecido en la Constitución, la realidad es otra. En la práctica, según Ruiz, las regiones solo reciben entre un 5 y 10% del total del recaudo que le entregan al gobierno, lo que genera dificultades en la ejecución de proyectos. Esta situación llevó a los alcaldes y gobernadores a impulsar el referendo sobre autonomía fiscal, una iniciativa que podría significar un antes y un después en el progreso a nivel regional. En entrevista con la Revista El Congreso Siglo XXI, el exministro de Justicia y gerente del referendo Wilson Ruiz Orejuela, destacó los beneficios de la consulta que se promueve a lo largo y ancho del país, para la cual ya se han recogido más de un millón de firmas ciudadanas de las dos millones requeridas para su aprobación. ¿Qué lo llevó a impulsar esta iniciativa? Lo primero es que la Constitución establece que Colombia es un país descentralizado, pero esto no se cumple a cabalidad. Los entes territoriales tienen personería y autonomía administrativa, pero actualmente los tributos del impuesto a la renta, al patrimonio, lo recoge la Nación a través de la DIAN. Lo que se pretende, es que cada departamento recaude estos impuestos tributarios, que calculamos en unos $50 billones. Hoy, solo le regresan 5% a los departamentos y 10% a los municipios. Hay unos rubros claramente estipulados: educación, infraestructura, salud y seguridad; se busca que los recursos se destinen a estos sectores. Hay cinco departamentos que son los que más recaudan: Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Atlántico. Entonces, todo el dinero se recauda y se crea un fondo y se hace una redistribución desde la equidad y lo social. Ningún departamento recibirá menos, se calcula que recogerán hasta un 50% más. Así acabamos con el poder central sobre los recursos de los departamentos. ¿Cómo se le hará seguimiento a estos recursos? Creo en el principio universal de la buena fe. A mayor presupuesto, mayores controles. Las veedurías ciudadanas deben desarrollar un rol fundamental en el país. Hay que darle más dientes a las contralorías distritales y departamentales, a la Contraloría y a la Fiscalía. Tampoco debemos darles tantas prebendas a los políticos cuando cometen actos de corrupción. Al Congreso llegó otro proyecto de autonomía fiscal, ¿qué tanto podría beneficiar a las regiones? Me encanta que esta iniciativa surja del poder constituyente primario, que es el pueblo. La iniciativa del Congreso busca contrarrestar la nuestra y eso no está mal, por- que todas las propuestas son bienvenidas siempre y cuando pretendan el bienestar de las regiones.   ¿Qué va a pasar con las regiones más empobrecidas? Hablamos de 32 departamentos. Hay unas regiones más pobres que otras y la idea es que les llegue hasta un 50% más del recaudo. Hablamos de una redistribución. Cada departamento designará un gerente que administrará sus recursos. ¿Cuál es el paso a seguir una vez aprobado el proyecto? Tenemos que elegir gobernadores transparentes en las próximas elecciones regionales. Las gobernaciones cuentan con un secretario de Hacienda que es el encargado de recaudar los re- cursos. Una vez se expida el acto constitucional debe salir una ley para designar una junta directiva. Además, la DIAN debe contar con un software lo suficientemente fuerte para que no se evadan los impuestos. ¿Cuál será el mayor desafío? El mayor desafío será el Congreso de la República. Una vez tengamos las firmas, calculamos que entre el 15 y 20 de diciembre las estamos radicando ante la Registraduría. Más o menos en febrero las certificarán y en marzo radicamos el proyecto de ley con mensaje de urgencia. A partir de ahí deberá cruzar cuatro debates y aprobarse en junio del 2025. Lo que más nos ánima es que no creemos que el Congreso se vaya a meter con el constituyente primario, es decir, el pueblo, que es el 5% del censo electoral. La ANIF advirtió sobre el riesgo de modificar el Presupuesto del SGP. ¿Usted que piensa? Hay que darles tranquilidad porque el sector central continuará recibiendo recursos a través de multas, sanciones, impuestos nacionales, entre otros. Hablamos de un reordenamiento económico para las regiones. Varios países nos han servido de modelo, como Canadá, Estados Unidos y España. Una de las mayores resistencias en este proceso es el Gobierno, ¿cómo lo enfrentarán? El presidente ha venido satanizando la figura de la autonomía fiscal para las regiones, pero mi interés no es cazar una pelea con el Gobierno, porque yo soy un demócrata. Lo que sí les quiero decir es que este proyecto va a enriquecer a los departamentos y los va a proyectar, generando competencia entre las regiones porque llegarán más empresas y la parte económica se va a disparar. ¿Cómo será el trabajo para con vencer a los congresistas? Vamos a meter a todas las regiones. Si nos torpedean el proyecto de ley tendrán que vérselas con las comunidades también. Usted es elegido congresista por voluntad del pueblo, pero cuando es este mismo el que pide autonomía para manejar los recursos, ahí es donde me parece que se van a chocar. ¿Los 32 gobernadores apoyan esta iniciativa? No, y yo los entiendo. Hay más de un gobernador que siente temor de que le bloqueen sus recursos. Diría que la gran mayoría están con nosotros. No me veo derrotado en esta iniciativa, me veo como un ganador. Si el referendo (sobre autonomía fiscal) no se da, estoy seguro que el mismo pueblo saldría a presentarla. ¿Estarían dispuestos a apoyar la iniciativa presentada por el Gobierno? Creo que uno no puede actuar con egoísmo. Si se trata del bienestar de Colombia estamos listos para apoyarlos.