“La humanidad ha establecido mecanismos de solidaridad, y ahora nos disponemos a activarlos. En este momento, países como Estados Unidos, Chile y Perú han respondido, y Canadá, con su vasta experiencia, se sumó en el último momento”, expresó el presidente Gustavo Petro.  Ayer, Petro anunció su intención de solicitar ayuda internacional para combatir los 31 incendios activos en Colombia y los que podrían surgir en los próximos dos meses debido al fenómeno de El Niño, que provoca altas temperaturas y sequías. Hoy, formalizó la solicitud de asistencia a la ONU y a la agencia de gestión de desastres de la UE, mostrándose confiado en que la ayuda internacional llegará pronto. En Colombia, 31 incendios forestales afectan a nueve departamentos y a Bogotá. Más de 900 municipios están en alerta roja, y 62 enfrentan estrés hídrico, según el último informe presidencial. Los incendios en los cerros orientales y el cerro El Cable en Bogotá son especialmente preocupantes, afectando la calidad del aire y las operaciones aéreas. Además, se destacan los incendios en Nemocón (Cundinamarca) y el páramo de Berlín (Santander), vital para el suministro de agua al noreste de Colombia. El gobierno declaró oficialmente la situación como desastre y calamidad, permitiendo la movilización de recursos presupuestarios para combatir los incendios, garantizando el acceso a agua potable y respaldando las operaciones aéreas. Colombia está llevando a cabo la “operación helicoportada más grande de su historia” con 600 efectivos trabajando para extinguir los incendios, utilizando todas las unidades aéreas disponibles. A pesar de estos esfuerzos, las autoridades expresan preocupación por la persistencia de los incendios durante los próximos dos meses, anticipando una mayor incidencia de El Niño y la posibilidad de más deslizamientos de tierra en áreas donde se esperan lluvias en lugar de sequías. En este contexto, el gobierno insta a las autoridades locales a utilizar canales oficiales para comunicarse con el Puesto de Mando Unificado y reportar cualquier percance que requiera atención urgente. Foto tomada de: El Tiempo 

Esta semana, se desató una intensa controversia en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) tras una reunión entre el director, Luis Carlos Reyes, y algunos funcionarios. Durante el encuentro se abordaron las concesiones de permisos de fuero sindical otorgados a los representantes de los 19 sindicatos presentes en la entidad. La incomodidad entre los empleados de la Dian y Luis Carlos Reyes surgió cuando este último expresó la necesidad de revitalizar el movimiento sindical y modificar las dinámicas de las reuniones entre los trabajadores y la Dirección. Argumentó que estas reuniones afectan gravemente la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos. “Sin un movimiento sindical renovado, no podremos tener un diálogo unificado”, señaló Reyes. Afirmó que, aunque sigue siendo bienvenido un representante de cada uno de los 19 sindicatos en las reuniones sindicales periódicas, la situación actual no es productiva para los trabajadores. Tras estas declaraciones, los voceros sindicales acusaron a Luis Carlos Reyes de intentar eliminar estos movimientos dentro de la entidad, solicitándole que se retractara por insinuar la necesidad de rejuvenecerlos y calificándolo de “abusivo”, exigiendo su renuncia. Durante la reunión con los sindicatos, Reyes lamentó que los representantes no pudieran ingresar a la reunión, destacando que un representante de cada uno de los 19 sindicatos sigue siendo bienvenido para el diálogo. Además, mencionó la política de permisos y comisiones sindicales adoptada en diciembre, que asigna cinco comisiones permanentes a cada uno de los 19 sindicatos, totalizando 95 empleados dedicados exclusivamente a actividades sindicales. En relación con el incidente sindical, explicó que había invitado a los representantes de los 19 sindicatos a la inauguración de la nueva Escuela Dian para abordar sus desacuerdos sobre la política de comisiones y permisos sindicales. Foto tomado de: Sergio Acero / Portafolio  

El Ministerio de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, emitió un comunicado en respuesta a la denuncia realizada por Andrés Forero, representante del Centro Democrático acerca del vencimiento de más de un millón de dosis de vacunas pediátricas contra el COVID-19. Estas vacunas, cuya adquisición representó una inversión cercana a los 70.000 millones de pesos para el país. La cartera dirigida por Jaramillo afirmó que la entrega de 1.121.040 dosis a las entidades territoriales y a Bogotá comenzó en julio de 2023. Según se detalla en el texto, este proceso se llevó a cabo teniendo en cuenta “la capacidad de almacenamiento de cada región, con el objetivo de asegurar su administración a la población infantil en cada departamento y distrito”. A pesar de confirmar la caducidad de las dosis, el Ministerio de Salud aseguró que “en cada una de estas administraciones regionales y en el Distrito Capital de Bogotá, se presentó debido a la falta de aplicación con la debida diligencia”. Así, la entidad ministerial traslada la responsabilidad a las alcaldías y gobernaciones, incluida Bogotá. Además, indicó que algunos territorios declinaron recibir la totalidad de las vacunas previstas en el plan de distribución. En el comunicado se señala: “Algunos territorios rechazaron recibir la totalidad de las vacunas asignadas en el plan de distribución, como en el caso de la Secretaría de Salud de Bogotá, que recibió 78.750 dosis y no aceptó 33.480 dosis; de ello existe respaldo documentado”. Enrique Gómez, líder del partido Salvación Nacional, también reaccionó ante el comunicado: “Este Gobierno sorprenderá cuando asuma responsabilidad en alguna de sus actuaciones. Dejaron vencer 1.121.000 vacunas”. Andrés Forero, el congresista que expuso el caso, detalló que las vacunas permanecieron inexplicablemente en el almacén del Ministerio de Salud hasta mediados de julio, cuando se emitió la resolución para su distribución a los entes territoriales. “Perdieron 3,5 meses con el riesgo de vencimiento a la vista”, resaltó. Y añadió: “La resolución (1116 de 2023) es del 12 de julio. A partir de entonces, el Ministerio de Salud empezó a enviar las vacunas a los entes territoriales o departamentos, pero estas vencían el 16 de noviembre”. Según el congresista, “33.270 vacunas fueron enviadas a Bogotá a tan solo mes y medio de vencerse. Por mencionar otros casos, a Bucaramanga llegaron 3.080 dosis el 29 de septiembre, también mes y medio antes de vencerse, y en Antioquia la situación es similar, con 61.200 dosis”. “Como no hay plazo que no se cumpla, llegó el 16 de noviembre y ocurrió lo esperado: después de almacenar sin justificación las vacunas durante 3,5 meses en el Ministerio de Salud y sin llevar a cabo una campaña de vacunación, el 90 % de las vacunas vencieron. El informe del 22 de diciembre reveló solo 121.484 dosis aplicadas”, informó el representante por Bogotá. Foto de: Orlando Pelichotti