octubre 27, 2026

Judicial

Gregorio Eljach, asumió como nuevo Procurador General de la Nación hasta el 2029

Desde este jueves y hasta el 2029 Gregorio Eljach Pacheco, asumió el cargo de Procurador General de la Nación, en medio de grandes retos por las dificultades propias de ejercer control disciplinariamente sobre las actuaciones de los servidores y servidoras de entidades públicas de Colombia. Durante su posesión se refirió al aplazamiento presupuestal por parte del Gobierno Nacional para la Procuraduría en 2025, aseguró que es “poco amistoso” encontrar una reducción presupuestal a las entidades que ejercen contraloría al trabajo del poder ejecutivo. Asimismo, indicó, “No es muy entendible ni una cosa muy amable que al que lo va a controlar a uno, yo le quito los recursos. Eso no creo que es lo que esté el gobierno pensando ni quiera hacerlo, eso además no cabe. Son políticas de austeridad que seguramente hicieron algo global, pero no es de buen recibo que le aplacen al Ministerio Público, sobre todo lo de inversión, pero mañana vamos a sacar alguna conclusión o algún plan de tareas y ya se lo vamos a hacer conocer”. Prometió imparcialidad en sus acciones Al referirse a cómo sería su accionar de tener que juzgar a los congresistas que en su momento le dieron el espaldarazo para llegar a la posición que hoy ostenta  expresó “Nadie puede decir que Gregorio Eljach no ha aprendido a distinguir entre quiénes fueron los que votaron por él y a quiénes tiene que disciplinar eventual y excepcionalmente. Allí no hay ninguna contradicción y no creo que deba haber ninguna suspicacia. Esperemos que me toque el primer asunto y en derecho diré lo que corresponda lo que se ajuste a la norma superior y lo que se ajuste a la prueba”. De igual forma el ahora Procurador de la Nación, indicó que llega a tan alta instancia sabiendo que inicia un proceso de aprendizaje “Si yo que soy nuevo y no estoy impregnado, y mi segundo también va a ser nuevo, y todos los que siguen de ahí para allá va a ser nuevo, lo que voy a ocasionar es un estancamiento de la función mientras aprendemos lo nuevo”. Néstor Osuna su primer nombramiento Ya en pleno ejercicio Eljach, aprovechó de nombrar al exministro de Justicia Néstor Osuna como delegado para los Derechos Humanos, mientras que Javier Sarmiento, quien ocupada ese cargo, pasa a la delegada para el seguimiento del cumplimiento del Acuerdo de Paz.

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Gobierno le perdió la paciencia al Eln tras amenazas de muerte contra Álvaro Jiménez

El Gobierno Nacional, se le paró firme al Eln y condenó por medio de una carta firmada por el comisionado para la Paz, Otty Patiño, las amenazas de muerte en contra del asesor de Paz Álvaro Jiménez. En el documento Patiño se refiere a los hechos repudiando las amenazas de que ha sido blanco Jiménez por parte de la guerrilla y aprovechó para advertirles que la paciencia del Gobierno Nacional para con estas acciones “no es eterna”. Patiño, invitó a estas disidencias a retomar las conversaciones de paz, que como se recordará permanecen congeladas desde mayo del 2024. El Gobierno Nacional por medio de la misiva denuncia públicamente que el Eln ordenó asesinar a Álvaro Jiménez, asesor de paz comisionado por el Ejecutivo para encabezar los diálogos que se adelantan con el frente Comuneros del Sur, por fuera del comando central del grupo subversivo. “Esa generosidad y esa paciencia (del Gobierno) han sido interpretadas por el Comando Central (COCE) del ELN como debilidad de nuestro Gobierno. Pero la paciencia no es eterna ni la generosidad es infinita”, se lee en la carta. También expresa, “Como ya lo señaló el señor presidente (Gustavo Petro), en este año 2025 los ilegales deben decidir entre la violencia y la paz, con hechos y manifestaciones concretas. De modo que a finales de este mes sabremos cuál es la definición del Ejército de Liberación Nacional, si se mantienen en el ejercicio de la violencia o escogen el camino de la paz con hechos ciertos”. Así las cosas, Patiño fue enfático en afirmar “rechazo el sicariato moral del cual ha sido víctima Álvaro (Jiménez) por cuenta del comando central del Ejército de Liberación Nacional y de la decisión de matarlo contratando individuos cuyo oficio es asesinar a personas bajo contrato”.

