El presidente Gustavo Petro Urrego enfatizó que el Plan de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) fracasó por incumplimientos en los pagos durante los últimos seis años, razón por la que es necesario construir una nueva economía que le permita al pueblo del Litoral Pacífico prosperar en paz y sin el miedo de la presencia de los grupos armados ilegales en sus territorios. El jefe de Estado expresó esta declaración durante el segundo día de la jornada de Gobierno con el Pueblo en el Colegio Liceo Nacional Max Seidel, ubicado en el municipio de Tumaco, Nariño. Durante este evento, se llevaron a cabo pagos atrasados a beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). El mandatario afirmó que el PNIS experimentó un incumplimiento, señalando que los pagos dejaron de realizarse, y los fondos fueron entregados a grandes intermediarios que no cumplieron con su función. Destacó que, tras seis años, el programa resultó ser un fracaso. Además, mencionó que las familias que reciben recursos por cambiar los cultivos de coca deben destinar esos fondos, 3 millones de pesos, al pago de deudas de préstamos informales (“gota a gota”) o a la adquisición de alimentos. Enfatizó la necesidad de construir una nueva economía que incluya infraestructuras como vías, puertos, colegios, y servicios de salud, así como el acceso a conocimientos y créditos. Propuso la implementación de créditos y capital para que la población pueda ser propietaria de esta economía lícita y beneficiarse de sus frutos, promoviendo la prosperidad. El jefe de Estado subrayó la importancia de establecer los cimientos de una nueva economía y abogó por potenciar un modelo que permita que la población del Litoral Pacífico prospere en un entorno de tranquilidad y paz. Lamentó la existencia de la pobreza en el Pacífico colombiano, considerándola una excepción frente a la riqueza global presente en la región. Expresó la necesidad de superar esta situación, enfatizando que es responsabilidad del Gobierno colocar las primeras piedras y fundamentos que permitan el desarrollo del Litoral Pacífico nariñense dentro del contexto próspero que ofrece la región.

La Procuraduría General de la Nación ha comenzado una indagación previa para investigar la posible existencia de una presunta inhabilidad por parte del recién posesionado alcalde de Tunja, Boyacá, Mikhail Krasnov, que podría afectar su capacidad para asumir el cargo. De acuerdo con una denuncia por parte el Ministerio Público, Krasnov habría suscrito contrato para dar cátedra en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, sede Tunja, firmado el 6 de diciembre de 2022, menos de un año antes de que resultara electo como alcalde de la capital boyacense el 29 de octubre de 2023, lo que, de acuerdo con la ley, se constituye en causal de inhabilidad para ejercer el cargo. Además, se está llevando a cabo una investigación sobre la validez de los procedimientos realizados por el alcalde, de origen ruso, para obtener la nacionalización como ciudadano colombiano. En el marco de esta indagación, la Procuraduría ha solicitado diversas pruebas, que incluyen la copia del contrato mencionado y los estudios previos para su ejecución, la certificación del periodo de ejecución, el acta de liquidación, el certificado presupuestal que demuestre el origen de los recursos, la certificación expedida por el supervisor y las órdenes de pago, entre otros documentos. Adicionalmente, la Procuraduría ha requerido al Ministerio de Relaciones Exteriores la copia del acta de naturalización del alcalde como colombiano, así como la certificación de si ha renunciado a su ciudadanía de origen. Es importante destacar que la Procuraduría, en el ejercicio de su función disciplinaria, se encuentra comprometida en asegurar que los funcionarios públicos, incluso aquellos de elección popular, cumplan de manera íntegra con sus deberes ante la ciudadanía.​