junio 2, 2026

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Gobierno nacional trabaja en reconstrucción de puente derribado por grupos armados en Cauca

El puente derribado por grupos armados ilegales en la vereda La Hacienda, jurisdicción del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, será reconstruido con el apoyo del Comando de Ingenieros del Ejército, para devolver la movilidad en el Cañón del Micay, como parte del plan de recuperación en esa región emprendido por el Gobierno nacional. El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al término del encuentro que sostuvo con líderes y lideresas de las comunidades del Cauca, autoridades seccionales y locales, y representantes de diferentes ministerios, con el fin de examinar los avances en la implementación de los compromisos para la transformación de los territorios en ese departamento. “Como parte del esfuerzo de recuperación del Cañón del Micay, nuestros ingenieros militares están adelantando los estudios para instalar, lo más pronto posible, un puente militar de la vida y la paz en reemplazo del puente derribado por el grupo armado organizado (GAO) Carlos Patiño, en la vereda La Hacienda, El Tambo, Cauca’, indicó el funcionario. Subrayó que “este puente lo haremos de la mano de la comunidad para conectar a los campesinos del Cañón del Micay con trabajo digno, salud, educación, vida, paz y progreso’. Al término de un consejo de seguridad celebrado en Popayán, reveló que el objetivo del Gobierno nacional es dotar a la región del Cañón del Micay con mejores oportunidades y, para ello, se proyecta convertirla en uno de los puntos de mayor atracción turística del país. “Muchos extranjeros quieren conocer este paraíso, y no vamos a permitir que los cárteles del narcotráfico lo impidan’, agregó el ministro Sánchez. Condenó las acciones criminales del GAO Carlos Patiño, como el secuestro de los 29 miembros del Ejército y la Policía en el corregimiento de El Plateado —quienes fueron liberados hace 24 horas—, así como el reclutamiento de menores y la instrumentalización de la población utilizada para expulsar a la Fuerza Pública y evitar el ingreso del Estado para la transformación del territorio. Estos actos, recalcó, constituyen crímenes de guerra que violan el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, al desplazar, confinar, aislar y atemorizar a la población civil, impidiendo el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. “La reciente voladura del puente que comunica a El Plateado con La Hacienda es una prueba de cómo estas acciones afectan directamente a las comunidades, restringiendo su movilidad y acceso a servicios esenciales’, agregó el titular de la cartera de Defensa.

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Gobierno nacional evaluará con las comunidades del Cauca los avances en la transformación del territorio

El Gobierno nacional citó a los líderes y lideresas de las comunidades del Cauca y a las autoridades seccionales y locales para examinar en Popayán, junto con representantes de diferentes ministerios, los avances en la implementación de los compromisos para la transformación de los territorios. El encuentro, que se llevará a cabo este sábado, lo encabezan los ministros del Interior, Armando Benedetti; y de Defensa, Pedro Sánchez e incluye la participación de los líderes sociales de la región del Cañón del Micay, quienes fueron invitados para que, por medio del diálogo, se construyan soluciones concretas y efectivas para sus problemáticas. En el marco de la reunión, el Gobierno nacional reafirmó su compromiso de trabajar con las comunidades en programas de erradicación no forzada de cultivos ilícitos y apostarle a la sustitución voluntaria para garantizar una vida digna y en paz a los campesinos. Los funcionarios del Gobierno reafirmaron su compromiso con la protección de la vida, la seguridad y el desarrollo integral de las comunidades del Cauca y, en ese sentido, hicieron un llamado a rechazar los actos crímenes perpetrados por integrantes del grupo armado organizado residual (GAOR) ‘Carlos Patiño’ en los municipios de Argelia y El Tambo, y solidarizarse con las comunidades afectadas por la violencia.   Condena a acciones violentas El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó las acciones criminales de esta estructura criminal como como el reclutamiento de menores, la instrumentalización de la población utilizada para expulsar a la Fuerza Pública y evitar el ingreso del Estado en la transformación del territorio. En particular, el jefe de la cartera se refirió al ataque a 29 integrantes de la Fuerza Pública y la voladura del puente que comunica al corregimiento de El Plateado con la vereda La Hacienda, “actos que constituyen crímenes de guerra que violan el derecho internacional humanitario, al desplazar, confinar, aislar y atemorizar a la población civil, impidiendo el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales’. Según el jefe de la Cartera, las autoridades judiciales, “en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con base en las pruebas recopiladas, avanza en la identificación e individualización de los responsables de estos hechos, quienes podrían enfrentar cargos por presunta tentativa de homicidio y secuestro’. Y que, en el caso de los miembros de la Fuerza Pública secuestrados, dijo, “la vida y seguridad de los militares es responsabilidad directa de quienes cometieron este repudiable hecho’. Afirmó que las operaciones militares y policiales continuarán en esa zona del Cauca pese a las amenazas y que “nuestros soldados y policías mantienen sus esfuerzos, firmes para proteger a la población y enfrentar a todos los grupos armados ilegales, como la segunda Marquetalia y el Eln’. Finalmente, hizo un llamado a las organizaciones nacionales, internacionales y a toda la ciudadanía para rechazar estos crímenes y a solidarizarse con las comunidades afectadas por la violencia de los grupos criminales.

