junio 2, 2026

Paz

Congreso meterá la ‘lupa’ a conmoción interior decretada por el presidente Petro

Tras el inminente anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro sobre su decisión de decretar estado de Conmoción Interior y Emergencia Económica por la aguda situación que enfrenta el Catatumbo, Norte de Santander a consecuencia de los embates de la violencia ocasionada por el Eln. El Congreso de la República se prepara para revisar minuciosamente la sustentación de los decretos, tal y como establece la Constitución Nacional. Como es sabido la Carta Magna establece que el presidente de la República deberá extender un informe puntualizando al Congreso de la República las razones de la declaratoria. Puntualmente el artículo 213 de la Constitución establece que, “dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del Estado de Conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio”. En esa línea, el jefe de Estado está obligado a rendir un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración. De igual formas el artículo 215 de la Constitución refiere que el Congreso deberá esperar a conocer los términos dentro de los cuales se va a hacer uso de las facultades extraordinarias contempladas por la ley. “(Se) convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término”. Por su parte Diego González, secretario general del Senado, explicó que la finalidad de la convocatoria es que el Presidente explique las razones que respaldan su declaratoria y conocer en detalle las motivaciones de la medida. “El Gobierno debe enviar cada 30 días un informe sobre la evolución de los acontecimientos, también las medidas que ha adoptado, la evaluación que tiene sobre ese tema, así como las investigaciones en curso sobre eventuales abusos de esas facultades. Es decir, cada 30 días debe estar informando al Congreso sobre el estado actual de cómo va transcurriendo la conmoción interior”, indicó.

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Presidente Petro decreta Conmoción interior por situación en el Catatumbo

Como se venía rumorando el presidente de la República Gustavo Petro Urrego, decretó este lunes el estado de Conmoción por los hechos de violencia que están ocurriendo en la región de El Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, La noticia la dio a conocer el propio mandatario por medio de su cuenta de x donde especificó la manera en que hará efectiva la excepción, es así como habrá dos decretos el de conmoción interior y el de emergencia económica. El origen de esta decisión reside en la aguda situación que vive el Catatumbo, donde a la fecha se han registrado más de 100 muertos y al menos 5.000 desplazados. “Habla de los otros, pero se refiere a sí mismo. Han perdido la inteligencia. La revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. Es la paz la bandera revolucionaria porque es la bandera de la vida. Se declara el estado de conmoción interior y el estado se emergencia económica. Espero del poder judicial su apoyo. El copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia”, indicó el Presidente de los colombianos. De qué se trata la Conmoción Interior y la Emergencia económica Para definir los términos es preciso recordar lo que al respecto establece la carta magna, sobre las características del estado de conmoción y esto dice  “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos periodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República”. Asimismo, la Constitución establece sobre la emergencia económica que “Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario”. Por ahora, toca esperar el enunciado del decreto para conocer la amplitud del mismo o si solo se usará para la región en problemas.

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Atentado contra patrulla de la Policía en Cesar deja Siete heridos

El atentado contra efectivos de la Fuerza Pública ocurrió en la vía que comunica la vereda Los Pinos con el casco urbano, hasta ahora las autoridades manejan la hipótesis de que los hechos obedecen a la escalada de violencia que vive el país por cuenta de las acciones terroristas del Eln. El ataque al escuadrón del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) dedicado a la protección de las fuentes de hidrocarburos, se dio con la utilización de artefactos explosivos y hasta ahora deja un saldo de al menos siete uniformados heridos en el municipio de Pelaya, Cesar. Los hechos se registraron la madrugada de este viernes, mientras el escuadrón del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) efectuaba su habitual patrullaje de control en la vía que comunica al casco urbano con la vereda Los Pinos y fue detonada la carga explosiva, que hasta ahora no deja víctimas fatales. Rechazo del gobierno departamental Ante lo ocurrido la Gobernación del departamento mediante un comunicado se pronunció “El Gobierno del Cesar rechaza el atentado ocurrido anoche contra una patrulla de la Policía, en la vereda Los Pinos, jurisdicción de Pelaya. Tras conocido el hecho, la gobernadora @elviamilenasd entró en contacto con la @PoliciaDeCesar, recibiendo como balance que 7 uniformados resultaron heridos. En articulación, las autoridades buscan establecer responsables del hecho”. Una de las hipótesis sugiere que el atentado podría estar relacionado con la escalada de violencia desatada desde el jueves por la guerrilla del ELN en el vecino departamento de Norte de Santander y otros sectores del país, caracterizada por ataques contra la Fuerza Pública y las disidencias de las Farc. Entre los heridos por la detonación se encuentran el intendente Gustavo Morales Rendón y el patrullero Luis Contreras Contreras.

