julio 26, 2026

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Defensoría del Pueblo revela preocupante panorama de desplazamiento forzado en Colombia

La Defensoría del Pueblo, a través de su delegación para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, presentó el boletín correspondiente al mes de junio de 2024, el cual revela un panorama alarmante en cuanto a confinamiento, desplazamiento forzado y riesgo de desplazamiento. Durante junio de 2024, se registraron un total de 21 eventos de movilidad humana forzada, distribuidos de la siguiente manera: 14 eventos que implican riesgos de desplazamiento y confinamiento, cinco casos de desplazamiento forzado masivo, y dos eventos de confinamiento. Los departamentos más afectados por estos eventos fueron Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca, donde persisten confrontaciones entre diferentes actores armados y disputas por el control territorial y económico, particularmente en economías ilícitas fuera de la ley. Además, se reportaron eventos relacionados con operaciones militares del Ejército Nacional contra estos grupos. Se destaca una situación preocupante en el bajo Cauca antioqueño, donde aproximadamente 18,000 personas enfrentan limitaciones o impedimentos a la movilidad, presumiblemente debido a la presencia de grupos armados. En cuanto a la migración en la frontera entre Colombia y Panamá, el boletín resalta cifras de la Ficha MIT – Migrantes Irregulares en Tránsito, publicada por Migración Colombia. Entre el 1 de enero y el 15 de junio de 2024, cruzaron el Darién 214,781 personas migrantes con necesidad de protección internacional. Los venezolanos constituyen la mayoría con 149,356 personas, seguidos por ecuatorianos (17,025), haitianos (14,775), chinos (10,653), indios (2,883), entre otros.

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Defensoría del Pueblo lanza alerta por desplazamiento masivo en Buenaventura

La Defensoría del Pueblo lanzó alerta por el incremento del desplazamiento forzado en zona rural de Buenaventura. El escalamiento del conflicto armado ha provocado el desplazamiento masivo de las comunidades de la zona rural de Buenaventura. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y otros actores criminales han obligado a más de cien familias a huir; unas 60 familias de la comunidad afro Joaquincito Libre y otras 65 familias de la comunidad Joaquincito de la parte baja de Río Naya se encuentran confinadas por la violencia.  “El accionar indiscriminado de los integrantes de la Columna Móvil Jaime Martínez, del Bloque Occidental del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, obligó al desplazamiento de unas 60 familias de la comunidad afro Joaquincito Libre perteneciente al consejo comunitario de la cuenca del río Naya— hacia la zona urbana de Buenaventura, Valle del Cauca. Otras 65 familias de la comunidad Joaquincito, la cual forma parte del resguardo indígena Epedara Siapidara —de la parte baja del río Naya—, debieron confinarse para salvaguardar sus vidas”, indicó la Defensoría. Asimismo, la entidad hizo un llamado al Gobierno Nacional para que acate las recomendaciones formuladas en su Alerta Temprana 039 de diciembre del 2023 e implemente las acciones necesarias para salvaguardar a las comunidades.  “Como entidad nacional de derechos humanos, la Defensoría reitera la necesidad de que las instituciones competentes acaten las recomendaciones formuladas en su Alerta Temprana 039 de diciembre del 2023. Adicionalmente, es urgente que el Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades del departamento del Valle del Cauca y del Distrito Portuario de Buenaventura, ponga en marcha acciones que protejan a la población afectada”, señaló. 

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Cámara de Representantes aceptó la renuncia al Defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis

Luego de que en días pasados, específicamente el 31 de mayo del presente año, Carlos Camargo Assis, presentara su renuncia al cargo de Defensor del Pueblo que venía desempeñando desde septiembre de 2020, finalmente la Cámara de Representantes en pleno votó aceptando la renuncia de Camargo. Con 117 votos por el ‘Sí’ y 6 votos por el ‘No’, Carlos Camargo Assis dejó de ser el Defensor del Pueblo de los colombianos, al respecto se pudo conocer que la entidad continuará con el mismo equipo hasta que sea nombrado el nuevo Defensor, quien deberá asumir el cargo a partir del próximo 1 de septiembre. “Desde el momento de mi salida asumiría como defensor del Pueblo el actual vicedefensor, Julio Luis Balanta Mina, quien también se ha venido desempeñando como delegado para Asuntos Étnicos. El doctor Balanta es digno representante del pueblo negro, hijo del norte del Cauca y amplio conocedor de las dinámicas de los territorios”, dijo Camargo. Como es del conocimiento público el ahora exdefensor del Pueblo deja el cargo tras una propuesta de la directiva de la Universidad Sergio Arboleda para regresar a sus labores al frente del proceso de fortalecimiento institucional de esta casa de estudios de cara a los nuevos retos que enfrenta la educación superior, en el marco de nuevas realidades socioeconómicas nacionales. “Desde mi salida de la Defensoría estaré concentrado en el nuevo reto que implica acompañar al equipo directivo de la Universidad Sergio Arboleda como vicerrector, pero también poniendo en funcionamiento un observatorio en DD HH. y el doctorado en DD.HH. Desde la academia seguiré impulsando la articulación con el sector real, con la sociedad en general y con el Estado. Tengo claro que las universidades deben ser protagonistas de primer orden en la agenda pública nacional”, finalizó Camargo.