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Tibú será el municipio eje del Gobierno Nacional para la transformación territorial del Catatumbo

El presidente Gustavo Petro impartió instrucciones para convertir el municipio de Tibú, en Norte de Santander, en el eje de la campaña militar, policial y social emprendida por el Gobierno nacional para consolidar la transformación de la región del Catatumbo. El anunció lo hizo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, al término de un Consejo de Paz y Seguridad celebrado en la Casa de Nariño, donde se analizó la situación de orden público en esa zona del norte del país y en el que participaron los miembros de la cúpula militar y de Policía y el Comisionado de Paz Otty Patiño. “En palabras del señor Presidente, lo que requerimos es que haya un Gobierno nacional permanente en Tibú, con oficinas de cada una de las dependencias, de las entidades, de los ministerios o departamentos administrativos que van a tener estas responsabilidades en el proceso articulado”, explicó el ministro Velásquez al término de la reunión. Indicó que el plan contará con en un 70% de componente social y el restante 30% lo copará la acción militar y policial. De esa forma, se espera asegurar el control efectivo del territorio y generar las condiciones de seguridad para desarrollar los programas y proyectos previstos. Las acciones, anunció el funcionario, también se replicarán en los departamentos de Chocó y Cauca, por lo que se programó para el próximo jueves una reunión con los gobernadores de estos departamentos y los alcaldes de los municipios que participarán en el proceso como la única vía hacia una paz estable. “El objetivo es el de articular a los territorios con todas las entidades de Gobierno, para desarrollar los programas y los proyectos sociales que lleven esa mejoría en condiciones materiales de existencia de la población”, explicó Velásquez, Manifestó que en el Consejo de Paz y Seguridad se examinaron los avances en el proceso que se adelanta con el Frente 33, para llegar a un acuerdo final con este grupo armado organizado y lograr su desmovilización.

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Ofensiva ordenada por el Presidente Petro en el Catatumbo deja 45 laboratorios de cocaína destruidos por la Fuerza Pública

En cumplimiento de la instrucción del presidente Gustavo Petro Urrego de recuperar el orden público en la zona del Catatumbo, en Norte de Santander, el Ministerio de Defensa confirmó la destrucción de 36 instalaciones clandestinas dedicadas al procesamiento de pasta de coca y de nueve laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Estos resultados hacen parte de la ofensiva que desarrolla la Fuerza Pública y que intensificó en las últimas semanas para transmitir un mensaje claro al Eln y al frente 33 de las disidencias: el camino hacia la desmovilización y el retorno a la legalidad es su mejor opción. En cuanto a desmovilizaciones, la acción del Ejército ha permitido que 110 personas que hacían parte de estas estructuras criminales entregaran sus armas, 30 menores de edad fueron rescatados, 24 terminaron capturados y dos murieron al enfrentarse a las tropas militares. En los operativos se han incautado 120 fusiles y más de 60 pistolas, se confiscaron dos toneladas de explosivos, cerca de 600 Minas antipersona y la munición decomisada supera los 50 cartuchos. En cuanto despliegue de fuerza, el Ejército ha dispuesto de 1.150 soldados adicionales para reforzar las misiones y ya completa los 9.500 uniformados, incluyendo 450 miembros de las fuerzas especiales. En cuanto a la Policía, al área de conflicto ha enviado 500 efectivos pertenecientes a los comandos Jungla y del Comando de Operaciones Especiales (copes) para reforzar las acciones contra el narcotráfico. Lo mismo que un equipo de 22 integrantes del Grupo de Vida de Policía Judicial, a cargo del esclarecimiento de homicidios. El Ministerio de Defensa ha confirmado que nuevas operaciones militares y policiales se encuentran en curso con el objetivo de consolidar el control del territorio para el pronto retorno de las comunidades desplazadas.