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Gobierno le perdió la paciencia al Eln tras amenazas de muerte contra Álvaro Jiménez

El Gobierno Nacional, se le paró firme al Eln y condenó por medio de una carta firmada por el comisionado para la Paz, Otty Patiño, las amenazas de muerte en contra del asesor de Paz Álvaro Jiménez. En el documento Patiño se refiere a los hechos repudiando las amenazas de que ha sido blanco Jiménez por parte de la guerrilla y aprovechó para advertirles que la paciencia del Gobierno Nacional para con estas acciones “no es eterna”. Patiño, invitó a estas disidencias a retomar las conversaciones de paz, que como se recordará permanecen congeladas desde mayo del 2024. El Gobierno Nacional por medio de la misiva denuncia públicamente que el Eln ordenó asesinar a Álvaro Jiménez, asesor de paz comisionado por el Ejecutivo para encabezar los diálogos que se adelantan con el frente Comuneros del Sur, por fuera del comando central del grupo subversivo. “Esa generosidad y esa paciencia (del Gobierno) han sido interpretadas por el Comando Central (COCE) del ELN como debilidad de nuestro Gobierno. Pero la paciencia no es eterna ni la generosidad es infinita”, se lee en la carta. También expresa, “Como ya lo señaló el señor presidente (Gustavo Petro), en este año 2025 los ilegales deben decidir entre la violencia y la paz, con hechos y manifestaciones concretas. De modo que a finales de este mes sabremos cuál es la definición del Ejército de Liberación Nacional, si se mantienen en el ejercicio de la violencia o escogen el camino de la paz con hechos ciertos”. Así las cosas, Patiño fue enfático en afirmar “rechazo el sicariato moral del cual ha sido víctima Álvaro (Jiménez) por cuenta del comando central del Ejército de Liberación Nacional y de la decisión de matarlo contratando individuos cuyo oficio es asesinar a personas bajo contrato”.

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Gobernadora del Chocó fue víctima de ataque y la UNP reconoce deficiencias en su esquema de seguridad

Tras la denuncia hecha por la gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba, luego de ser víctima de un ataque por parte de grupos armados, la Unidad Nacional de Protección salió al paso a estos hechos y reconoció falencias en el esquema de seguridad de la mandataria. Los hechos Se pudo conocer por cuenta de Córdoba que el pasado 12 de enero, su equipo de seguridad “fue hostigado por hombres de uniforme (no identificados) y fuertemente armados. Hubo intercambio de disparos y salimos ilesos del lugar”. La mandataria, también advirtió durante la denuncia pública que no cederá ante amedrentamiento de grupos armados de la región y que seguirá procurando la seguridad de sus ciudadanos “seguiré tomando las acciones por la seguridad de los chocoanos y denunciando las flagrantes violaciones a los derechos humanos contra nuestra población. Nuestro deber y nuestro trabajo seguirán su marcha. La paz como objetivo, la seguridad y el progreso como obligación”. UNP argumentó temas presupuestales Por su parte la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras las graves denuncias hechas por la Gobernadora del Chocó asumió la falla en el esquema de seguridad de Córdoba y argumentó que esta situación se da en medio del cumplimiento del decreto 1066, que establece que los convenios de la seguridad con alcaldías, gobernaciones y otras entidades públicas dependen de temas presupuestales propios de cada entidad. Asimismo, establecieron que el equipo de protección Nubia Carolina Córdoba “no se había implementado totalmente”, debido a que “la gobernación no contaba con recursos para tal fin”. Ante lo ocurrido la UNP indica que el director de la UNP, Augusto Rodríguez, “ordenó a las áreas competentes de la entidad que se priorice la implementación de los esquemas de protección y después surtan los trámites necesarios para la normalización de los convenios, en concordancia con las instrucciones del señor presidente, Gustavo Petro, de que prevalezca la protección de la vida, sobre cualquier trámite o proceso administrativo”.