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Gobernadora del Chocó fue víctima de ataque y la UNP reconoce deficiencias en su esquema de seguridad

Tras la denuncia hecha por la gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba, luego de ser víctima de un ataque por parte de grupos armados, la Unidad Nacional de Protección salió al paso a estos hechos y reconoció falencias en el esquema de seguridad de la mandataria. Los hechos Se pudo conocer por cuenta de Córdoba que el pasado 12 de enero, su equipo de seguridad “fue hostigado por hombres de uniforme (no identificados) y fuertemente armados. Hubo intercambio de disparos y salimos ilesos del lugar”. La mandataria, también advirtió durante la denuncia pública que no cederá ante amedrentamiento de grupos armados de la región y que seguirá procurando la seguridad de sus ciudadanos “seguiré tomando las acciones por la seguridad de los chocoanos y denunciando las flagrantes violaciones a los derechos humanos contra nuestra población. Nuestro deber y nuestro trabajo seguirán su marcha. La paz como objetivo, la seguridad y el progreso como obligación”. UNP argumentó temas presupuestales Por su parte la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras las graves denuncias hechas por la Gobernadora del Chocó asumió la falla en el esquema de seguridad de Córdoba y argumentó que esta situación se da en medio del cumplimiento del decreto 1066, que establece que los convenios de la seguridad con alcaldías, gobernaciones y otras entidades públicas dependen de temas presupuestales propios de cada entidad. Asimismo, establecieron que el equipo de protección Nubia Carolina Córdoba “no se había implementado totalmente”, debido a que “la gobernación no contaba con recursos para tal fin”. Ante lo ocurrido la UNP indica que el director de la UNP, Augusto Rodríguez, “ordenó a las áreas competentes de la entidad que se priorice la implementación de los esquemas de protección y después surtan los trámites necesarios para la normalización de los convenios, en concordancia con las instrucciones del señor presidente, Gustavo Petro, de que prevalezca la protección de la vida, sobre cualquier trámite o proceso administrativo”.

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JEP y la UBPD hallan nuevos cuerpos en La Escombrera

Los equipos forenses de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontraron nuevas estructuras óseas que permiten identificar dos nuevos cuerpos. Estos hallazgos serán enviados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) para que se surtan los análisis de identificación pertinentes. Estos resultados se dieron luego de la reactivación de la intervención forense, el pasado 7 de enero, y tras la medida cautelar que ordenó la JEP para proteger La Escombrera, ubicada en la Comuna 13 de Medellín, bajo la presunción que podrían hallarse cuerpos de víctimas de desaparición en el marco del conflicto armado. Con el objetivo de avanzar en la identificación de estos hallazgos, es indispensable que las personas que tengan a un familiar desaparecido en esta zona del país y que aún no hayan aportado sus muestras de ADN lo hagan. Les invitamos a acercarse a cualquiera de las sedes de la Unidad de Búsqueda a nivel nacional, o comunicarse a la línea 018000-117175, con el fin de realizar las tomas de muestras biológicas. Las entidades del Sistema Integral para la Paz, JEP y Unidad de Búsqueda, reiteramos nuestro compromiso con las familias y organizaciones de víctimas para avanzar en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos en hechos relacionados con el conflicto armado. El 21 de enero se entregará el primer balance quincenal de los hallazgos, respetando el protocolo acordado con las mujeres y familias buscadoras. Solo hasta esa fecha se permitirá el registro por parte de medios de comunicación.

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La Unidad de Búsqueda recuperó seis cuerpos en el cementerio de Frontino, en Antioquia