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Colombia suscribe el Pacto por la Tierra y la Vida, pilar fundamental del Plan Decenal de la Reforma Agraria

Con el aporte de pueblos indígenas, de las comunidades negras y del campesinado se construyó la hora de ruta para la transformación del campo.  • El presidente Gustavo Petro destacó que la Reforma Agraria es revivir la paz de Colombia.  Luego de dos días de trabajo y construcción colectiva, delegados del campesinado, y de los pueblos indígenas, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros formularon la base del Plan Decenal de la Reforma Agraria. Se trata del Pacto por la Tierra y la Vida, compuesto por 12 puntos que abarcan desde la redistribución de la tierra hasta la protección del agua, pasando por la reorganización de la institucionalidad agraria y la transformación del modelo de producción agropecuario. La consolidación y redacción del documento final surge de la experiencia de los participantes a este encuentro nacional que se realizó en Chicoral, corregimiento del municipio tolimense de El Espinal. En las 25 mesas de trabajo se reunieron 2.800 líderes y lideresas de las distintas organizaciones que aportaron sus conocimientos de trabajo en el campo para dinamizar la labor rural y mejorar el nivel de vida de cada uno de ellos y sus familias. El acto de la firma del Pacto contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, ministros del Gabinete, directores de entidades, autoridades locales y departamentales. En su intervención, el mandatario de los colombianos destacó que se haya escogido Chicoral para la construcción de este pacto, y recordó que el 9 de enero de 1972, en este mismo corregimiento, “enterraron la Reforma Agraria en el gobierno de Misael Pastrana e iniciaron la masacre contra el movimiento campesino y a favor de la gran propiedad de la tierra”. “¿Cómo se hace la paz en Colombia? Pues no repitiendo lo ocurrido el 9 de enero de 1972. Hacer la Reforma Agraria es revivir la paz en Colombia, por eso estamos aquí en Chicoral. Venimos a exorcizar este sitio de energías malignas que nos condujeron a la mayor desigualdad social y violencia. Al resolver la desigualdad, construiremos la paz de Colombia”, añadió el mandatario. La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, señaló que “este pacto lo firmamos con el compromiso que hemos asumido desde MinAgricultura, y lo haremos en nombre de un gobierno que está decidido a avanzar. Con ustedes, el movimiento agrario, resignificamos los acuerdos y le decimos a este país que estrechamos nuestros brazos, voces y solidaridad para hacer de Colombia una potencia agroalimentaria”. Tres de los delegados que hicieron parte en la elaboración del pacto fueron los encargados de leer el documento. En representación de los afrocolombianos, Bárbara Machado aseguró que el objetivo es “promover una alianza popular-institucional dirigida a respetar, dignificar a las comunidades, pueblos, y a las y los trabajadores agrarios que luchan por la tierra, el agua y los ecosistemas”. Por su parte, Herminson Vega, en representación de los pueblos indígenas, manifestó que “el éxito de la Reforma Agraria y del Plan Decenal para su implementación depende de la colaboración activa de todos los sectores de la sociedad, así como mediante coaliciones estratégicas y prácticas”. En la voz de Nury Martínez, delegada del campesinado, se escucharon los 12 preceptos que conforman este pacto. El Pacto por la Tierra y la Vida 1. Redistribución equitativa de la tierra, de los activos productivos y recuperación de los territorios expoliados. 2. Justicia Agraria, restitución y reparación de deudas históricas con las comunidades y pueblos. 3. Restauración, recuperación y protección de suelos rurales, conectividad de cuerpos de agua y ecosistemas. 4. Representación, autonomía e inclusión efectiva de las comunidades y pueblos en la política pública. 5. Transformación del modelo de producción agrario para la garantía de los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza, y la promoción de la soberanía alimentaria. 6. Protección de logros históricos producto de la lucha social y  la búsqueda  de  la  paz. 7. Reorganización y fortalecimiento de la institucionalidad agraria. 8. Garantías para la vida y el fortalecimiento de las organizaciones de los pueblos y las comunidades. 9. Reconocimiento e inclusión de las mujeres, las diversidades y juventudes rurales. 10. Protección del agua y fortalecimiento de las territorialidades de los pueblos y comunidades. 11. Recomposición y garantías para el ejercicio de los sistemas propios de conocimiento de los pueblos y las comunidades. 12. Transformación de economías en donde existen cultivos de uso ilícito de coca, marihuana y amapola.