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JEP y la UBPD hallan nuevos cuerpos en La Escombrera

Los equipos forenses de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontraron nuevas estructuras óseas que permiten identificar dos nuevos cuerpos. Estos hallazgos serán enviados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) para que se surtan los análisis de identificación pertinentes. Estos resultados se dieron luego de la reactivación de la intervención forense, el pasado 7 de enero, y tras la medida cautelar que ordenó la JEP para proteger La Escombrera, ubicada en la Comuna 13 de Medellín, bajo la presunción que podrían hallarse cuerpos de víctimas de desaparición en el marco del conflicto armado. Con el objetivo de avanzar en la identificación de estos hallazgos, es indispensable que las personas que tengan a un familiar desaparecido en esta zona del país y que aún no hayan aportado sus muestras de ADN lo hagan. Les invitamos a acercarse a cualquiera de las sedes de la Unidad de Búsqueda a nivel nacional, o comunicarse a la línea 018000-117175, con el fin de realizar las tomas de muestras biológicas. Las entidades del Sistema Integral para la Paz, JEP y Unidad de Búsqueda, reiteramos nuestro compromiso con las familias y organizaciones de víctimas para avanzar en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos en hechos relacionados con el conflicto armado. El 21 de enero se entregará el primer balance quincenal de los hallazgos, respetando el protocolo acordado con las mujeres y familias buscadoras. Solo hasta esa fecha se permitirá el registro por parte de medios de comunicación.

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La Unidad de Búsqueda recuperó seis cuerpos en el cementerio de Frontino, en Antioquia

En 2025, la Unidad de Búsqueda realizará otras dos intervenciones a este camposanto, donde se estima un universo preliminar de 28 cuerpos que corresponderían a personas desaparecidas. Con la recuperación de seis cuerpos no identificados, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) concluyó la primera fase de intervención forense en el Cementerio Parroquial Nuestra Señora del Carmen en el municipio de Frontino, en el occidente de Antioquia. Los seis cuerpos recuperados habrían sido inhumados entre las décadas de 1990 y 2000. Su recuperación implicó la intervención de cuatro sitios de interés forense, ubicados en la zona posterior del cementerio, los cuales corresponden a sepulturas. Estaban a una profundidad de 1.50 metros, en promedio, y presentaban signos de disposición compatibles con sucesos violentos. Durante la intervención en el cementerio de Frontino, los profesionales de la Unidad de Búsqueda recibieron ocho solicitudes de búsqueda y tomaron siete muestras biológicas a personas buscadoras. También realizaron entrevistas con cuatro aportantes de información para avanzar en la ubicación de nuevos sitios de interés forense y acompañaron a dos familias buscadoras que tienen la hipótesis de que sus parientes desaparecidos habrían sido inhumados en este camposanto. Esta acción humanitaria y extrajudicial hace parte del Plan Regional de Búsqueda de la Cuenca del Río Sucio y Cauca Medio, que logró establecer un universo preliminar de 28 personas inhumadas como cuerpos no identificados en el cementerio de Frontino. Para recuperarlos, la entidad proyectó tres fases de intervención forense en un proceso articulado con la Fiscalía General de la Nación. Por eso, luego de esta primera acción humanitaria, la Unidad de Búsqueda espera realizar las otras dos intervenciones durante el 2025. La investigación humanitaria y extrajudicial para esta intervención forense implicó la consulta y revisión de diferentes fuentes de información: actas de levantamiento de cadáver realizadas por la Inspección de Policía, protocolos de necropsia y certificados de defunción emitidos por el Hospital María Antonia Toro de Elejalde, registros civiles de defunción realizados por la Notaría Única y la Registraduría Nacional del Estado Civil, licencias de inhumación autorizadas por la Secretaría de Gobierno del municipio y los libros de defunciones la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, administradora del cementerio de Frontino. Este proceso ha contado con el apoyo del equipo de trabajo de la parroquia, encabezado por el presbítero Jairo Alberto Montoya Jiménez, así como de autoridades locales y personas de la sociedad civil que en diferentes entrevistas han ampliado datos sobre el contexto de la desaparición en este cementerio. Igualmente, se destacan los aportes de información de los firmantes del Acuerdo de Paz. El Plan Regional de Búsqueda de la Cuenca del Río Sucio y Cauca Medio abarca 18 municipios del occidente antioqueño y tiene un universo de 789 personas dadas por desaparecidas. En Antioquia, el registro asciende a 25.725 personas desaparecidas; y en Colombia, a 124.734.