En 2025, la Unidad de Búsqueda realizará otras dos intervenciones a este camposanto, donde se estima un universo preliminar de 28 cuerpos que corresponderían a personas desaparecidas. Con la recuperación de seis cuerpos no identificados, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) concluyó la primera fase de intervención forense en el Cementerio Parroquial Nuestra Señora del Carmen en el municipio de Frontino, en el occidente de Antioquia. Los seis cuerpos recuperados habrían sido inhumados entre las décadas de 1990 y 2000. Su recuperación implicó la intervención de cuatro sitios de interés forense, ubicados en la zona posterior del cementerio, los cuales corresponden a sepulturas. Estaban a una profundidad de 1.50 metros, en promedio, y presentaban signos de disposición compatibles con sucesos violentos. Durante la intervención en el cementerio de Frontino, los profesionales de la Unidad de Búsqueda recibieron ocho solicitudes de búsqueda y tomaron siete muestras biológicas a personas buscadoras. También realizaron entrevistas con cuatro aportantes de información para avanzar en la ubicación de nuevos sitios de interés forense y acompañaron a dos familias buscadoras que tienen la hipótesis de que sus parientes desaparecidos habrían sido inhumados en este camposanto. Esta acción humanitaria y extrajudicial hace parte del Plan Regional de Búsqueda de la Cuenca del Río Sucio y Cauca Medio, que logró establecer un universo preliminar de 28 personas inhumadas como cuerpos no identificados en el cementerio de Frontino. Para recuperarlos, la entidad proyectó tres fases de intervención forense en un proceso articulado con la Fiscalía General de la Nación. Por eso, luego de esta primera acción humanitaria, la Unidad de Búsqueda espera realizar las otras dos intervenciones durante el 2025. La investigación humanitaria y extrajudicial para esta intervención forense implicó la consulta y revisión de diferentes fuentes de información: actas de levantamiento de cadáver realizadas por la Inspección de Policía, protocolos de necropsia y certificados de defunción emitidos por el Hospital María Antonia Toro de Elejalde, registros civiles de defunción realizados por la Notaría Única y la Registraduría Nacional del Estado Civil, licencias de inhumación autorizadas por la Secretaría de Gobierno del municipio y los libros de defunciones la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, administradora del cementerio de Frontino. Este proceso ha contado con el apoyo del equipo de trabajo de la parroquia, encabezado por el presbítero Jairo Alberto Montoya Jiménez, así como de autoridades locales y personas de la sociedad civil que en diferentes entrevistas han ampliado datos sobre el contexto de la desaparición en este cementerio. Igualmente, se destacan los aportes de información de los firmantes del Acuerdo de Paz. El Plan Regional de Búsqueda de la Cuenca del Río Sucio y Cauca Medio abarca 18 municipios del occidente antioqueño y tiene un universo de 789 personas dadas por desaparecidas. En Antioquia, el registro asciende a 25.725 personas desaparecidas; y en Colombia, a 124.734.

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Policía Nacional exige liberación de intendente e ingeniero secuestrados en el Chocó

Se cumplen 8 días de la privación de libertad del intendente de la Policía, Mauricio Vargas y el ingeniero Miguel Andrés González, quien se desempeña como contratista de la Alcaldía de Istmina (Chocó), quienes fueron secuestrados en el departamento del Chocó. En las últimas horas y ante los hechos, la Policía Nacional hizo un llamado a la liberación de estos dos funcionarios y rechazaron enfáticamente estas prácticas, al referirse al intendente expresaron “Colombia y su familia lo esperan. ¡Libérenlo Ya!”. En recientes declaraciones Iván Vargas, hermano del intente Mauricio Vargas, explicó que la información del secuestro de su familiar se ha mantenido bajo reserva y que las entidades negociadoras han mantenido un poco al margen de la situación a la familia. Por otra parte, se pudo conocer que, al parecer la guerrilla del ELN estaría implicada en estos secuestros y tendría la voluntad de liberar tanto al uniformado como al ingeniero “No hemos podido tener pruebas directas de él. Sin embargo, las delegaciones que se encuentran en la zona han manifestado que se han podido comunicar con él y que se encuentra sano y salvo”, manifestó  Iván Vargas.

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Asesinaron en La Picota a Francisco Luis Correa, testigo estrella del crimen del fiscal Pecci

Francisco Luis Correa, señalado de ser el ‘ejecutor’ intelectual del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Correa y quien por su colaboración con la justicia en el esclarecimiento del hecho de sangre, había recibido beneficios, fue hallado muerto este viernes en una celda de la cárcel La Picota, de la ciudad de Bogotá. Sentenciado Como se recordará Correa, suscribió un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, había sido condenado a más de seis años de cárcel, por su participación aceptada en el crimen del fiscal, ocurrido el pasado 10 de mayo de 2022 en las playas de Barú, Cartagena. Correa, además colaboró con las autoridades de investigación en la identificación del resto de presuntos involucrados en el crimen, como los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, además de Margareth Chacón Zúñiga. En el documento de sentencia del hoy fallecido ‘cerebro’ del crimen de Pecci, se estableció que el hombre jugó un papel clave para idear la logística en el homicidio del infortunado fiscal. “Uno de los articuladores del homicidio, Francisco Luis Correa Galeano, concretó varios aspectos para materializar el asesinato del fiscal paraguayo”, indicó la Fiscalía en el texto. Tras su colaboración, la Fiscalía logró dar con la captura de varios de los implicados en el sonado crimen, incluyendo a Correa Galeano. Marcelo Pecci Pecci fue brutalmente asesinado en Colombia a los 45 años de edad, de dos disparos contundentes, según declaró su esposa, la periodista Claudia Aguilera. Ante los hechos Correa fue acusado por los delitos de homicidio agravado, porte de armas de fuego y amenazas.