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Recompensa de cinco millones de pesos por información sobre responsables de grafitis y panfletos intimidatorios en La Paz, Santander

El gobernador de Santander, MG (R) Juvenal Díaz Mateus, anunció una recompensa de cinco millones de pesos por información que permita identificar a los responsables de los grafitis y panfletos alusivos a un grupo subversivo encontrados en el municipio de La Paz, Santander. El anuncio se hizo luego de un consejo extraordinario de seguridad en esta población santandereana, al cual asistieron autoridades de la Fiscalía, Policía, Ejército, alcaldes y otros representantes civiles y militares. “Es fundamental localizarlos, ya que se trata de un delito que no podemos permitir quede impune, pues podría generar una escalada de actos hostiles contra la población civil. Vamos a hacer todo lo posible para esclarecer los hechos, determinar quiénes fueron los responsables y evitar que esto sea el inicio de una organización criminal, un grupo armado organizado de las disidencias de las Farc, o el comienzo de procesos de extorsión basados en estos panfletos”, expresó el gobernador. Además, el mandatario santandereano anunció que el Gaula de la Policía, el Ejército y la Fiscalía llevarán a cabo operativos en la zona para garantizar la seguridad en la provincia de Vélez, con especial atención a los mandatarios locales y la población civil. “El Ejército tendrá una unidad desplegada en la zona durante unos 20 días. Según la inteligencia de la Policía, el documento no proviene de ninguna de las estructuras que tienen identificadas a nivel nacional. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de que se esté gestando una organización criminal que empiece a extorsionar. El panfleto contiene amenazas contra los alcaldes, lo cual ha sido informado a la UNP. En casos como estos, donde se emite una amenaza directa contra una persona, considero que la UNP debe actuar de oficio”, añadió Díaz Mateus. Asimismo, el gobernador destacó que se está cumpliendo con la función de mantener el orden público en el departamento de Santander. “Según la información que hemos recibido, un grupo de personas en motocicletas se desplaza por diferentes lugares, pintando y distribuyendo los panfletos. Esto no es un juego. Estas regiones son muy valiosas, pues aquí reina una tranquilidad absoluta, y no podemos permitir que la población quede desprotegida. Queremos darles confianza, asegurarles que no están solos, y que tenemos las herramientas necesarias para manejar esta situación”, concluyó.

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Gobierno nacional ordena reforzar operaciones militares en Chocó, en defensa de la población civil, con el envío de 340 soldados del Ejército

Con 340 soldados fueron reforzadas las operaciones militares que sostiene el Ejército para neutralizar el accionar criminal del Clan del Golfo y del Eln en el departamento del Chocó, cumpliendo el mandato del Gobierno nacional de proteger a la población civil de la región del San Juan. El refuerzo de tropas permite mantener puestos de control terrestres, fluviales y patrullas aéreas en todo el departamento para neutralizar posibles intenciones terroristas de los grupos al margen de la ley, y evitar que el accionar delictivo de estos grupos genere zozobra y miedo en las comunidades. En desarrollo de las operaciones militares ofensivas, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, las Fuerzas Militares mantienen control en los principales ríos, vías y zonas costeras del litoral Pacífico en esta sección del país. El Eln ha lanzado amenazas contra la población civil afectando la movilidad y la economía de la región. La situación es monitoreada de manera constante en consejos de seguridad en los que participa las autoridades locales y regionales, la Gobernación del Chocó, las alcaldías de los municipios, líderes sociales, defensores de derechos humanos y representantes del Gobierno nacional y se han impartido líneas de acción para reducir la amenaza. Una de estas estrategias ha sido la invitación a la población civil para denunciar todo acto de terrorismo, narcotráfico, presencia armada, extorsión, secuestro y cualquier actuar delictivo donde se vea amenaza la seguridad a las Líneas 107 y 147 o ante la autoridad competente.