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Policía Nacional exige liberación de intendente e ingeniero secuestrados en el Chocó

Se cumplen 8 días de la privación de libertad del intendente de la Policía, Mauricio Vargas y el ingeniero Miguel Andrés González, quien se desempeña como contratista de la Alcaldía de Istmina (Chocó), quienes fueron secuestrados en el departamento del Chocó. En las últimas horas y ante los hechos, la Policía Nacional hizo un llamado a la liberación de estos dos funcionarios y rechazaron enfáticamente estas prácticas, al referirse al intendente expresaron “Colombia y su familia lo esperan. ¡Libérenlo Ya!”. En recientes declaraciones Iván Vargas, hermano del intente Mauricio Vargas, explicó que la información del secuestro de su familiar se ha mantenido bajo reserva y que las entidades negociadoras han mantenido un poco al margen de la situación a la familia. Por otra parte, se pudo conocer que, al parecer la guerrilla del ELN estaría implicada en estos secuestros y tendría la voluntad de liberar tanto al uniformado como al ingeniero “No hemos podido tener pruebas directas de él. Sin embargo, las delegaciones que se encuentran en la zona han manifestado que se han podido comunicar con él y que se encuentra sano y salvo”, manifestó  Iván Vargas.

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MinJusticia propuso a la JEP, Zonas de Restauración para excombatientes Farc

El Ministerio de Justicia en cabeza de Ángela María Buitrago, presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un borrador en el que propone la creación de unas zonas especiales llamadas Zonas de Restauración, a estos territorios irían los excombatientes de las Farc. La propuesta incluye a los excombatientes Farc como candidatos para ir a las zonas especiales tras ser sancionados por el alto tribunal, por acciones cometidas durante el conflicto armado. ¿Qué son las Zonas de Restauración? Las llamadas Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria (ZRRC) tendrían características similares a los llamados espacios rurales ETCR, que serían destinados a su proceso de reincorporación. Buitrago dio a conocer en una reunión que tuvo con representantes de los firmantes del Acuerdo de Paz, la propuesta y destacó que apenas es un borrador primario que está en construcción. Cabe destacar que el lapso de esas sanciones, que impondría la JEP estaría entre los cinco y ocho años, y se pagarán a través de trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador. Por su parte la Jurisdicción Especial de Paz dictaminó que cuando se trate de miembros de la comunidad indígena, se le deberá reconocer el arraigo ancestral al sancionado ubicándolo en su determinada zona.

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En cementerio de Pitalito, 23 cuerpos de personas dadas por desaparecidas fueron recuperados