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Grupos armados ilegales han aumentado su control en varias regiones: Carlos Camargo

El defensor saliente del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en reciente entrevista, se manifestó de manera contundente, frente al incremento del control de los grupos armados ilegales en las regiones colombianas. Las declaraciones de Camargo Assis se dieron como pronunciamiento frente al reciente atentado sicarial ocurrido en Candelaria, Valle del Cauca, en donde lastimosamente dos niños con edades comprendidas entre los 6 y 8 años perdieran la vida. Todo parece indicar que el ataque, iba dirigido contra un hombre, pero su desenlace dejó consternada a la comunidad vallecaucana. El saliente funcionario enfatizó en la gravedad de la situación y la falta de acción efectiva por parte del Estado colombiano ante estos hechos que hoy enlutan a los colombianos. “Lo hemos dicho desde la Defensoría, es que nos cansamos de decir que en la constitución política los derechos de los niños tienen preminencia, pero de nada nos sirve visibilizar esas problemáticas, si el Estado está pasivo y más porque los niños son presas fáciles para los grupos criminales”. Asimismo, indicó “Nosotros hemos sido categóricos frente a la situación de reclutamiento forzado. El reclutamiento de menores y el secuestro es algo que no se debe negociar. Observamos como en el 2021 me señalaron como alarmista porque observamos en muchas zonas del país hay más presencias de grupos armados, cultivos de coca, reclutamiento a menores y asesinatos a líderes sociales. Durante el cese al fuego hay más control de los grupos armados ilegales, cómo se han expandido, más rutas de narcotráfico, más extorsión, más ciudades capitales en altísimo riesgo y vemos la inacción por parte del Estado”. Para Camargo Assis resulta preocupante la expansión de las disidencias de las Farc en 21 departamentos del país “Vemos cómo unas disidencias de las Farc hacen presencia en 21 departamentos del país. Les puedo asegurar que solo a la Defensoría del Pueblo las comunidades les depositan la confianza. A través del sistema de alertas tempranas visibilizamos todos los riesgos, los cuales hemos visto en 846 municipios”, aseveró. “Gobierno Indulgente” El funcionario, criticó la posición que ha asumido el Gobierno Nacional con relación a la situación de las regiones colombianas y su falta de medidas efectivas e indulgencia para con los grupos armados, instándoles a que se tomen decisiones firmes y se comunique claramente al país la realidad de los territorios. “Hemos identificado unas zonas donde se vienen presentando situaciones, hemos mostrado la radiografía, pero el tomador de decisiones debe ser toda la institucionalidad y el Gobierno Nacional. La exigencia que uno hace al Gobierno es sobre la desbordada generosidad que han tenido con los grupos armados es que se le hable claro al país. A los grupos armados ilegales es decirles que la oportunidad histórica ya se les pasó y que no se sigan burlando del pueblo colombiano”, concluyó.

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Asesinan a líder comunal en Segovia, Antioquia

Durante la madrugada de este lunes 29 de abril fue asesinado a tiros Robinson Franco, líder de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Carrizal en el municipio de Segovia, Antioquia.  Robinson Franco se convirtió en el líder social número 57 en ser asesinado en lo que va corrido del 2024, de acuerdo con el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz).  El país enfrenta un periodo de profunda crisis humanitaria. En menos de cuatro días grupos armados acabaron con la vida del concejal de Jamundí, Jhon Gil y del líder juvenil de Quibdó, Chocó, Yarlington Robledo. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas de riesgo para defensores de derechos humanos en departamentos como Quindío, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca y Cauca.  