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William Salamanca renuncia a la dirección nacional de la Policía y asume presidencia de Ameripol, será reemplazado por el Brigadier General (r) Carlos Fernando Triana

La noticia sobre la renuncia del general William René Salamanca a la Dirección Nacional de la Policía se dio a conocer por medio del Ministerio de defensa en un comunicado que expresa “El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional, informa a la opinión pública que el Director General de la Policía Nacional, General William René Salamanca Ramírez, ha solicitado su retiro de la institución, decisión que ha sido aceptada”. La razón de esta dimisión obedece a que el ahora exdirector de la Policía fue designado como presidente de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), una organización que reúne a 36 miembros permanentes de 30 países, junto con 32 observadores provenientes de 15 países y 10 organismos multilaterales. La entidad es reconocida como “el primer mecanismo de género policial constituido en un instrumento categórico, efectivo, práctico y permanente de cooperación en materia técnico-científica, inteligencia e investigación para el fortalecimiento de la capacitación, doctrina y filosofía policiales, más la prevención y neutralización del delito”. En sus primeras declaraciones tras el importante nombramiento William Salamanca aseguró que “Como Presidente de AMERIPOL y Director General de la Policía Nacional de Colombia pongo a disposición las capacidades de la institución que presido, para seguir trabajando mancomunadamente por consolidar los valores y principios superlativos que han cimentado el actuar de Ameripol, articulando, orientando y priorizando la consolidación de los esfuerzos, procesos, programas y proyectos en pro de la convivencia y la seguridad ciudadana”. Sobre el nuevo director de la Policía El Brigadier General (r) Carlos Fernando Triana, nació en La Peña, Cundinamarca, administrador policial, con una especialización en Seguridad, fue comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá durante la alcaldía de Claudia López, y actualmente se desempaba como director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur). Triana también fue director de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, cuenta con más de 30 años de trayectoria en la Policía. El general Triana, también se desempeñó como Jefe de Inteligencia en la Seccional de Investigación Criminal, Comandante de Estaciones y Distritos de Policía del Departamento de Cundinamarca.

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JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 exintegrantes de LAS Farc – EP