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Procuraduría General de la Nación formula pliego de cargos contra MinSalud

Luego de un proceso de investigación exhaustiva, la Procuraduría general de la Nación, halló elementos probatorios suficientes para establecer que, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, actual ministro de Salud de los colombianos, habría omitido ejecutar las medidas necesarias para resolver la crisis por desabastecimiento y escasez de medicamentos que, según la Procuraduría, ha vivido el país. Así las cosas, el Ministerio Público, anunció su decisión de formular pliego de cargos contra el alto personero de Gobierno, por su presunta responsabilidad en la crisis enfrentada por la nación, a causa del desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos para el año 2023 “lo que habría impactado de manera negativa en el derecho fundamental a la salud y la prestación de ese servicio”. Grave omisión Para el Ministerio Público, la presunta omisión del Ministro de Salud resulta una falta “Grave” a título de Culpa Grave y que en estos casos podría sancionarse con la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad. Asimismo, el ente determinó que Jaramillo Martínez habría incumplido con sus funciones primordiales al no tomar medidas oportunas frente a la mencionada crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, aun cuando esta fue advertida por asociaciones médicas desde 2022. Reacción tardía Para la Sala Disciplinaria de Instrucción el ministro Jaramillo solo expidió la Resolución 1896 y elaboró un plan de acción para el mes de noviembre de 2023, luego de recibir una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitida en octubre del mismo año.

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Homicidas de masacre en Aguachica, identificados por Policía Nacional

La Policía Nacional en vocería del general José Luis Ramírez, confirmó que habrían logrado la identificación de los presuntos asesinos de la familia de pastores Lora Rincón, en Aguachica, Cesar. El avance en las investigaciones de este crimen múltiple que conmocionó no solo a la región sino al país entero, se dio tras el hallazgo de dos motocicletas en Riohacha, las cuales habrían sido utilizadas para cometer la masacre en donde perdieron la vida el pastor Marlon Lora, su esposa Yurlay Rincón y sus hijos Ángela y Santiago, el pasado 29 de diciembre. Ante las investigaciones el general José Luis Ramírez, subdirector encargado de la Policía Nacional indicó que las identidades de los homicidas han sido confirmadas luego de cotejar las huellas dactilares halladas en los vehículos tipo motocicleta que encontraron abandonados en zona rural de Riohacha, La Guajira, a unos 400 kilómetros del lugar de los hechos, las identidades por ahora y para preservar los procesos permanecerán bajo reserva de las autoridades de la Fuerza Pública. Como es del conocimiento público el hecho de sangre ocurrió a las afueras de un restaurante de la ciudad de Aguachica, Cesar dejando un saldo de 4 personas fallecidas a manos de dos sicarios. Cabe destacar que en el sitio fallecieron, el pastor, su esposa e hija, mientras Santiago Lora, el hijo más joven, falleció la noche del 31 de diciembre, en la Clínica de Alta Complejidad de Aguachica como consecuencia del brutal ataque. 50 millones de recompensa por información Por su parte el Gobierno Nacional ofreció una recompensa de $50 millones a quien o quienes puedan suministrar datos que permitan dar con los responsables del cruento crimen que enlutó a la población de Aguachica, Cesar.

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MinJusticia propuso a la JEP, Zonas de Restauración para excombatientes Farc

El Ministerio de Justicia en cabeza de Ángela María Buitrago, presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un borrador en el que propone la creación de unas zonas especiales llamadas Zonas de Restauración, a estos territorios irían los excombatientes de las Farc. La propuesta incluye a los excombatientes Farc como candidatos para ir a las zonas especiales tras ser sancionados por el alto tribunal, por acciones cometidas durante el conflicto armado. ¿Qué son las Zonas de Restauración? Las llamadas Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria (ZRRC) tendrían características similares a los llamados espacios rurales ETCR, que serían destinados a su proceso de reincorporación. Buitrago dio a conocer en una reunión que tuvo con representantes de los firmantes del Acuerdo de Paz, la propuesta y destacó que apenas es un borrador primario que está en construcción. Cabe destacar que el lapso de esas sanciones, que impondría la JEP estaría entre los cinco y ocho años, y se pagarán a través de trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador. Por su parte la Jurisdicción Especial de Paz dictaminó que cuando se trate de miembros de la comunidad indígena, se le deberá reconocer el arraigo ancestral al sancionado ubicándolo en su determinada zona.

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