De acuerdo con la Unidad de Búsqueda, estos cuerpos corresponderían a personas de diferentes departamentos del país que fallecieron y posteriormente desaparecieron en hechos relacionados con el conflicto armado en municipios del Huila y el Macizo Caucano. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) informó que luego de dos semanas de trabajo en el Cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, en el Huila, se logró la recuperación de 23 cuerpos en este camposanto, que correponderían a personas desaparecidas en acciones del conflicto armado en esta zona del país. De acuerdo con Isaac Giraldo, investigador humanitario y líder del Plan Regional de Búsqueda Sur del Huila de la UBPD, estos cuerpos corresponderían a personas oriundas de departamentos como Caquetá, Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Tolima, Cesar y Huila que fallecieron en hostilidades del conflicto armado ocurridas en municipios del sur del Huila y el macizo Caucano entre 1997 y 2012, los cuales fueron dispuestos como Cuerpos No Identificados (CNI) o como Cuerpos Identificados No Reclamados (CINR). “Este cementerio es uno de los sitios de interés forense más relevantes para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el sur del país, porque allí podrían estar inhumadas alrededor de 90 personas que serían víctimas del conflicto armado desde 1993 hasta el momento de su clausura”, explicó Giraldo. Aunque el objetivo para esta primera intervención era recuperar 16 cuerpos, las características de disposición múltiple en sepulturas que se creían individuales obligó a multiplicar los esfuerzos. El trabajo articulado entre los equipos de la UBPD en Caquetá, Huila y Putumayo, que conforman la Regional Sur, permitió superar las expectativas iniciales y recuperar un mayor número de estructuras óseas. Diego Sevilla, coordinador de la Unidad de Búsqueda para el Huila, destacó la participación de quienes serían los seres queridos de algunos de los cuerpos recuperados. Entre ellas estuvo Suleny*, quien viajó hasta Pitalito junto con su madre con la ilusión de encontrar respuestas sobre el paradero de su hermana Leidy Marcela*, desaparecida hace 12 años. “Gracias a las esperanzas que no se pierden y, en este caso, a la búsqueda impecable que hizo este grupo, se nos da la posibilidad de algo que creíamos imposible: ya dimos con mi hermanita. Y aunque se va a tomar su tiempo porque viene el proceso de identificación, ya tenemos prácticamente la certeza de que es ella y eso nos da tranquilidad” expresó Suleny. Al finalizar la intervención, en el Cementerio San Antonio de Padua se realizó un acto simbólico de memoria y dignificación de las personas dadas por desapare cidas en esta región en el marco del conflicto armado, en el cual se reconoció la búsqueda que durante décadas han adelantado sus familiares y organizaciones Sociales. En la actividad de memoria hicieron presencia representantes de organizaciones sociales, instituciones locales y firmantes del Acuerdo de Paz, quienes expresaron sus mensajes de solidaridad y compromiso con la búsqueda, a través de una ceremonia de la luz que simbolizó la esperanza que ilumina el camino para encontrar a las personas dadas por desaparecidas. Enrique Chimonja Coy es familiar buscador, líder comunitario de Palestina -un municipio del Huila, e integrante de la organización Comunidades Construyendo Paz en Colombia (Conpazcol). Llegó hasta el cementerio en su bicicleta, en la que ha recorrido medio país con el mensaje “¿Dónde están? Ayúdanos a encontrarlos” y reconoció la importancia del trabajo adelantado. “Para las personas buscadoras, el tiempo no importa. Lo que importa es el amor a la vida, el amor a nuestros seres queridos (…) Hoy podemos decir que, en medio del dolor, celebramos actos como el que ha ocurrido en Pitalito y en esa misma esperanza seguimos luchando para que a nuestros desaparecidos podamos hallarlos en algún momento, ojalá más temprano que tarde”, expresó Chimonja.  Esta acción humanitaria fue posible gracias a la colaboración de diversas organizaciones e instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), la Alcaldía Municipal de Pitalito, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CAM), la Parroquia San Antonio de Padua, entre otras. Además, contó con los aportes voluntarios de información recopilados en el trabajo conjunto con la Corporación Humanitaria Reencuentros y firmantes del Acuerdo de Paz. Tres de los cuerpos recuperados fueron enviados al Instituto Nacional de Medicina Legal para su posterior análisis e identificación. Los restantes serán sometidos a un proceso de verificación de correspondencia post mortem, liderado por la Unidad de Búsqueda, con el fin de comparar lo observado en los cuerpos esqueletizados con la información registrada en los archivos de necropsia diligenciados al momento de la disposición de los cuerpos en el cementerio. Las personas que tengan seres queridos desaparecidos o información sobre el paradero de alguna persona desaparecida pueden comunicarse a la línea celular 3160174564 (en Huila) o la línea nacional 018000-117175. La información proporcionada será tratada con total confidencialidad y sin el objetivo de buscar responsabilidades, siempre con el fin de contribuir a la búsqueda humanitaria y extrajudicial.

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