La Sala de Reconocimiento de Verdad los halló máximos responsables de crímenes de lesa humanidad como asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos. También les imputó crímenes de guerra como homicidio, atentados contra la vida y la integridad corporal, ejecuciones sin previo juicio, desplazamiento, y destrucción del medio ambiente. Los imputados, incluido un exintegrante del secretariado, pertenecieron al Bloque Occidental, al Bloque Móvil Arturo Ruíz, al Frente 6º, a la Columna Móvil Miller Perdomo y a las Compañías Móviles Alonso Cortés, Ambrosio González y Simón Rodríguez. Se trata del segundo Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 05, que investiga crímenes perpetrados en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Todos los imputados vienen compareciendo ante la JEP y a la fecha han cumplido con el Acuerdo Final de Paz. Los comparecientes, las víctimas y la Procuraduría tienen un plazo de 30 días hábiles para pronunciarse sobre esta decisión, contados después de la notificación con pertinencia étnica. La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 antiguos miembros del Comando Conjunto de Occidente (también conocido como Bloque Occidental desde 2012), al Bloque Móvil Arturo Ruiz, al Frente 6º, a la Columna Móvil Miller Perdomo, y a las Compañías Móviles Alonso Cortés, Ambrosio González y Simón Rodríguez de las extintas Farc-EP dentro del Caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, el cual tiene el mayor número de víctimas acreditadas ante la JEP con más de 200.000 personas y 138 organizaciones. Los imputados fueron llamados a reconocer responsabilidad por 14 crímenes identificados en más de 5.000 hechos violentos investigados en Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Guachené, Villa Rica y Puerto Tejada, en el norte del Cauca, así como en Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria, en el sur del Valle del Cauca. La JEP los encontró responsables de los crímenes de lesa humanidad de: asesinato,  traslado forzoso de población, persecución y otros actos inhumanos y los crímenes de guerra de homicidio, ejecuciones sin previo juicio, desplazamiento forzado, utilización, reclutamiento o alistamiento de niños y niñas; empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal; atentados contra la vida y la integridad corporal; por dirigir ataques contra la población civil a través de las llamadas “tomas guerrilleras” y los crímenes de guerra de destrucción del medio ambiente y de destrucción de bienes culturales y de lugares de culto. Proceso dialógico La sala llegó a esta decisión luego de una contrastación judicial que incluyó, entre otros, el análisis de 20 informes de organizaciones de víctimas, 7 versiones colectivas, 50 versiones individuales y los informes de la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, así como decisiones de la Corte Constitucional. Asimismo, analizó 130 observaciones de víctimas y de la Procuraduría General de la Nación a lo dicho por los comparecientes ante la JEP. Como parte de la investigación, se incluyeron versiones interjurisdiccionales con la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Propia Afrocolombiana. En estas audiencias, 31 comparecientes con pertenencia étnica fueron escuchados. En el marco del Caso 05, se ha desarrollado una ruta dialógica presencial en Territorios indígenas, afrocolombianos y campesinos para garantizar la participación de víctimas y comparecientes. Además, se ha verificado la persistente situación de inseguridad en la zona priorizada. Estas acciones son clave para superar las discriminaciones y negaciones históricas que han afectado a estos colectivos desde la colonia hasta la actualidad. Para el esclarecimiento de los hechos mencionados en esta investigación la Sala de Reconocimiento llevó a cabo versiones voluntarias colectivas y de construcción dialógica de la verdad que fueron desarrolladas con el apoyo de los comparecientes y sus equipos de defensa, en las cuales participaron activamente los miembros de las comandancias de las estructuras de las antiguas Farc – EP. En cada una de estas diligencias los firmantes entregaron a la JEP y a las víctimas documentos de aporte temprano a la verdad y realizaron actos restaurativos en los que reconocieron afectaciones causadas frente a delegados de las víctimas indígenas, afrocolombianas y campesinas.

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Congresistas exigen transparencia en fondos para crisis en el Catatumbo

La región del Catatumbo se encuentra a la espera de la oficialización de los decretos que establecen la conmoción interior, un paso crucial para conocer los recursos que serán invertidos en la zona, por ende, falta de claridad sobre el monto de inversión es un tema de gran preocupación, ya que hasta el momento no se han emitido detalles al respecto. El senador Juan Carlos García, quien coordina la comisión accidental encargada de supervisar la conmoción interior, ha resaltado la importancia de obtener información precisa sobre las inversiones necesarias para abordar la crisis humanitaria que enfrenta el Catatumbo, que requiere más de 4.7 billones de pesos. Para ello, se ha programado un viaje a Bogotá donde una comisión integrada por alcaldes, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y congresistas de la región revisará los decretos y determinará el valor de la inversión. Asi, García mencionó: “Lo que creemos es que el gobierno debe tener congruencia e identificar cuáles son las fuentes de financiación que sean acordes para solventar el monto que hoy se exige con claridad. Cuando se firme el pacto, los colombianos sabremos exactamente cuál es el monto y cuáles son las líneas a intervenir en los próximos 10 o 15 años”. También ha instado al gobierno a pasar de los anuncios a acciones concretas, enfatizando que la región no puede esperar más y que las inversiones son deudas históricas del Estado. Se estima que el gobierno nacional tiene los recursos necesarios para implementar al menos 127 proyectos en la zona, lo que podría marcar un punto de inflexión en la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo. Por su parte, el representante Wilmer Carrillo ha expresado su preocupación sobre los decretos aprobados hasta el momento, señalando que no abordan las necesidades básicas de la región. Por ello, es fundamental obtener claridad sobre los montos de inversión y su aplicación. La próxima semana, se llevará a cabo una visita a Bogotá donde se espera que la comisión de alcaldes y autoridades del Catatumbo reciba informes detallados sobre los decretos que se implementarán en la zona.

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