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Henry, el vigilante y héroe de la Unal que lleva 48 horas encerrado en un edificio que quieren tomarse los encapuchados

Henry Balcazar lleva 48 horas encerrado en el edificio Uriel Gutiérrez de la Universidad Nacional, evitando una posible toma de los encapuchados, quienes protestan desde hace varios días por presuntas irregularidades en la elección del nuevo rector de la institución.  Este vigilante se ha ganado la admiración de la gente por su valor para enfrentar los ataques de personas encapuchadas que buscan vandalizar el edificio donde se encuentra.  Gracias a la gestión del ministerio del Interior y de la defensoría del Pueblo lograron ingresar dos médicos que lo examinaron.  A pesar de las amenazas y del miedo, se ha mantenido firme; lo mueve un sentimiento de apropiación por la universidad, a la que ha protegido durante más de tres décadas y que ahora no piensa dejar a merced de quienes quieren destruir no solo un edificio, sino los sueños de los estudiantes que se forman en los claustros.  Henry es un hombre agradecido con la universidad porque le ha brindado la oportunidad de sostener a su familia en sus 34 años de servicio.   “Lo que he conseguido a lo largo de mi vida ha sido gracias al sueldo, a las garantías y oportunidades que me ha dado la universidad, uno debe ser mínimamente agradecido y tener un compromiso primero conmigo mismo y luego con la institución que me ha dado lo que tengo durante los últimos 34 años”, señaló Henry en diálogo con W Radio. De acuerdo con Henry, los encapuchados son personas ajenas a la universidad.  “Son personas ajenas al campus, obviamente la capucha protege su identidad y no sabemos quiénes son, pero lo que dejan ver las acciones de estas personas es que no son parte de la Universidad, cuando ellos marchan grafitean, pero no vandalizan los edificios, en esta ocasión le dieron con todo a las cámaras de los 5 pisos, vandalizaron los torniquetes del edificio”, agregó.  Las protestas iniciaron tras el nombramiento de José Ismael Peña como nuevo rector de la Universidad Nacional. Leopoldo Múnera, quien ganó la consulta realizada a los estudiantes y profesores, se declaró en ‘desobediencia civil’ luego de que el Consejo Superior optó por Peña para el cargo.  Henry ha invitado a escuchar a los jóvenes que están protestando pacíficamente. También hizo un llamado a no satanizar la universidad, pues hay que reconocerla como un espacio de la diversidad y el conocimiento.   

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Consejo Extraordinario de Seguridad en Puerto Rico junto al Gobierno del Meta

Rafaela Cortés gobernadora del Meta, anunció el día de hoy que en el municipio de Puerto Rico se llevó a cabo el Consejo Extraordinario de Seguridad, en trabajo articulado con la Fuerza Pública, Militares, Policía, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, Secretaría de Gobierno y la administración municipal, todo con la finalidad de asumir las medidas necesarias para prevenir cualquier situación que afecte el bienestar y la seguridad de la población civil. De estas mesas de trabajo se establecieron algunas prioridades como implementar más controles en las vías de acceso y en el río Ariari, promover en la zona acciones humanitarias y ofrecer recompensa a quien o quienes entreguen información de extorsionistas, que a la fecha han mantenido en alerta a los habitantes de este pujante municipio. Para la gobernadora Cortés es fundamental que, a través de estas medidas se pueda restablecer el orden público en Puerto Rico. La secretaria de Gobierno del departamento Andrea Lizcano Noguera, expresó “Las acciones que hemos tomado en este Consejo de Seguridad a cargo de la señora Gobernadora, son primero, controles en las vías, controles en el río, adicionalmente una recompensa de 20 millones de pesos, por quien nos de información de extorsionistas que tienen azotado a todo el departamento del Meta, no solamente a Puerto Rico y también esto va a escalar a la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de Naciones Unidas que lo que está pasando en la mesa de negociación es muy grave, le hemos pedido también a la Fiscalía que se investigue, especialmente el reclutamiento forzado y la obligación a los campesinos de ingresar a algunas asociaciones a pesar de que ellos no quieren”.

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Defensoría del Pueblo advirtió que el ‘Clan del Golfo’ y el ‘Tren de Aragua’ son responsables de la violencia en varias localidades de Bogotá

La Defensoría del Pueblo, responsabiliza al ‘Tren de Aragua’ y al ‘Clan del Golfo’ estructuras al margen de la ley, de la violencia que impera en al menos nueve localidades de la capital del país; Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y La Candelaria, Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos serían las más afectadas por esta escalada delictiva. “Es preponderante que las autoridades civiles y los cuerpos de seguridad del Distrito implementen medidas efectivas de prevención, atención y protección, para los distintos tipos de poblaciones de las 22 UPZ, donde habitan alrededor de 954.000 persona en riesgo”, expresó Carlos Camargo, Defensor del Pueblo. De igual forma destacaron que “la exacerbación de la violencia selectiva e indiscriminada” se lleva a cabo a través de amenazas de muerte, homicidios selectivos, masacres, desapariciones forzadas y extorsiones, y que los habitantes de Bogotá estarían siendo víctimas de métodos y medios de promover terror como los conocidos panfletos, llamadas intimidantes, videos o correos electrónicos amenazantes.

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