Ser líder social y defender los derechos humanos en Colombia sigue siendo una tarea altamente peligrosa. Al cierre del primer mes del año se registraron catorce asesinatos de líderes sociales en diversas regiones del país. De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, se expone la cruda realidad que enfrentaron aquellos dedicados a la defensa de los derechos de las comunidades durante el año anterior.  Se registraron un total de 181 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en todo el país. Del total, 160 eran hombres y 21 mujeres. Carlos Camargo Assis, el Defensor del Pueblo, califica esta situación como inaceptable, destacando que, en promedio, cada dos días del año anterior fue asesinado un líder social o defensor de derechos humanos en el país. Cada pérdida de vida representa una tragedia para sus familias, comunidades y la defensa de los derechos fundamentales.  Aunque el informe de la Defensoría evidencia la cruda realidad que enfrentaron aquellos que trabajan para preservar los derechos de las comunidades el año pasado, especialmente en las regiones afectadas por el conflicto armado interno, se observa una disminución del 16% en comparación con el 2022, cuando se registraron 215 casos. En otras palabras, hubo 34 personas menos asesinadas en el 2023. El ‘Informe anual de homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos enero-diciembre 2023’ señala que los 181 crímenes ocurrieron en 123 municipios (en 25 departamentos), con el 44% concentrándose en 80 de ellos. Cauca (con 36 casos), Antioquia (21) y Nariño (17) fueron los departamentos con más homicidios, representando el 41% del total. En lo que va de 2024, el caso más reciente se dio en la zona rural de Tuluá, Valle del Cauca, donde Fabián Castaño Serna fue atacado mientras transportaba a menores de edad en un vehículo. En un informe de este año sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, instó al gobierno colombiano a “redoblar” sus esfuerzos en la protección de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz. Por otra parte, las regiones donde se informa de más líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados son aquellas donde operan las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y bandas criminales como el Clan del Golfo, quienes compiten por el control del territorio y los corredores de droga. Foto tomada de: Universidad de los Andes 

La ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara, presentó la nueva Política de Gratuidad ‘Puedo Estudiar’ y los requisitos para aplicar a las 67 instituciones de educación superior públicas. “Este resultado es fruto de años de movilizaciones de estudiantes y profesores en el país, así como del compromiso del Gobierno del Cambio para lograr que la educación en Colombia sea un derecho fundamental para todos los colombianos. Estamos dando un paso crucial para garantizar el acceso a una educación superior de calidad, inclusiva y pertinente a los territorios. Este es el verdadero cambio con justicia social”, afirmó la ministra. Los interesados deben demostrar que cumplen con alguno de estos requisitos: A. Estrato socioeconómico 1, 2, 3, aunque será decisión de cada Institución de Educación Superior aceptar el ingreso de otros estratos socioeconómicos, en el marco de la autonomía universitaria. B. Se priorizan los integrantes de pueblos étnicos: población indígena, pueblo Rrom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. C. Población víctima del conflicto armado. D. Población en condición de discapacidad. E. Comunidades campesinas. F. Población privada de la libertad. G. Grupos A, B o C del Sisbén IV, en cualquiera de sus subgrupos. Además, esta nueva política no tiene límite de edad; el beneficio se amplía para ciudadanos extranjeros y los estudiantes con títulos de postgrados técnicos o tecnológicos podrán obtener los beneficios. Se otorgan hasta 2 periodos adicionales para garantizar la terminación efectiva, y la transferencia de recursos a las Instituciones de Educación Superior públicas la realizará directamente el Ministerio de Educación Nacional, optimizando tiempo y recursos. Conforme a lo establecido en el Decreto 1667 de 2021, a los estudiantes beneficiarios de políticas anteriores como Matrícula Cero, Generación E componente de Equidad o del Fondo Solidario para la Educación en la línea de “Auxilio económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad en instituciones de educación superior pública”, se les garantizará la continuidad, con los anteriores requisitos.

Hoy, primero de febrero, el diputado noruego Rasmus Hansson, a través de sus redes sociales, nominó al presidente de Colombia para el Premio Nobel de Paz 2024. Antes de que cerrara el plazo para nominar a personas influyentes en todo el mundo, Hansson expresó: “Petro promueve una política de paz creadora, moderna e integral. Él muestra en la práctica que el diálogo con los actores armados puede ser un medio eficaz para solucionar conflictos y reducir la violencia”. Según el diputado, Petro no solo ha buscado la paz de Colombia y de la región, sino que ha liderado diálogos incluyentes, sumando a jóvenes, mujeres, comunidades afro, campesinos e indígenas, entre otros. En respuesta, el jefe de Estado expresó a través de X: “Agradezco a Rasmus Hansson por nominarme al Premio Nobel de la Paz. Seguiremos con todo lo que esté en nuestras manos por la paz de Colombia (sic)”. A pesar de ser un líder polémico en Colombia y de que existan opiniones divididas sobre su política de “paz total”, en metros de Berlín, Francia y Estados Unidos, noticieros de todo el mundo anunciaban cómo un presidente latinoamericano negociaba con varios grupos armados simultáneamente. Proveniente de un país famoso por sus guerrillas y conflictos internos, el presidente Petro ha alcanzado fama y protagonismo internacional con una política que aún tiene pendientes muchos resultados para el país.

A través de su cuenta en X, la Presidencia de la República comunicó que el presidente Gustavo Petro no pidió la dimisión de su equipo ministerial durante la reunión del consejo de ministros. Varios medios nacionales, citando fuentes de la Casa de Nariño, reportaron que se especula sobre cambios en el gabinete tras un tenso intercambio durante la última sesión del consejo. En dicha reunión, que se prolongó hasta altas horas de la noche del miércoles 31 de enero, el presidente habría expresado su descontento con el rendimiento de las diferentes carteras, reprendiendo a sus colaboradores por la baja ejecución. La posibilidad de una reorganización ministerial se venía rumoreando desde hace meses, especialmente después de la inesperada renuncia de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín, aunque finalmente el año concluyó sin cambios. Actualmente, algunas carteras enfrentan situaciones críticas: en Deporte, Astrid Rodríguez ha sido objeto de críticas por la pérdida de los Juegos Panamericanos 2027 para Barranquilla. Mientras tanto, en la Cancillería, Álvaro Leyva enfrenta una suspensión de tres meses debido al escándalo de los pasaportes. Foto tomada de: Presidencia 

El presidente Gustavo Petro propuso a los líderes policiales la formación de unidades especializadas incorruptibles destinadas a combatir delitos de gran impacto. Según el mandatario estas unidades deberían poseer habilidades y conocimientos avanzados para operar a nivel nacional y perseguir a las organizaciones criminales responsables. Durante la clausura del encuentro anual de comandantes de la Policía, donde recibió un homenaje, el mandatario explicó que se deben abordar fenómenos delictivos como la extracción ilegal de minerales, la extorsión, el secuestro y el narcotráfico mediante la creación de “entidades nacionales dedicadas a cada crimen”. En las instalaciones del Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (CESPO), ubicado en el noroccidente de la capital, señaló que esta estrategia debe incluir elementos de política pública para evitar situaciones que permitan un mercado de oro sin restricciones, donde cualquiera pueda comprar o vender sin control alguno. El presidente consideró crucial que estas unidades especializadas utilicen herramientas como la inteligencia artificial para abordar los delitos desde el ámbito nacional, sin previo aviso. De esta manera, se evitaría delegar exclusivamente en la policía territorial la responsabilidad de enfrentar este tipo de crímenes, ya que son susceptibles a la influencia de los poderosos dueños de la criminalidad.